Comunicación
Social

Una de las particularidades que tiene el proceso electoral judicial extraordinario 2025, se encuentra en el hecho de que las personas candidatas a ocupar un cargo como personas juzgadoras no tendrán recursos públicos destinados para hacer campaña. Cabe señalar que los gastos en las campañas en los procesos electorales ordinarios generalmente son tema de debate debido al financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos. En este proceso electoral judicial 2025, en el caso del Estado de México, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) determinó que los gastos de campaña serán personales y tendrán un tope basándose en el cargo, el ámbito territorial y el electorado a quien se dirigirá la campaña en su caso.

De esta manera, los retos se encuentran en que las y los candidatos a personas juzgadoras demuestren creatividad y no capacidad económica. Lo anterior, considerando que el Estado de México tiene una geografía que abarca desde las zonas urbanas más densamente pobladas del país hasta las comunidades rurales de difícil acceso. Por ejemplo, un candidato a magistrado en Tlalnepantla no enfrenta los mismos obstáculos que una persona candidata a juez en el distrito judicial en la región sur del estado. Ante esto, es importante identificar las áreas de oportunidad, como el hecho de que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), más del 80% de la población en la entidad es usuaria de internet, lo cual es una invitación para las y los candidatos a innovar la manera de acercar sus perfiles a la ciudadanía.

Este panorama demuestra que las campañas de la Elección Judicial Extraordinaria en el Estado de México, las cuales inician el 24 de abril, podrían convertirse en un referente de los procesos electorales donde la democracia no se mida en los pesos gastados, sino en la habilidad de las y los candidatos para generar confianza ciudadana a través de la escucha activa y derribar el muro que durante décadas separó a los impartidores de justicia de la ciudadanía, abriendo paso a una nueva realidad. Una donde quede claro que la accesibilidad de las personas juzgadoras y la transparencia en sus funciones no sólo establezcan las bases de una justicia democrática, sino que reafirmen algo esencial, que la justicia no es un privilegio, sino un derecho fundamental y un avance clave hacia una democracia incluyente y consolidada.