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Hoy es impensable hablar de feminismo y de justicia sin referirnos a Marcela Lagarde y de los Ríos.

En un país donde la violencia contra las mujeres ha sido invisibilizada durante décadas, nombrar es un acto político. Hablar de Marcela Lagarde conlleva reconocer a una mujer que nos ha enseñado a leer nuestra realidad y la vida cotidiana en clave feminista.

Hace unos días, mi alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de México, le otorgó el Doctorado Honoris Causa -su máxima distinción académica- a Marcela Lagarde y de los Ríos. El reconocimiento celebra una trayectoria intelectual y la capacidad de transformar paradigmas en la vida cotidiana. Se celebra una vida dedicada a colocar en el centro de la discusión pública temas incómodos para algunos sectores y urgentes para muchos otros.

Este reconocimiento no es menor. Lagarde ha dedicado décadas a la reflexión y al análisis, trascendiendo las aulas en muchos sentidos. Una de sus aportaciones -que modificó por completo nuestras aproximaciones a la justicia- fue plantear el concepto de feminicidio. Éste hace explícito que existen asesinatos de mujeres que ocurren por el simple hecho de ser mujeres.

Antes de que introdujera este término en la discusión pública, los crímenes cometidos contra mujeres eran fácilmente minimizados como casos aislados de “crímenes pasionales”. Pasaron años hasta que se comenzaron a contar y juzgar con el rigor que ameritan. El término permitió entender que existe un patrón de violencia vinculado a una estructura patriarcal sustentada en la impunidad. Nombrar el fenómeno permitió abrir la puerta a una demanda más igualitaria de justicia.

Las palabras se vuelven parte de nuestra vida cotidiana, pero conviene destacar que ciertos términos son el mecanismo para visibilizar. Por eso, sin duda, ésta fue la contribución más trascendental del pensamiento de Lagarde a la sociedad y a los feminismos. Su legado nos recuerda que lo que no es nombrado, permanece en los márgenes de la justicia.

Así fue como Lagarde y la fuerza de su pensamiento superaron los límites del discurso escrito. Desde el Congreso fundó y presidió la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana. Ahí, junto con 70 investigadoras, demostraron que la violencia feminicida es un problema de escala nacional, que no se detiene en las fronteras de Ciudad Juárez.

La evidencia fue decisiva para que, poco tiempo después, Lagarde tuviera un rol central en la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una de las legislaciones más importantes en la materia en América Latina.

Lagarde continúa recordándonos que la causa de las mujeres exige perseverancia. Sus palabras en el Edificio de Rectoría de la institución auriverde estuvieron atravesadas por una idea que nos debe retumbar en nuestra vida diaria: la utopía es lo que nos hace caminar. Entender el feminismo como la búsqueda continua de una sociedad más ética, sostenible y basada en la igualdad sustantiva debe seguir empujándonos a esa meta colectiva. Por más que ésta pudiese sonar un tanto inalcanzable.

Pero este encuentro también dejó claro que la igualdad sustantiva es distante. La primera rectora de la máxima casa de estudios del Estado de México recalcó que únicamente ocho de los 62 doctorados Honoris Causa otorgados desde 1980 han reconocido la trayectoria de alguna mujer. La lucha solo se sostiene desde las trincheras que conocemos y desde las que imaginamos.

Hoy es impensable hablar de feminismo y de justicia sin referirnos a Marcela Lagarde y de los Ríos. Esa mujer que se sigue atreviendo a desafiar al patriarcado, a nombrar, a incomodar y a señalar que este mundo le sigue debiendo justicia y reconocimiento a las mujeres. Ese mundo que deberíamos entender en clave feminista: “por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas”.

Cada Día de las Madres replicamos y escuchamos discursos sobre amor incondicional, sacrificios y entrega. Pero detrás de éstos, hay una estructura económica que descansa sobre un trabajo de cuidados –muchas veces invisible y no remunerado– que hemos normalizado. Por eso, hablar de deuda soberana también implica discutir desigualdad de género.

Las finanzas públicas suelen presentarse como un asunto técnico, pero sus efectos invariablemente impactan en la vida cotidiana de millones de personas. Particularmente la de aquellas que, cuando el Estado se retrae, absorben silenciosamente los costos del ajuste.

Un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que el creciente peso de la deuda en países en desarrollo está expandiendo las desigualdades estructurales y revirtiendo décadas de avances. El estudio concluye que el pago de la deuda externa que hacen los países, tiene un impacto desproporcional sobre la calidad de vida de las mujeres, ya que se generan recortes en los sistemas de salud y de cuidados.

La advertencia del organismo internacional es contundente: "la deuda soberana no es un problema matemático. Es un problema humano". Esta conclusión revela que buena parte de las consecuencias de las crisis fiscales terminan trasladándose directamente al espacio doméstico y familiar, recayendo principalmente sobre las madres.

El informe estima que estas dinámicas de retracción estatal ponen en riesgo el equivalente a 55 millones de empleos femeninos en el corto plazo. De transitar a una carga de endeudamiento alta, en el largo plazo, la cifra podría llegar a 92.5 millones de puestos de trabajo perdidos con una disminución de 17% en el ingreso per cápita de las mujeres. Para los hombres, el mismo estudio calcula pérdidas equivalentes a 18.5 millones de empleos en el corto plazo y 35.5 millones en el largo plazo sin impacto significativo en sus ingresos.

Las cifras muestran una diferencia de fondo: conforme aumentan las restricciones fiscales, más mujeres salen del empleo formal y son desplazadas hacia trabajos precarios e informales o hacia labores de cuidado no remuneradas, pero las consecuencias más alarmantes aparecen en materia de salud pública. El estudio estima que el servicio de la deuda puede provocar un incremento de 32.5% en la mortalidad materna en el largo plazo, equivalente a 67 muertes adicionales por cada 100 mil nacimientos.

La deuda no solo limita el gasto gubernamental. También reorganiza silenciosamente la distribución del tiempo, del trabajo y de las responsabilidades dentro de los hogares. Lo que para unas personas es una cuestión de restas y ahorros, para otras implica postergar proyectos, dejar empleos, cuidar sin apoyo o enfrentar servicios públicos de mala calidad.

La estrategia es poco sostenible. La salida de mujeres del empleo formal reduce la base tributaria y limita la capacidad recaudatoria de los Estados. El PNUD pone en evidencia que cuando las mujeres son desplazadas del empleo formal, el Estado también pierde capacidad económica recaudatoria y social.

Cuando los gobiernos reducen la inversión en bienestar para cumplir obligaciones financieras, las desigualdades existentes no desaparecen. Por el contrario, se profundizan, de manera más abrupta para las mujeres. La deuda soberana no solo se paga con recursos públicos. Muchas veces también se paga con el tiempo, la salud, las oportunidades, la sobrecarga y el cuerpo de millones de mujeres.

Después del 10 de mayo, conviene cuestionar las estructuras económicas que dependen del trabajo de cuidados para sostenerse. La maternidad no puede honrarse solo desde el sacrificio, sino con políticas públicas que reconozcan que además de madres, las mujeres somos personas con derechos, autonomía y proyectos propios.

El 6 de mayo el Congreso del Estado de México aprobó una reforma electoral que, revela una transformación de fondo: las elecciones mexiquenses han entrado en una etapa de mayor complejidad institucional. La reforma armoniza disposiciones locales con cambios recientes de la Constitución federal y reconoce que el sistema electoral estatal enfrenta una dimensión operativa distinta, marcada por la concurrencia de elecciones locales y federales con la elección de personas juzgadoras. No es un ajuste aislado de fechas; es una forma de reconocer que la elección de 2027 exigirá tiempos distintos a los que durante años ordenaron la vida electoral local.

La magnitud logística y territorial de esa tarea modifica la arquitectura bajo la que el Instituto Electoral del Estado de México había organizado elecciones los últimos años. Entre los ajustes aprobados destaca el inicio formal del proceso electoral en la primera quincena de septiembre del año previo a la jornada. La medida responde a una necesidad concreta: contar con más tiempo para la planeación técnica, presupuestal y operativa.

Conviene insistir en un punto que suele pasar inadvertido. El proceso electoral no empieza el día de la jornada ni se reduce a la instalación de casillas. Antes de que la ciudadanía acuda a votar, se requiere integrar órganos desconcentrados, designar consejerías y vocalías, buscar inmuebles, planear presupuestos, reclutar SEL y CAEL, así como preparar candidaturas independientes. En los hechos, estas actividades ya rebasaban los tiempos previstos por la legislación anterior.

En el caso mexiquense, la complejidad adquiere una dimensión adicional por el tamaño del electorado, la incorporación de la elección judicial y la coexistencia de distintos cargos, boletas y procedimientos dentro de una misma jornada. Esa realidad obliga a revisar si las normas responden a las necesidades prácticas de la autoridad electoral, pero también a las expectativas de una ciudadanía.

Lo que está de fondo es la adaptación del sistema electoral del Estado de México a una nueva realidad institucional. La manera en que el IEEM logre traducir estos ajustes en elecciones técnicamente viables y administrativamente funcionales será una prueba relevante de su capacidad para responder a los retos democráticos en los próximos años. Esa será, quizá, la verdadera medida de la reforma: que los cambios legales se traduzcan en una elección mejor preparada.

Por décadas, la definición de estos límites en Estados Unidos había sido un proceso periódico y sujeto a estrictos principios de equidad. Contra esa consolidación de derechos de las personas históricamente subrepresentadas en la política, esta geografía hoy se perfila como una contienda permanente, marcada por incentivos partidistas cada vez más agresivos que, en diversas localidades, coincide con factores raciales.

El punto de inflexión reciente proviene de una decisión de la Corte Suprema que modifica el alcance de la Ley del Derecho al Voto de 1965. Desde su creación, la Voting Rights Act permitió frenar redistritaciones que diluían principalmente el peso político de poblaciones afroestadounidenses y privilegiar las que lo potenciaban. Esa protección ahora será mucho más difícil de hacer valer en tribunales.

Las consecuencias son inmediatas. Estados controlados por ambos partidos han comenzado a considerar —o ya implementar— nuevos distritos. Lo que antes ocurría cada diez años, en línea con el censo, amenaza con volverse un ejercicio sin pausa. La lógica que se instala es vengativa: si la oposición redibuja distritos para maximizar su ventaja, el otro responderá en los mismos términos.

En este escenario, una de las principales víctimas es la competencia política. Cuando los distritos se diseñan para garantizar ventajas claras, las elecciones pierden incertidumbre. Las contiendas cerradas pasan a ser anecdóticas y el momento decisivo se desplaza a las primarias. Si de antemano se sabe qué partido ganará en una demarcación, la persona electa es aquella que logra imponerse dentro de la base más activa de su fuerza política, no la que convence a una mayoría amplia.

El efecto no termina ahí. Si la competencia desaparece, también lo hace uno de los mecanismos más básicos de rendición de cuentas. Las personas que son seleccionadas para esas elecciones primarias en procesos de selección de candidaturas ya no necesitan apelar a electorados amplios. La moderación pierde valor, las posiciones más duras ganan rentabilidad y la polarización encuentra campo fértil para consolidarse como el común denominador en la contienda política.

La representación de las “minorías”, entonces, se verá desproporcionalmente afectada. La Ley del Derecho al Voto no sólo removió barreras estructurales al sufragio, sino que impulsó que comunidades históricamente marginadas eligieron representantes afines a sus intereses. Algunos artículos han retomado que, a partir de la introducción de dicha Ley, el electorado afroestadounidense registrado para votar en el Sur del país aumentó en 42%, mientras que el número de personas electas del mismo grupo, pero en todo el país, aumentó de 500 a 10 mil 500.

No perdamos de vista que, más allá de la configuración del Congreso en las próximas elecciones intermedias, lo que está en juego es la calidad misma de la democracia del país vecino. Si la redistritación se consolida como moneda de cambio, la competencia pasará de ser el motor del sistema a ser la excepción.

La creación de partidos políticos suele percibirse como un proceso político. Sin embargo, su consolidación depende de una capacidad organizativa importante para cumplir con requisitos estrictos. El reciente caso del Estado de México lo confirma: detrás del registro de una nueva fuerza política hay cifras concretas que permiten dimensionar su respaldo.

El punto de partida es el tiempo. La normativa establece que el aviso de intención debe presentarse en el mes de enero del año siguiente al de la elección de gubernatura. Esto supone un proceso en el que las organizaciones deben acreditar –de manera ordenada y bajo un calendario estricto– el cumplimiento de los requisitos legales. Así, surge una pregunta clave: ¿qué se necesita para registrar un partido político en el Estado de México?

Dada la naturaleza de estas asociaciones, uno de los primeros aspectos a observar es su base social; es decir, el número de afiliaciones. La ley mexiquense es muy clara y fija un umbral mínimo correspondiente al 0.26% del padrón electoral, lo que equivale a aproximadamente 32 mil 999 ciudadanos y ciudadanas. En el caso del nuevo partido “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C.”, se acreditaron 44 mil 113 afiliaciones válidas.

A ello se suma el despliegue territorial. La legislación exige la realización de asambleas en al menos dos terceras partes de municipios o distritos locales, lo que se traduce en un mínimo de 84 asambleas. La organización realizó 98 asambleas que cumplieron con los requisitos legales, es decir, 14 más de las exigidas por la ley. Este dato refleja una cobertura territorial amplia y una capacidad efectiva de movilización en distintas cobertura territorial amplia y una capacidad efectiva de movilización en distintas regiones de la entidad.

En la asamblea local constitutiva participaron delegaciones provenientes de 88 municipios –el mínimo requerido es de 84– y se acreditó la asistencia del número de personas delegadas propietarias y suplentes suficientes para garantizar la validez de la sesión. Con esto, la asociación logró el cumplimiento de los requisitos formales de representación.

Otro ángulo relevante es el financiero. Durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y enero de 2026, la organización presentó 25 informes mensuales sobre el origen y destino de sus recursos. La transparencia permite observar no solo la constancia en el cumplimiento de obligaciones, así como la trazabilidad de los ingresos y gastos durante todo el proceso de constitución.

Además, el proceso no se limita a cumplir metas numéricas, pues implica una verificación constante por parte de la autoridad electoral. Cada afiliación es revisada, las asambleas son certificadas y los documentos básicos son analizados a detalle. Este acompañamiento institucional asegura que los datos reportados sean auténticos y válidos, fortaleciendo la certeza del procedimiento en todas sus etapas.

Finalmente, regresamos al punto de partida. El procedimiento tiene tiempos definidos para su resolución. Una vez presentada la solicitud de registro, la autoridad electoral cuenta con un plazo de hasta 60 días para emitir una determinación. De resultar favorable –como lo fue en este caso– el nuevo partido adquiere su registro con efectos a partir del 1 de julio de 2026 y accede a financiamiento público equivalente al 2% del total destinado a actividades ordinarias. Esto, conviene precisarlo, implica un ajuste en los recursos que cada uno de los partidos constituidos recibió inicialmente.

En suma, la creación de un partido político en el Estado de México no es producto de una decisión discrecional. Por el contrario, responde a una normatividad construida a partir de exigencias legales, controles institucionales y aprendizajes derivados de la práctica electoral. Más de 44 mil afiliaciones, 98 asambleas válidas y 25 informes financieros dan cuenta de un proceso en el que los números importan porque son base que sostiene la legitimidad formal del nuevo actor partidista.