El debate de la nueva conformación del Instituto Nacional Electoral (INE) no sólo debe centrarse en los 11 perfiles que integran su Consejo General, sino en cuáles son sus prioridades para garantizar derechos de la ciudadanía.
Sin duda quienes integran el Consejo General deben demostrar autonomía e independencia, pero también es importante recordar que existen áreas de oportunidad en rubros como la paridad de género, acciones afirmativas, participación de migrantes, voto electrónico y fiscalización, entre otros.
Durante mi pasada participación en el proceso de designación de tres nuevas consejerías del INE hice propuestas en dichos aspectos, las cuales ahora comparto en un ejercicio de transparencia para abonar a la reflexión de la agenda del INE.
En el caso de la paridad de género, uno de los retos no sólo es verificar la postulación numérica entre hombres y mujeres, que suele derivar en una paridad cosmética, sino en generar herramientas y mecanismos que nos lleven a lograr una paridad sustantiva, además de tener una mayor vinculación con los institutos electorales locales para cerrar el paso a decisiones que no garantizan la paridad.
Algo similar debe ocurrir en las acciones afirmativas, es decir, no conformarse con el cumplimiento numérico en la postulación de integrantes de sectores vulnerables, sino que también sean postulados y postuladas en distritos, municipios y entidades con alta competitividad, del respectivo partido, y en los primeros lugares de las listas plurinominales.
Otra tarea es la votación de migrantes, donde se requieren campañas focalizadas donde se informe de las fechas de elecciones y cargos en contienda, además de revisar los plazos de registro para inscribirse en la lista nominal de electores. El objetivo es que la situación irregular de migrantes, en países como Estados Unidos, no limite su voto en comicios de México.
No menos importante es la implementación del voto electrónico, ya existen antecedentes, pero deben instrumentarse pruebas piloto con muestras reducidas en ambos modelos de elección, es decir, en comicios donde participan partidos y en la elección judicial. Destaca que el voto electrónico debe reducir costos en la impresión de boletas electorales.
Una de las críticas más constantes a nuestro sistema electoral, es la presunta laxitud que puede existir en el buen uso de recursos públicos destinados a los partidos políticos, por ello, en la fiscalización de gastos a partidos y candidaturas debe considerarse a la inteligencia artificial para la revisión en tiempo real de las operaciones financieras y contar con una coordinación efectiva entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar cualquier tipo de irregularidad durante las campañas y en años no electorales.
Hasta aquí algunas de las propuestas para la agenda del INE.
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