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Esta semana ha sido histórica para las mujeres mexicanas. El pasado 1º de octubre una mujer asumió, por primera vez, el cargo de representación política más importante de nuestro país: la Presidencia de la República. En el mismo sentido, tres mujeres asumen estos días el Poder Ejecutivo en Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México. Al final del año tendremos 13 gobernadoras en la República, cuando asuma también la titular del Poder Ejecutivo de Veracruz, con lo que alcanzaremos el máximo número de mujeres gobernadoras hasta hoy.

En el Estado de México el avance de las mujeres también es patente. Esta semana se integraron tres nuevas consejeras al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con lo cual el Consejo General del IEEM quedó compuesto en su totalidad por mujeres, convirtiéndose en el primer Organismo Público Local Electoral del país en hacerlo.

Detrás de estos avances se encuentra un cambio de paradigma sustentado, sobre todo, en las reformas en materia de paridad sustantiva. Como señala la Dra. Leticia Bonifaz, la paridad significa igualdad plena y, por ello, no representa una medida compensatoria o transitoria, ni una “cuota” que deba cumplirse. Justamente, la reforma constitucional de 2014, que incluyó el principio de paridad, buscó superar la larga etapa en la que los partidos políticos tenían que cumplir con determinadas cuotas de género en la postulación de sus candidaturas, para que en adelante mujeres y hombres fueran postulados en condiciones igualitarias.

Pese a algunas impugnaciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó el sentido de esta reforma al determinar que el principio de paridad era de observancia obligatoria para los partidos políticos en todos los órdenes de gobierno. Desde entonces la paridad no ha conseguido sino extenderse. En 2019, una nueva reforma constitucional determinó que la paridad de género debía observarse también en la integración de los tres Poderes de la Unión, lo mismo para los estados y los municipios.

Debemos celebrar la llegada de más mujeres a cargos de decisión pública, pues una sociedad democrática no puede entenderse a cabalidad sin la inclusión de todas y todos sus integrantes. Sin embargo, el objetivo último no debe quedarse en la representatividad de los géneros. Es necesario convertir la presencia pública de las mujeres en un elemento de cambio para imprimir un nuevo liderazgo político que priorice el diálogo sobre la imposición de ideas, que promueva la horizontalidad en la toma de decisiones y que impulse temas de inclusión y empoderamiento de grupos históricamente discriminados que han permanecido relegados en la agenda pública.

Un buen paso en este sentido ha sido la primera reforma constitucional enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de un paquete de reformas en favor de la igualdad salarial, el fortalecimiento a la protección de las mujeres frente a las violencias y la obligatoriedad de la paridad en cargos de la Administración Pública, entre otras.

Es el tiempo de las mujeres mexicanas. No se trata de un techo al cual llegamos, sino de un nuevo piso a partir del cual debemos seguir avanzando. Quedan por resolver retos tan urgentes como importantes en la agenda de género. Es tiempo de tomar decisiones como mujeres para garantizar que nuestras instituciones doten de mejores horizontes de desarrollo personal, familiar y profesional a las mexicanas de las nuevas generaciones.

Aunque algunas voces aseguran que el avance de la extrema derecha en Europa es solo una “falsa alarma”, lo cierto es que 2024 terminará como el año en que estas fuerzas irrumpieron con mayor claridad en el escenario político. No lo hicieron por vías extralegales. Como señalan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su multicitada obra “¿Cómo mueren las democracias?”, pese a su discurso anti-sistémico, los movimientos antidemocráticos contemporáneos han encontrado bases de apoyo acudiendo a las urnas.

Lo que ha sucedido este año en el Viejo Continente debe llamarnos a una seria reflexión. En los últimos procesos electorales la ultraderecha ha acumulado victorias. Si en Italia y Hungría ya gobernaban directamente, los partidos ultras han ganado terreno hasta convertirse, en ocasiones, en las primeras fuerzas de oposición. No se trata de países periféricos o víctimas de los más recientes choques financieros, como Grecia. La ultraderecha, con una agenda abiertamente intolerante, antifeminista, antidemocrática y xenófoba, ha ganado adeptos en Francia, Países Bajos o Finlandia.

En principio, se trata de naciones con algunos de los mejores índices de desarrollo humano e instituciones democráticas consolidadas, así como menores tasas de desigualdad y pobreza. ¿Por qué, entonces, la democracia ha perdido sus bases de apoyo? ¿Se trata de un fenómeno pasajero, producto del hartazgo ciudadano hacia las formaciones políticas tradicionales, o una señal de algo más profundo?

La primera señal se dio en 2022 con el triunfo de Giorgia Meloni, candidata de la alianza ultraderechista italiana. Su lema “Dios, patria y familia” anunciaba el camino que seguiría su política: además de la defensa de la familia tradicional italiana, la hoy primera ministra se ha lanzado en contra de la migración, los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, así como a favor de la penalización del aborto. Paradójicamente los beneficiarios del hartazgo político han vuelto a colocar en la mesa propuestas de antaño, que algunas personas creíamos superadas.

Ciertamente persiste un amplio rechazo a estas agendas entre el electorado de las principales urbes de Europa. Pero las propuestas ultraconservadoras han anidado con éxito en las zonas provinciales, más cercanas al entorno rural y a los valores tradicionales. Es allí, en las periferias de las urbes globales, donde los problemas económicos y sociales se han agudizado, ocasionando que el electorado se vuelque hacia alternativas políticas, generalmente populistas.

Recientemente Austria y Alemania se sumaron a las naciones que experimentaron un corrimiento hacia la extrema derecha. Apenas el 30 de septiembre pasado, el Partido Liberal de Austria se convirtió en el primer partido de extrema derecha en ganar las elecciones parlamentarias desde la Segunda Guerra Mundial. Semanas atrás, Alternativa para Alemania hizo lo mismo en el Parlamento del estado federado de Turingia.

Ninguna nación, por mejor educada que esté, tiene la vacuna contra el autoritarismo. La defensa de las libertades, los derechos humanos y los contrapesos al poder exige una actitud crítica y responsable por parte de la ciudadanía hacia sus autoridades de todos los órdenes de gobierno. Este nuevo ciclo político que iniciamos en México es momento propicio para entender las lecciones que la realidad de otras latitudes nos está mostrando.

En julio pasado, a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales, la carrera electoral en Estados Unidos se salió del guion. Lo que parecía una contienda predecible, anticipable y penosa para el Partido Demócrata, dio un giro tan esperado por buena parte de la ciudadanía estadounidense cuando el presidente Joe Biden confirmó que retiraría su candidatura “por el bien de su partido y del país”.

En lo que ha sido calificado como la mejor decisión del Partido Demócrata, la vicepresidenta en funciones, Kamala Harris, fue la encargada de tomar la batuta y de presentarse como la segunda candidata presidencial en la historia del Partido Demócrata. Será ella quien, en noviembre próximo, encare en la boleta electoral al expresidente republicano Donald Trump.

Kamala Harris se presenta no solo ante el electorado estadounidense, sino ante la opinión pública global como una mujer sólida, con una notable carrera profesional y un carisma que ha sorprendido. Abogada de profesión, Kamala Harris se ha desempeñado principalmente como fiscal de distrito y fiscal general en su estado natal, California. También conoce a fondo el trabajo legislativo, gracias a su paso por el Senado y a su nombramiento más reciente como vicepresidenta de Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, Harris se ha presentado consistentemente como una mujer progresista, creyente de las instituciones democráticas, defensora de las libertades individuales y de los derechos de las minorías.

Su historia de vida está marcada bajo estas coordenadas. Hija de inmigrantes de ascendencia india y jamaicana, sus padres participaron activamente en el movimiento por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos en la década de los sesenta. Ella misma ha manifestado abiertamente ser promotora de los derechos de las mujeres, de la legalización del aborto, de los derechos de las comunidades inmigrantes y de las minorías sexuales. Se trata de una heredera de la mejor tradición progresista estadounidense.

Por esa razón, el electorado del país vecino deberá mirarse al espejo una vez más y decidir qué tipo de nación desean construir en el siglo XXI. Una de tipo chauvinista, autoritaria, machista y nativista. U otra más progresista, dialogante y abierta a los cambios políticos, sociales y económicos de la segunda década del milenio. No se trata de una decisión sencilla o pronosticable. Prácticamente todas las encuestas consignan un empate técnico. Nuevamente, los “estados columpio” serán territorios decisivos para inclinar la balanza y definir no solo el futuro inmediato de Estados Unidos, sino una serie de decisiones de alcance global. Los conflictos bélicos en Ucrania y Gaza, la transición energética, las políticas comerciales hacia México o China, el tratamiento del fenómeno migratorio, la promoción de la democracia en la región… todos estos son asuntos que esperan con atención el resultado que emerja de las urnas el próximo martes 5 de noviembre.

Miles de estudiantes en la región centro de nuestro país iniciaron este 5 de agosto sus actividades universitarias. La Universidad Autónoma del Estado de México (casi 100 mil estudiantes matriculados), el Instituto Politécnico Nacional (poco más de 200 mil estudiantes) y la Universidad Nacional Autónoma de México (más de 370 mil estudiantes) son las instituciones de educación superior que más alumnas y alumnos reciben, y las que poseen una oferta educativa más amplia.

Para una sociedad que aspira a tener una mejor calidad democrática, el papel de la educación superior es fundamental. Una de las misiones más relevantes de las universidades y de las escuelas politécnicas es la formación integral de las personas. De ahí que estas instituciones ofrezcan, además de sus cursos regulares, actividades artísticas, culturales, lúdicas, científicas y deportivas. La idea que subyace a esta amplia oferta académica es que un profesionista no solamente debe adquirir conocimientos en su área de especialización, también debe aspirar a ser una persona sensible a su comunidad y capaz de apreciar las múltiples manifestaciones del ser humano.

Por esa razón, la socialización de valores democráticos es una de las tareas principales de la formación universitaria. Contrario a lo que se pudiera pensar, la educación fincada en valores democráticos no es exógena a la tarea científica o cultural. Se trata de un paradigma que atraviesa y moldea estas importantes actividades universitarias, ya que solamente en libertad, solidaridad y respeto a los derechos de las personas puede florecer la discusión de las ideas, la investigación, la innovación tecnológica, la crítica constructiva y el mejoramiento de nuestras condiciones sociales y políticas.

Debemos celebrar, en ese sentido, que más de medio millón de estudiantes de nuestra región puedan ingresar y continuar sus estudios superiores. Las habilidades y conocimientos que hoy adquieran serán herramientas clave para que puedan involucrarse en la vida pública de nuestro estado y nuestro país desde una posición constructiva, proactiva, comprometida y responsable. Con ello, las universitarias y universitarios están llamados a ser agentes de cambio desde sus respectivos campos de conocimiento.

Los desafíos políticos, sociales y económicos que enfrenta actualmente la humanidad nos han demostrado el nivel de interdependencia que hemos alcanzado. Lo que sucede en algún punto del planeta puede tener repercusiones globales como nunca antes. Al mismo tiempo, estos nuevos retos nos han enseñado el valor de la ética en la intervención humana. Problemas como la xenofobia, la distribución de la riqueza, la inseguridad, la superación de una pandemia o el respeto a las reglas democráticas requieren, forzosamente, de una acción colectiva motivada éticamente, es decir, de una conducta y voluntad impulsada por valores que prioricen la búsqueda del bienestar colectivo, el respeto a la dignidad humana y la procuración de la paz social.

La democracia no es exclusiva de las aulas, pero en ellas encuentra el sitio perfecto para florecer. El diálogo, el debate y la proposición de soluciones comienzan con el ejercicio de reflexión que debe caracterizar a las comunidades universitarias. Este nuevo ciclo escolar que inicia en nuestro país es un momento propicio para renovar nuestro compromiso con una educación erigida sobre los valores democráticos.

Uno de los resultados más visibles del proceso electoral que concluye es el avance del principio de paridad de género en los cargos de elección popular. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las mayores conquistas de nuestra democracia en los últimos años.

Tras la jornada electoral de junio de 2024, cuatro nuevas mujeres serán titulares de poderes ejecutivos locales (Ciudad de México, Guanajuato, Morelos y Veracruz), sumándose a las gobernadoras en funciones (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Tlaxcala), para dar un total histórico de 13 gobernadoras en el país. Asimismo, se prevé que la composición paritaria continúe su tendencia en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales.

Como han señalado diversas especialistas, estos resultados demuestran no solo un profundo cambio en la cultura política mexicana, sino la funcionalidad de las últimas reformas en materia de género en el ámbito electoral. Una de las lecciones que debemos entender es que no basta con modificar los patrones culturales en una sociedad, sino que los avances deben ser plasmados en la legislación para introducir nuevas dinámicas e incentivos institucionales.

A pesar de los avances, las mujeres mexicanas debemos ser conscientes de que un liderazgo femenino no siempre significa en un liderazgo feminista, es decir, comprometido con la agenda de género. No basta con asumir una posición de poder o de responsabilidad pública. Hace falta traducir las facultades adquiridas en acciones que empoderen a las mujeres, que nos procuren una vida libre de estereotipos, barreras o violencia de cualquier índole, que nos proporcione las mismas oportunidades y retribuciones que el resto de los miembros de nuestra sociedad.

Por ello, la llegada de más mujeres al poder representa una ventana de oportunidad histórica para renovar la vida pública en nuestro país, cambiar las estructuras y dinámicas de las instituciones políticas y democratizar aun más nuestra sociedad para convertirla en una más solidaria, tolerante, horizontal y participativa.

Aunque lo anterior demanda una tarea colectiva, el liderazgo de las mujeres representa un elemento clave. Es momento de transformar la percepción del liderazgo político en sí mismo, para abandonar ideas comúnmente asociadas a quienes detentan el poder en clave patriarcal (inflexibilidad, mano dura, intolerancia) y acercar el ejercicio público a virtudes que son necesarias en los tiempos actuales (diálogo, inclusión, flexibilidad). 

Pero también, se estima pertinente que gobernantes, legisladoras y servidoras públicas de todo el país impulsemos una nueva agenda pública, que ponga en el centro del debate problemas y sujetos que tradicionalmente han sido relegados. Se trata de convertir los cambios cuantitativos en aspectos cualitativos. Solo de esta manera podremos traducir la presencia femenina en una labor política genuinamente feminista y, a través de ello, más democrática.