La integración de las mujeres en diversos ámbitos de la vida pública es reciente, recordemos que hace casi 70 años el reconocimiento constitucional del derecho a votar y ser votadas fue conquistado por las mexicanas y, a partir de este hecho, el ejercicio y disfrute de derechos laborales, educativos, en materia de salud y reproductivos se ha ido fortaleciendo. Con nuestra participación, las mujeres en México incidimos más en la toma de decisiones que afectan todas las esferas.

Teniendo lo anterior como marco, es importante detenernos un momento para reflexionar sobre la participación, en diferentes escenarios, de las mujeres alrededor del mundo de cara al 2023.

Datos de la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) al 2022, nos permiten visibilizar cómo apenas en los 193 países reconocidos por la ONU, son solo 30 las mujeres que se desempeñan como Jefas de Estado o de Gobierno. De acuerdo con estimaciones del citado organismo, a este ritmo la paridad en las máximas posiciones de los poderes políticos de los Estados se alcanzará en 130 años.

Aunado a ello, vale la pena tomar en cuenta que el derecho al sufragio, no es una realidad para todas las mujeres, como es el caso en Brunei y Afganistán, inclusive se manifiestan limitaciones para ellas, debido a que están a lo dispuesto por la voluntad de la figura paterna como en Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

Otra dimensión fundamental para comprender las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, es la integración en los espacios laborales. En términos del estudio La Mujer, la Empresa y el Derecho 2023 del Grupo del Banco Mundial, en el que se analizó movilidad, remuneración, parentalidad, activos, trabajo, matrimonio, empresariado y jubilación, 2.400 millones de mujeres en el mundo que cuentan con edad laboral no tienen los mismos derechos que los hombres. De esta cantidad, 210 millones de mujeres se encuentran en América Latina y el Caribe. No obstante, es de destacar que Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia proveen condiciones jurídicas igualitarias y sobresalen con una calificación de 100 puntos, mientras que México consiguió 88.8 en su desempeño. 

En este tenor, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023) advierte en el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo Tendencias 2023, que el llamado déficit de empleo afecta de manera más considerable a las mujeres. En 2022, la falta de empleo a nivel internacional aumentó a 473 millones de personas, que se traduce en un 12.3 %. De este monto, 205 millones de personas tienen la calidad de desempleados y 268 millones presentan una necesidad insatisfecha de trabajo. Cabe indicar que, esta carencia para las mujeres es del 15 %, y para los hombres representa el 10.5 %. Además, por cada hombre sin actividad económica existen 2 mujeres en el equivalente caso, visibilizando las desigualdades en el mercado laboral motivadas por cuestión de género.

Las mujeres en el mundo enfrentamos numerosos retos. Este año las Naciones Unidas promueven diversas actividades en el marco del 8 de marzo para incentivar que los gobiernos generen, fortalezcan y promuevan políticas públicas que permitan a las mujeres el acceso a las tecnologías de la información y comunicación a través de la campaña: Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género (ONU, 2023).

Así pues, con el inicio del Sexagésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con el asunto principal La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, que se lleva a cabo del 6 al 17 de marzo, se ha establecido que, en el contexto global las mujeres tienen poca posibilidad de disponer de un teléfono inteligente (18 % menos, en comparación con los hombres) y ni se diga respecto a la conexión a internet o hacer uso de él, por lo que, se cataloga a la brecha digital como el nuevo rostro de la desigualdad de género (ONU, 2023).

En el sector de la economía y la educación correlacionadas con el mundo digital, sus tecnologías e infraestructura, las mujeres, las mujeres jóvenes y las niñas en la región de América Latina y el Caribe han logrado el acceso a procesos de enseñanza-aprendizaje en mayor medida que los hombres, hecho que no se refleja en la obtención de trabajos, ni en la remuneración, y tampoco en la ocupación de puestos de toma de decisiones según lo muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022).

Estemos atentas y atentos a los hallazgos que se revelen como conclusiones de esta comisión, pues sin duda serán cruciales para las determinaciones políticas, económicas y sociales de los próximos años. Sí, se han materializado avances, pero las cifras aún se observan distantes de las metas que nos propusimos para alcanzar los objetivos conjuntos enmarcados en la agenda 2030.

Como autoridades, desde nuestros ámbitos de competencia, requerimos ser sensibles a las brechas que hoy persisten en el acceso y disfrute de las mujeres a espacios en el mercado laboral, el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos, garantizar el acceso a espacios de toma de decisiones en la esfera política libres de discriminación o violencia motivada por el género; en suma la implementación efectiva y certera de políticas públicas y acciones multisectoriales con miras a alcanzar la igualdad sustantiva. 

El artículo 1 constitucional refiere la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición y de salud, religión, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Es importante resalta que México se compone de una gran diversidad; según cifras del último censo de población: 7, 364,645 de 3 años y más son hablantes de la lengua indígena; 2, 576, 213 se autorreconocen como persona afromexicana o afrodescendiente; 20,838,108 presentan alguna discapacidad, limitación o condición mental, y recientemente se sabe que alrededor de 5 millones de la población nacional se identifican como pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

No obstante, y a pesar de que el aumento de su representación en la realidad y espacios sociales, históricamente se observó y observa una serie de obstáculos sociales, culturales y políticos que han impedido el pleno acceso y ejercicio de sus derechos. Es así que, desde el activismo, compromiso, lucha y defensa, se han impulsado estrategias y herramientas para la visibilización e impulso al respeto de los derechos de los grupos históricamente discriminados, como comúnmente se les denomina, y de los esfuerzos para erradicar las violencias de las cuales han sido objeto.

En razón de lo anterior, en el caso de las personas de la diversidad sexual y de género y las personas con discapacidad el Instituto Nacional Electoral elaboró y difundió protocolos que establecen medidas para garantizar el ejercicio de su participación en las jornadas electorales en equidad de condiciones.

El Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, tiene como propósito ser una guía que establezca las directrices para garantizar el ejercicio del voto libre y secreto y los mecanismos de participación ciudadana en igualdad de condiciones de las personas trans (travestis, transgénero y transexuales), sin que su identidad y expresión de género sea motivo de discriminación.

Como lo menciono el protocolo las diversidades sexuales, en especial las relacionadas con las identidades de género, las orientaciones sexuales y las expresiones de género, así como la apariencia de las personas, no deben significar impedimento alguno para el acceso y ejercicio efectivo a votar.

Por otra parte, el Protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, busca establecer los pasos, principios, enfoques y perspectivas para implementar la igualdad, promover y garantizar el ejercicio del derecho al voto y la participación ciudadana de este grupo vulnerable; hace énfasis al tema de la accesibilidad como una combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios para ejercer su voto.

En conclusión, estos documentos son muestra de la obligación de las instituciones públicas y en este caso electorales de exponer en sus acciones una cultura de no discriminación; lo protocolos mencionados tienen un punto de partida en común:  garantizar un efectivo ejercicio, respeto y derecho a la dignidad humana en el ejercicio los derechos políticos electorales.