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Hace unos días, Costa de Marfil inició su participación en el Mundial de Norteamérica con una victoria sobre Ecuador gracias a un gol de Amad Diallo en el minuto 90. La escena recuerda otra historia: la de una selección que, hace dos décadas, contribuyó a frenar una guerra civil con un partido de 90 minutos.

El 8 de octubre de 2005, Costa de Marfil derrotó 3-1 a Sudán y consiguió, por primera vez en su historia, la clasificación a una Copa del Mundo. Para la población marfileña éste fue un día inolvidable. Sin embargo, aquel hito de los elefantes contrastaba con una realidad más compleja: el país estaba dividido por una guerra civil iniciada en el 2002 que tuvo como resultado, alrededor de tres mil personas muertas, además del desplazamiento de 750 mil habitantes.

Desde la Ciencia Política, una forma de entender estos procesos es a través de lo que conocemos como clivajes, un grupo de personas que se identifican con alguna de las grandes divisiones que existen en la sociedad, por ejemplo, un clivaje que solemos ver usualmente es el religioso: cristiano - islámico. En Costa de Marfil, la guerra civil se articuló alrededor de varias de estas fracturas. El norte, predominantemente musulmán, quedó bajo control de grupos opositores encabezados por Guillaume Soro; el sur, mayoritariamente cristiano, permaneció bajo el gobierno del presidente Laurent Gbagbo.

Tras la victoria frente a Sudán, mientras la selección de futbol celebraba en el vestidor, ocurrió una escena que con el tiempo se convertiría en un símbolo nacional. Didier Drogba, originario del Sur cristiano, tomó un micrófono y abrazado de Kolo Touré, del norte musulmán, se arrodilló con sus compañeros, y dirigió un mensaje al país: “Marfileños y marfileñas, del norte y del sur, del centro al oeste, ya vieron hoy que todo Costa de Marfil puede cohabitar, puede jugar con el mismo objetivo [..] Hoy les pedimos por favor y nos ponemos de rodillas, perdonen [..] Por favor, depongan las armas, hagan elecciones.”

Las palabras de Drogba tuvieron un efecto político importante porque provenían de una figura capaz de hablarle a ambos bandos. En una sociedad fragmentada, la selección nacional funcionaba como un espacio compartido de identificación colectiva. Por unos días, el país respiró esa paz que tanto anhelaba el equipo y millones de personas. Sin embargo, el conflicto no terminó entonces, sino hasta dos años después en 2007.

Meses después, el 3 de junio de ese año, los elefantes disputaron un partido oficial en Bouaké, la principal ciudad controlada por el norte musulmán. El juego formo parte de la clasificación para la Copa Africana de Naciones y Costa de Marfil derrotó 5-0 a Madagascar. El encuentro se convirtió en un acto de reconciliación. Soldados de ambos bandos asistieron al estadio, mientras millones de personas observaban desde sus hogares. No fue solo un partido, era la posibilidad de ver reunido, aunque fuera durante 90 minutos, aquello que la guerra había separado.

Un mes más tarde, el presidente Gbagbo y el exlíder del norte Soro, protagonizaron ceremonias públicas de reconciliación en esa misma ciudad. En el mismo estadio donde la selección había ganado 5-0, representantes de ambos bandos encendieron una hoguera construida con un arsenal de armas de guerra entregadas por grupos rebeldes como símbolo del desarme y el cierre de una etapa violenta.

Hoy, el contexto es muy distinto, pero la historia de Drogba recuerda que el fútbol puede ser mucho más que un deporte. En ocasiones, también puede convertirse en un espacio capaz de reunir a una sociedad y recordarle aquello que comparte por encima de sus diferencias.

La lógica era clara. La importancia práctica de las organizaciones partidistas programáticas descansa sobre su coherencia ideológica

Los partidos políticos deberían ser fundamentalmente programáticos, de acuerdo con una premisa clásica de la teoría democrática. Una referencia fundamental es el reporte de la American Political Science Association de 1950. De acuerdo con el informe, los partidos deben procurar la consistencia entre posiciones políticas y principios ideológicos.

La lógica era clara. La importancia práctica de las organizaciones partidistas programáticas descansa sobre su coherencia ideológica. Sin ella, la ciudadanía difícilmente puede constatar si un partido cumplió sus compromisos y promesas. Ese era el mecanismo que hacía posible la rendición de cuentas democrática.

Bajo este ideal, la lealtad ciudadana hacia los partidos se vuelve condicional y racional. El apoyo depende de los programas que se cumplen. El problema es que esa noción descansa sobre una figura cada vez menos frecuente: una persona votante ideológicamente consistente.

Las manifestaciones políticas actuales muestran otra cara del electorado y de las fuerzas políticas.

Tomo el caso de Donald Trump como ejemplo, figura central del partido republicano actualmente. De acuerdo con cifras recientes del New York Times, su aprobación ronda el 39%, en un contexto político fuertemente marcado por la polarización. El dato es revelador, pues millones de personas que, de acuerdo con la evidencia disponible, no comparten una visión ideológica coherente, apoyan a un mismo candidato.

¿Cómo entendemos estos resultados desde una lógica programática de partidos? Un estudio reciente del Pew Research Center (Beyond Red vs. Blue: The Political Typology) ofrece una posible respuesta. La política estadounidense ya no se divide únicamente entre dos polos. El estudio identifica nueve grupos ideológicos distintos que retratan los valores en tensión que subyacen a la polarización actual.

Los extremos –derecha (21%) e izquierda (17%)– son fuertemente ideológicos, políticamente activos y se inclinan decididamente por un partido. Sin embargo, son minoría.

Los cinco grupos restantes reúnen perfiles mixtos, menos atentos a la política y con intereses que con frecuencia resultan contradictorios. Una de las explicaciones más importantes es que muy pocas personas en Estados Unidos son consistentemente liberales o conservadoras en todos los temas. La persona votante que imaginaban las fuerzas programáticas y la teoría política de fines del siglo XX es hoy una excepción, no la regla.

Esto plantea un desafío estructural para ambos partidos. El problema no es solo que el electorado esté fragmentado, sino que cada persona, de forma individual, puede cargar con sus propias contradicciones políticas. Mientras busca crecimiento económico, prioriza el cierre de fronteras; valora las instituciones democráticas, pero vota por quienes las cuestionan.

¿Cómo pueden demócratas y republicanos atender a personas que no respaldan plenamente la agenda de ninguno? ¿Tiene sentido seguir pensando a los partidos desde la racionalidad programática cuando el electorado ya no opera bajo esa lógica?

Lo programático ya no basta para explicar cómo entendemos a los partidos políticos. El modelo tan idealizado cambió. Pasamos de partidos que construían plataformas ideológicas para ganar votos, a partidos que construyen audiencias y acomodan sus propuestas a quienes ya los apoyan. Aunque la distinción parezca semántica, es fundamental.

Los estudios sobre representación democrática y sistemas de partidos tendrán que comenzar por reconocer el cambio. Para bien o para mal, lo programático ya no es el centro que organiza la competencia política.

En su lugar aparece algo más flexible, más emocional y quizá más difícil de ordenar: un Pantone ideológico en el que cada persona votante combina prioridades, rechazos, identidades y temores de una manera mucho menos predecible de lo que la teoría imaginó.

El conteo electoral en Perú ha estado cargado de incertidumbre. El 10 de junio, por la mañana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó una ventaja mínima –que pasaba una y otro sin tregua– para el candidato de izquierda Roberto Sánchez, con 50.01% de los votos. La candidata de derecha, Keiko Fujimori, sumaba un 49.98%. Apenas 5,813 sufragios separaban a las candidaturas.

El estrecho margen de la contienda confirma una de las premisas básicas de la democracia: cada voto cuenta. Aunque millones de personas acudieron a las urnas, la diferencia entre ganar y perder se decidirá con los votos del exterior. Son pocas las ocasiones donde resulta tan evidente el peso que conlleva una sola boleta. Ante una diferencia tan escasa, la confianza en las autoridades electorales y en las reglas que la rigen se vuelve indispensables para la credibilidad del resultado. 

Este proceso electoral, además, ocurre en un contexto de profundo desgaste en las instituciones peruanas, que han atravesado un debilitamiento sostenido a lo largo de las últimas dos décadas. Sin embargo, el caso peruano pareciera desafiar el análisis generalizado sobre los retrocesos democráticos en América Latina: no se trata, en esta ocasión, de una concentración de poder en el Ejecutivo.  

El académico peruano, Alberto Vergara, lo plantea con claridad en una de sus investigaciones (Peru: The Danger of Powerless Democracy). La dispersión y fragmentación política, caracterizada por partidos débiles e incapaces de representar intereses sociales de manera sostenida, se ha mantenido como uno de los mayores retos en el país sudamericano. Más que organizaciones políticas consolidadas, predominan plataformas electorales guiadas por liderazgos coyunturales.

En los últimos diez años, Perú ha tenido ocho presidencias y, en la primera vuelta de la elección actual, compitieron 36 candidaturas. Quienes lograron llegar a la segunda vuelta lo hicieron con poco apoyo de la ciudadanía: Keiko Fujimori con un 17.19% y Roberto Sánchez con un 12.04%. Las cifras evidencian la dificultad de construir proyectos políticos programáticos y duraderos, capaces de articular consensos. Los resultados también ayudan a entender el desencanto generalizado de la ciudadanía con los procesos democráticos actuales en el Perú. 

Las consecuencias más evidentes han sido una sucesión de gobiernos inestables, sin mayorías legislativas continuas ni partidos con suficiente arraigo. De forma paradójica, estas mismas características permiten que la democracia peruana se mantenga en pie. La ausencia de una fuerza política con capacidad para dominar el sistema ha impedido, hasta ahora, una ruptura definitiva. La democracia peruana ha sido una democracia que se sostiene por la imposibilidad de que una sola fuerza política se imponga sobre el resto. 

La elección entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se desarrolla sobre este terreno político. La persona que resulte electa deberá gobernar una sociedad polarizada con un sistema político fragmentado y el regreso al bicameralismo. Su permanencia dependerá de algo más que la victoria electoral, pues exige la capacidad para construir consenso en un entorno donde las diferencias políticas son amplias. 

La principal lección ya es visible. Cuando los partidos políticos dejan de representar a la sociedad y las mayorías se vuelven más difíciles de construir, cada voto adquiere un valor extraordinario.

Los próximos días serán decisivos. El desenlace, además de definir una nueva presidencia de Perú, pondrá a prueba la capacidad del sistema electoral peruano para procesar un resultado cerrado con legitimidad y apego a los valores democráticos. Esta será, quizá, la prueba más importante para la democracia peruana en los últimos años.

El pasado 2 de junio, seis estados de nuestro país vecino del Norte acudieron a las urnas para definir candidaturas rumbo a noviembre: California, Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur. Aunque los resultados deben leerse con cautela, ofrecen señales del ánimo político entre Demócratas y Republicanos. California es un caso que, considero, merece una atención especial por una variable que no comparte con las demás entidades: el peso del voto latino.

A inicios de los 2000, el politólogo Samuel Huntington—en su libro Who Are We? The Challenges to America's National Identity— sostenía que las personas de origen latino eran un grupo relativamente homogéneo, con preferencias culturales y políticas propias, distinguibles del resto de la sociedad estadounidense. A partir de esa premisa, Huntington decía que la inmigración latinoamericana podría representar un desafío para la cohesión nacional en Estados Unidos.

Durante años, el crecimiento de la población latina se vio como una ventaja electoral para el Partido Demócrata. El argumento era sencillo: comunidades con historias migratorias tenderían a respaldar a la fuerza política más sensible con la inmigración y diversidad. Más de dos décadas después, la realidad muestra algo distinto.

El electorado latino no se comporta como un bloque uniforme. La comunidad latina no responde de forma automática a una identidad partidista, como lo ha señalado en diversos estudios el profesor De La Garza, aunque en términos generales personas inmigrantes latinas se identifican en mayor medida con el Partido Demócrata que con el Republicano, existen diferencias que se explican con la propia experiencia en sus países.

Las primarias de California parecen confirmar ese cambio en el comportamiento electoral estadounidense. Lo que ocurre no es la formación de un bloque político latino. Por el contrario, éste electorado es diverso en sus preferencias: más parecido al conjunto de la población y menos predecible para los partidos políticos.

Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y una de las figuras latinas relevantes del Partido Demócrata, se perfila para noviembre bajo el sistema de jungle primary, en el que las dos candidaturas más votadas continúan sin importar su partido. Su eventual llegada a la boleta final tendría un peso simbólico, ya que podría ser la primera vez que el electorado de California elija a un gobernador latino.

Pero lo que más llama la atención es que, en zonas con alta presencia latina, las candidaturas republicanas han mostrado una competitividad que hace años habría sido poco probable en este estado. Esa tendencia obliga a replantear la premisa de que el voto latino pertenece a una fuerza política.

Un ejemplo es el Distrito 22 de California, una región agrícola, donde aproximadamente el 70% de su población es latina. Es una zona competitiva en el estado: en 2020 votó por Joe Biden y cuatro años después respaldó a Donald Trump. Este año, en espera de resultados, parece que el candidato republicano lleva la delantera.

La principal lección de estas primarias será abandonar ciertas ideas, y estereotipos, que dominaron la conversación política durante décadas. El crecimiento demográfico latino no garantiza victorias para ningún partido, del mismo modo que la identidad compartida no produce preferencias electorales idénticas.

Las elecciones de noviembre mostrarán hasta qué punto estas tendencias se consolidan. Pero desde ahora es posible observar que el voto latino dejó de ser visto como un electorado cautivo y se convierte en uno de los espacios más disputados. Paradójicamente, esa evolución parece refutar algunas preocupaciones de Huntington. La integración política se expresa en los clivajes, debates y acuerdos que atraviesan a la sociedad, no en la uniformidad social.

Cuando un grupo deja de comportarse como una excepción electoral, tal vez la señal más clara no sea su diferencia, sino su incorporación plena a la competencia democrática.

En la última columna que escribí en este medio sostuve que, en materia electoral, anticipar no es un lujo, sino una condición necesaria para dar certeza a la ciudadanía en la organización de elecciones en las que debe existir certidumbre sobre las reglas, los procedimientos y las etapas, aunque nunca sobre el resultado de la votación electoral. Las reformas, especialmente aquellas que modifican las reglas del juego institucional, requieren planeación, coordinación y claridad operativa. 

Bajo esa lógica debe entenderse la propuesta de reforma judicial presentada el pasado 18 de mayo por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin dejar de reconocer que toda modificación al Poder Judicial genera debate público, hay dos dimensiones que conviene observar detenidamente: sus efectos sobre la organización electoral y el impacto de la forma en que deberán prepararse las próximas elecciones de personas juzgadoras. 

Uno de los principales cambios que plantea esta propuesta, es el adelanto en la emisión de la convocatoria general de la elección judicial. La intención es clara: permitir que los Comités de Evaluación cuenten con tiempo suficiente para revisar perfiles, valorar trayectorias y procesar técnicamente las candidaturas. Este cambio reconoce que la complejidad de este tipo de elección exige mayores márgenes de preparación institucional 

Aunado a ello, la propuesta incorpora una figura inédita: la Comisión Coordinadora, la cual sería la encargada de resolver uno de los principales desafíos que dejó visible el modelo anterior: la necesidad de homologar criterios de la ciudadanía que se postula como candidatos y candidatas.  

Cada poder integrará un Comité de Evaluación conformado por tres personas. Posteriormente, estos comités designarán una representación para integrar la Comisión Coordinadora, cuya función sería supervisar metodologías, verificar requisitos formales y revisar criterios de evaluación, incluyendo los exámenes de conocimientos aplicados a las personas aspirantes.

Las implicaciones también alcanzan a las entidades federativas. En el caso del Estado de México, más del 80 por ciento de las personas juzgadoras serían electas mediante voto popular: 36 magistraturas y 393 juezas y jueces aproximadamente. La magnitud de esa elección obliga a pensar en mecanismos técnicos mucho más robustos.

Por ello, la propuesta federal parece encaminarse hacia la homologación de criterios mínimos en todo el país: comités de evaluación con metodologías similares, insaculación obligatoria de candidaturas, reducción del número de perfiles en las boletas y esquemas de evaluación y capacitación permanente para las personas juzgadoras.

Sin embargo, cualquier modificación al calendario electoral también tiene implicaciones presupuestales y administrativas. Si la elección judicial modifica formalmente sus plazos, organismos como el Instituto Electoral del Estado de México tendrían que revisar qué actividades permanecen, cuáles se reprograman y cuáles podrían ajustarse técnicamente.

Además, si ya existieran recursos autorizados para actividades originalmente previstas en 2027, su eventual reconfiguración tendría que apegarse estrictamente a la normatividad presupuestal vigente y a las determinaciones de las autoridades financieras correspondientes.

Las próximas elecciones judiciales representan uno de los ejercicios institucionales más complejos que ha enfrentado el sistema electoral mexicano en décadas. Por eso, además del debate político que naturalmente generan, resulta indispensable mirar su dimensión operativa: organizar una elección judicial requiere previsión, coordinación interinstitucional y capacidad técnica.

Porque en democracia, improvisar no fortalece la confianza pública. Anticipar sigue siendo, más que nunca, una condición para que la ciudadanía pueda mirar estos procesos con certeza y seriedad.