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Ellas fueron tres activistas políticas de República Dominicana que formaron parte del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (14J), contra la dictadura de Leónidas Trujillo, quien, por el solo hecho de ser mujeres, de disentir, de no estar de acuerdo, de participar en la esfera pública, de asociarse, de opinar, de reclamar y pretender ejercer derechos políticos para generar un cambio de régimen, violó, torturó, encarceló y asesinó a las hermanas Miraval conocidas como “Las Mariposas”.

El 25 de noviembre de 1960, Minerva, María Teresa y Patria fueron detenidas y llevadas a una casa en donde el capitán Peña Rivera las esperaba, ahí fueron ahorcadas y después molidas a palos; estos fueron un acto de extrema violencia, un crimen.

Por ello, en 1981 en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, se estableció el 25 como el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer en honor a “Las Mariposas”, quienes con sus acciones, y debido a las múltiples violaciones a sus derechos humanos, lograron contribuir al derrocamiento del régimen de Trujillo.

A 62 años de este encuentro, la violencia física, sexual, económica y patrimonial contra nosotras las mujeres sigue presente y es una amenaza para quienes deciden participar en política.

Los datos no mienten y lamentablemente muchas mujeres no denuncian. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en el Hogar (ENDIREH) 2021, el Estado de México es uno de los 4 estados con mayor prevalencia de violencia, los otros son: Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro.

Nuestra entidad ocupa los primeros lugares en presuntos feminicidios por grupo de edad. Tan solo de enero a septiembre del 2022, de las 103 presuntas víctimas, 80% son mujeres de más de 18 años y 20% entre cero y 17 años. De los 100 municipios más violentos en México, 18 de ellos pertenecen a este estado, que ya tiene 2 alertas de género por feminicidios y por desaparición de mujeres.

Es necesario visibilizar la interseccionalidad que existe cuando se violenta a una mujer que, además tiene una orientación sexual distinta, pertenece a algún pueblo originario, es migrante, es adulta mayor o tiene alguna discapacidad, etc.

No solo es portar un moño o color naranja, es cambiar culturalmente a nuestra sociedad.

Hoy en día hay varios temas al centro de la discusión de la reforma electoral, uno de ellos es la forma de integración de los órganos electorales a nivel federal y local, pero esta discusión no es nueva.

Es bien sabido que la autoridad moral que tuvo el IFE fue adquirida gracias a la presencia de ciudadanos con una trayectoria sólida en el plano profesional, académico y mediático. Los consejeros electorales del primer IFE aseguraron la independencia e imparcialidad en el actuar de la institución electoral.

Principios que siempre se han deseado y esperado en toda persona que esté investida de autoridad electoral. En el caso de los órganos electorales locales, dada su historia se dio esa facultad al INE en 2014.

Desde 2015 en que el Consejo General del INE aplicó esa nueva atribución para designar a los integrantes de institutos electorales locales y hasta la fecha, el tema es motivo de análisis políticos y académicos.

Precisamente se recordará que, en 2015, la discusión fue bastante nutrida por parte de las representaciones de los partidos: el Senador Javier Corral y Francisco Gárate Chapa del PAN, el Diputado Marcos Rosendo Medina y Guadalupe Acosta Naranjo del PRD, Pedro Vázquez González del PT y Horacio Duarte de Morena presentaron cuestionamientos severos sobre el procedimiento y las propuestas.

La exconsejera Pamela San Martín en una de sus intervenciones expresó su disenso con varias propuestas y explicó que a su juicio las mismas no reflejaban esa pluralidad de trayectorias o compromiso democrático necesarios para ser consejero electoral. Mencionó que los consejeros forman parte de un órgano colegiado, por lo que deben estar conformados por una visión imparcial e independiente de ciudadanas y ciudadanos que, a partir de una pluralidad de trayectorias y perfiles, supervisen y vigilen la actuación de los profesionales y garanticen la autonomía en la función electoral.

No es nuevo que se discuta sobre el sistema político y la forma en la que deben ser integrados los órganos electorales, incluso el procedimiento vigente ha sufrido cambios, todo sistema es perfectible.

Lo deseable es que todo sistema democrático cuente con un alto estándar de integridad electoral que incluye tolerancia a los derechos y actividades políticas de otros, un código de conducta ético para la autoridad electoral, partidos y actores políticos: componentes esenciales de la democracia.

_{[1] Sartori Giovanni citado por Fernando Savater en Diccionario Filosófico}

Hablamos de actos deshonestos, que se cometen por autoridades, públicas, que abusan de su poder o su cargo e influyen en el mal uso intencional de los recursos humanos y/o financieros a los que tienen acceso, sin transparencia o maquillando ésta. Es un tema que daña a la sociedad y a quienes participan de diversos procesos que el Estado, a través de sus funcionarios y funcionarias, pone en práctica como parte de su función y organización de procesos.

Existen diferentes tipos de corrupción que van desde el uso ilegítimo de información privilegiada hasta el tráfico de influencias, las extorsiones, el compadrazgo o el nepotismo, por mencionar sólo algunos.

De acuerdo con Transparencia Internacional el “Índice de percepción de la corrupción 2021” revela que los niveles de corrupción se han estancado en los últimos 10 años, lo que sin duda significa un abuso a los derechos humanos y el deterioro de la democracia, pues la corrupción de los funcionarios o funcionarias para tener beneficios personales o para terceros vulnera los derechos humanos, y con ello, el Estado de Derecho de un país.

En el caso del el Estado de México, de acuerdo con el "Índice de Estado de Derecho 2021- 2022”, se encuentra en la posición 31 de los 32 estados de la república, con un puntaje general de 0.30, lo que significa que tiene una débil adhesión al Estado de Derecho.

Habrá quien seguro pueda ponerse este saco, eso ni dudarlo. Lamentable porque quien lo hace supone carecer de toda ética y moral.

Una recomendación es que se revisara y leyera el pasaje donde a Sócrates, condenado a beber cicuta, le ofrecen la posibilidad de fugarse con la ayuda de un guardia, sin que lo acepte. Si Sócrates no hubiese sido un hombre de convicciones hubiera salvado su vida.

Es claro que la corrupción sigue siendo el cáncer de la vida pública que hay que erradicar.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, los adultos mayores son 15,142,976 personas, que representan 12.02% de la población total del país. En el Estado de México hay 1,919,454, que representan 11.30% de la población total de la entidad. Los cinco municipios que cuentan con mayor población son: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca.

Es un grupo que ha vivido la evolución de la democracia en el país, muchos de ellos vieron materializada la transición democrática en el ámbito nacional, cuando el PRI perdió como partido hegemónico en todas las instancias de gobierno: control y determinación de gobernadores, diputados, senadores y hasta presidentes municipales con el arribo de los gobiernos del PAN que lucharon por ser reconocidos como minoría y grandes críticos del PRI. En 2012 vieron también el regreso del PRI a la presidencia, y en 2018, de nueva cuenta, presenciaron una nueva alternancia con el arribo de MORENA.

Hoy en día existe una estrecha relación entre las personas adultas mayores y la pobreza. De acuerdo al informe del CONEVAL en su apartado Pobreza y personas mayores en México, la concentración de la población de 65 años o más en situación de pobreza expresa que más de la mitad se ubicaba en siete entidades: Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Jalisco y Guanajuato. [1]

Es un grupo que vive la discriminación en diferentes rubros: el acceso a créditos de vivienda, la falta de acceso al sistema bancario, el maltrato y violencia, los obstáculos en los cuidados paliativos son solo algunos de ellos.

Seguramente en el proceso electoral que iniciará en 2023 se podrán observar las propuestas a la ciudadanía mexiquense en este rubro. Y evitar lo que la literatura sobre el clientelismo político en México refiere que confirma que la utilización de programas sociales con esos fines tiene una larga y fuerte tradición y que esta práctica se ha modificado con el paso del tiempo, con una tendencia a la reducción de la coacción y una persistencia de acciones de compra de votos a cambio de acceder a programas sociales[2], lo que no es deseable en una democracia.

[1] Datos obtenidos de CONEVAL

[2] Fox, 1994; Cornelius, 2002; et al.