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Conocidos como OPLs, los institutos electorales de cada entidad tuvieron un cambio radical con la reforma electoral de 2014 en aquel entonces se discutió mucho su total desaparición bajo el argumento de eliminar la fuerte influencia que tenían los gobernadores en la designación de los y las consejeras electorales.

Ante la resistencia se creó un modelo híbrido que dejó a estos organismos supeditados a las decisiones de la autoridad nacional (INE).

Temas torales como la geografía electoral, la capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla, fiscalización a partidos políticos se trasladó al ámbito federal y a pesar de existir en la normatividad reglamentaria la posibilidad de delegar estas funciones a los institutos locales, ello no ha sucedido; por el contrario, lo que sí es la asunción que implica asumir directamente el INE la realización de actividades de los institutos locales, por ejemplo en temas de conteos rápidos y operación del PREP. Esto ha ocurrido en 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

A los institutos electorales locales se les encomendó la educación cívica, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos (con formatos previamente avalados por el INE), el escrutinio y cómputo de elecciones (que realiza la ciudadanía que el INE capacita), estas tareas están en permanente coordinación con la autoridad nacional.

Una facultad importante que realizan los OPL´s es la ministración del financiamiento público a los partidos políticos en cada entidad, este monto forma parte también de los presupuestos de los institutos que se componen del gasto operativo cuando hay y no hay proceso electoral, de procesos extraordinarios y ahora también de gasto para la elección de personas juzgadoras.

En el informe sobre situación presupuestal de los OPL´s 2025, hay institutos que se encuentran catalogados por el INE como en riesgo al no ser dotados de presupuesto suficiente para sus actividades, son el caso de Zacatecas y Yucatán. Otros se encuentran en riesgo medio como: San Luis Potosí, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

De los presupuestos solicitados por los OPL´s para el ejercicio 2025 se observa que el total asignado a los 32 institutos asciende a la cantidad de $17,136,944,726.30 de los cuales $6,747,156,669.55 corresponde a financiamiento público.

Hoy vuelven a ser tema de debate; en los foros de la reforma electoral hay quienes opinan tajantemente que deben desaparecer, otras voces consideran que son fundamentales para la democracia local y hay quienes opinan que la reforma debe tomar una decisión que no continúe con un modelo híbrido.

Cada opinión presenta argumentos que tendrán que ser debatidos en la nueva propuesta del sistema político electoral.

Ayer aprobamos en el Consejo General el proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de México que es del orden de $2,220,349,714.59 (dos mil, doscientos veinte millones, trescientos cuarenta y nueve mil, setecientos catorce pesos con cincuenta y nueve centavos).

El presupuesto es un documento que contiene de manera detallada el gasto que el IEEM pretende ejercer en el año 2026, a través de capítulos y partidas se detallan los gastos para salarios, servicios, obras, insumos, arrendamientos y todo lo que se considera necesario para cumplir con sus fines.

Incluye el monto de las prerrogativas que les corresponden a los partidos políticos por concepto de financiamiento público local que asciende a la cantidad proyectada de $ 1,058,319,026.14 (mil cincuenta y ocho millones, trescientos diecinueve mil, veintiséis pesos con catorce centavos).

Mi reflexión al seno del consejo general fue que hay obligaciones específicas que tiene el instituto mandatadas por la Constitución Política Local y el Código Electoral; sin embargo, en la planeación no puede dejarse de lado el contexto que se vive en el país con la gestación de la reforma electoral.

Hoy se debaten temas como son el costo de las elecciones, la permanencia o desaparición de los organismos públicos locales, la lejanía de la ciudadanía de las instituciones electorales, la representatividad y el monto de financiamiento a partidos, entre otras.

Mi voto fue a favor porque estamos cumpliendo con lo que mandata el artículo 299 del Código Financiero de la entidad: formular un anteproyecto de presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, y presentarlo al Poder Ejecutivo.

Pero anuncié la presentación de un voto concurrente porque creo que hay gastos que aún deben ser disminuidos, por ejemplo, hay que replantearse si erogar poco más de 6 millones de pesos en artículos promocionales hará que la ciudadanía conozca al IEEM o con ello aumente el porcentaje de votación.

Otra interrogante es si erogar la cantidad de $2,670,000.00 (dos millones, seiscientos setenta mil pesos) en redes sociales funcionará para que la ciudadanía y el IEEM se vinculen efectivamente.

Considero que hay otras actividades que pueden abonar como la generación de foros regionales en donde la ciudadanía sea escuchada y la autoridad electoral este a raz de territorio dando a conocer la importancia que tiene una institución electoral obligada a organizar elecciones transparentes, austeras y a tutelar los derechos político electorales de la ciudadanía mexiquense.

En la narrativa actual se discute que los institutos electorales locales representan un gasto excesivo derivado de los presupuestos que se manejan en cada uno de ellos.

Un cuestionamiento más es si ante todo ello vale la pena tener una visión mexiquense de la organización de elecciones y si es o no necesario ahora que se determine el monto final reflexionar y tener asertividad en lo que debe emplearse el recurso que es público y que deriva de los impuestos de la ciudadanía.

La actual coyuntura debe ser un parteaguas positivo que permita la autocrítica, escuchar visiones, experiencias, pero sobre todo lograr cercanía real con la ciudadanía.

México siempre tuvo hombres al frente de la nación, desde la guerra de Independencia, la Revolución y la institucionalización del poder; a pesar de que un número importante de mujeres participaron de forma contundente en cada uno de estos momentos históricos.

Datos de la ONU refieren al 12 de septiembre de 2025 que hay 29 países donde 32 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o de Gobierno.

Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años, un dato duro que nos obliga a reflexionar y sobre todo a erradicar las causas de raíz a identificar en donde están los orígenes de esas brechas de desigualdad que impiden que las mujeres estén en esos espacios.

La paridad como principio constitucional ayudó para que las mujeres ocupen espacios de poder en diferentes niveles de gobierno y también en las instituciones, pero esa paridad también debe ser sujeta de análisis y visibilizar si esas mujeres realmente están comprometidas con el género y con la erradicación del machismo asumiendo el cargo con responsabilidad.

No basta tener mujeres en espacios de poder si no hay materialmente resultados de su política y/o sus votaciones atienden a compromisos políticos que dejan de lado disminuir brechas de desigualdad en diferentes ámbitos incluido el electoral.

Atender las causas que limitan a las mujeres es un compromiso que tomó fuerza con la llegada de Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta, después de

200 años. Desde el inicio de su gobierno propuso 10 acciones para reivindicar la memoria histórica y los derechos de las mujeres y a 1 año de su gobierno el pasado domingo resaltó acciones que permitirán ayudar a eliminar estas desigualdades sobre todo por los roles y estereotipos de género aún tan arraigados en nuestro país.

Acciones como dotar a las mujeres de 60 a 64 años de edad una cantidad de dinero como reconocimiento por el trabajo de cuidados, la construcción de centros de educación y cuidado infantil para las mujeres trabajadoras, los apoyos a las niñas estudiantes de secundaria son, sin duda, acciones necesarias para que las mujeres puedan despegar del suelo pegajoso en el que se encuentran, pero tendría que ser el inicio de otras acciones para erradicar violencia y pobreza.

Hay mucho aún por hacer, las mujeres incluso en espacios de poder se enfrentan a disyuntivas complejas particularmente en la política que había sido controlada por hombres, hay intereses que no ceden y que pretenden mantener el control no solo a nivel nacional sino también en lo local, pero para ello es necesario considerar la lucha de mujeres de generaciones atrás que no son visibles, que no lograron esos espacios pero que son parte de la frase: No llega sola, llegamos todas.

Está en marcha el proceso de reforma electoral, lo que significa el rediseño de las reglas del juego para quienes desean ocupar un cargo de elección popular, servir al país en la vida pública o ambas.

Se pretende que a través de estas audiencias se expresen las críticas al sistema vigente pero también se realicen propuestas que permitan tener un sistema electoral que fortalezca la democracia y respete el voto libre.

Eventos que se desarrollarán en todo el país de septiembre a diciembre de 2025 para que en enero de 2026 presenten las conclusiones y la propuesta de reforma electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al día de hoy se han organizado 63 eventos con 768 participantes y 64 propuestas enviadas. Los temas abordados se enmarcan dentro de los 10 grandes rubros que la Comisión propuso entre ellos: representación del pueblo, efectividad del sufragio, comunicación política.

Todos son relevantes pero hay algunos rubros que merecerán análisis más profundos y consensos que permitan escuchar el reclamo ciudadano sobre el alto costo que tiene organizar comicios, el financiamiento público a los partidos, la efectiva representación particularmente la proporcional y el respeto de las libertades políticas.

También esta la discusión de la permanencia o desaparición de los OPLs y los tribunales electorales locales.

Tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional local tendremos que ser propositivas y contribuir con la expertiz adquirida y las buenas prácticas pero también autocríticas del trabajo que se ha desempeñado y el actual, sin dejar de lado los errores cometidos por el propio diseño normativo o el contexto político que ha determinado las integraciones colegiadas desde la creación de dichas instituciones hasta el actual.

La decisión de eliminar el diseño híbrido debe considerar varios puntos entre ellos las facultades que ya ejerce el INE desde hace 11 años que son: La capacitación electoral, la geografía electoral, el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales, el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas, la designación de los funcionarios de mesas directivas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos, producción de materiales electorales y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Además de lo técnico se tendrá que evaluar el espacio que representa para escuchar la voz de clase política local, para expresar disensos y crear consensos, lo que sin duda también merece análisis y reflexión.

La última reforma de gran calado fue la de 2014, producto del Pacto por México, firmado por el entonces presidente Peña Nieto y los líderes de los partidos PRI, PAN y el extinto PRD.

En dicha reforma se plasmaron en la Constitución nuevas reglas, como la posibilidad de crear gobiernos de coalición y el requisito del 3 % de la votación válida emitida para mantener el registro como partido político.

Pero quizás lo más relevante fue la creación de un órgano nacional electoral, denominado Instituto Nacional Electoral (INE), que centralizó un número muy amplio de facultades (aproximadamente 73) que antes tenían los institutos electorales locales.

Una de las problemáticas que originaron esta idea de centralizar funciones en una institución nacional era el sesgo que existía en la designación de las personas que ocupaban las consejerías electorales de los institutos electorales de los estados.

Consejerías designadas por los congresos locales que estaban completamente plegadas al sistema y al gobernador en turno, como ya se ha mencionado en diferentes textos académicos.

Esto llevó a trasladar al ámbito federal funciones como la capacitación, la geografía electoral, la fiscalización, la ubicación e integración de casillas electorales, y a modificar quién y cómo designaría ahora a esas consejerías.

¿Esa facultad que se dio al INE ha funcionado? De las designaciones que se hicieron desde 2014 a la fecha, ¿se logró contar con consejerías independientes en su actuar? Y, sobre todo, ¿se incluyeron perfiles ciudadanos realmente?

Yo creo que no, en una inmensa mayoría. Y que el transitar para quienes sí lo han sido ha sido muy cuesta arriba. Será importante revisar las votaciones de temas relevantes y ver si existió imparcialidad o, por el contrario, todo lo opuesto.

El INE es una institución que, operativamente, funciona bien a través de sus juntas distritales, que son permanentes. En el ámbito local, las juntas y consejos se instalan sólo en cada elección. Sin problema, podrían fusionarse la autoridad nacional y la local; incluso, el presupuesto para organizar comicios se reduciría, y quizás, en lugar de tener dos consejos, se podría tener solo uno.

Lo cierto es que hay una perspectiva distinta entre quien está en el ámbito federal y quien se encuentra más cercano a la realidad que se vive desde lo local. La reforma de 2014 apostó mayoritariamente por perfiles técnicos operativos en los consejos de las entidades, cuando en realidad lo que hacían desde su creación era una función más política.

Es necesario que quienes ejerzan esos cargos lo hagan con plena conciencia y compromiso ciudadano, sin buscar permanencia en otros espacios públicos, y que ello guíe su actuar. Decidir sin consigna y contar con prestigio ante la sociedad civil son elementos importantes que debieran considerarse y que pueden ser evaluados a través del voto popular.