Comunicación
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La reforma electoral se consumó a través de instituciones y del ejercicio del principio mayoritario que se vincula con ellas y que no pueden funcionar de otra manera que a través del uso de este principio, el cual define a la democracia como lo ha expresado en sus obras Dieter Nohlen. Guste o no, la reforma está hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo contrario.

Mientras ello sucede es importante tener claridad de lo que estipula para poder responder con objetividad y certeza a los cuestionamientos que desde diferentes espacios nos realizan: un ejemplo es ¿el INE desaparece? La respuesta es: No desaparece pues la reforma expresamente dice que, tanto el Instituto como los Órganos Públicos Locales de las entidades federativas, ahora integran el Sistema Nacional Electoral y tienen a cargo la función de organizar elecciones y consultas en su ámbito de competencia.

Lo que sí hay son cambios, uno de los más profundos es que los órganos centrales del INE ahora son exclusivamente el Consejo General y la Presidencia restándole poder a la Secretaria Ejecutiva, la cual no desaparece pero que ahora tiene un papel acotado y sin posibilidad de articular y ejecutar diversas acciones como antes lo hacía.

Otro cambio está en las 32 delegaciones de las entidades que tampoco desaparecen, pero que ahora se denominan órganos locales y los cuales tienen una reducción en el número de vocales que los integran que antes era de 5 y ahora será de 3; al igual que los 300 distritos uninominales ahora denominados órganos auxiliares, los cuales también se reducen en integración.

Se incluyeron los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y se estipula que la remuneración para las personas Consejeras Electorales no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República.

El tiempo es líquido, ante él nada se detiene, incluido el actual proceso electoral mexiquense que, ya de por sí, tiene sus temas y naturales conflictos, en este contexto se requiere de nuestra total concentración como autoridad electoral para salir avante, a la par del análisis y proyección de los cambios que tendrán que realizarse de cara al 2024 en tiempos muy cortos.

_{[1] Diario Oficial de la Federación}

A pesar del gran interés también, en algunos casos, se expresa preocupación sobre todo respecto de la confianza que se tiene en estos dispositivos, sin embargo, usar la tecnología en los procesos electorales es correcto, especialmente, si reduce los tiempos y los costos de la organización sin que ello implique dejar de tener los candados suficientes que den certeza de los resultados y de la voluntad de la ciudadanía para elegir a quien la represente.

En este proceso electoral se espera que el Estado de México cuente con urnas electrónicas en algunas de las casillas. Habrá que ver la propuesta del INE para saber en qué lugares y secciones podrá llevarse a cabo este ejercicio que, sin duda, será inédito en nuestra entidad. En este sentido, el IEEM tiene una oportunidad para que en el presente inmediato pueda generar, como otras entidades, el diseño y la fabricación de urnas propias con las cuales aún no contamos. Recuerdo que, en diciembre de 2021, solicité un diagnóstico de factibilidad para el uso de la urna electrónica con miras a migrar paulatinamente a ellas debido a la implementación que el INE ha hecho.

Sin duda, al ser un mecanismo mediante el cual se reciben y cuentan de manera electrónica los votos de la ciudadanía a través de un sistema que registra de forma automática el total de votantes y los votos que cada partido y candidatura obtenga, agiliza el proceso de votación, ayuda en los tiempos al cierre de la casilla y ahorra en el gasto de papel; con la obligación de revisar el modelo de operación, verificar los estándares de seguridad y el plan de continuidad para cualquier imprevisto.

Con esta implementación en el Estado de México nos situamos en la modernidad de hacer elecciones, muestra clara de que ¡no todo tiene que ser como siempre se ha hecho!

En esta primera etapa de precampaña los resultados nos permiten dar cuenta del trabajo que aún tenemos que hacer sobre todo respecto a la perspectiva de género. Quienes monitorean tomaron un curso para poder identificar estereotipos, detectar cualquier forma de discriminación e incluso violencia política contra las mujeres en razón de género.

Algunos datos relevantes en este punto son que, de 16,465 menciones, 3,474 correspondieron a hombres y 3,456 a mujeres, mientras que 9,535 no se especificaron. De las menciones que promueven la participación política de las mujeres por tipo de medio de comunicación: de 16,465 menciones, solo en 292 menciones en medios impresos se promueve la participación política de las mujeres.

En internet se registraron 1,307 menciones para mujeres contra 1,494 para hombres. Si bien en radio y televisión se registraron 1,166 menciones para mujeres en contraste con 880 para hombres, es razonable al estar contendiendo en esta etapa 2 mujeres.

De ese universo de 16,465, el 21% (3,456) de las menciones corresponden a mujeres, 21% (3,474) fueron para hombres y 58% (9,535) no incluyeron especificación de género. En el fondo no debe considerarse como equilibrado el número de menciones que refieren a mujeres y hombres, sobre todo, si son mujeres quienes participan. Es claro que se requiere seguir explicando lo que la igualdad sustantiva significa y los medios para llegar a ella.

En cine no se llevó a cabo monitoreo y este es también un tema que debemos mejorar quienes integramos el Consejo General, pues tendríamos que ver la forma de hacer posible que nuestros monitoristas puedan acudir a las salas al igual que lo realiza el INE, para tener un monitoreo completo.

Toda vez que el objetivo de este monitoreo es dotar a la ciudadanía de información cierta, oportuna completa, plural e imparcial para fortalecer un voto informado y razonado, también ser parte de la fiscalización que lleva a cabo el INE para verificar que no exista rebase del tope de gastos de precampaña, pues la violación de este puede ser sancionado con la negativa de registro de la candidatura.

En México, alrededor de 6% de la población vive con alguna discapacidad, porcentaje que representa más de 5 millones de personas[1] y debe quedar claro que, la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y del ejercicio de los derechos humanos, tal y como lo refiere la Agenda 2030.

Respecto del voto en prisión preventiva, el 20 de febrero de 2019, la Sala Superior resolvió las sentencias SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018[2], cuyos efectos precisaron que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia y que el INE debía implementar una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de los presos no sentenciados a fin de garantizar su derecho a votar.

En cifras, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 realizada por el INEGI, la población privada de la libertad en México durante ese año fue de 220.5 mil personas, de las cuales, 94.3% corresponde a la población de hombres y 5.7% corresponde a la población de mujeres. El INE en el proceso electoral de 2021 implementó esta prueba en cinco Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) en Sonora, Guanajuato, Chiapas, el Femenil de Morelos y Michoacán, toca el turno a nuestra entidad.

Sobre el voto presencial de mexiquenses que radican en el extranjero, las casillas se instalarán en los Consulados de Los Ángeles, Chicago y Dallas en Estados Unidos y en Montreal, Canadá; lugares elegidos de acuerdo con el número de matrículas consulares expedidas.

Esta será, como lo anticipé, una elección incluyente cuyos resultados será importante analizar para posteriores ejercicios.

_{[1] Datos de la División de Rehabilitación Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación.}

_{[2]Derivado de 2 escritos presentados por personas aprehendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas}

La medida en que las mujeres han ido dejando atrás los estereotipos de género que se reproducen al interior de la familia, la escuela, el trabajo, entre otros, y despegándose del piso pegajoso, que es el término empleado para referirse a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en comparación con los hombres para abandonar puestos de trabajo precarios o con peor remuneración, la violencia ha ido en aumento.

Lo mismo pasa en el ámbito político con los techos de cemento donde las mujeres que deciden no incursionar en la esfera política lo hacen por los altos costos personales y familiares que se autoimponen como parte del sistema patriarcal. Y cuando decidimos participar, nos enfrentamos a violaciones que son, en la mayoría de los casos, sistemáticas por parte de los hombres que portan la bandera del género, pero son los primeros y más violentadores. A pesar de contar con mecanismos como el PES[2], este no ha logrado que se sancione a quienes vulneran los derechos de las mujeres.

Es necesario redoblar esfuerzos para informar qué actos, omisiones o tolerancias configuran violencia contra las mujeres. Es necesario conocer la Convención Belem Do Pará: el primer instrumento internacional vinculante en reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación sancionable de derechos humanos y que define la violencia como aquel acto que cause muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer, tanto en lo privado, como en el ámbito público.

Nos encontramos en proceso electoral con mujeres participando en la etapa de precampaña, pero también con muchas mujeres en espacios de toma de decisión, mujeres militantes, simpatizantes, mujeres en la sociedad civil, empresarias, líderesas de opinión, capacitadoras electorales, comunicadoras, reporteras, un sinfín de mujeres que, en caso de ser violentadas, debemos alzar la voz y no callar ninguna vulneración a nuestros derechos humanos. ¡No es no! a cualquier tipo de violencia de género.