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Aunque no fue materia de amplias conversaciones, en gran medida debido a que la pandemia por Covid-19 sigue siendo el foco de nuestra atención, en semanas recientes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Se trata, desde luego, del mayor proyecto estadístico de nuestro país, además del más detallado y exhaustivo. Por la importancia de los datos y, de conformidad con la legislación aplicable, los resultados del Censo 2020 son, a partir de ahora, oficiales y de uso obligatorio para las autoridades federales, estatales y municipales.

Realizado cada década, el Censo del INEGI nos ofrece un retrato sumamente detallado del país en un momento determinado del acontecer histórico. Aunado a ello, el Censo posee una relevancia material innegable. Sus datos son empleados como insumos para la toma de decisiones en materias diversas, incluida la actividad gubernamental y electoral. La distribución poblacional, la composición sociodemográfica o la delimitación de zonas metropolitanas son ejemplo de información recogida, sistematizada y divulgada por el INEGI que las autoridades electorales requieren para llevar a cabo sus funciones.

Quizá una de las características más fascinantes de los censos es que derriban ideas preconcebidas y nos acercan a realidades más precisas. En esta ocasión, algunos de los principales resultados del Censo 2020 son los siguientes: nuestro país contabiliza una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes (el 11º país más poblado a nivel mundial); 51.2% de la población somos mujeres, mientras que el 48.8% son hombres; la entidad más poblada sigue siendo el Estado de México, con 16 millones 992 mil 418 habitantes y el Valle de México es la mayor Zona Metropolitana del país con 21 millones 804 mil 515 habitantes, seguida de Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y Toluca.

A su vez, el 6.1% de la población mexicana es hablante de alguna lengua indígena, es decir, 11 millones 800 mil 247 personas; 2% de la población se reconoce como afromexicana o afrodescendiente, es decir, 2 millones 576 mil 213 personas; 16.5% de la población tiene alguna discapacidad, algún problema o condición mental, es decir, 20 millones 838 mil 108 personas. La tasa de analfabetismo cayó del 6.9% al 4.7% entre 2010 y 2020, mientras que el promedio de escolaridad alcanzó los 9.7 años promedio, es decir, un poco más allá de la educación secundaria.

En lo referente a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 91.1% de las viviendas en México cuentan con televisor; 67.6% cuentan con dispositivo para oír radio; 87.5% poseen celular; solo el 52.1% de las viviendas en nuestro país tiene internet; 37.6% de éstas tiene laptop o tabletas y 37.5% cuenta con línea telefónica fija. En sentido similar, 43.3% de las viviendas cuenta con servicios de televisión de paga y solo 18.8% de éstas tiene servicios de streaming (películas, música o video de paga por internet).

¿Cómo interpretar todos estos datos? ¿Qué relevancia o correlación tienen con la gobernabilidad de un país o la participación ciudadana? Una de las conclusiones a las que podemos llegar, simple, pero a la vez muy contundente, es que nuestro país es altamente complejo en sus condiciones, carencias, potencialidades y requerimientos. Este hecho reclama no solo la necesidad de que seamos sensibles y receptivos a la amplia diversidad de las demandas sociales, sino que reconozcamos el desafío de la pluralidad, en lugar de intentar reducirnos a la simplicidad.

Las mujeres en México no somos minoría y, como tal, merecemos mayor participación en los espacios de decisión. Las personas indígenas, afrodescendientes y afromexicanas se cuentan por millones y debemos visibilizarlas. Las personas con discapacidad o condiciones mentales representan un porcentaje muy significativo de nuestra población y, como tal, merecen estrategias para su inclusión y acceso a bienes públicos, como la salud, la educación, la vida comunitaria y la participación política.

Las democracias sólidas se fincan en una lectura apropiada de su realidad. En medio de una época de profundos cambios, los datos generados por el INEGI representan una brújula para navegar hacia mejores condiciones democráticas.

Dignificar la política permite reconocer que existen magistrales trayectorias en el servicio público, Angela Merkel resultó ser la mejor opción de Alemania en la historia contemporánea. Durante dieciséis años ha gobernado con firmeza, valores y sencillez. Concluye su gestión en el otoño, con una aprobación que no podrá repetirse en muchos años. Dignificó el oficio, demostró que la profesión no es para improvisados.

Creció bajo el régimen comunista de la entonces Alemania Oriental, en noviembre de 2005, Norbert Lammert, presidente del Parlamento alemán se refirió a ella con las siguientes palabras, “Querida Merkel, eres la primera mujer elegida para ser jefa de gobierno. Una fuerte señal para las mujeres y ciertamente para algunos hombres”. Sin las habilidades políticas de la canciller, seguramente el destino de Europa sería otro.

Administró el poder como nadie, su postura sobria y predecible fue una constante. El estilo adoptado de hacer política no se inclinó por demostraciones innecesarias de fuerza ni conflictos directos. Entró en la política fuera de un sistema democrático, cuando Alemania aún estaba dividida entre una zona de influencia soviética y otra de injerencia occidental. Exhibió sus primeras inquietudes políticas detrás de un muro, no solo de concreto, sino también plagado de actitudes masculinas excluyentes.

Tras la reunificación alemana su partido fue incorporado por la Unión Demócrata Cristiana, ascendió gracias a su capacidad para construir acuerdos y su empatía. Merkel no tiene fama de ser una oradora electrizante, su hablar sosegado no emociona. Construye su liderazgo en la forma racional de tomar decisiones. No es impulsiva. Despierta confianza, es realista. Sabe escuchar y no le da miedo disentir de lo que no le parece. Exhibe capacidad para pensar a largo plazo y entiende las dinámicas del momento.

Tiene una clara idea de la rectitud, su meteórico ascenso fue de la mano de Helmuy Kohl, carismático canciller que se encargó de sortear la difícil reunificación alemana de 1990. Cuando en 2003 se demostró que la campaña de Kohl recibió dinero ilegal, a la joven política no le tembló la mano para despedir “al viejo caballo”. Su inquebrantable carácter y determinación pusieron a Merkel donde merece.

Durante su gobierno enfrentó una crisis tras otra. El colapso del sistema financiero mundial en 2008, las amenazas de disolución de la Unión Europea, la gran ola migratoria de 2015. Merkel se comprometió por eliminar las plantas nucleares de Alemania, en los últimos años su país ha batido los records en el uso de energías renovables. Legalizó la unión homosexual en 2017, aun cuando ella pudiera tener otra manera de pensar. Adoptó una política audaz de puertas abiertas y manejó la pandemia con honestidad y respaldo en la ciencia.

Impuso políticas de austeridad cuando fue necesario y consiguió que la economía de Alemania haya crecido de forma consistente durante una década. La canciller es capaz de abandonar “el estilo Merkel” si es pertinente. Puede cambiar de posición sin hacerse daño. Merkel logró dominar a su manera la política de una nación. Durante dieciséis años la cara visible de Alemania es el rostro de una mujer tímida, severa y coherente con su rigorismo prusiano. Su imagen responde al grueso de una opinión pública que reclama, como mínimo, la tranquilidad.

Con la agudeza propia de una científica de datos, la disposición comunicativa de Merkel se mantuvo distante de florituras y excentricidades. Experta en leer la epidermis social alemana, habló siempre esquiva de cualquier controversia ideológica que pusiera en peligro su legitimidad. Supo encauzar el debate. Recibió el sobrenombre de Mutti, utilizado con respeto. Palabra cuya interpretación en el contexto de la política alemana es compleja. Alude a quien protege, a la que hace desaparecer los problemas. Merkel es bastante más que eso.

Como líder, Angela Merkel no solo tiene un lugar asegurado en la historia de Alemania, lo ganó también en la política de todo el mundo.

Parece ser un tema que ha invadido todos los espacios, en los últimos meses, el término “infodemia” aparece con mayor frecuencia en las redes sociales o en disertaciones de especialistas. El neologismo, mezcla de las palabras “información” y “epidemia”, no es del todo reciente. De acuerdo con algunas fuentes, fue empleado por primera vez en 2003 por el analista político David Rothkopf para su columna en The Washington Post. Desde entonces, la palabra se popularizó por su capacidad para describir un fenómeno cada vez más patente: la rápida e indiscriminada difusión masiva de información sobre un tópico en particular.

Una de las principales características de la infodemia, es que la enorme cantidad de noticias difundidas sobre un asunto hace sumamente difícil distinguir cuáles son verídicas y cuáles falsas. Por esa razón, este concepto comúnmente se asocia con un problema de desinformación masiva. Desde luego, la existencia de información falsa o imprecisa no es novedosa. Lo que sí es inédito es su alcance global y su potencial para incidir en la formación de la opinión pública, incluso, en la toma de decisiones.

Para que la infodemia pueda existir se requieren al menos dos elementos. Por una parte, un tema que posea el suficiente atractivo para convertirse en una cuestión de interés público y, por otra, medios o plataformas que permitan replicar información sobre ese tema de manera masificada. En un principio, la radio o la televisión podían jugar ese papel, pero a partir del ágora digital, en la actualidad las mejores plataformas para replicar información a niveles inusitados son las redes sociales, pues ahora literalmente millones de personas pueden replicar, difundir, falsear o distorsionar datos sobre un tópico de interés público.

El más claro ejemplo de lo anterior es la información relacionada con el Covid-19. Existe tal cantidad de artículos, entrevistas, reportajes, hallazgos y anécdotas que ya es complicado saber cuáles de estos son veraces, basados en evidencia o métodos científicos y cuáles son imprecisos o abiertamente falsos. No podemos olvidar que, en varias partes del mundo, diversas personas resultaron intoxicadas por ingerir productos químicos, alentados por mensajes irresponsables de líderes políticos o celebridades.

Queda claro que la infodemia posee un impacto sobre la democracia. Al ser un régimen basado en la deliberación colectiva y plural de los asuntos públicos, la calidad, cantidad y accesibilidad a la información juega un rol determinante en cualquier diálogo democrático. Nunca será igual asumir una postura a favor o en contra de una idea o alternativa de acción con información fidedigna a la mano que en ausencia de ella. Por ello, una sociedad con valores democráticos debe preocuparse y ocuparse de la calidad de la información que nutre a la opinión pública. El peor escenario, mismo que se ha dado en varias ocasiones, es caer en falsos debates, con datos erróneos, que en poco o nada contribuyen a encontrar soluciones colectivas sobre la salud, la economía, la educación o el ejercicio del poder público, por citar algunos ejemplos.

Peligra la democracia sin información veraz y no hay totalitarismo sin desinformación, lo anterior implica que autoridades, instituciones y líderes de opinión lleven a cabo una comprometida labor pedagógica sobre el uso de la información que circula en redes sociales. No basta solicitar a los usuarios que se abstengan de replicar fake news, también hace falta instruirlos para que aprendan a identificar la información inconsistente, y contrastar el tratamiento de los datos y la confiabilidad de las fuentes.

De no asumir como propio el compromiso por mejorar el consumo de la información, corremos el riesgo de construir una Torre de Babel, donde cada persona hable su propio idioma, ajeno a la realidad. Una sociedad democrática debe fomentar la construcción de una ciudadanía digital libre, crítica y analítica, que rechace fincar debates sobre información errónea. Si alguien entendió que las redes y sus aledaños iban a ser meros repositorios de información para albergar contenidos reales, peco de ingenuo.

Inició formalmente el Proceso Electoral 2021 en el Estado de México, en el cual se elegirán diputadas y diputados al Congreso Local, así como autoridades de los 125 ayuntamientos de nuestra entidad federativa. Durante la Sesión Solemne del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), celebrada el pasado 5 de enero, todos sus integrantes reconocimos que nos encontramos frente al proceso electoral más complejo de los últimos años. A los retos naturales que se derivan de organizar comicios en la entidad más poblada del país, se suma una situación sanitaria adversa y desafiante que, por desgracia, para nadie ha sido ajena.

Desde su inicio el Covid-19 ha presentado retos apremiantes para las sociedades y sistemas democráticos. En pocos meses ha trastocado aspectos fundamentales de la vida social, al restringir la participación de las personas en reuniones y encuentros públicos, y dificultar así el cumplimiento individual y colectivo de sus deberes cívicos, y de alguna manera trastornar el goce de sus derechos políticos. No resulta sorprendente que los procesos electorales hayan sido una víctima inmediata e inevitable de la pandemia.   

Esta emergencia sanitaria ocasionó una disrupción mayúscula en nuestra vida cotidiana. Celebrar elecciones seguras, limpias y transparentes, en un contexto como el actual, nos obliga a fortalecer las capacidades técnicas, humanas y financieras de las instituciones democráticas. Bajo ese entorno, las autoridades electorales no son la excepción. Tanto a nivel federal, como a nivel estatal, debemos diagnosticar rápidamente las aptitudes técnicas que sean pertinentes para garantizar el derecho al voto y la participación política, al tiempo de proteger la salud de la ciudadanía con los más altos estándares.

No tardó la crisis sanitaria en poner a prueba a los procesos electorales. Además de imponer exigencias nuevas y demandantes, la gestión electoral se involucra seriamente con el incremento y el número de contagios. Por esa razón, en los meses venideros, cada etapa del proceso electoral deberá incluir medidas preventivas de gran alcance. La misión del IEEM, no solo será brindar servicios electorales bajo estrictas medidas sanitarias, sino garantizar que la pandemia no vulnere de ninguna manera nuestro régimen democrático.

Tanto las características de los materiales electorales, como los insumos y elementos apropiados para los funcionarios y miembros de las mesas directivas de casilla, la recepción del voto, el traslado de los paquetes electorales y las sesiones de cómputo, son asuntos que deberán modificarse bajo nuevos protocolos de actuación.

Aplicar las restricciones necesarias que hagan frente a la pandemia, constituye un reto de gran significado para la democracia. Las decisiones que se adopten no pueden tomarse a la ligera. El IEEM cuenta con la capacidad institucional para estar a la altura de las circunstancias. Puede la ciudadanía mexiquense tener la certeza de que el Instituto velará por el respeto irrestricto a la voluntad de millones de ciudadanas y ciudadanos que decidan participar, mediante el voto, en la deliberación democrática de los asuntos públicos.

Evaluar los desafíos que la emergencia sanitaria impone a la gestión e integridad de los comicios, compromete a buscar el equilibrio entre el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y la protección de su salud. En el Estado de México, la democracia y sus valores permanecerán como nuestro compás y brújula en tiempos convulsos.

Recientemente, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en colaboración con El Colegio de México, publicó el Estudio sobre la cultura política de los jóvenes en el Estado de México, 2018. Esta publicación ofrece ser un instrumento fundamental para todos los interesados en diseñar mejores políticas públicas y mecanismos de participación ciudadana dirigidos a la juventud en nuestra entidad, la más poblada del país.

En términos generales, el estudio es una “radiografía” de la situación de las y los jóvenes en el Estado de México en el contexto del proceso electoral de 2018. Aunque el espacio temporal se sitúa en las elecciones de aquel año, los datos que aporta el estudio trascienden la coyuntura electoral. Además de caracterizar con precisión la población sujeta de estudio (personas entre 18 y 29 años), los autores aportan elementos cuantitativos y cualitativos que nos acercan a conocer la realidad que viven millones de jóvenes.

Entre los datos que el referido estudio aporta se encuentran las características de los jóvenes (distribución etaria, estado civil, ocupación, educación, entre otros); su acceso a medios de información (acceso a internet, a televisión, uso de redes sociales); su conocimiento sobre la política (puestos a elegir en votaciones, debates, valoración de los candidatos); su conocimiento sobre la política en el Estado de México (conocimiento de sus autoridades locales y los partidos políticos); su participación política (su rol como votante, importancia del voto, actitudes frente al sufragio, etc.); o la opinión sobre las instituciones electorales, entre otros.

Dentro del vasto contenido del estudio, cobra relevancia el apartado referente al acceso a medios de comunicación. Los hallazgos son sumamente interesantes. En principio, el estudio parte del hecho de que nos encontramos en un contexto informativo complejo: la multiplicidad de medios, canales, información y fake news ha enriquecido el diálogo en torno a cualquier problema público, pero al mismo tiempo ha exigido cada vez mayor criterio y capacidad de análisis por parte del auditorio.

En este contexto, el principal medio por el cual, las y los jóvenes tienen acceso a internet es el celular (95.9%). Este porcentaje es significativamente más alto que aquellos que tienen acceso a computadora de escritorio (35.2%), laptop (30.7%), tableta (20%) o Smart TV (14.2). De entrada, estos datos evidencian que la brecha digital es mayor en la disponibilidad de computadoras, tabletas e incluso televisiones de nueva generación.

Por otra parte, solo el 46.8% de los jóvenes declara que ve la televisión abierta, mientras que el 20.4% ve televisión de paga. Claramente las audiencias televisivas se encuentran en declive frente al uso de redes sociales pues, al mismo tiempo, 92.3% de los jóvenes es usuario de Facebook; 34.7% tiene Twitter; 44.4% usa Instagram y 55.9% ve YouTube. Estos datos revelan que, cada vez con mayor frecuencia, las audiencias se desplazan hacia las redes sociales.

Sin embargo, a pesar de esta notoria incursión de la juventud en redes sociales, el principal canal de la actividad política sigue siendo la televisión. El 57% de los jóvenes se entera de lo que sucede en el ámbito político por medio de los spots, 18.1% por medio de noticieros y programas sobre política en televisión. En contraste, solamente 3.8% se entera por internet, 3.5% por redes sociales, únicamente 2.3% por la radio y 1.4% por periódicos nacionales.

Estos hallazgos sobre el acceso de los jóvenes a la información son sumamente útiles a la hora de diseñar políticas públicas, mecanismos institucionales o programas. Merece destacarse que el esfuerzo por recabar, sistematizar y exponer esta información es loable. En ese sentido, el estudio del IEEM puede convertirse en una herramienta indispensable para la toma de decisiones orientadas hacia la juventud y, al mismo tiempo, en un referente para la realización de otras investigaciones.