Comunicación
Social

Viernes, 20 Noviembre 2026 06:00

Romper techos en medio del asedio

¿Qué ocurre cuando el techo deja de ser de cristal y se convierte en un muro?

 

La participación de las mujeres en espacios de poder suele pensarse a partir de una metáfora común: el techo de cristal, una barrera invisible que dificulta su acceso a posiciones de mayor jerarquía. Es de cristal porque permite ver lo que hay del otro lado, pero no necesariamente alcanzarlo. En política, las cuotas y los mecanismos de paridad buscan superar esos obstáculos, aunque no siempre garantizan una representación efectiva de las mujeres en los cargos de toma de decisiones históricamente considerados masculinos.

¿Qué ocurre cuando el techo deja de ser de cristal y se convierte en un muro? ¿Qué posibilidades tienen las mujeres de competir cuando los espacios de poder están atravesados por la violencia criminal? ¿Y qué ocurre cuando, como sucede hoy en Haití, las instituciones han perdido capacidad para garantizar condiciones mínimas de seguridad?

 

Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, la violencia criminal agravó la crisis institucional y humanitaria. En febrero de 2024, los grupos armados conformaron la coalición Viv Ansanm para coordinar sus acciones y fortalecer su control territorial, desafiando a la misión multinacional de apoyo a la seguridad desplegada ese mismo año con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. La violencia ha persistido: tan solo entre enero y octubre de este año ha cobrado la vida de más de 4 mil 500 personas.

 

Como en cualquier rincón del mundo, las mujeres enfrentan formas de violencia que las afectan de manera diferenciada. Entre enero y junio de 2026, organizaciones humanitarias registraron 5 mil 500 incidentes de violencia de género. Cerca del 70% de los casos involucró violaciones y casi tres cuartas partes de estas fueron colectivas. Al igual que en Colombia a lo largo de su conflicto armado, la violencia sexual no es una consecuencia secundaria de la crisis, sino una herramienta de control territorial de los grupos armados. Así, romper el techo de cristal deja de ser un asunto institucional. Antes siquiera de llegar a los espacios de decisión, las mujeres tienen que luchar por conservar el derecho a habitar y transitar el espacio público.

 

En este contexto se enmarcan las elecciones previstas para julio de 2027, en las que tres mujeres aspiran a la presidencia de Haití. El proceso para determinar quiénes se convertirán en candidatas y participarán efectivamente en la contienda aún no comienza. La historia reciente ofrece algunos contrastes. En 2010, dos mujeres compitieron por la presidencia, y una de ellas llegó a la segunda vuelta. En 2016, cuatro mujeres aparecieron en la boleta, pero ninguna ganó.

 

Una de las tres aspirantes es Martine Moïse, viuda del expresidente. Las otras dos son Dominique Dupuy -exrepresentante de Haití ante la UNESCO-, y Marie-Anne Savannah Hadid Savary -empresaria y escritora-. Las tres compiten frente a un grupo mayoritariamente masculino. Además, en este contexto, la fuerza y la capacidad de ejercer control territorial suelen presentarse como atributos necesarios para enfrentar la violencia criminal; y se asocian estereotípicamente con lo masculino.

 

El marco electoral contempla cuotas para incrementar la participación de mujeres en las candidaturas legislativas, con un mínimo de 30% para diputaciones. También busca que más mujeres ocupen los cargos de los que históricamente han sido excluidas. El reto adicional es garantizar que puedan aspirar a ellos sin poner en riesgo su vida.

 

Por eso el caso haitiano es tan desolador como esperanzador. Desde el activismo, la organización comunitaria y las redes de apoyo, las mujeres siguen construyendo espacios de resistencia. En medio del asedio, no esperan a que se abran las puertas del poder para ejercerlo. En Haití el techo dejó de ser cristal, pero eso no ha impedido que las mujeres sigan ejerciendo poder, incluso debajo de él.

Martes, 17 Noviembre 2026 06:00

Participación en plural

Participar tiene muchos significados cuando hablamos de democracia. Desde jóvenes escuchamos sobre la importancia de hacerlo mediante una boleta que, junto con las de millones de personas, define quiénes tomarán las decisiones en nuestra entidad y municipios.

 

Pero votar no es la única forma de participar. En este espacio se ha destacado la participación de quienes ocupan vocalías y consejerías, de quienes lo hacen desde las instancias partidistas y de quienes realizan observación electoral. Cada una de estas figuras cumple una función clave para que el proceso electoral transcurra conforme a las reglas y los votos puedan traducirse en una representación que refleje las preferencias de la ciudadanía.

 

Para lograr dicha representación, una de las condiciones es que la ciudadanía cuente con información suficiente para decidir su voto. Esto incluye conocer los perfiles y las propuestas de quienes aspiran a un cargo de elección popular. En este sentido, la propaganda política y electoral cumple un papel importante: a través de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y distintas expresiones, los actores políticos difunden sus mensajes y propuestas a la ciudadanía.

 

Pero ¿cómo sabemos que esa difusión ocurre en condiciones de equidad y conforme a las reglas electorales? Una de las herramientas para hacerlo es el monitoreo a medios de comunicación. Se trata de un seguimiento especializado que permite identificar, registrar, procesar y analizar las menciones y la propaganda relacionada con partidos políticos, coaliciones, candidaturas, personas aspirantes, dirigencias y otros actores políticos e institucionales.

 

Su importancia va más allá de contabilizar menciones o registrar anuncios. El monitoreo permite observar el tratamiento que los medios dan a las precandidaturas y candidaturas, identificar posibles tratos desiguales y expresiones de violencia política, así como dar seguimiento a la propaganda política y electoral que se difunde en medios electrónicos, impresos, internet, medios alternos y salas de cine.

 

También aporta que puede contribuir a las tareas de fiscalización de los gastos de precampaña y campaña. A esto se suma el seguimiento a la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas y la elaboración de informes con perspectiva de género.

 

Aunque buena parte de este seguimiento puede realizarse desde las instalaciones del Instituto, hay una tarea que requiere salir a campo. Se trata del monitoreo de medios alternos, que comprende desde anuncios en espacios públicos y privados hasta propaganda móvil o de tránsito, publicidad directa y eventos de difusión. Es aquí donde la labor de las personas monitoristas de medios alternos se vuelve fundamental.

 

Su trabajo permite conocer cómo se desarrolla la actividad de difusión en las calles y otros espacios de convivencia, registrar la propaganda que ahí se coloca o circula y aportar información para que las autoridades electorales puedan dar seguimiento a las condiciones en que se desarrolla la competencia. Se trata de una tarea que exige organización y conocimiento de las reglas, así como compromiso con la legalidad y la equidad electoral.

 

Así, mientras los partidos políticos y las candidaturas ejercen sus derechos y prerrogativas, y la ciudadanía se informa para decidir su voto, hay otras personas que trabajan para que esa competencia se desarrolle conforme a las reglas. El monitoreo a medios es una de esas formas de participación que quizá no siempre tenemos presentes, pero que contribuye a generar condiciones para una contienda más equitativa y transparente.

 

Por ello, también es importante reconocer el trabajo que implica preparar estas actividades, desde el reclutamiento y la selección hasta la capacitación de quienes desempeñarán las funciones de monitoreo durante el proceso electoral.

La democracia se construye entre todas las personas y desde distintos espacios. Llegado el 6 de junio, el voto será una de las expresiones más visibles de esa participación colectiva, pero detrás de la jornada electoral habrá muchas voces, manos y esfuerzos que contribuyen a hacerla posible.

 

Elige. Decide. Vota.

Lunes, 16 Noviembre 2026 06:00

De la calle a las urnas

Hace quince años, el movimiento de los indignados sacudió el escenario político español. Las movilizaciones del 15 de mayo, conocidas como el 15-M, llevaron a miles de personas a las calles para cuestionar la austeridad, la corrupción y una democracia que parecía incapaz de responder a las demandas ciudadanas.

 

Quince años después, las movilizaciones por la vivienda de los últimos  meses y la huelga general del 11 de noviembre vuelven a plantear preguntas sobre las instituciones, la representación política y los mecanismos con los que una democracia procesa las demandas sociales.

 

De acuerdo con el Consejo de la Juventud de España, al cierre de 2025 apenas el 14.5% de las personas de entre 16 y 29 años había logrado independizarse, la cifra más baja desde que se tiene registro. Para quienes buscan rentar una vivienda en solitario, la renta promedio representa el 98.7% de su salario mensual, y la edad promedio de independencia alcanza los 30.2 años, casi cuatro años por encima de la media europea. Estas cifras visibilizan la dificultad de acceder a una vivienda, y las condiciones materiales que limitan la autonomía y los proyectos de vida de toda una generación.

 

Las movilizaciones recientes también invitan a reflexionar sobre el alcance de las formas de participación y presión social. La huelga general del 11 de noviembre, la primera convocada por los principales sindicatos españoles en catorce años, recupera una herramienta de movilización que no se limita a las demandas laborales. Esta vez, el reclamo por salarios y vivienda digna articuló a distintos sectores de la sociedad; el descontento encontró formas de expresión que complementan los plantones en las plazas. Junto con las protestas públicas derivadas del desalojo de Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda, la huelga  ha dado mayor visibilidad a demandas que buscan una respuesta institucional.

 

Tras las movilizaciones de finales de septiembre, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos decretos con medidas para atender la crisis de vivienda, entre ellas la protección frente a los desalojos y la limitación de los incrementos de alquiler. No obstante, ambas iniciativas fueron rechazadas en el Congreso, lo que llevó a la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Así, una demanda que comenzó a expresarse en las calles se trasladó al terreno electoral.

 

A diferencia de 2011, la ciudadanía española llegará a las urnas con un sistema de partidos más plural que el que entonces cuestionaban los indignados. Algunas de las fuerzas políticas que hoy forman parte de la competencia surgieron  en aquel ciclo de movilización. Podemos, por ejemplo, obtuvo cinco escaños en las elecciones europeas de 2014, antes de convertirse en una de las principales expresiones electorales tras la ruptura con el bipartidismo. La paradoja es que una parte de las demandas que acompañaron ese cambio político —entre ellas, el acceso a una vivienda digna— sigue sin encontrar una respuesta satisfactoria.

 

Pareciera que algunas demandas persisten, mientras cambian  las generaciones que las viven y recurren a distintas formas de participación que reclaman su atención. En 2011, una parte de la ciudadanía salió a las plazas para decir que no se sentía representada. En 2026,  las calles siguen siendo un espacio  para hacer visibles las demandas, mientras las urnas ofrecen otra vía para expresarlas.

 

El próximo 29 de noviembre se renovarán los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 209 de los 269 del Senado. De la composición del nuevo Congreso dependerá también el proceso de investidura de quien encabezará el Gobierno. El desafío está en que la renovación permita procesar políticamente un reclamo que lleva quince años presente en la conversación pública.

 

Las democracias están a prueba constantemente, tanto cuando organizan elecciones como cuando tienen la oportunidad de demostrar que son capaces de escuchar y dar respuesta a aquello que es motivo de agravio.

 

Jueves, 12 Noviembre 2026 06:00

Votar sin barreras

La organización de elecciones en contextos democráticos, ha ido progresando con el tiempo. Antes el ejercicio a votar y ser votado se limitaba a unas cuantas personas que tenían derechos políticos y que contaban con las condiciones materiales y físicas para ejercerlos. Poco a poco comenzamos a hablar de inclusión. Las acciones afirmativas –aquellas medidas temporales que garantizan espacios a grupos históricamente excluidos de la política– ocupan, con razón, buena parte de esta conversación pública. Sin embargo, igual de importante ha sido materializar la inclusión con medidas que garanticen el voto en condiciones de igualdad. 

 

En 2003, por primera vez, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) implementó medidas para personas con debilidad visual, específicamente plantillas Braille. Veinte años después, el Instituto Nacional Electoral (INE) diseñó e implementó el Protocolo para garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad.

 

El Protocolo ha sido una hoja de ruta esencial para la inclusión de las personas con discapacidad, ya que establece reglas claras y conocidas por todas y todos. Las personas con discapacidad pueden votar sin hacer fila. Si necesitan apoyo, pueden pedirlo al personal de la casilla o a una persona de su confianza, y quien las recibe debe preguntarles si requieren de ayuda y, en su caso, de qué tipo. Pueden ingresar con animales de asistencia, y quien las acompaña puede votar en esa misma casilla si aparece en la lista nominal. Y cuando una persona no puede entrar a la casilla, las boletas se le llevan dentro de un sobre hasta donde se encuentre.

 

Ninguna de estas herramientas funciona sin un trato adecuado. Por eso el Protocolo genera una serie de recomendaciones para el funcionariado de casilla sobre la forma en la que deben dirigirse a las personas con discapacidad. También recuerda que hay discapacidades que no se notan.

 

La inclusión, sin embargo, empieza mucho antes de la jornada electoral. Inicia con planeación y sensibilidad. Instalar casillas en planta baja y en terreno plano, con rampas, señalamientos y sin obstáculos que impidan llegar a ellas son algunas de las medidas que las autoridades electorales han implementado desde el 2023. 

 

Hay, también, personas que no pueden acudir a la casilla. Para ellas, desde el 2021 que iniciaron las pruebas piloto a nivel nacional, existe el Voto Anticipado, que en el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 se realizará por vía postal desde el domicilio, antes de la jornada electoral. Pueden solicitarlo las personas con discapacidad que no puedan acudir a su casilla, así como sus personas cuidadoras primarias, quienes fueron incorporadas a este modelo en la pasada elección judicial. Las personas mayores de 75 años que no cuenten con certificado médico podrán sustituirlo por un escrito firmado en el que expliquen por qué no pueden asistir a la casilla.

 

Las autoridades electorales locales también tenemos responsabilidades en esta tarea. En el IEEM desarrollamos un señalamiento del procedimiento de votación dirigido a personas con discapacidad auditiva o de lenguaje, una innovación propia del Instituto. A ello se suman boletas y etiquetas en Braille para identificar las urnas de cada elección. Son herramientas sencillas que marcan una diferencia importante para votar de manera autónoma.

 

Sin duda, la inclusión de todas las personas en democracia y en igualdad de condiciones es una tarea inacabada. Las autoridades electorales administrativas hemos avanzado con acciones contundentes que, aunque en algunas ocasiones provienen de sentencias de los tribunales, en muchas otras se originan en los institutos electorales.

 

Viernes, 06 Noviembre 2026 06:00

El género en las elecciones intermedias de EU

La Cámara de Representantes cuenta otra historia. Por ahora, al menos 121 mujeres tienen asegurado su lugar, frente a las 125 actuales, y otras 44 siguen en 35 contiendas sin definir.

 

La representación política de las mujeres no avanza en línea recta. Cada elección puede abrir puertas que parecían cerradas y, al mismo tiempo, estrechar espacios que se creían ganados. Los resultados preliminares de las elecciones intermedias en Estados Unidos ilustran bien esa dinámica. Tanto en el país de los Padres Fundadores como alrededor del mundo, presenciamos una jornada de hitos históricos que, sin embargo, podría dejar un Congreso con incluso menos mujeres que el actual.

 

Con los conteos disponibles, y de acuerdo con el análisis del Center for American Women and Politics, al menos 144 mujeres —121 demócratas y 23 republicanas— ocuparán un escaño en el Congreso a partir de 2027; es decir, por lo menos 26.9% del total. Con 28.4%, las congresistas hoy ocupan el máximo histórico de 152 asientos. El número definitivo todavía depende de 36 contiendas legislativas —en donde participan 46 mujeres— todavía demasiado cerradas. 

 

En el Senado, el retroceso es seguro. Al menos 23 senadoras —16 demócratas y siete republicanas— integrarán la Cámara alta en 2027, frente a las 27 actuales, que también constituyen el máximo histórico. En términos porcentuales, esto implica pasar de ocupar 27% a 23% de los escaños. Aun si las dos candidatas que siguen en contiendas sin definir resultaran electas, la presencia femenina disminuirá.

 

La Cámara de Representantes cuenta otra historia. Por ahora, al menos 121 mujeres tienen asegurado su lugar, frente a las 125 actuales, y otras 44 siguen en 35 contiendas sin definir. Pero en nueve de ellas todas las candidatas son mujeres, de modo que, como mínimo, se mantendrá el nivel actual. Además, 15 candidatas aventajan a sus rivales por un punto porcentual o más, lo que hace muy probable superar el récord de 127 congresistas alcanzado en 2024.

 

Donde el avance resulta más claro es en los gobiernos estatales. Al menos 17 mujeres encabezarán un estado en 2027: contra las 14 gobernadoras actuales. Resalta que dos candidatas más esperan resultados en Alaska y Kansas, y que ninguna gobernadora en funciones fue derrotada.

 

Las cifras revelan, además, una marcada asimetría partidista. En el Congreso, las legisladoras demócratas pasan de 111 a por lo menos 121; las republicanas, de 41 a 23 confirmadas. La tendencia se repite en cada ámbito: en el Senado, las republicanas pasan de 11 a 7; en la cámara baja, de 30 a 16, y en los cargos ejecutivos estatales, de 42 a 32. En todos los casos hay conteos aún abiertos que no alcanzan para revertir la caída.

 

El otro rasgo de esta elección es la diversidad. Keisha Lance Bottoms será la primera mujer afroestadounidense en gobernar un estado del país y, también, la primera mujer en gobernar Georgia. Deb Haaland será la primera mujer indígena en encabezar una gubernatura; Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar Texas; Annie Andrews, la primera mujer electa al Senado por Carolina del Sur y la primera demócrata en representarla en esa cámara, y la lista continúa.

 

Sí, los avances en diversidad son innegables. No es menor que para el puesto más alto de toma de decisión a nivel estatal se llegara a un máximo histórico de gobernadoras en la historia del país. Pero ninguno de estos logros debe ocultar lo pendiente: al día de hoy, 17 estados nunca han tenido a una mujer al frente de su gobierno y la paridad en ambas cámaras del Congreso todavía parece lejana.

 

Lo que sí deja esta elección es una lección útil para cualquier democracia. La igualdad sustantiva no se mide sólo por cuántas mujeres llegan, sino también por quiénes llegan y por la solidez de las condiciones que les permiten permanecer. Romper techos es indispensable, pero sostener los avances lo es aún más para consolidar la representación plural. Y esa tarea, indudablemente corresponde a la ciudadanía que, en cada jornada, decide quiénes la representan.

 

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