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A propósito de las recientes elecciones en Argentina, la Red de Inteligencia Colaborativa publicó un informe por demás interesante para los tiempos que corren: Integridad electoral frente al tsunami de IA. El enfoque del estudio es cómo una democracia puede preservar la integridad electoral digital, entendida como “el conjunto de garantías técnicas, jurídicas y éticas destinadas a preservar la autenticidad, la fiabilidad y la equidad de los procesos electorales en entornos digitales”. Se trata de un reto nada menor. ¿Hasta dónde debe una democracia restringir la influencia de las nuevas tecnologías, destacadamente la Inteligencia Artificial (IA), en los procesos electorales? ¿Se trata de controles democráticos o de trampas autoritarias?

La cuestión es relevante para las democracias por diversos factores. El desarrollo de la IA y su uso se han acelerado en cuestión de meses. ¿Cómo revolucionan estas tecnologías los procesos electorales? ¿Con qué fines se está utilizando? Vale decir que el estudio es crítico al respecto, ya que destaca diversas consecuencias perniciosas relacionadas con la manipulación de la opinión pública y la desinformación.

Una de las consecuencias nocivas que refiere el estudio son las “cámaras de eco”, mismas que son resultado de la hiper personalización de los algoritmos construidos con base en las interacciones y preferencias de los usuarios-consumidores en el entorno digital. Las redes sociales, las búsquedas en internet o las respuestas de la IA tienden a priorizar resultados cercanos a nuestros intereses y posturas. Esto limita la comunicación y el debate público al reducir el contacto con puntos de vista distintos a los nuestros, generando “burbujas informativas” que nos excluyen de un rango más amplio de opiniones.

Otro ejemplo negativo, quizá más evidente y conocido, es la proliferación de “gemelos digitales” y deepfakes. Esto se refiere a la generación de videos, audios o imágenes falsas generados con IA. Al imitar la voz o el rostro de figuras públicas, casi a la perfección, estas herramientas tienen la capacidad de afectar la percepción ciudadana, debido a la dificultad de distinguir la información verídica de la que no es. Incluso entre conocedores de este tipo de engaños, hoy en día ya es difícil distinguir a primera vista cuál información es real o manipulada.

No menos importante es la generación automática de desinformación a través de los llamados bots y trolls. Su capacidad de réplica de datos falsos supera, por mucho, la velocidad humana para discernir la calidad de la información que recibe. Esto, desde luego, puede generar olas de información falsa (fake news) con consecuencias y comportamientos sociales guiados por intereses poco transparentes o abiertamente antidemocráticos.

Al margen de los controles legales que se debaten en torno a la IA, proteger la calidad de nuestros procesos electorales recae en una ardua y constante labor de promoción de la cultura democrática. Las instituciones de gobierno, y particularmente las del ámbito electoral, tenemos la enorme responsabilidad de promover estos valores y prácticas no solo en espacios físicos, sino en entornos digitales. La verificación de información, el debate informado, plural y respetuoso, así como la aceptación de quien no piensa como nosotras es solo el punto de partida. El otro punto, al cual me referiré posteriormente, tiene que ver con la incorporación de nuevas regulaciones al uso de la IA en procesos electorales.

Durante octubre y noviembre, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevará a cabo la mayoría de las audiencias en las entidades de la República para discutir las propuestas en torno a la próxima reforma político-electoral de nuestro país. En este contexto, se han manifestado múltiples opiniones en contra de la continuidad de los institutos electorales estatales, denominados genéricamente como OPLE en la ley.

Los principales argumentos en contra de los OPLE tienen que ver con la duplicidad de gastos y funciones; la posible injerencia de autoridades estatales en sus funciones; así como su subordinación al Instituto Nacional Electoral (INE), tanto en designación de funcionarios como en atracción de facultades. Estas críticas, tan legítimas como la defensa de los OPLE, reflejan profundos valores democráticos, pues subrayan la necesidad de contar con autoridades electorales con facultades claras, con un gasto público racional, con autonomía respecto a los Poderes y partidos políticos, y sin subordinación a una autoridad central.

Paradójicamente, la desaparición de los OPLE no resuelve estas inquietudes y podría colocar en riesgo estos objetivos democráticos. Actualmente, no existe duplicidad de funciones entre el INE y los OPLE. La legislación electoral define con claridad las funciones y ámbitos de competencia de cada cual, con la posibilidad de que el INE asuma parcial o totalmente las funciones de los institutos electorales estatales bajo determinados supuestos. En todo caso, esta crítica bien podría zanjarse con una revisión minuciosa de nuestra legislación, no así con la desaparición de los institutos locales.

Respecto al argumento de que partidos políticos o autoridades estatales pueden influir indebidamente en las labores electorales, la solución no estriba en la desaparición de instituciones, pues quienes asuman las funciones electorales desde el INE también podrían ser sujetos de presión política por parte de actores externos. En su lugar, la mejor alternativa para fortalecer la autonomía e independencia de cualquier institución pública, incluidos los OPLE, es dotarlas de seguridad jurídica, presupuestos racionales pero suficientes, personal profesional sin vínculos partidistas, designado con criterios objetivos y transparentes, con certidumbre en su permanencia y sujetos a estrictos controles y mecanismos de rendición de cuentas. Todo lo anterior es susceptible de fortalecerse sin desaparecer a los OPLE.

Finalmente, evitar la supuesta subordinación de los OPLE al INE no es compatible con un modelo centralizado, ya que la autoridad central ¾el propio INE¾ sería el encargado de designar a la totalidad de los funcionarios electorales en cada rincón del país. Esto incluiría no solo las actuales 32 Juntas Locales y 300 Distritales, sino las nuevas juntas que se establecieran en más de 670 distritos locales y más de 2,400 municipales.

Centralizar las labores electorales en una única institución nacional porta el riesgo de sobrecargar al INE administrativa, presupuestal y políticamente. El resultado podría ser el contrario al que aspiramos: mayor burocratismo, retraso en trámites y procedimientos, necesidad de un presupuesto sensiblemente mayor y, algo no menor, el establecimiento de una sola autoridad responsable de cualquier error o conflicto electoral. Sin una distribución de facultades y responsabilidades, podríamos condenar al INE a un profundo desgaste frente a la ciudadanía y actores políticos.

El más reciente “Informe sobre el Estado Global de la Democracia 2025”, publicado por IDEA Internacional, ofrece un diagnóstico alarmante: la democracia se debilita en casi todas las regiones del mundo. De los 173 países analizados, la mayoría muestra descensos en sus indicadores democráticos, particularmente en la libertad de prensa, la independencia judicial y la participación ciudadana. El informe clasifica el desempeño de las democracias en cuatro dimensiones —representación, Estado de derecho, derechos y participación—, y en todas ellas los retrocesos son evidentes.

La caída más pronunciada se observa en el Estado de derecho, donde el 41% de los países presenta un bajo desempeño y casi una quinta parte ha empeorado desde 2019. Detrás de estos datos se esconde una tendencia estructural: el debilitamiento de la independencia judicial, la impunidad creciente y el uso político de la justicia como instrumento de control. La erosión del Estado de derecho, como lo han advertido autores como Yascha Mounk, representa el punto de inflexión entre democracias resilientes y regímenes híbridos.

Otro de los hallazgos más alarmantes del informe es la crisis de la libertad de prensa, que ha sufrido su mayor caída en cinco décadas. Uno de cada cuatro países ha visto mermada la autonomía de sus medios y el derecho ciudadano a recibir información veraz. Lo notable es que este deterioro no se limita a regímenes autoritarios: también alcanza a democracias consolidadas en Europa y América. La desinformación, la concentración mediática y las presiones económicas sobre el periodismo han generado un entorno hostil para el debate público libre y plural. Ejemplo de esto sucedió recientemente con el conductor Jimmy Kimmel de la cadena ABC de Estados Unidos.

En paralelo, los indicadores de libertad de expresión, igualdad económica y acceso a la justicia también retroceden, afectando de forma directa la calidad de vida democrática. África y Europa —regiones con trayectorias institucionales muy distintas— concentran los mayores descensos, lo que demuestra que el deterioro no responde solo a la fragilidad institucional, sino a una crisis más profunda del modelo democrático global.

Varios analistas coinciden en que no asistimos a una muerte súbita de la democracia, sino a un proceso gradual de erosión, caracterizado por lo que Levitsky y Ziblatt denominan “autocratización desde dentro”: gobiernos que llegan por la vía electoral, pero socavan paulatinamente los contrapesos, los derechos y las libertades. En este contexto, las elecciones siguen existiendo, pero su credibilidad y transparencia se debilitan.

Revertir esta tendencia implica reconstruir los cimientos de la confianza democrática. La ciudadanía debe volver a ocupar el centro del sistema político, no como espectadora, sino como actor permanente en la defensa de los derechos y el control del poder. El deterioro de la democracia no es inevitable. La historia demuestra que los sistemas democráticos pueden regenerarse cuando las sociedades asumen la tarea de defenderlos activamente. La educación cívica, la transparencia y la rendición de cuentas son las mejores vacunas contra la apatía y el autoritarismo. Hoy, más que nunca, la defensa de la democracia exige no solo reformas institucionales, sino una renovación moral y cultural del compromiso ciudadano con la libertad y la justicia.

La reciente instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encargada de convocar a un proceso de consulta que derive en modificaciones a nuestro modelo político-electoral representa un momento crucial para el futuro democrático del país. La presidenta de la República ha anunciado que se organizarán diversos foros, debates y audiencias públicas para elaborar propuestas y conocer la opinión de la ciudadanía en encuestas que se levantarán en octubre de este mismo año. Ante este escenario, es indispensable recordar que México nació y se ha desarrollado bajo un modelo federalista, y que los excesos de centralización han derivado, en distintos momentos, en reclamos sociales por mayor pluralidad y cercanía institucional.

Desde la reforma de 2014, el sistema electoral mexicano optó por un modelo dual que ha mostrado solidez: una autoridad nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), y 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables de organizar las elecciones de gubernatura, ayuntamientos y diputaciones y, en algunos casos, ejercicios de presupuestos participativos en cada entidad federativa. Este diseño no solo equilibra las competencias entre el centro y lo local, sino que garantiza que la diversidad política y social de México tenga cauces institucionales de representación. Los OPLE, por su conocimiento directo de las realidades estatales, se han convertido en pilares de la confianza ciudadana y del profesionalismo técnico.

El caso del Estado de México ilustra de manera clara la magnitud de esta tarea. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) es el OPLE más robusto del país, al atender a la lista nominal más grande de la República. Tan solo en los últimos dos años, la lista nominal mexiquense pasó de 12 millones 738 mil personas en 2023 a poco más de 13 millones 203 mil en 2025. Este crecimiento ha exigido una capacidad institucional a la altura del reto, que el IEEM ha enfrentado con capacidad y compromiso.

Los números muestran la magnitud de la labor realizada. En la elección de Gobernadora de 2023, se instalaron 20 mil 433 casillas con la participación de poco más de 143 mil funcionarios, quienes procesaron más de 6.3 millones de votos. Un año después, en los comicios de Ayuntamientos y Diputaciones locales de 2024, se instalaron 20 mil 979 casillas, con 187 mil 191 funcionarios de casilla que procesaron 42 mil 83 actas y más de 16.6 millones de votos.

Más recientemente, en la elección judicial de 2025, se instalaron 9 mil 209 casillas, se capacitó a 63 mil 113 funcionarios y se procesaron más de 31.3 millones de votos. Estas cifras no solo hablan de un despliegue operativo monumental, sino también de la fortaleza de un organismo local capaz de garantizar procesos confiables y eficientes.

Para los comicios del 2027, el desafío es aún más grande, según las proyecciones del IEEM, se deberá trabajar para garantizar y en su caso procesar una cantidad masiva de votos: considerando que en la elección judicial local de 2027 se deberá renovar cerca del 80% de los cargos que quedaron pendientes, podríamos llegar a tener más de 380 millones de votos, es decir, 12 veces el volumen de votos que fue procesado para la reciente elección judicial local, aunado a los casi 28 millones de votos de las elecciones de Ayuntamientos y Diputaciones locales.

En este contexto, cualquier reforma político-electoral que se discuta en el país debe reconocer que la fortaleza del sistema no radica únicamente en una autoridad electoral central, sino en la red nacional que integran los OPLE. Centralizar funciones podría debilitar la cercanía con la ciudadanía, mientras que fortalecer a los organismos locales asegura que las particularidades de cada entidad sean atendidas con sensibilidad y eficacia. El federalismo electoral no es un obstáculo, sino una garantía de que la democracia mexicana pueda seguir consolidándose desde lo nacional hasta lo local.

México se encuentra en un momento decisivo: el cierre de un ciclo político y la apertura de otro nuevo. El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de nuestro país, no solo representó un balance de programas y reformas en marcha, sino también un ejercicio de liderazgo frente a una sociedad expectante. Temas como la inversión, la infraestructura, la educación, la igualdad de género y la política social fueron abordados con detalle, pero lo verdaderamente relevante fue el mensaje implícito: gobernar en un contexto complejo exige firmeza, claridad y capacidad para procesar la adversidad.

Uno de los desafíos más visibles en este contexto ha sido la relación con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Coincidir con un liderazgo que ha modificado radicalmente las reglas del juego institucional no es un asunto menor. No hablamos únicamente de tarifas o aranceles, sino de un estilo de negociación áspero, que pretende condicionar la cooperación bilateral en múltiples frentes: desde la seguridad y la migración hasta los acuerdos en materia de aguas o el acceso a los mercados de inversión.

Ante este panorama, la estrategia de Sheinbaum ha sido notablemente sobria. En lugar de responder a cada provocación con estridencia, ha optado por un enfoque de contención y claridad. Ha sabido desmontar rumores surgidos de agencias estadounidenses, ha fijado los límites de la cooperación bilateral y, al mismo tiempo, ha evitado desgastar el capital político de México en disputas simbólicas que poco aportan al bienestar de la ciudadanía.

Pero no todo está marcado por la tensión externa. En el plano interno, el país también inaugura un nuevo ciclo político con la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más allá de los nombres que hoy la integran, lo que se abre es una etapa inédita en la vida institucional: una Corte con ministras y ministros elegidos por voto popular, un hecho casi sin precedentes a nivel internacional. Este cambio no solo redefine la composición del tribunal, sino que introduce incentivos distintos que podrían modificar la manera en que se interpretan y aplican las normas en México.

El reto es monumental: un Poder Judicial que combine legitimidad democrática con independencia técnica y jurídica. Si este delicado equilibrio se logra, la ciudadanía podría contar con un árbitro institucional más cercano a sus preocupaciones y más sensible a las demandas sociales. De lo contrario, el riesgo es abrir la puerta a la politización de la justicia en detrimento de la certeza que exige el Estado de derecho.

En este cruce de caminos, lo que más necesita México es madurez política e inteligencia institucional. Ante la incertidumbre que introducen algunos liderazgos, las instituciones deben fungir como los diques que protegen la vida democrática. Solo ellas permiten garantizar derechos, canalizar el descontento social y encauzar la energía colectiva hacia mejores políticas públicas.