Comunicación
Social

Las fake news o noticias falsas son una representación narrativa de un hecho o situación en particular que busca desinformar o confundir a las personas y aunque siempre ha existido la exposición de datos poco confiables, el internet y las nuevas tecnologías han dado lugar a su proliferación, pues a través de las redes sociales principalmente, permiten a las personas usuarias producir y consumir estos contenidos en cuestión de segundos.

Normalmente se trata de una información que parte de un supuesto sin comprobar, proviene de una fuente poco confiable, la interpretación no es la correcta, o incluso que los datos están incompletos, generando así, la repetición de una nota imprecisa que puede llegar a tener un gran alcance y repercusión.

Hay que tener en cuenta que, las redes sociales pueden ser un instrumento útil para la democracia, siempre y cuando propicien la formación de una opinión pública bajo argumentos informados y verificados. No obstante, también pueden minar el sustento democrático, si la opinión se forma a partir de hechos falsos que impactan en la toma de decisiones.

Otra manera en que las fake news pueden hacer su aparición, ocurre cuando las personas usuarias realizan alguna búsqueda en particular ya sea en un buscador o redes sociales; medios que recaban esa información a través de algoritmos, cuyo término se conoce como “burbuja de información”, que consiste en un filtrado de datos en función de las preferencias, las cuales, si de origen no son precisas, se corre el riesgo de continuar replicando esos datos.

Al respecto, la Federación Internacional de Periodistas, integrada por 600 mil comunicadoras y comunicadores en todo el mundo, buscan frenar el círculo de la desinformación, para lo cual se creó una guía dirigida a la ciudadanía con el objetivo de identificar y evitar la reproducción de las noticias falsas, así como desmentirlas.

A la par, se emitió la “Declaración conjunta en materia de libertad de expresión y noticias falsas, desinformación y propaganda”, en la que participan las y los relatores de la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la Organización para la seguridad y la cooperación en Europa, en ella se establecen los principios generales que deben observar los países para proteger la libertad de expresión, al tiempo de combatir razonablemente las noticias falsas en internet y redes sociales.

Con lo anterior se observa el papel esencial que desempeñan la libertad de expresión y el derecho a la información para fomentar la circulación de ideas, y permitir que las personas participen en el debate sobre asuntos de interés público, incluida la política, accediendo a una amplia gama de opiniones, fortaleciendo así la democracia, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Las redes sociales y el internet son espacios que pueden mejorar la participación cívica y la democracia. Su uso se ha convertido en un instrumento para promover la participación, permitiendo tener una comunicación directa entre personas políticas y ciudadanía, sin la participación de intermediarios, y con ello, un trato personalizado.

Lo anterior también se relaciona con la capacidad de transmisión inmediata de ideas, hacia diferentes latitudes en tiempo real; sin embargo, es importante tener en cuenta que, al ser un escaparate al que la gran mayoría de la población tiene acceso, la publicación de información que se realiza debe hacerse con responsabilidad, en busca de lograr un discurso que sea lo más apegado a la realidad y así evitar las noticias engañosas o Fake news, las cuales pueden provocar un círculo vicioso de desinformación.

En México, por ejemplo, el uso del internet así como de las redes sociales ha ido incrementando y mostrando un alto potencial de interacción digital, y es que de acuerdo con la Asociación de Internet MX en su más reciente investigación denominada “17° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet” menciona que al cierre del 2020 sumaban 84.1 millones de internautas en el país, que representan el 72% de la población de 6 años o más y, como consecuencia del confinamiento, la cantidad de usuarios de internet tuvo el mayor crecimiento observado en los últimos 5 años.

De tal manera que las redes sociales al tener un alto rango de aceptación se deben usar de manera responsable, en busca de construir ciudadanía, procurando difundir contenidos que promuevan y garanticen los mecanismos que impulsen la ética, la igualdad y la pluralidad informativa, además de fortalecer la investigación en los medios de comunicación como pilar de la democracia.

Por lo tanto, las plataformas de redes sociales se adaptan al constante cambio de las narrativas, en donde para los expertos, el desafío es robustecer los espacios de estas plataformas para dar lugar a la democracia y acotar los riesgos trabajando en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos, la academia, la iniciativa privada, el gobierno y periodistas, puesto que las personas necesitan aprender a evaluar la información que reciben, el proceso de investigación que se sigue y confiar y conocer las fuentes de procedencia.

Parte del impulso de la democracia tanto a nivel nacional como internacional no se entendería sin la trascendencia que juegan los medios de comunicación, que con su participación en la difusión de información veraz, oportuna y bajo una perspectiva de género, contribuye a que la sociedad cuente con los datos suficientes para formarse una opinión libre y razonada.

Así, como parte del rol social que desempeñan se destaca el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que refiere a la protección de los periodistas para investigar y recibir información, derecho fundamental que permite reducir las desigualdades entre el poder y la población.

Lo anterior permite vincular los asuntos de la ciudadanía con las acciones de gobierno, ya que es importante hacer llegar sus peticiones, quejas y sugerencias a las y los gobernantes en turno y viceversa, lo cual se relaciona intrínsecamente con el derecho a la información, que tiene que ver con la participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos y contar con datos verídicos.

El reconocimiento de este derecho deriva de clasificar la información como un bien necesario para que los miembros se involucren en los asuntos de la comunidad, por tanto es un deber del Estado tutelarlo.

Además, la información que los medios de comunicación difunden es un requerimiento para garantizar la participación ciudadana —y delinear así la opinión pública— y es que para el ejercicio democrático es necesario que sean independientes, profesionales y con compromiso social, asimismo que funjan como intermediarias e intermediarios que posibiliten la libre circulación de información para mantener a las personas al tanto de los hechos trascendentes en la nación y en el mundo.

Por si fuera poco, es necesario que siempre haya una pluralidad en los medios para informar oportunamente, actividad que toma especial relevancia durante los procesos electorales en los cuales la ciudadanía debe elegir entre las diferentes opciones políticas, tal y como sucedió en las elecciones realizadas el pasado 6 de junio del 2021 a nivel nacional.

Por todo lo anterior, los medios de comunicación a lo largo de la historia han mostrado su profesionalismo, han tenido que enfrentar grandes retos y defender la profesión, ya que hay quienes los consideran las y los escritores de la historia moderna, a pesar de quienes preferirían que no intervinieran, sin embargo; siempre habrá representantes de los medios que busquen defender y aportar desde su trinchera una investigación que genere valor a la sociedad y fortalezca la democracia.

Ningún tipo de violencia debiera de existir. Lamentablemente, no es así.

Mujeres, hombres, legisladoras, autoridades electorales, tribunales electorales, organizaciones ciudadanas, cada uno desde el ámbito de su competencia y jurisdicción llevan décadas combatiendo la violencia política contra las mujeres por razón de género.

Como resultado se han obtenido diversas reformas constitucionales y legales en materia electoral, en el ámbito federal y estatal; que han ido desde acciones afirmativas hasta el principio constitucional de paridad de género y la estricta prohibición de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Lo anterior, para proteger los derechos político-electorales de las mujeres de forma equitativa e igualitaria. Consejeras y servidoras públicas del IEEM ya han Colaborado, en otros números, en este tema.

Así, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, indica que este tipo de violencia es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización; así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Mientras que, el Código Electoral del Estado de México, indica que la violencia política en razón de género es aquella en la cual se: Obstaculiza a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política; Oculta información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones; Oculta la convocatoria para el registro de precandidatas y candidatas con la finalidad de impedir la participación de las mujeres; Proporciona a las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro; Obstaculiza la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral sea igualitaria; y cualquier otra acción que dañe la integridad, dignidad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político electorales.

Otra de estas reformas integrales en el tema de violencia política, fue la aprobada por la Legislatura del Estado de México el año inmediato anterior al Código Electoral del Estado de México, a través de la cual prevé la creación de la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las Mujeres; la cual, tiene la función de brindar apoyo, asistencia y asesoría a las mujeres que manifiesten ser objeto de violencia política en razón de género.

Con el objeto de atender las funciones de esta Unidad, el Consejo General del IEEM aprobó el Centro de Atención por Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género cuya operación está a cargo de la Dirección Jurídica Consultiva.

Así, en caso de que precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, servidoras públicas, periodistas o defensoras de derechos humanos estimen que han sido violentadas en sus derechos político-electorales por el simple hecho de ser mujer, pueden acercarse al Centro, donde personal jurídico las orientará, apoyará, asesorará y canalizará con las instancias internas y externas para brindarles el apoyo y puedan presentar, si así lo desean, su queja o denuncia por tan lamentables hechos.