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El pasado 11 de agosto y con miras a la organización de las elecciones concurrentes de 2027, tuve la oportunidad de participar en el foro de análisis dedicado a evaluar los resultados de los procesos electorales extraordinarios del Poder Judicial 2025 en las entidades de Veracruz, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Sonora y San Luis Potosí, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

El foro se centró en las exposiciones de las diversas experiencias locales, respecto a la organización y ejecución de la elección del poder judicial. La Ciudad de México, por ejemplo, hizo hincapié en sus criterios en el diseño de su propuesta de distritación, donde se priorizó el equilibrio poblacional, acompañado de un criterio de distribución, que procuró que los capitalinos tuvieran la oportunidad de votar por jueces de todas las materias. En el caso del Estado de México, mi exposición se enfocó en señalar algunos de los elementos que dotaron al proceso de personas juzgadoras de una complejidad sin precedentes y que nos obligó a definir directrices sobre la marcha. Más allá de los desafíos técnicos y operativos, ambas experiencias, coincidimos en señalar el vacío en el diseño institucional respecto a una “representatividad ciudadana” ante las personas juzgadoras elegidas por voto popular. Un tema que, de acuerdo a las experiencias, está pendiente por discutir a profundidad.

En los casos de los estados de Veracruz y Durango se expusieron las estrategias diferenciadas para los mecanismos de recolección, así como los de escrutinio y cómputo de votos, de acuerdo con las particularidades de cada entidad federativa y en consideración a que fueron éstos, los dos únicos estados en los que además del poder judicial, se llevaron a cabo elecciones ordinarias. La importancia de estas presentaciones es incuestionable considerando que la elección de 2027 será concurrente y la elección de los cargos del Poder Judicial, en algunos casos será del 100% de los cargos y en otras entidades, no menor al 50%. Esta discusión hizo evidente el tema de la ubicación de las casillas para la emisión del voto de ambas elecciones, señalando la necesidad de hacer coincidir o ubicar casillas en espacios cercanos, especialmente en zonas rurales donde la accesibilidad es un desafío en la gran mayoría de los estados.

En las experiencias de San Luis Potosí y Sonora se dejó claro que todos los Organismos Públicos Locales (OPLEs) que organizaron elecciones judiciales cumplieron con los mecanismos de paridad de género. Sin embargo, persisten desafíos en la verificación de candidaturas. Mientras algunos OPLEs se limitaron a la revisión de la documentación básica, hubo casos como los de Sonora en los que sus atribuciones sí les permitieron tener mecanismos más rigurosos. Una de las coincidencias más evidentes fue el señalamiento de la falta de un sistema nacional para aplicar el procedimiento de revisión “8 de 8 contra la violencia”, esto debido a que, como la normativa se establece hoy en día, hay agresores impugnados en un estado que pueden competir en otro.

El intercambio de ideas, experiencias y, sobre todo, de desafíos comunes tuvo como resultado una serie de conclusiones enriquecedoras, las cuales podrían explicarse a partir de dos preguntas: ¿Qué desafíos revelaron estas experiencias? ¿Cómo prepararse para una elección concurrente que asegura ser aún más compleja que la de 2025? Las respuestas se centran, primero, en el trabajo fundamental que realizan los Institutos Electorales Locales. Instituciones que atienden una serie de desafíos geográficos, actividades técnicas, operativas y logísticas propias de cada entidad federativa. La segunda es la necesidad de iniciar los trabajos preparatorios hacia el 2027, lo que involucra desde hoy, una coordinación entre los OPLEs y los Congresos locales para articular una planificación presupuestal realista y anticipada que permita hacer frente a los desafíos de la elección de 2027.

Este tipo de intercambios, son una oportunidad invaluable para quienes tendremos frente a nosotros, en el 2027, una de las tareas más desafiantes de nuestra historia democrática contemporánea, llevar a cabo un proceso de elección de dimensiones inéditas, que no solo implica más derechos ciudadanos, sino también trabajo técnico, planificación y capacidad de adaptación de cada uno de los actores político-electorales.

La historia de la democracia en México es un proceso de cambio institucional continuo, en el cual la construcción de instituciones ha sido fundamental para hacer frente a lo dinámica y compleja que resulta la vida política-electoral en el país y sus gobiernos subnacionales. Se alude a los estados porque precisamente el pacto federal conlleva que sean las entidades federativas quienes deban tener control sobre sus procesos democráticos en coordinación con una instancia federal.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no ha sido ajeno a la trayectoria de nuestra democracia. Creado en 1996 como un órgano con plena autonomía, ha sido un árbitro incontrovertible de la democracia mexiquense, el estado con la mayor lista nominal —más de 13 millones— de electores en el país. Cada ciudadano mexiquense en cada proceso electoral ha ejercido sus derechos en condiciones de certeza, legalidad, imparcialidad y paridad.

Es así como la construcción y la función de las instituciones a nivel local es una labor que pareciera silenciosa. Sin embargo, representa un historial de profesionalismo, eficiencia e innovación que se ha erigido como un contrapunto esencial para la organización de elecciones y la promoción de la vida democrática. Lo anterior no solo es retórica, debido a que implica tener al personal que durante casi tres décadas ha trabajado con ahínco y profesionalismo. Que conoce la geografía, la idiosincrasia de un territorio complejo como lo es el Estado de México y, sobre todo, sabe operar e instrumentar todos los requerimientos normativos que se diseñan en cada proceso electoral.

Un ejemplo de lo expuesto es el número de boletas electorales que se imprimen en cada proceso electivo. En 2015 fueron 22 millones y para 2025 —una década después— fueron más de 51 millones. Esto representa que el personal técnico del IEEM tiene que echar a andar su capacidad y experiencia no solo para coadyuvar en el diseño de las boletas, sino en la búsqueda de inmuebles para el resguardo de paquetes electorales, así como en la capacitación de servidores electorales y personal de los órganos desconcentrados distribuidos estratégicamente en los 22 mil 351.8 km cuadrados de la entidad. Una tarea descomunal, pero que solo la experiencia y la capacidad de adaptación que dan décadas de trabajo arduo pueden sacar adelante.

Bien lo señaló el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense: “Necesitamos un árbitro que sepa, que conozca las reglas… El IEEM tiene la experiencia y la estructura que el Estado de México requiere…Está cumpliendo su función, y tenemos un nuevo gobierno, una nueva mayoría, una nueva gobernadora, y eso ha sido posible con un instituto que ha respetado la voluntad ciudadana”.

No es una defensa al azar, es el conocimiento y responsabilidad política que se tiene de la importancia y consolidación de una institución como el IEEM. La calidad de la democracia no solo se mide con votos, sino también en sus instituciones. El Estado de México puede estar orgulloso de que tiene instituciones sólidas y garantes de los derechos de la voluntad ciudadana.

Por tal motivo, el verdadero desafío ante el futuro próximo de 2027 —en el que se atenderá la elección más grande y compleja de nuestra historia— está en fortalecer y respaldar a instituciones como el IEEM. La profesionalización del trabajo electoral en México se alcanza con el reconocimiento y el apoyo a las instituciones que, desde lo local, continúan construyendo y consolidando una democracia robusta, innovadora y cercana a la ciudadanía.

Cuando iniciamos los trabajos para la elección extraordinaria 2025 en el Estado de México, asumimos que el camino estaría rodeado de incertidumbre; toda vez que, en el mes de enero de 2025, no se contaba con un marco electoral definitivo y aprobado, no había certeza del número de casillas a instalarse, ni conocimiento pleno del número de cargos que estarían en contienda, o de cómo se realizaría el cómputo de la elección. En este contexto, el 31 de enero de 2025, en el marco de este proceso, se inició formalmente el proceso electoral, orientando los esfuerzos institucionales a proyectar la cantidad de escenarios requeridos y sus posibles ajustes, una vez definidos y aprobados los lineamientos, criterios, formatos y directrices de cada actividad. Se aprovecho al máximo la experiencia de casi 30 años del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en la organización de procesos de elección, con el único propósito de eficientar los trabajos y el uso de recursos, en una elección con demasiados "cómo" por definir.

A dos meses de culminada la jornada y a casi un año de la reforma constitucional que detonó la elección de los integrantes del poder judicial, los retos en materia electoral, previo a la elección de 2027, parecen concentrarse en la viabilidad de esta. Una vez, superada la prueba de cómo organizar una elección que permitiera a la ciudadanía elegir a los integrantes del poder judicial federal y local, el próximo desafío será cómo hacerlo a la par una elección de diputaciones y ayuntamientos. En ese sentido y con la responsabilidad asumida de organizar el proceso electoral más complejo —operativamente— en la historia democrática del Estado de México y del país, en el IEEM hemos iniciado con la evaluación interna del reciente proceso, con el único propósito de identificar los aciertos y por supuesto, las áreas de oportunidad.

Así, y en atención a una de las premisas básicas de una adecuada gestión: Evaluar es la única forma de mejorar lo realizado. Las integrantes del Consejo General del IEEM hemos dado el primer paso hacia la organización de la elección 2027, realizando sesiones de retroalimentación con las áreas y unidades técnicas del instituto, a fin de conocer su balance respecto a las actividades desarrolladas en el proceso electoral judicial 2025; además, de los futuros requerimientos técnicos, materiales y humanos que se visualizan necesarios, para la ejecución de un proceso adecuado.

La complejidad operativa que representará la elección de 45 diputaciones locales, 125 presidencias municipales e integrantes de ayuntamientos y aproximadamente 400 cargos del poder judicial local, nos enfrentará a desafíos operativos complejos, en palabras simples: preparar y operar 3 elecciones a la vez. Un reto de esta magnitud solo puede afrontarse a partir de un diagnóstico preciso y un proceso de preparación responsable, donde los elementos tiempo y costo sean ponderadores de los esfuerzos institucionales. Sin duda, el quehacer electoral esta por mostrar su capacidad y resistencia; primero, al exponer que los saberes aprendidos son suficientes para dar viabilidad al proceso electoral 2027 y segundo, porque lo tendrá que hacer en medio de una bruma espesa que amenaza a las instituciones electorales y que pondrá en riesgo la elección de 2027.

El 7 de julio de este año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expuso con crudeza la deuda histórica del Estado mexicano con la vida y dignidad de las mujeres en el país. El informe emitió 90 recomendaciones en las cuales, más allá de los llamados urgentes a la acción, reflejan la violencia sistémica y estructural que padecen miles de niñas, adolescentes y mujeres en el país. Se hace hincapié en la discriminación y violencia hacia niñas, adolescentas y mujeres, incluyendo a LBTI, indígenas, desplazadas, migrantes, buscadoras, defensoras y periodistas. De igual manera, dentro de los causantes de esta violencia se considera el impacto del crimen organizado.

Lo anterior, expone la continua deuda histórica del Estado mexicano con la justicia y dignidad de las mujeres. Es una afirmación contundente del territorio hostil que representan muchos de los espacios en México debido a los delitos como feminicidio, desapariciones, violencia sexual y trata.

La expuesto por el informe de la CEDAW es una radiografía de las fallas del sistema de justicia en México. La violencia estructural que sufren las mujeres en el país también se adapta a la era digital. Por ejemplo, la Línea Nacional contra la Trata (LNCTP) reportó que entre enero de 2024 y junio de 2025 recibió 5,170 reportes. Las víctimas reportadas por pornografía infantil tienen en un 44% entre 16 a 17 años, seguido de cerca por el 41% entre 12 a 15 años, y 5% entre 6 a 11 años. El 59% son mujeres y el 41% hombres.  Las víctimas son enganchadas principalmente a través de plataformas como Facebook (22%), Instagram (18%) y WhatsApp (15%). Las aplicaciones de citas y los juegos en línea también emergen como vías significativas de captación.

Dentro de esta vorágine de territorios inseguros también se encuentra el costo de la impunidad, el cual lo han asumido aquellas voces que han dedicado gran parte de su vida a denunciar en los medios de comunicación la falta de justicia o las que, ante la indiferencia del sistema nunca han dejado buscar a sus desaparecidas. Aunque esto, en muchas ocasiones, les haya costado la vida. 

Lo expuesto por el informe, también da pauta para señalar que no bastan las reformas si estas no se acompañan de presupuestos para instrumentalizar todos los avances logrados hasta ahora. Tampoco, el poder en manos de más mujeres en el país garantiza cambios estructurales, de ahí que la denuncia no baje sus decibeles para dejar claro que no todo puede reducirse a diagnósticos. Se requiere de permanentes llamados a la acción para continuar la lucha para erradicar la violencia estructural de las mujeres en el país.

En 1953, México daba un gran paso en su camino en la construcción de la democracia en el país. Se reformaba el artículo 34 constitucional con el cual se otorgaba legalmente a las mujeres el derecho a votar y a ser electas. Así, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas en una elección federal. Sin embargo, estos cambios históricos no fueron producto del azar o alguna concesión, sino la consecuencia de una serie de movimientos y luchas lideradas por mujeres valientes que se opusieron a seguir estando al margen de las decisiones por parte del sistema patriarcal, no solo en México, sino en distintas partes del mundo.

Desde la pionera lucha iniciada en Nueva Zelanda —que llevó a que el 19 de septiembre de 1893 se aprobara la ley electoral que permitió que todas las mujeres mayores de edad votaran en las elecciones parlamentarias— pasando por Reino Unido en 1918 y Estados Unidos en 1920, se fue desmoronando un sistema político y social que consideraba a las mujeres ciudadanas de segunda clase, confinándolas al trabajo del hogar y a la educación de los hijos.

De esta manera, los movimientos políticos y su importancia radican en cuestionar y hacer frente al status quo que beneficia a ciertos equilibrios políticos. Por eso, conmemorar fechas como el 3 de julio no es algo superficial; es rememorar las manifestaciones colectivas que han derivado en reformas y cambios en aras de una plena libertad política, justicia y equidad de todas aquellas mujeres que nos han dejado legados perdurables. Ya en su momento, Antonio Gramsci en sus escritos Cuadernos de la cárcel sostenía que los movimientos políticos y la resistencia representaban una contrahegemonía capaz de desafiar el dominio de las élites y promover cambios sociales profundos. Este proceso significó, desde su inicio, que los grupos marginados podrían cambiar la percepción general, en lugar de aceptar por inercia la narrativa predominante.

Precisamente en México, a inicios del siglo XX, esta contrahegemonía tuvo rostro y nombre con el trabajo de feministas como Hermila Galindo o Elvia Carrillo Puerto, quienes lucharon por el derecho de las mujeres mexicanas al sufragio. Sin embargo, aunque han pasado siete décadas de la obtención del derecho al voto, todavía persisten batallas feministas como las de acabar con la brecha salarial, la violencia contra las mujeres, la emancipación económica, el derecho a pensiones dignas, independientemente de si han sido trabajadoras asalariadas, el acceso a la salud y educación de calidad, la no discriminación e inclusión en los ámbitos políticos.  

Aun con esto, los avances son tangibles gracias a las mujeres feministas y a quienes han comprendido que el sistema patriarcal no tiene cabida en nuestra democracia. México cuenta con 13 mujeres gobernadoras y una presidenta de la República. En nuestra lista nominal de 96 millones 604 mil 721 ciudadanas y ciudadanos, las mujeres conforman una mayoría de 50 millones 353 mil 867 ciudadanas. Lo anterior podría parecer sólo unas cifras, pero representa el poder alcanzado por las mujeres en el ámbito político y su importancia en la estructura social. No podemos decir que la lucha de las mujeres en política terminó con el derecho al voto y el poder llegar a un cargo de elección popular. Más que nunca es fundamental seguir alzando la voz y dar importancia a las necesidades de las mujeres porque sólo así se contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas, justas y democráticas.