El Estado de México es una de las entidades que concentra un gran número de ellas y en donde los déficits en materia de educación, salud, justicia y acceso a espacios de poder es permanente.
En el territorio mexiquense están las mujeres mazahuas en Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria; otomíes en Acambay, Aculco, Amanalco, Chapa de Mota, Jiquipilco Timilpan, Toluca; nahuas, matlazincas y tlahuicas en Amecameca, Temascaltepec y Ocuilan, la mayoría bajo marginación política, social y económica, hay que decirlo.
Los altos índices de marginación dan cuenta clara de grandes problemas que enfrentan ellas y sus familias: nutrición insuficiente, servicios educativos deficientes, escasas oportunidades de un empleo productivo en actividades agrícolas y diferentes a ellas, falta de traductores y defensores de oficio en materia de impartición de justicia, en suma: pobreza e interseccionalidad.
Son portadoras de un gran legado cultural como su lengua materna que mantienen viva a pesar de la fuerte discriminación. Son mujeres fuertes que además forman parte del proceso de feminización de sus comunidades al ser cuidadoras del hogar, participar en la cría de animales domésticos, pilar económico fundamental con la comercialización de sus productos y artesanías
Resulta primordial visibilizar sus circunstancias y la violencia sexual, económica, física y política que también sufren.
Los espacios de poder deben ser accesibles a ellas y aún no lo son. Hay avances a nivel federal, ejemplo de ello son las acciones afirmativas que han permitido que mujeres indígenas lleguen a espacios de toma de decisión para modificar su realidad y la de sus comunidades.
En el Estado de México falta mucho por hacer pues son rubros que están desatendidos por diferentes autoridades que carecen de sensibilidad política para poder cumplir con lo mandatado por la Constitución, ni que decir de las Convenciones y Tratados Internacionales.