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El Proceso Electoral Judicial 2025 en el Estado de México fue un desafío inédito y complejo, pero también una oportunidad invaluable para demostrar la capacidad y fortaleza institucional del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Se puede afirmar, con pleno convencimiento, que la institución estuvo a la altura de las circunstancias, pues organizó una elección que transcurrió en paz y con certeza, reconocida por las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) como mejor estructurada, más clara y menos conflictiva que la organizada a nivel federal.

Con plazos muy cortos, vacíos normativos y un presupuesto ajustado, el IEEM desplegó toda su experiencia acumulada en tres décadas de trabajo y condujo el proceso con solvencia técnica, profesionalismo y alto compromiso democrático. En el Estado de México se logró instalar y operar la totalidad de los mecanismos previstos, garantizando una jornada de votación ordenada, pacífica y con resultados confiables.

Fue trascendente la innovación implementada en el diseño de las boletas. El IEEM decidió construir un modelo encaminado a facilitar el voto del electorado. Esta decisión fue destacada por ambas misiones de observación como un paso adelante, aunque también coincidieron en que aún existen áreas de mejora, por lo que se seguirá trabajando para simplificar y optimizar su diseño en aras de potenciar y privilegiar la sencillez en el ejercicio del sufragio.

El IEEM capitalizó su experiencia en tres elecciones consecutivas, lo que permitió afinar la logística, y consolidar procesos técnicos. Además, fue notable el esfuerzo institucional para asegurar la paridad de género en las candidaturas judiciales pues se llevó a cabo la aplicación de un criterio de “paridad flexible” que favoreció una mayor participación de mujeres. Este aspecto también fue reconocido por las misiones de observación como una práctica positiva.

Ahora, el IEEM ha iniciado un proceso interno de evaluación integral. Desde el 4 de septiembre y hasta el 20 de noviembre se llevan a cabo mesas de análisis orientadas a detectar todas las áreas de oportunidad en la organización de esa elección.

El IEEM se colocó a la vanguardia de la organización de elecciones en México. Ahora, queda el compromiso de seguir perfeccionando los procesos, escuchar las voces críticas y construir elecciones cada vez más incluyentes, transparentes y accesibles que entreguen a la ciudadanía de nuestra entidad un camino de la democracia basado en el profesionalismo, la experiencia y la disposición a explorar nuevas sendas.

En el ideario popular, la referencia a organismos electorales como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se piensa de inmediato en las elecciones: instalación de casillas, conteo de votos, campañas o actividades directamente ligadas a la jornada electoral. Sin embargo, la labor de los llamados OPLE no se limita a los periodos electorales. Por el contrario, la mayor parte del tiempo se trabaja en tareas permanentes que permiten sostener y fortalecer la vida democrática del país.

La Constitución Federal establece las funciones exclusivas de éstos, entre las que destacan: garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de partidos políticos y candidaturas; desarrollar y ejecutar programas de educación cívica en la entidad; preparar la jornada electoral; imprimir documentos y producir materiales electorales; efectuar el escrutinio y cómputos de las elecciones de gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y, ahora también, de personas juzgadoras; declarar la validez de los resultados y otorgar constancias; así como implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Estas atribuciones reflejan la centralidad de los OPLE en la vida democrática del país.

A estas tareas se suman otras igual de relevantes que se realizan de manera permanente. Actualmente en el IEEM y desde el año pasado se lleva a cabo la actualización de instrumentos normativos internos, para que las reglas, lineamientos y procedimientos estén siempre en sintonía con las reformas legales y con las realidades y necesidades propias de esta entidad federativa en materia electoral.

Asimismo, mantenemos un esfuerzo constante en la capacitación y profesionalización del personal electoral y de la ciudadanía, al ofertar dos maestrías y una especialidad en materia electoral. Esto es clave para que cada persona inscrita, cuente con las herramientas técnicas, jurídicas y tecnológicas necesarias para garantizar procesos confiables, transparentes y eficientes. Así como la promoción constante de la cultura cívica entre las infancias y adolescencias.

Otro aspecto fundamental es la coadyuvancia activa con otras instituciones. Un ejemplo significativo fue el trabajo interinstitucional que permitió adecuar la legislación local para llevar a cabo, por primera vez, la elección de integrantes del Poder Judicial del Estado de México. Este tipo de acciones muestran que los organismos electorales no operan de manera aislada, sino como parte de un engranaje institucional que busca garantizar legitimidad y confianza en los procesos públicos.

En suma, aunque las elecciones son el momento más visible de la labor de los institutos electorales locales, lo cierto es que los cimientos de esos procesos se construyen día a día con tareas menos conocidas, pero igual de relevantes. Sin este trabajo continuo, sería imposible asegurar que cada proceso electoral se desarrolle con la certeza que la ciudadanía demanda.

Es fundamental destacar que el IEEM tiene contacto directo con las realidades de nuestro estado y, gracias a ello, se diseñan soluciones y mecanismos que se adecuan a las necesidades de este territorio. La democracia no se materializa cada tres o seis años, cuando acudimos a votar; se construye con el trabajo diario y con instituciones sólidas que están en desarrollo permanente en beneficio de todas y todos.

El pasado 4 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Este órgano tendrá como principales objetivos convocar a la ciudadanía de nuestro país a expresarse sobre la reforma electoral y realizar estudios, análisis y propuestas concretas sobre la reforma que será eventualmente discutida por el Congreso de la Unión.

La Comisión abrirá un espacio de intercambio de ideas, que incluye la posibilidad de invitar a representantes de instituciones públicas y privadas, órganos autónomos, academia y sociedad civil, quienes podrán participar con voz, pero sin voto. A partir de octubre se desarrollarán consultas, foros y mesas de discusión en todo el país, así como audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, debates y eventos que permitirán escuchar la diversidad de opiniones de las mexicanas y los mexicanos.

En estos ejercicios se abordarán 14 temas clave para el sistema democrático nacional: desde las libertades políticas, la representación del pueblo y el sistema de partidos, hasta la fiscalización de recursos, la efectividad del sufragio, la regulación de la competencia electoral, el sistema de votación, la actuación de las autoridades electorales y mecanismos de democracia directa como consultas populares y revocación de mandato.

Como Consejera Electoral, considero que este proceso representa una oportunidad valiosa para que los diferentes sectores de la sociedad participe activamente en la construcción y perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas. La reforma que surja deberá reflejar no solo el consenso político, sino también las realidades y aspiraciones de la sociedad. Participar en estos espacios no es únicamente un derecho, sino una forma de incidir de manera directa en las reglas que garantizarán elecciones libres, equitativas y confiables en el futuro.

En este marco, es fundamental recordar el papel que desempeñan los Institutos Electorales Locales, llamados OPLEs, en el sistema democrático del país. Su labor es insustituible porque conocen de primera mano las particularidades políticas, sociales y culturales de cada estado y diseñan estrategias que atienden problemáticas específicas en materia electoral. Gracias a esta cercanía, los OPLEs fortalecen la confianza ciudadana, garantizan el respeto a la voluntad popular y contribuyen al desarrollo democrático desde lo local hacia lo nacional.

Invito a todas y todos a mantenerse informados sobre el calendario y las sedes de los foros, a participar con propuestas y opiniones, y a ejercer este derecho con la responsabilidad que implica construir un México más democrático e incluyente. La democracia se fortalece con la voz y la acción de la ciudadanía; hoy, más que nunca, ese es el llamado.

Es fundamental reflexionar sobre los pilares que sostienen nuestra democracia. Uno de ellos, insustituible, es la libertad de expresión, derecho que permite el debate público y el escrutinio de quienes aspiran a representarnos. Sin embargo, en el ejercicio de esta libertad, emerge una frontera delicada, pero trascendental: que la separa de la violencia política en razón de género.

La libertad de expresión es la base de una sociedad informada y participativa, habilita la crítica constructiva, el contraste de ideas y la difusión de posturas que enriquecen el proceso democrático. Las autoridades electorales, como el IEEM, tienen la responsabilidad de salvaguardar este derecho, asegurando que todas las voces puedan manifestarse en el marco del respeto y la legalidad. Es a través de un debate robusto y sin censura, pero respetuoso de la legislación y de los derechos de terceros, que la ciudadanía puede tomar decisiones informadas.

No obstante, la libertad de expresión encuentra un límite ineludible cuando transgrede los derechos y la dignidad de las personas. La violencia política en razón de género no constituye una opinión válida ni una crítica política legítima, pues se basa en manifestaciones que, basadas en elementos de género, tienen por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres. Se manifiesta, por ejemplo, a través de descalificaciones basadas en estereotipos, ataques a su vida privada o apariencia o la minimización de sus capacidades, con el fin de silenciarlas, desalentar su participación y perpetuar la desigualdad.

Claramente estas acciones no abonan al debate de propuestas ni al análisis de trayectorias; por el contrario, contaminan el ambiente electoral y erosionan la equidad de la contienda.

Por ello es imperativo que los actores involucrados —autoridades, partidos políticos, candidaturas, medios de comunicación y ciudadanía— comprendamos esta distinción. Debemos fomentar un intercambio de ideas que informe con rigor y pluralidad, que cuestione los puntos de vista, las propuestas y el desempeño, pero que se abstenga de replicar o generar discursos que constituyan violencia política.

Por supuesto que el desempeño político o de servicio público de una mujer está sujeto a escrutinio público y a señalamientos; sin embargo, éstos se deben centrar en las deficiencias o inconsistencias detectadas en su actuación y nunca en descalificativos personales o por su apariencia u origen. Promover la participación de las mujeres en igualdad de condiciones implica reconocer y denunciar activamente cualquier acto de violencia en su contra.

La consolidación de nuestra democracia exige que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales sin sufrir intimidación ni discriminación. Proteger la libertad de expresión y erradicar la violencia política son responsabilidades compartidas que contribuyen a un Estado de México más justo, incluyente y democrático. El IEEM, en su rol de garante, reitera su compromiso con el fortalecimiento de procesos electorales que privilegien el debate informado y el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas.

En el contexto de una nueva reforma constitucional en materia electoral, resulta importante destacar la experiencia que se ha gestado en los últimos 10 años, desde la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la función que tienen los institutos electorales locales en el desarrollo de actividades sustanciales en el ámbito local.

En el sistema democrático en México, los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), desempeñan un papel fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada entidad federativa. Aunque el INE posee atribuciones clave a nivel nacional, la existencia y actuación de los OPL fortalece el principio del federalismo electoral, fomentando la autonomía en la organización de sus procesos democráticos.

Una de las principales diferencias entre el INE y los OPL radica en su ámbito de competencia. El primero en un nivel de actuación nacional y los segundos tienen atribuciones en su entidad federativa (que hablando del Estado de México es fundamental al ser el más poblado del país con más de 13 millones de votantes), llegando incluso a capacitar y brindar los insumos necesarios para elecciones sub-municipales.

El INE posee facultades exclusivas en temas estratégicos como la geografía electoral, el padrón y lista nominal, la capacitación electoral, la fiscalización, la administración de los tiempos oficiales en radio y televisión; también es responsable de emitir los formatos únicos para la producción de documentación y materiales electorales, aunque una vez aprobados éstos, los OPLES desarrollan todas las actividades de producción y distribución hasta su entrega al funcionariado de las mesas directivas de casillas.

Por otro lado, ambas autoridades participan en la organización del voto anticipado, del voto en prisión preventiva y del voto de personas mexicanas residentes en el extranjero, en el respectivo ámbito de su competencia.

En el caso particular de los OPL, su rol se concentra en la organización y supervisión de elecciones locales. Instituciones como el IEEM son las encargadas de organizar los comicios para gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos y, recientemente, elecciones en los Poderes Judiciales Locales. Su conocimiento del contexto político, social y cultural de su entidad les permite diseñar calendarios, procedimientos y estrategias adaptadas a las necesidades locales, así como coordinarse con el INE en elecciones concurrentes.

Los institutos electorales locales atienden problemáticas específicas que puedan poner en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía, como la implementación de medidas para garantizar la seguridad de las personas candidatas, el diseño de acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación. Aunado a ello, ejercen vigilancia sobre los partidos políticos y candidaturas que participan en los procesos electorales de su entidad y aseguran el cumplimiento de la normativa electoral.

Desempeñan una labor sustantiva en la promoción del voto y la educación cívica. A través de campañas locales y actividades dirigidas a diversos sectores de la población, fomentan la participación ciudadana y fortalecen la cultura democrática en los ámbitos estatal y municipal.

La existencia del IEEM resulta esencial para garantizar que los procesos electorales locales sean organizados y supervisados por un organismo con conocimiento especializado y contextualizado. Gracias a su cercanía con la realidad estatal, comprenden las particularidades políticas, sociales y culturales de la entidad federativa, lo que les permite diseñar e implementar mecanismos más adecuados a las necesidades locales.

Esta función territorializada no solo refuerza la eficacia del sistema electoral, sino que además fortalece el federalismo y la confianza ciudadana en los procesos democráticos. El proceso electoral judicial que acabamos de vivir es muestra de que, desde lo local, surgen mecanismos eficaces y adaptados a la realidad social, para renovar los cargos de elección popular.

Concuerdo en que es necesaria una reforma electoral para revisar a fondo atribuciones que en el devenir de 30 años han quedado superadas, reformular las nuevas atribuciones de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales, incursionar en nuevas formas de votación o analizar la importancia del retorno al federalismo, lo que implica la autonomía a los institutos electorales de los estados.