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El día 5 de septiembre es el día internacional de la mujer indígena y con él se visibiliza un cruel acontecimiento que sucedió en 1782, cuando Bartolina Sisa, una mujer líder aimara fue torturada al ser atada a la cola de un caballo con una soga al cuello, arrastrando su cuerpo hasta su muerte y exhibiéndola por haber sido una mujer guerrera que defendió su territorio contra el dominio español.

A 243 años de ese suceso reconocer a las mujeres indígenas es fundamental, son ellas quienes defienden los territorios en los cuales viven sus comunidades, dirigen la economía de sus familias, preservan las costumbres y la lengua materna.

Sin embargo, a pesar de existir ese día internacional en la actualidad, millones de mujeres indígenas en América Latina siguen sufriendo violencia de diferentes tipos, aunado a la discriminación interseccional que persiste y genera grandes brechas de desigualdad.

Las mujeres además de ser discriminadas por ser mujeres, también son discriminadas por formar parte de algún pueblo originario, por su religión, creencias, por su edad, por no tener algún tipo de instrucción escolar, por tener alguna discapacidad e incluso por su orientación sexual.

Los prejuicios, el racismo, el clasismo, la falta de acceso a sistemas de salud, de educación y en los últimos años el impacto del cambio climático y la degradación medioambiental se suman a estos obstáculos que impiden exista un pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Como parte de esa conmemoración la nueva SCJN el 10 de septiembre llevó a cabo un diálogo que denomino “Las mujeres indígenas y afromexicanas en la Nueva SCJN”

En “salón de murales de la SCJN”, se inició con un ritual por parte de María de los Ángeles, lideresa de la comunidad Kumiai de Baja California, quien expresó que lucha por su territorio para que éste no se siga perdiendo y quede en manos de grupos distintos a la comunidad.

Las mujeres que participaron se dieron cuenta de los retos y obstáculos que enfrentan como autoridades de sus municipios y comunidades.

Asela García, síndica municipal en San Agustín Loxicha compartió que por primera vez se otorgan órdenes de protección a mujeres de la comunidad que sufren violencias, a pesar de ello, se ha topado con pared en la fiscalía, donde minimizan los hechos y expresan que no están golpeadas de forma grave, ella dice: la justicia no es igual para todas.

Este tipo de conductas no son privativas de las mujeres indígenas, también las mujeres afrodescendientes las viven al estar en lucha permanente por ser visibilizadas y que se reconozca no solo su existencia sino su herencia cultural y persiste al no existir conocimiento de conceptos como pluriculturalidad, juzgar con perspectiva de género e intercultural.

Estos diálogos nos permiten dar cuenta que las mujeres son agentes de cambio en la sociedad y que es imperativo que arriben a esos espacios de toma de decisión para transformar la realidad de sus comunidades.

Aquí cobran relevancia las acciones afirmativas que se han implementado en el país y que por primera ocasión se establecieron en la entidad mexiquense en 2024 en donde hay 5 pueblos originarios que requieren representatividad en cargos políticos.

La nueva SCJN ha puesto el ejemplo con mujeres indígenas y afrodescendientes que son lideresas y que traen consigo un importante trabajo comunitario de años, ojalá eso se replique en otras instituciones sin simulación.

[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La elección del poder judicial trajo consigo muchos aprendizajes, reflexiones y propuestas concretas que el Instituto Electoral del Estado de México debe compartir de forma colegiada a los poderes estatales, legislativo y ejecutivo. Haré mención únicamente de 2 temas de una lista muy amplia.

1. Marco geográfico electoral. Será importante un análisis y rediseño de este.

En esta elección se consideró la geografía del poder judicial y se tomó la decisión de instalar 18 órganos desconcentrados denominados consejos judiciales electorales, conformados por 3 vocalías (capacitación, organización y ejecutiva).

Los transitorios de la reforma permitieron considerar a las personas que habían fungido como vocales en el proceso electoral 2023-2024, además de crear una figura denominada coordinación del secretariado, un vocal más, que en la experiencia resultó ser una figura exitosa.

Problemáticas y retos para 2027. En esa distribución de 18 consejos, 6 de ellos fueron muy grandes en extensión distrital y municipal. Un ejemplo: Tlalnepantla, que concentró 1614 casillas y 7 municipios: Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero; 471 capacitadores y supervisores, y 9 millones 133 mil 652 boletas.

Ese gran volumen rebasó a quien fungió en un inicio como vocal, quien renunció. En el primer simulacro se tuvieron complicaciones y también en la distribución de material y boletas. La experiencia del personal técnico operativo del IEEM y la participación de la ciudadanía como consejerías y capacitadores lograron que saliéramos avante; sin embargo, es necesario considerar consejos judiciales electorales de menor dimensión.

La conformación de la junta fue la misma que en otros procesos, incluso en salarios.

El Instituto tendrá que analizar la posibilidad de un tabulador diferenciado.

El código electoral requiere de una profunda revisión, pues las figuras de vocalías y consejerías siguen tal cual hace 20 años, lo que ya no es acorde con la realidad.

La figura de coordinación del secretariado no existe en el código y tendremos que generar convocatoria, no solo para vocalías para la elección de personas juzgadoras, sino también para la de ayuntamientos y diputaciones.

Con el diseño actual se necesitarán 188 inmuebles; todos ellos se rentan con montos muy altos. En el proceso de 2024 hubo inmuebles que se rentaron mensualmente desde los \$22,000.00 y hasta los \$175,895.43. En este, por las características requeridas, se superaron rentas de \$200,000.00.

2. Boletas. En este tema hay varios subtemas que debatir. Aquí dejaré solo esbozados:

a)El tiempo para llevar a cabo la impresión con las características y medidas de seguridad debe considerar una modificación en el código electoral pensando en 2027.

b)En este proceso, dado el corto tiempo, se tuvo que realizar adjudicación directa, pero al ser recursos públicos y dados los montos (la impresión de boletas, carteles y sobres en este proceso fue de poco más de ciento cincuenta millones de pesos), lo mejor siempre es atender la Ley de Contratación Pública y que sean licitaciones públicas nacionales, para evitar suspicacias y tener transparencia efectiva.

c) Será oportuno considerar el voto electrónico, que ya opera para mexicanos que residen en el extranjero; abatiría a largo plazo tan altos costos, uso de papel, y no hay que olvidar que son solo un muy reducido grupo de empresas las que tienen la capacidad de producir el volumen de boletas que cada elección requiere, lo que siempre encarece el costo.

Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijas, hijos, los intereses de la patria y de la humanidad.

Hermila Galindo.

Hermila fue una luchadora incansable en nuestro país. Al igual que ella, otras mujeres en diversas latitudes hicieron lo propio. Desde la primera y hasta la 4ª ola del feminismo, cada una se ha caracterizado por conquistar y exigir el respeto a nuestros derechos humanos: a votar, a expresarnos, a ser parte de la vida pública.

Se lee fácil, pero ha representado dolor y persistencia ante un patriarcado que no cede y que busca la forma de evadir y evitar que las mujeres estemos en igualdad.

Por fortuna, hay avances y logros que se deben reconocer y acompañar. Por ejemplo, en 1979 se creó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas como CEDAW. Es un instrumento que entra en vigor en 1981, firmado y ratificado por México, y que es vinculante.

Uno de los principios rectores de la CEDAW es el principio de igualdad sustantiva, que significa que las mujeres podamos tener las mismas oportunidades que los hombres. A 44 años de este instrumento, la pregunta obligada es: ¿existe esa igualdad? La respuesta es contundente: NO EXISTE.

Somos un país con un avance importante en paridad: ya es obligatorio que se postulen 50% de mujeres y que todos los cargos de la vida pública se conformen de esa forma.

Incluso ya hay espacios en donde las mujeres superan en número la configuración paritaria de esos espacios. Pero, ¿ello ha contribuido de forma real para eliminar esas brechas de desigualdad?

De nuevo, la respuesta es NO. Hoy nos enfrentamos a una situación que debe analizarse, y es si las mujeres en el poder lo ejercemos de forma independiente o como parte del sistema patriarcal, que implica una sumisión casi invisible a los grupos de poder conformados por hombres. Esa masculinización de las mujeres en el ejercicio del poder no debe pasar desapercibida ante la violencia tan extrema de la que somos objeto las mujeres en estos tiempos, de los feminicidios y desapariciones que no cesan.

Hace unos días, México rindió cuentas en Ginebra ante la CEDAW. Quedó evidenciado que aún falta mucho por hacer y cumplir. Es un logro importante contar con una mujer presidenta que, desde el inicio de su mandato, demostró con hechos su interés en garantizar esta igualdad y seguridad a las mujeres. Lleva tiempo contrarrestar lo que durante décadas se robusteció: el patriarcado.

Pero ello no exime de la suma de esfuerzos y de cumplir. Ahí es donde las mujeres que ya ocupamos espacios de toma de decisión debemos insistir e incidir. Se trata de una agenda de igualdad sustantiva, reconociendo que las mujeres hemos estado históricamente en desventaja.

El pasado viernes 13 de junio se entregaron las constancias de mayoría a quienes resultaron electas y electos para los 91 cargos que estuvieron en disputa en este proceso electoral judicial.

Con ese acto protocolario, la autoridad electoral dio por concluidas las últimas dos etapas que le corresponden administrativamente en el proceso electoral: las sumatorias finales, la asignación de cargos, la entrega de constancias de mayoría y la declaración de validez de las elecciones del Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México.

Aún deberán resolverse los medios de impugnación interpuestos, que hasta la fecha suman diez en el Estado de México. A nivel federal, también será relevante observar el pronunciamiento de la Sala Superior respecto a la vista que dieron las consejerías sobre los denominados ‘acordeones’.

Lo positivo del proceso es que, hoy en día, la ciudadanía conoce mejor qué es y qué hace una jueza, un juez, una magistrada, un magistrado y una ministra.

Además, se ha informado que existirá un Tribunal de Disciplina con funciones muy relevantes en esta nueva etapa del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, en las 19 entidades que celebramos esta elección.

Sin embargo, es necesario hacer ajustes legislativos. Sería oportuno regular con mayor claridad algunos supuestos, como: ¿qué debe ocurrir si dos personas candidatas obtienen el mismo número de votos en una elección?; ¿en qué casos debe declararse vacante un cargo y cuáles serían las reglas para evitarlo?; ¿qué sucede si la persona que gana la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia no obtiene la magistratura por la que también compitió?.

El diseño de las boletas deberá ser más accesible e inclusivo, que permita ejercer el voto en menor tiempo. Asimismo, la plataforma Conóceles necesita mejoras, con un enfoque no solo en alcanzar numeralia alta, sino en ser verdaderamente útil y comprensible para la ciudadanía. El proceso es, sin duda, completamente perfectible.

Otro aspecto positivo es el número de mujeres que ahora ocuparán estos cargos. De los 55 cargos de juezas y jueces designados, 34 corresponden a mujeres y 21 a hombres, lo que representa un 61.81 % de mujeres y un 38.19 % de hombres. Es destacable que, en 14 cargos donde solo se elegía una persona y participaron incluso más hombres que mujeres, el resultado favoreció a las mujeres: se asignaron 11 de esos cargos a mujeres y 3 a hombres.

En cuanto a las 30 magistraturas, 16 fueron para mujeres y 14 para hombres, lo que representa un 53.33 % de mujeres y un 46.66 % de hombres.

El papel de las mujeres juezas será muy relevante, y habrá que dar seguimiento a sus sentencias. Esta es una gran oportunidad para impulsar cambios en la forma de administrar justicia, con una mirada más cercana a las víctimas.

El Poder Judicial había sido reformado en 1994, en medio de una crisis económica, política y social que exigía cambios ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los asesinatos de políticos como Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, además del desgaste de un partido hegemónico que llevaba al menos seis décadas en el ejercicio del poder.

Esa reforma trajo consigo la creación de un Consejo de la Judicatura Federal, que tuvo encomendadas las tareas de administración y vigilancia de los tribunales federales, además de generar las facultades del máximo órgano jurisdiccional, entre las que destacan la interpretación de la Carta Magna, con una reducción de ministros de 26 a 11, sin paridad alguna, por supuesto, y menos aún inclusión de integrantes que representaran algún grupo históricamente discriminado. Ese es, en términos muy generales, el añejo pasado del Poder Judicial.

Hacer una completa relatoría de los vicios y anomalías que durante dos décadas se reprodujeron en ese poder llevaría bastante tiempo. Lo cierto es que, desde la academia, se ha documentado la generación de élites y el nepotismo que existía, algo también expresado incluso por quien formara parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro presidente.

La resistencia y la falta de consensos para llevar a cabo de forma más tersa la reforma obligó a que la misma se realizara en un clima de polarización y de tiempos muy acotados, sobre todo para las autoridades electorales, encargadas de organizar los procesos electorales en este país. Así, la autoridad nacional tuvo que lidiar con un buen número de amparos y otras vicisitudes más, como el tema del presupuesto, para poder llevar a buen puerto la elección del primero de junio de 2025.

En cuanto a las entidades, 19 de ellas (entre las cuales destaca el Estado de México) se sumaron a la obligación constitucional de organizar comicios para renovar los poderes judiciales locales.

En la entidad mexiquense, la reforma no tuvo polarización alguna, ya que hubo una importante suma de esfuerzos y consenso por parte de los poderes del estado, que tuvieron presente la realidad política y social, pero sobre todo la necesidad de generar cambios en un poder que poco o nada era conocido por la ciudadanía.

El Instituto Electoral del Estado de México enfrentó desafíos que logró sortear gracias al diseño constitucional de la propia reforma aprobada en la entidad.

Estuvieron en disputa 91 cargos, entre ellos la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la integración del Tribunal de Disciplina, 30 magistraturas y 55 cargos de juzgadores y juzgadoras de primera instancia.

El resultado fue positivo: más personas conocen lo que hace hoy el Poder Judicial; existió paridad de forma natural y no fue necesaria la aplicación de los lineamientos de paridad. De 30 magistraturas, 16 corresponden a mujeres y 14 a hombres; de los 55 cargos de juezas y jueces, 34 corresponden a mujeres y 21 a hombres.

Sin embargo, a pesar de lo positivo, es importante reflexionar sobre varios temas que nos lleven a ver lo que debe ser modificado y analizado con mayor detenimiento, como es el marco geográfico que se utilizará en 2027. Debe existir una discusión sobre mantener o no el no financiamiento público a las candidaturas, el pautado en redes, boletas más sencillas (lo que podría llevar a pensar que los candidatos sean menos y la criba de los comités mejore).

La determinación concreta en la ley de los casos de empates; los supuestos en caso de que se gane la presidencia del tribunal, pero no la magistratura por la que se contiende.

Los tiempos tan acotados que se tuvieron, por ejemplo, para la impresión de boletas obligaron a que se determinara que fuera mediante adjudicación directa, por un monto de ciento cincuenta millones seiscientos diez mil sesenta y seis pesos 48/100 M.N., y no mediante una licitación pública, que es lo más adecuado.

La discusión del costo que tienen las elecciones es un tema de permanente debate; por ello, debe pensarse en el voto electrónico con medidas de seguridad. Eso facilitaría en gran medida la organización de las elecciones.

Los procesos son perfectibles y la reforma al Poder Judicial requiere ajustes. Por ello, también valdría la pena pensar en una reforma en materia electoral que sea acorde con las necesidades del país y las demandas ciudadanas. La última fue hace 11 años, en 2014; vale la pena tenerlo presente y no temer a los cambios. 2027 está a la vuelta.