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En América Latina está muy ligado al presidencialismo y cómo no estarlo si el máximo cargo que es la presidencia de la república se vota de manera unipersonal en la mayoría de los países y no deriva de una decisión del parlamento como en el principio de proporcionalidad.

“El presidente es el órgano constitucional más fuerte y quien domina a menudo la práctica política”(Dieter Nohlen, profesor titular emérito en la Universidad de Heidelberg, Alemania); sin embargo, hay que poner especial cuidado pues se considera que puede existir un serio riesgo de usar esta mayoría y tener dictaduras plebiscitarias encubiertas a través de mecanismos de participación ciudadana.

El principio de proporcionalidad está ligado a las democracias consociativas, su fin es que todos los partidos estén representados en el órgano a ser elegido en una relación lo más aproximada posible al número de votos recibidos.

Aunado a ello debe entenderse como una regla de decisión en la que se dan diferentes acuerdos entre los actores políticos y la conformación de las coaliciones que han sido conformadas.

La elección de uno u otro principio está ligado a la cultura política de las sociedades, a su contexto social e institucional. En México tenemos un sistema mixto, la presidencia de la república se elige bajo el principio mayoritario, pero en la conformación del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales aplican ambos.

La asignación de los escaños donde se aplica el principio de representación proporcional siempre han tenido su grado de complejidad y tensión política, más ahora en donde también se debe analizar la paridad y la inclusión de los grupos históricamente discriminados.

No debemos olvidar que se trata de cuestiones de poder, en donde hay intereses y cálculos políticos y todos los partidos buscan beneficiarse del sistema electoral.

Hay una regla y es que los grandes partidos políticos preferirán una representación menos proporcional a diferencia de los pequeños que sí están por la mayor proporcionalidad.

Lo cierto es que ninguno de estos 2 principios son políticamente neutrales y éste será un momento oportuno para también revisar, analizar y en su caso determinar si la fórmula y principio de proporcionalidad debe seguir vigente o tener algunos cambios.

Que existe un informe acumulado que va del 20 de enero al 2 de junio 1 el cual en esta ocasión no se presentó ante el seno del Consejo General como en ocasiones pasadas pero que en sus conclusiones expresa que fueron 91,556 piezas de monitoreo analizadas de las cuales en radio y televisión se registraron 2,105 menciones para mujeres que se traducen en poco más de 99 horas y 2,700 menciones para hombres que equivale a casi 146 horas.

El acumulado expresa que en internet 9,328 menciones fueron para mujeres, mientras que 12,267 menciones fueron para hombres y 21,416 no incluyeron especificación de género, mientras que en medios impresos las mujeres contaron con 6,911 menciones y los hombres 9,653.

Conclusión: sigue existiendo un número mayor de menciones de actores políticos hombres que de mujeres, a pesar de los múltiples esfuerzos que se han realizado por la autoridad electoral nacional (INE) que en este proceso electoral aprobó aumentar de 40 a 50% el financiamiento y los tiempos del Estado en radio y televisión previstos en los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 2 Lo anterior es producto de la evolución y exigencia de cumplir con la igualdad sustantiva pues el modelo de comunicación política que se implementó en 2007- 2008 no contemplaba esos temas pues en ese momento la prioridad era determinar que el IFE ahora INE, fuera la autoridad única para la administración de los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión en materia electoral, establecer tiempos a los partidos y prohibirles contratar o adquirir por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Fue con la reforma en VPMRG 3 el 13 de abril de 2020 que se obligó a modificar diversas disposiciones entre ellas el RRTME 4 para que los partidos políticos garantizaran la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de dichos tiempos y que las candidatas contiendan en igualdad de oportunidades.

Para ello se crearon procedimientos y una metodología para evaluar el cumplimiento de los partidos políticos del acceso igualitario de la pauta.

Los informes finales que se presentaron en el caso del Edomex, vale la pena que se analicen a fondo pues a pesar de expresar que cumplen, los mismos no consideran el universo total de materiales sino solo una parte, además se observa que los partidos políticos optaron por realizar mayoritariamente material promoviendo al partido que a las propias mujeres, al menos eso se ve en el caso de los materiales que se pautaron para el cargo de diputaciones de los cuales 72.81% fue material que promovió al partido y solo 20.51% a las mujeres.

Es por ello que perder el status quo cuando éste tiene esas grandes ventajas y privilegios a muchos les pesa y les genera molestia y negación. Esto no solo sucede a nivel federal.

Dando seguimiento a su fortalecimiento y sin caer en los extremos que pueden dañar y menoscabar los derechos de las personas, las democracias se fueron afianzando en la Europa Occidental, Estados Unidos y muy paulatinamente en América Latina.

El mundo después del 11 de septiembre de 2001 refrendó esa postura, muchos países lo siguen haciendo con sus posicionamientos ante lo que ocurre en Ucrania o lo sucedido en Francia el pasado domingo, en donde el Nuevo Frente Popular frena a la extrema derecha francesa o el Partido Laborista en Inglaterra que obtiene una holgada mayoría respecto del Partido Conservador.

Las democracias protegen derechos, derechos de todas las personas, derechos humanos que son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y progresivos y por ello también la existencia de la seguridad humana como concepto y como forma de tutelar esos derechos.

Para nadie es ajeno que para muchas personas el lugar en el que viven es inseguro por los desastres naturales, el cambio climático o los relacionados con los desplazamientos forzados por el crimen organizado, las violaciones a sus derechos, la falta de empleo, de alimento, la pobreza y la pobreza extrema.

Ante esas circunstancias la ONU a través de la resolución 6/290, desde 2012 convino que la seguridad humana engloba: el derecho de las personas a vivir con dignidad y en libertad. Libres del temor y de la miseria, con la posibilidad de desarrollar plenamente su potencial humano. La seguridad humana está interrelacionada con la paz, los derechos civiles, políticos, económicos y culturales.

Existen diversos mecanismos para hacerlo, la ciencia y la academia son fundamentales para identificar las problemáticas sociales, políticas y económicas, en nuestro país existen los PRONACES (Programas Nacionales Estratégicos) de CONAHCYT que forman parte de esos andamiajes y que refieren tener como objetivo una estrecha colaboración con las comunidades para identificar y atender con eficiencia y eficacia los retos a los que se enfrenta la sociedad mexicana, ponderando que en el nuevo orden de cosas primero son los pobres.

Será importante dar seguimiento a la forma en la que el CONAHCYT lleve a cabo estos proyectos ya elevada a Secretaría como lo anunció la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y su vinculación con todas las Secretarías en aras de identificar las dificultades intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de un número importante de mexicanos y mexicanas.

Ante las preguntas ¿Qué Poder Judicial tenemos? y ¿Qué Poder Judicial queremos? se dio cuenta cómo se encuentra integrada políticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la máxima autoridad jurisdiccional del país y cabeza del poder judicial, que más del 80% de la ciudadanía refrendó en las urnas qué es necesario transformar, reformar.

La exigencia no es menor se trata de eliminar la concentración de poder que adquirió a través de sus interpretaciones y resoluciones. Así como la serie de privilegios económicos y la conformación de una élite que se ha generado no solo en el poder judicial federal sino en todos los poderes judiciales locales, ninguno se salva.

Hay muchos intereses que rodean la reforma. En las posturas fijadas por los y las ministras se dio cuenta de un grupo que abiertamente expresaron no estar de acuerdo con el voto popular de jueces y con la sustitución del Consejo de la Judicatura por el Tribunal de Disciplina Judicial (Norma Piña, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayan)

Así como quienes consideran que sí puede ser viable que la ciudanía decida con su voto la designación de jueces y magistrados sin que ello vulnere la independencia judicial, como es el caso de Lenia Batres, Jazmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara y Luis María Aguilar.

En ambos casos se tienen planteamientos distintos para temas como la carrera judicial, el escalonamiento de jueces o el cambio total de todos los jueces y magistrados.

Entre los planteamientos expresados, los de ministra Margarita Ríos Farjat mostraron también la realidad que se vive en el déficit de justicia que hay en todo el país al mencionar que las Fiscalías y los ministerios públicos también son parte del problema sin formar parte del Poder Judicial, también tendrían que revisarse. Hizo varios planteamientos que sería valioso se analizaran.

La política está hecha de consensos, la reforma al Poder Judicial es un hecho y ahora de lo que se trata es de no perder de vista el objetivo primordial, que es la justicia. La solución de controversias a través de juicios en las diferentes materias que existen exige contar con juzgadores y juzgadoras calificadas, con conocimiento del derecho, con ética en su actuar. La carrera judicial sin duda es un mecanismo importante, pero ahí también hay que erradicar vicios que se generan y suceden en todas las materias y designaciones, el asunto también es cultural.