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¿Cuál es la respuesta a las exigencias de justicia? ¿Cómo el Estado democrático en el que vivimos puede y debe dar solución a estos acontecimientos? ¿En dónde quedan los derechos humanos y su respeto irrestricto?

Desde que doy clase en la UNAM hemos pasado alumnado y profesora debatiendo este y otros temas; los nombres por supuesto han cambiado y también los hechos, hemos pasado de Atenco a Tlatlaya, de la desaparición de los normalistas hasta la lectura de la novela de Jorge Volpi de "Una novela criminal"; sin embargo, en la mayoría de los casos la falta de resultados se ha mantenido permanente de acuerdo a las conclusiones de cada sesión antes presencial y ahora con el COVID-19 virtual.

Ante estos acontecimientos bien vale la pena tener claro que nos encontramos en un régimen democrático – constitucional en el que existen reglas que organizan y limitan el poder político y a su vez tienen la gran encomienda y finalidad de garantizar que los derechos humanos se respeten en todas sus vías y formas.

Luggi Ferrajoli decía que los derechos humanos o fundamentales son identificados como las leyes del más débil y en cierta forma tenía razón. Si revisamos la historia de los derechos humanos podemos dar cuenta que los mismos han surgido en las revoluciones o luchas sociales en las cuales se buscó terminar con la opresión y con la discriminación intolerables.

Así derechos como la igualdad, la libertad cobra sentido, el derecho a la salud, la libertad de expresión o a la educación.

El Estado de México en su Constitución hace referencia a los principios constitucionales, los derechos humanos y sus garantías. Menciona la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en su caso sancionar y reparar las violaciones.

A pesar de ello de acuerdo al índice de estado de Derecho 2020-2021 elaborado por World Justice Project, nuestra entidad en los factores: límite al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, justica penal y derechos humanos está en todos los casos por debajo del promedio de los 32 estados, evaluado con una adhesión más débil al Estado de derecho.

Ello explica las exigencias cotidianas. Se necesita un régimen democrático- constitucional vivo que responda a las demandas ciudadanas, investigue, sancione y repare las violaciones de DDHH.

Durante las últimas dos décadas hemos sido testigos de manera sumamente paulatina de ese cambio que ha implicado cimbrar el sistema patriarcal en el que vivimos y tratar de cambiar a través de la lucha de los colectivos de mujeres, de las sentencias de los órganos jurisdiccionales y cada vez más, a través de la generación de acciones afirmativas de varias autoridades administrativas del país, la participación política de las mujeres.

El tema de que las mujeres formen parte de los espacios de toma de decisiones importantes para la colectividad está relacionado con hacer visible la discriminación de la que millones de mujeres han sido objeto no solo por el género sino por los múltiples ejes que se entrecruzan para que esa discriminación se dé, hablamos de un feminismo interseccional.

Es importante la representación política de las mujeres; un ámbito primordial es la representación municipal si consideramos que es la primera esfera de contacto con la ciudadanía, es por ello que la paridad debe ser vista en este primer gran espacio de poder.

En la entidad de los 124 municipios, 46 mujeres serán presidentas municipales lo que representa un 37.10% en contraste con los 79 hombres que ocuparán ese cargo el 62.90 %.

En cuanto a las sindicaturas vemos 86 mujeres (63.70%) respecto de los 49 hombres que representan un 36.30% esta cifra se observa como avance sin embargo no es menor considerar que derivado de la alternancia en la conformación de las planillas es evidente que el segundo cargo de mayor relevancia al ser un hombre quien encabezaba la planilla debía ser para una mujer.

En las primeras regidurías la cifra cambia de nuevo al contar con 519 hombres un 54.12% contra un 45.88% que son las 440 mujeres que ocuparan este cargo.

Datos relevantes que nos arrojan que no basta con la postulación paritaria, debemos reflexionar y hacer más, las mujeres que partieron nos dejaron grandes lecciones y ejemplos a seguir.

Ello no significa que las cosas deban mantenerse así. Es importante tener claro que en el régimen democrático en el que nos encontramos las instituciones juegan un papel sumamente importante para poder atender, investigar y reparar el grave daño que sufren mujeres, hombres, niños y personas de la diversidad sexual que son víctimas de estos crímenes de lesa humanidad.

Instituciones como las comisiones de derechos humanos fueron creadas justamente como una forma de control del poder, para investigar las violaciones de derechos humanos que son cometidas lamentablemente por diversas autoridades del Estado.

En México contamos con una Comisión Nacional de Derechos Humanos y en cada una de las entidades existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos. La pregunta obligada es si han cumplido con su cometido y con el fin para el que fueron creadas: investigar y emitir recomendaciones que verdaderamente frenen las terribles violaciones de derechos Humanos.

Estudios académicos como el elaborado por el CIDE ratifican lo que el informe de Human Right Watch desde 2008 puso de manifiesto: parte de la ineficacia de estas instituciones es porque 1) hay una nula relación con ONG’s que sí hacen defensa de los derechos humanos con poco o nada de presupuesto, 2) el formulismo jurídico por encima de la defensa de derechos humanos y 3) ausencia de autonomía que está relacionada con la forma de elección de su titular.

Este estudio revela que es sumamente oportuno y optimo que quien sea titular de estas instituciones sea alguien que tenga una verdadera formación en la defensa de los derechos humanos, alguien que goce de reconocida autoridad moral y por supuesto que sea un o una defensora o defensor de derechos humanos en la vida práctica. Solo alguien así puede darle certeza y verdadera autonomía.

En el Estado de México durante el año 2021 se han emitido 7 recomendaciones ninguna es sobre tortura o desapariciones forzosas ¿será que afortunadamente no existen ninguna de ellas? Tlatlaya y Atenco son casos que lastiman y duelen a la sociedad sin contar los que no se denuncian.

Titular igual al grado de autonomía de la institución, eso dicen los estudios, ustedes que opinan.

Los Juegos Olímpicos tienen una historia mitológica que refiere que Heracles en honor a su padre Zeus organiza una serie de eventos deportivos entre el 884 y el 704 a.c, claro que las mujeres no participaban ni siquiera como espectadoras.

Desde la propia mitología damos cuenta de cómo el sistema patrifocal acabo con el sistema matrifocal que, de acuerdo con Marija Gimbutas profesora de arqueología europea en la Universidad de California era el que imperaba.

La vieja Europa era una sociedad no estratificada e igualitaria que cambio con la llegada de los indoeuropeos y por supuesto con las religiones: hebrea, cristiana y musulmana, todas basadas en reprimir y subordinar a las mujeres a los hombres, ninguna se salva.

No es extraño que con esta historia los juegos olímpicos en sus ediciones modernas en 1859 y 1896 no contemplaran a las mujeres como parte de estos.

Es en 1900 cuando por primera vez 22 mujeres participaron, discriminadas claro porque su participación fue extraoficial.

Hoy gracias a la voz de grandes mujeres atletas como Simone Biles, el equipo noruego de balonmano multado por no usar bikini o las gimnastas alemanas que decidieron usar trajes de cuerpo entero en ambos casos para denunciar la sexualización del deporte se hace visible la discriminación y la violencia de género que mujeres de alto rendimiento viven desde hace décadas al igual que otras mujeres de diferentes latitudes y contextos.

Las mujeres deportistas de todo el mundo quieren ser vistas por lo que son: atletas de alto rendimiento.

El machismo y la discriminación han estado presentes, basta buscar en la historia de los juegos el número de veces que se habla de los hombres deportistas en comparación con las mujeres, de ellas se habla de si son casadas, tienen hijos, su edad, en muchas ocasiones son comparadas con hombres minimizando el mérito y desarrollo personal.

Visibilizar la violencia de género nos hace necesario bajar el balón de lo internacional al ámbito nacional y por supuesto al local. ¿Cuántas mujeres mexiquenses han formado parte de las delegaciones nacionales para juegos olímpicos? ¿Cómo el Estado apoya e incentiva a niñas mexiquenses para ser atletas de alto rendimiento?

Soraya Jiménez y Perla Patricia Bárcenas son algunas y ambas en su momento denunciaron discriminación y condicionamiento, en el caso de Soraya para apoyos financieros.

El poder político tiene diversas formas de comprenderse: antropológicas, sociológicas y por supuesto políticas con la conformación de grupos que lo detentan; aquí la democracia como régimen exige la creación de leyes con contenido axiológico, limita el mismo, establece reglas como la renovación del poder a través de elecciones, crea mecanismos de participación ciudadana, de transparencia y de respeto a los derechos humanos.

Estas normas jurídicas tienen un contenido ético pues los valores son la expresión de la sociedad misma. El pluralismo, la tolerancia, la participación, la legalidad, la misma paridad son principios y valores democráticos. De ahí la importancia para que se conozcan, aprendan y ejerciten en toda la sociedad.

Es claro que el poder político debe ser usado para el bien social y la democracia es un medio para hacerlo. El problema es cuando la ética en el ejercicio del poder se corrompe. Casos emblemáticos como el de Chiapas en temas de paridad con “las juanitas” es un ejemplo claro de lo que se debe evitar.

En los últimos procesos electorales se impulso reducir deudas con la equidad en las contiendas en cuestión de género lo mismo que en temas paritarios. Ejemplo de ello son las acciones afirmativas que implemento el INE para que se postularan personas indígenas, trans, afromexicanas y con discapacidad en candidaturas a diputaciones federales.

En materia de fiscalización se han impuesto sanciones a quienes dañan la equidad en la contienda. Se trata de erradicar conductas ilegales e indebidas que corrompen la ética de los valores democráticos.

La educación resulta fundamental en el núcleo primario, en la escuela, pero también en las instituciones del Estado en donde se debe fomentar los valores democráticos.

Evitar prácticas deshonestas: beneficiar o beneficiarse ilegalmente para arribar a los espacios de dirección y de poder de manera individual o a través de organizaciones políticas no abona a la democracia, la lacera.

Jhon Acton decía “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente” por ello es imperativo que los valores democráticos no se diluyan por el contrario se fortalezcan.