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Avances y logros

Exigir el derecho que las mujeres tenemos de participar en la toma de decisiones de la vida del Estado se ha visto materializado en gran medida con las reformas en materia de paridad; la primera de ellas en 2014 que logró que el Congreso Federal se conformara con 189 mujeres de los 300 escaños lo que representó un 37.80 %.

A pesar de que en la reforma se estableció la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales en el Estado de México, el Congreso Local se integró con 28 mujeres lo que representó el 37.3% y 47 hombres el 62.67% de 75 espacios.

En el caso de las Presidencias Municipales, como la reforma no las mencionaba expresamente, las mujeres ocuparon sólo el 16% mientras que los hombres el 84% de los 125 municipios.

Para 2018 se observa un importante avance de las mujeres en el legislativo local al alcanzar 37 espacios que representan el 49.3% contra 38 de los hombres, el 50.7% y en las Presidencias Municipales las mujeres obtuvieron 31.2% y los hombres 68.8%.

El avance más significativo sin duda se dio con la reforma de paridad total en 2019 en la que se obligó por primera vez la postulación en 50% de ambos géneros.

Los temas pendientes

A pesar de la última reforma la conclusión del proceso electoral local 2021 es que no basta la postulación paritaria para que las mujeres arriben a ciertos espacios pues en el caso de las Presidentas Municipales representan el 37.6% y los hombres el 62.4%.

Mientras que el Congreso Local, es conocido que en un primer momento con una votación diferenciada en el Consejo General del IEEM la integración era de 34 mujeres y 41 hombres, número que se modificó en razón de la sentencia de la Sala Superior al confirmar que no existía paridad para quedar finalmente 38 hombres y 37 mujeres.

Lo que significa que se debe seguir trabajando en sensibilizar del tema a hombres y mujeres de nuestra sociedad.

Otro tema son los derechos reproductivos de las mujeres que a pesar que la Corte determinó inconstitucional criminalizar el aborto, sigue en la agenda legislativa local o el matrimonio igualitario.

En el ámbito electoral la alternancia de género para la gubernatura algo que el Estado de Hidalgo ya modificó en su constitución local.

Sin duda la sociedad espera que esta agenda de género sea impulsada por todas las mujeres que ocupan espacios de toma de decisión.

Es cierto que existen razones de fondo en dicha intervención que están ligadas con temas económicos, del pasado y con una clara tendencia a la redefinición del poderío mundial que tenían los Estados Unidos y la Unión Europea respecto de China y Rusia.

Pero aunado a ello también está la gran discusión en torno a la crisis de los valores occidentales del régimen político que hasta el momento es lo mejor que se conoce: la democracia.

Valores como el individualismo, el liberalismo, los derechos humanos, el constitucionalismo, la igualdad, la libertad y el imperio de la ley que forman parte del estado democrático se encuentran sujetos a reflexión toda vez que en ocasiones estos valores han sido distorsionados, modificados e incluso eliminados.

La política y la economía son un gran tema ya que los actuales modelos económicos que favorecen concentraciones de poder político en unos cuantos ha provocado encono y protestas al dejar fuera a sectores importantes que también son parte de la sociedad y que quedan aislados.

Este fenómeno que se observa en el ámbito internacional se reproduce en diferentes continentes generando un desgaste y déficit del concepto democrático en cuya esencia radican los valores occidentales antes referidos, pero en sendo declive a través de acciones que ponen en el centro la afirmación de intereses de grupos y dejan de lado la construcción de los verdaderos fines de la democracia.

Las extremas polarizaciones y las resistencias de las partes involucradas pueden darnos razón de un debilitamiento más que del sistema democrático, del ejercicio de la democracia, como diría el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, el debilitamiento y crisis se da en el propio sistema en su interior al no contar con respuestas y soluciones asertivas, en su teoría sistémica el sistema colapsa.

Sin duda, la democracia es un modelo en el que el sistema capitalista, la representatividad y sus formas procedimental y sustantiva son sólo algunos componentes que tienen grandes temas de fondo a discusión.

Sin embargo, lo más importante radica en los valores que la conforman, los principios vinculados a la democracia y sus instituciones (justicia, libertad, igualdad, estado de derecho, transparencia, imparcialidad) los cuales deben ser parte de la forma de vida y conducción de las personas que están en las instituciones democráticas, lo anterior está en crisis y hace necesaria su reinvención: posdemocracia, contrademocracia, ciberdemocracia son sólo algunas formas que ya están ahí.

En el caso de nuestro país la violencia contra las mujeres ha sido desde decenas de años una de las violaciones a derechos humanos más graves, persistentes y lacerantes, es lamentable que el Estado de México ocupe el segundo lugar con los índices más altos de violencia de acuerdo al INEGI en 2020 y el primer lugar en feminicidios a nivel nacional.

Todas las formas en las que se manifiesta como son la física, sexual, psicológica, económica y política son condenables y deben ser visibilizadas a fin de lograr su erradicación.

La reivindicación de los derechos político-electorales de las mujeres a través de diferentes movimientos feministas y de la sociedad civil ha logrado que un número importante de mujeres hoy en día formemos parte de espacios de toma de decisión y que podamos visibilizar esta violencia.

Es cierto que el camino no ha sido sencillo, las mujeres en política han peleado cada espacio, sin embargo, a la par de este aumento de mujeres en la vida pública la violencia que se ejerce contra ellas también se ha elevado de forma grave.

Contar desde el 13 de abril del 2020 con un marco normativo que definió el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género y enumeró las conductas que expresan violencia es un importante avance.

Existen desafíos que el proceso electoral 2021 nos evidenció, en el caso del IEEM se presentaron 72 procedimientos especiales sancionadores de los cuales 67 fueron concluidos (2 casos fueron inscritos en el Registro Nacional de personas sancionadas por VPRG) y 5 se encuentran en proceso.

Algunas interrogantes: ¿Fueron los únicos casos de violencia? ¿Cuáles son los motivos de los desechamientos? Otro gran tema es el de las pruebas que debiera ser mucho más amplio al considerar los diversos medios a través de los cuales se ejerce violencia. Es necesario analizar la aplicación o no de medidas cautelares y de protección aunado a la necesaria elaboración del análisis de riesgo.

La falta de criterios unificados en las diferentes instancias jurisdiccionales es otro tema que debe analizarse, al igual que el tema de juzgar con perspectiva de género.

Debemos empoderar a las mujeres y niñas, replantearnos la eficacia y funcionamiento de los medios actuales para hacer que realmente cumplan con su objetivo y las mujeres ejerzan sus derechos en espacios libres de todo tipo de violencia.

Los valores, símbolos y conjunto de reglas compartidas que reconocemos y se materializan en la manera en la que los y las actoras políticas y las instituciones se comportan son parte de nuestra cultura política.

Es a través de ella como la sociedad puede incidir y exigir un comportamiento integral de las instituciones, específicamente de aquellas que se encargan de organizar elecciones, surge entonces el concepto de integridad electoral que se encuentra íntimamente relacionada con la calidad que tienen las elecciones.

Esa integridad se refiere al grado en que las instituciones cumplen con estándares de equidad, libertad, transparencia, competitividad e imparcialidad. Es la correspondencia entre valores y normas.

En México, la llamada transición a la democracia, ha descansado en el ámbito electoral por ello el gran número de reformas electorales con las que contamos.

La desconfianza y el abuso del poder hizo que se pugnara por contar con órganos electorales independientes y profesionales en aras de tener imparcialidad.

La última reforma justo tuvo como eje romper con el control que los ejecutivos locales tenían en la designación de las autoridades electorales.

Sin embargo, estudios como el de Irma Méndez de Hoyos, reflejan un magro desempeño en imparcialidad y débiles resultados en independencia y profesionalismo al arrojar como resultado de dicha investigación un alto partidismo que puede medirse en las votaciones y argumentos vertidos en sesiones de los diferentes órganos electorales.

Es claro que existe un déficit en la integridad electoral el cual debe modificarse a partir de los valores éticos, de transparencia, de autonomía atendiendo la realidad y tomando decisiones en consecuencia.

La autocrítica debe ser practicada, y en el Estado de México vale la pena cuestionarnos y medir la integridad electoral que ha existido y cómo la cultura política de los y las mexiquenses exige cambios en el actuar de muchos y muchas.

Pero ¿la ciudadanía tiene pleno conocimiento de la constitución? ¿los derechos en ella contenidos se materializan en la realidad cotidiana? ¿Cómo ha sido modificada y a que atienden tales reformas?

Sabemos que la constitución es un instrumento jurídico-político a través del cual se establece un límite al poder político y que la misma deriva de un concepto liberal-garantista desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 que decía: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de podes, no tiene constitución”

Por lo tanto, la constitución permite que la libertad de los ciudadanos en su relación con el Estado este protegida a través de la división de poderes y del respeto de los derechos humanos.

Sin embargo, se debe tener claro que las reformas que se llevan a cabo al texto constitucional obedecen y son el reflejo del ideario y proyecto político de nación que tiene el gobernante en turno[1]

Lo anterior queda acreditado al revisar qué y quienes han sido los propulsores de las más de 700 reformas que desde su promulgación a la fecha tiene nuestra constitución.

En un primer momento, el objetivo principal estuvo centrado en la reforma en materia político-electoral para reconocer y darles garantías a las fuerzas políticas minoritarias que exigían freno al entonces avasallador poder del PRI.

Después hubo reformas constitucionales de gran calado que han tenido el fin de fortalecer a los poderes legislativo y judicial frente al poder ejecutivo.

Otras que han puesto en un lugar preponderante los derechos de la ciudadanía como lo fue la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que trajo consigo la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, su horizontalidad, el principio pro persona y con ello nuevos parámetros interpretativos.

Sin embargo, es necesario plantearnos que la dinámica de la reforma constitucional pone de manifiesto serios desafíos al texto constitucional por parte de los especialistas, pero también de la población en general que en la mayoría de los casos desconoce el contenido de la constitución.

Estas deformaciones y disfunciones de la constitución deben ser reordenadas, reducidas o renovadas.

Pero lo más importante es forjar una cultura constitucional en donde la constitución sí sea un producto cultural con funciones amplias de integración social y representación simbólica de nuestra nación.