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El Índice Global de Participación Juvenil (GYPI, por sus siglas en inglés) -que mide la participación de las juventudes en la vida económica, cívica y política.

Cada 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, conviene repensar lo que por décadas se ha repetido de las personas jóvenes. Si afirmamos que son “el futuro”, ¿en dónde quedan sus demandas de hoy?

El Índice Global de Participación Juvenil (GYPI, por sus siglas en inglés) -que mide la participación de las juventudes en la vida económica, cívica y política de más de 140 países- ofrece una imagen distinta. Según el Reporte Final 2025 del GYPI, el promedio mundial del índice de participación es de apenas 61 sobre 100. Noruega encabeza la lista con 84 puntos y Afganistán la cierra con 14. Pero además de las diferencias entre países, aquellas entre dimensiones no son menos relevantes. Mientras la socioeconómica promedia 76 puntos, los asuntos políticos apenas alcanzan 51 y las elecciones 54: las juventudes acceden con más facilidad a la escuela que a las instituciones donde se toman las decisiones.

No solo importa la distancia entre extremos. Lo preocupante es que la participación de las juventudes es heterogénea entre las distintas esferas de lo público y que en ningún país del mundo se garantizan plenamente sus derechos.

México ilustra bien esa tensión. De acuerdo con el mismo reporte, obtiene 61 puntos en el índice general y refleja un país con un potencial considerable de renovación democrática. Casi una cuarta parte de la población tiene entre 25 y 29 años. Pero en la dimensión política cae a 45. La investigación indica que los partidos han sido lentos en integrar a las juventudes en sus procesos de decisión, y que sus estructuras juveniles funcionan, a menudo, como plataformas simbólicas.

Esta distancia entre juventudes y política institucional también se refleja en los niveles de interés de la ciudadanía. Los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, elaborada por el INE y el INEGI, muestran que sólo 41.8% de las personas jóvenes de 15 a 17 años y 42.6% de quienes tienen entre 18 y 19 años manifiestan interés en los asuntos del país.

Según el estudio muestral de participación ciudadana del INE para las elecciones 2023-2024, los mayores niveles de participación se concentran en dos extremos: quienes recién cumplen 18 años y el amplio tramo de 40 a 84. Por el contrario, las personas entre 19 y 29 votaron por debajo del promedio nacional. En su momento, diversos análisis encontraron que esto se debe a un desencanto con la política. Después del entusiasmo detrás de la primera vez que se marca una boleta, entre las juventudes empieza a crecer la desconfianza en el sistema político y a ensancharse la distancia que perciben entre sus necesidades y las propuestas de las candidaturas.

Uno de los debates más interesantes alrededor del mundo se refiere a la edad legal para ejercer el derecho al voto. La decisión de los Estados al respecto ha sido distinta en cada caso. Hay países en los que pueden votar a los 16 o 17 años en las elecciones generales, mientras en otros esto solo aplica para la elección de ciertos cargos. En Colombia, por ejemplo, existen Consejos de Juventud: espacios de representación liderados por personas jóvenes -14 a 28 años- y votadas por el mismo grupo etario.

Pero no podríamos afirmar que esas medidas en sí fomentan que las juventudes vivían su ciudadanía activamente. Mientras la política no las integre como agentes de cambio, difícilmente sentirán la cercanía necesaria para actuar y tomar interés en los asuntos públicos que impactan a todas las personas sin distinción de edad.

Por eso la efeméride merece una lectura menos complaciente. Combatir la exclusión juvenil no es celebrar a las juventudes como promesa, sino remover las barreras que hoy les impiden decidir. Sus aportaciones y exigencias de derechos deben escucharse ahora, no en un futuro que siempre se aplaza.

El 7 de agosto pasado, los medios de comunicación se pintaron de rojo, azul y amarillo de nuevo. Tras un tenso balotaje entre dos candidatos de polos ideológicos opuestos, Abelardo de la Espriella asumió oficialmente la presidencia de Colombia.

Más allá de la toma de posesión, uno de las puntos más discutidos a lo largo del proceso electoral colombiano giraba en torno al impacto geopolítico de estos comicios. Independientemente de que ganara la izquierda o la derecha, la dirección de Colombia tendrá un impacto en los países colindantes y en la relación con Estados Unidos a nivel regional. Desde una mirada geopolítica, el foco de atención recaía sobre el tema de seguridad.

La frontera porosa de la zona amazónica que divide Colombia, Ecuador y Perú representa un reto para la seguridad de los tres países. La rápida expansión de grupos del crimen organizado que dedican sus operaciones a la minería ilegal y el tráfico de armas es uno de los principales problemas de la región. Se suma a lo anterior la limitada capacidad de los Estados para garantizar la seguridad territorial y humana de sus poblaciones.

A pesar de que cada gobierno enfrenta retos distintos y ha implementado soluciones distintas, las estrategias puestas en marcha por los tres gobiernos comparten una lógica común, acorde con ideologías de derecha. En Colombia, por ejemplo, las propuestas privilegian el fortalecimiento de las capacidades operativas, una mayor presencia militar, herramientas tecnológicas para el control del territorio y el fin de cualquier proceso de paz. En Perú, por su parte, el énfasis recae en la creación de megacárceles, el uso de inteligencia artificial y operaciones coordinadas entre las fuerzas policiales y militares. Finalmente, Ecuador prioriza reforzar su frontera sur mediante el uso de drones, sensores y sistemas de vigilancia.

En conjunto, las propuestas parecieran anteponer medidas coercitivas a soluciones estructurales. La experiencia latinoamericana ha demostrado que estas políticas suelen generar resultados limitados cuando no se acompañan de soluciones institucionalizadas impulsadas por la sociedad civil, de la apertura de oportunidades de desarrollo y del respeto a los derechos humanos.

Un intento por analizar las distintas dimensiones de seguridad y sus posibles respuestas en la región nos obliga a mirar el territorio con objetividad: tiene una extensión amplia, estructurada sobre múltiples aristas de desigualdad social y conformado por zonas marginadas de difícil acceso. Los mercados ilegales no pueden entenderse desde una única causa ni resolverse únicamente con coerción.

Lo que está en juego en Colombia, Ecuador y Perú trasciende los límites fronterizos de cada uno. Estamos frente a un cambio político y social importante, en el que las estrategias de “mano dura” encuentran cada vez más eco y popularidad, extendiéndose  de forma sostenida a lo largo de la región. No podemos perder de vista que existe un vacío importante en las medidas implementadas para asegurar la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad que, además, se ubican en zonas de conflicto interno.

La seguridad, más que una estrategia que busca la contención de amenazas, debe entenderse como un instrumento orientado al fortalecimiento del Estado de derecho y a la procuración del bienestar social. El éxito de las medidas de seguridad no debería depender únicamente del número de operativos, decomisos, arrestos, efectivos desplegados o tecnologías incorporadas, sino de la capacidad estatal de los gobiernos para construir mecanismos de cooperación, desarrollo, protección ambiental y derechos humanos. Es responsabilidad de los gobiernos, sean de derecha o izquierda, priorizar y generar seguridad con legitimidad y protección.

El sistema electoral mexicano –además de la robustez normativa y profesionalización del funcionariado– destaca por su modelo de coordinación entre los niveles federal y estatal. Vigente desde 2014, la división de responsabilidades de uno y otro instituto permite que el Sistema Nacional Electoral sea más eficiente, eliminando las duplicidades de trabajos en la administración electoral.

Este modelo ha funcionado por más de una década, y recientemente se fortaleció con un acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). A través de éste, el INE ejerció su facultad de atracción para establecer fechas homologadas para la conclusión de los periodos de precampañas y de obtención de apoyo ciudadano de las personas aspirantes a candidaturas independientes en los próximos procesos electorales concurrentes de 2026-2027.

Conviene recordar que la facultad de atracción es un mecanismo excepcional previsto en la normatividad. No supone que el INE sustituya las atribuciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE): no suple las atribuciones que tenemos en el IEEM ni establece una relación jerárquica entre la autoridad nacional y las locales. Su propósito es, por el contrario, coordinar asuntos específicos para preservar la certeza e integridad de los procesos.

El objeto de la atracción fue preciso. El INE no modificó integralmente los calendarios locales ni asumió la organización de sus comicios. Lo que hizo fue homologar las fechas de conclusión de dos etapas específicas: precampañas y captación del apoyo de la ciudadanía. A partir de esas fechas comunes, cada organismo electoral deberá ajustar su calendario, respetando su legislación local y la duración prevista para cada etapa. Para el Estado de México, como resaltaba hace unos meses en esta misma columna, la legislatura local modificó el inicio del proceso electoral de la entidad. Anteriormente, la organización comicial arrancaba en enero del año de la elección, ahora lo haremos en septiembre del año previo. Esto permitirá mejor coordinación con nuestro homólogo nacional.

Pero más allá de ser un ajuste administrativo, la decisión refleja la necesidad de coordinar un proceso electoral que, por su dimensión, será uno de los más complejos.

En 2027 concurrirán el proceso electoral federal y los treinta y dos procesos electorales locales. En conjunto, se renovarán aproximadamente 20 mil 109 cargos de elección popular. Solamente en el Estado de México estarán en la contienda 75 diputaciones locales y –entre presidencias municipales, sindicaturas y regidurías– 1,216 cargos municipales. Así, la magnitud del ciclo electoral exige una coordinación que permita administrar tiempos, recursos y capacidades institucionales.

Por ello, el INE agrupó a las entidades federativas en bloques. El Estado de México quedó integrado en el Bloque 3, tanto para la conclusión del periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía como para el cierre de las precampañas. En ambos casos, la fecha homologada será el 12 de febrero de 2027. Esta organización permitirá que la verificación de los apoyos, los procesos de fiscalización y la presentación de dictámenes puedan desarrollarse de manera ordenada antes del inicio de las campañas.

La importancia de estas definiciones pasa desapercibida, pero los calendarios son una pieza central de la organización electoral. Cada fecha determina el inicio de una cadena de actividades que involucra a múltiples áreas técnicas y administrativas. La coordinación entre ambos niveles institucionales fortalece la capacidad operativa de las autoridades electorales. Buena parte del éxito del día de la Jornada Electoral comienza, precisamente, con un calendario correctamente diseñado.

La comparación con Corea del Norte fue inmediata. La opinión pública, que ya calificaba a este país como la dictadura más represiva del hemisferio

Tras un par de meses sin apariciones públicas, Daniel Ortega reapareció el 19 de julio en el acto por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista. Ahí sentenció: “aquí no volverá a haber elecciones”. Con esa frase, cerró la puerta a los comicios de 2027 y a la apariencia democrática del país.

La comparación con Corea del Norte fue inmediata. La opinión pública, que ya calificaba a este país como la dictadura más represiva del hemisferio, reforzó el discurso. Cuando se perciben rasgos autoritarios, las analogías parecen inevitables, como si nombrar el caso extremo permitiera medir la distancia que aún separa -y al tiempo acerca- de él. Sin embargo, las comparaciones son innecesarias en este contexto. La situación nicaragüense es delicada en sí misma desde hace un par de décadas.

Como la historia ha evidenciado, la erosión democrática tiende a ser progresiva. Ortega regresó a la presidencia en 2007 y, desde entonces -según la oposición y organismos internacionales-, el sistema electoral, los tribunales, la Asamblea Nacional y las fuerzas de seguridad han quedado bajo su control absoluto. La reforma constitucional de 2025 instauró la co presidencia con su esposa, Rosario Murillo, amplió el mandato y concentró el poder en el Ejecutivo.

Estas medidas no sorprenden, pues así ha funcionado el régimen por años. Lo que sí implicó un cambio importante es la institucionalización de esos mecanismos y la frontalidad de Ortega al declarar la eliminación del voto. Aunque varias voces sostienen que los comicios anteriores fueron procesos viciados -el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó las presidenciales de 2021 como una “pantomima”-, suprimirlas oficialmente indica una transformación en el ejercicio del poder.

¿Por qué necesitaría Ortega prescindir de unas elecciones que ya controla por completo? La oposición en el exilio da respuestas que desmontan la lectura del régimen fuerte. Algunas sostienen que es el reflejo de la falta de confianza en su propio círculo de poder, o de la canalización atomizada del rechazo acumulado.

A lo anterior se suma la incógnita en torno a su sucesión. Ortega afirma que estará diez años más en el poder, pero su edad genera incertidumbre. Detrás quedan Murillo y sus hijos, en particular Laureano Ortega Murillo. El Ejército será un actor decisivo, pues ha mantenido una lealtad inquebrantable a pesar de la purgación de sus filas. Si bien su autonomía ha sido debilitada, la historia regional invita a mantener alertas.

La atención también se ha dirigido a las posibles reacciones desde Washington. Marco Rubio advirtió que Estados Unidos “no se quedará de brazos cruzados”. Sorprende la falta de una respuesta más tajante. Los intereses económicos pesan: Estados Unidos ha sido un ávido comprador de oro nicaragüense, coopera en materia migratoria y mantiene al país en el CAFTA-DR. La doctrina Donroe, pese a su retórica, parece filtrarse según intereses distintos al del fortalecimiento democrático en el continente.

Que hoy no se vislumbre una movilización social fuerte dice mucho sin necesidad de enunciarlo. Tras la violenta represión de 2018 -que dejó más de 300 personas muertas- y la posterior “neutralización” de la oposición, la ciudadanía parece desarticulada. El miedo no es solo el arma de quien reprime, es también la marca de una población que ve repetirse su propia historia.

El caso es único. De acuerdo con V-Dem, no existe registro de que en el siglo XXI algún otro país haya anunciado que dejará de tener elecciones. Reducir a Nicaragua a una analogía es más simplista que observarla en sus propias particularidades. La democracia es, también, un conjunto de valores e instituciones que permiten al pueblo ejercer el poder.

El desmantelamiento de los mecanismos democráticos comenzó con la limitación de libertades y culmina con la concreción de las afirmaciones del mandatario. Nicaragua no se está convirtiendo en Corea del Norte, pero sí está construyendo otras realidades en la región.

La contundente victoria de Péter Magyar, al frente del partido “Tisza”, puso fin a dieciséis años de gobierno encabezado por Viktor Orbán. Con el 71% de los escaños en el Parlamento, la nueva mayoría cuenta con los votos suficientes para modificar la Constitución. Sus primeras decisiones, aunque deben leerse con cautela, anticipan un desafío central para los regímenes que suceden a un autócrata. Esto es, reconstruir la democracia utilizando reglas diseñadas para impedirlo. La mayoría calificada que Orbán utilizó para blindar su régimen es hoy la misma herramienta disponible para la nueva mayoría. La regla no cambió, únicamente cambió quien la controla.

En un ensayo publicado recientemente en el Journal of Democracy, la politóloga Kim Lane Scheppele, establece que las autocracias contemporáneas suelen dejar como legado instituciones previamente capturadas, órganos de control subordinados y prácticas políticas que permanecen incluso cuando existe alternancia en el poder. La autora sostiene que los gobiernos democráticos suelen heredar un Estado cuyas reglas se diseñaron para preservar la autoridad del régimen que le precedió. El desafío, entonces, ya no consiste únicamente en la derrota electoral del autócrata, sino en decidir cómo transformar un entramado institucional que fortalezca los principios democráticos que en algún momento se pretendió eliminar. Bajo gobiernos autoritarios, las instituciones dejan de ser árbitros neutrales y comienzan a actuar como mecanismos de protección del antiguo régimen.

El gobierno entrante debe gobernar con instituciones cuyos titulares fueron nombrados por “Fidesz”, partido encabezado por Orbán, y con una Constitución modificada a través de los años que tuvo la intención de reducir los contrapesos al poder ejecutivo. La inercia institucional obliga a elegir entre mantener las reglas actuales, que dificultan la implementación de cualquier reforma, o modificarlas para recuperar el funcionamiento institucional. Ninguna de las dos alternativas está exenta de costos para la democracia.

El caso del expresidente Tamás Sulyok, elegido durante el gobierno de Orbán, ilustra con claridad este dilema. Aunque inicialmente anunció su disposición a colaborar con la nueva administración, más tarde cuestionó varias de las reformas impulsadas por Magyar, al defender la necesidad de preservar los límites constitucionales. La respuesta de la mayoría parlamentaria fue promover una reforma constitucional para poner fin anticipado a su mandato, aprovechando la mayoría calificada obtenida en las urnas. El mecanismo que funcionó para consolidar el poder del régimen anterior fue, esta vez, la que se utilizó para remover a uno de sus propios herederos institucionales.

La transición húngara nos enseña que una elección, por sí sola, no promete automáticamente un gobierno democrático. Recuperar el Estado de derecho requiere la recuperación de instituciones debilitadas, evitando que esa misma transformación reproduzca las prácticas excepcionales que caracterizaron al régimen anterior. La legitimidad que otorga la contestación política puede facilitar la ejecución de reformas, aunque difícilmente sustituye la necesidad de reconstruir contrapesos duraderos.

Solo los próximos meses dirán hasta qué punto estas tensiones logran resolverse. Desde ahora es posible observar que la derrota electoral de una autocracia no elimina los incentivos, las reglas ni las instituciones que se dejaron como legado. El mayor desafío para Péter Magyar no será desarticular el andamiaje político de Viktor Orbán, sino demostrar que una democracia puede reconstruirse sin recurrir a los mismos instrumentos que habilitaron su deterioro.