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Por ello en 1948 una vez que concluyó la segunda guerra en 1945 se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento firmado y respaldado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes históricos culturales y jurídicos, pero con un ideal común para todas las naciones y pueblos el respeto a la dignidad humana a través de una serie de derechos por el simple hecho de ser lo que somos: seres humanos.

La Declaración consta de 30 artículos, el primero de ello consagrado a establecer: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Los demás artículos todos están relacionados a la libertad, la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la igualdad ante la ley por mencionar algunos.

Esta Declaración de Derechos Humanos también fue adoptada por el Estado Mexicano. En nuestro país también se han vivido hechos graves de violación de derechos humanos. En 1968 el 2 de octubre la terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas la fuerza represora del Estado: el ejército cometió innumerables violaciones a derechos humanos de universitarios bajo la orden del priista Díaz Ordaz.

Y entre 1989 y 1994 militantes del extinto PRD se sumaron a los índices de personas desaparecidas y asesinadas en búsqueda de una democratización del país y la lucha en contra del poder ejercido de forma arbitraria. Décadas después estas luchas fueron olvidadas algo repudiado por militantes de origen que nunca lograron aceptar y sí condenar las coaliciones que en los últimos años se dieron justo por todos los muertos que como ellos dicen el PRD puso.

La CNDH en nuestro país tuvo como antecedente en 1989, el 13 de febrero como parte de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Derechos Humanos y fue en 1990 el 6 de junio bajo el decreto presidencial que se creó la institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Este Ombudsman tiene la encomienda de proteger y defender los Derechos Humanos de todos los mexicanos, es muy lamentable lo que ocurrió hace unas semanas ya que la ratificación de Rosario Piedra ha sido ampliamente criticada por diferentes sectores incluyendo a la propia izquierda.

Los derechos humanos siguen estando en latente peligro, cualquier poder sin freno es su principal adversario y un gobierno emanado de principios de izquierda debe considerar que esta institución es fundamental para un país en donde no han cesado la violación de derechos humanos y las victimas suma cifras enormes.

En cualquier país o estado que forme parte del mismo; que esté al frente de una comisión tan importante personas que no conoce ni saben de la defensa de derechos humanos es también atentar contra ellos.

Nuestro país vive momentos difíciles en cuanto a temas de violencia y delincuencia organizada, se suma a ello el contexto mundial que no es nada esperanzador considerando la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 y lo que ocurre en Gaza, uno de los lugares más poblados del mundo y en donde la situación humanitaria de violación de derechos humanos es indescriptible.

En 2023 surgieron diversas notas con referencia al IEEM comparándolo con 2005, algo que por fortuna se corrigió, de este tema escribí en esta misma columna el martes 14 de noviembre de 2023: “Lo sucedido con la licitación Pública Nacional IEEM/LPN/14/2023 es un hecho que debe obligarnos a cambiar la forma de gestionar y llevar a cabo los procedimientos administrativos que el Instituto Electoral del Estado de México realiza.”

Este tipo de asuntos son muy importantes sobre todo ahora de cara a una nueva encomienda constitucional que tienen los Organismos Públicos Locales de acuerdo al artículo 494 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación: “El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, serán las autoridades responsables de la organización del proceso electivo, su jornada electoral y los cómputos de los resultados electorales”.

Los principios de transparencia y máxima publicidad son fundamentales en el ejercicio de todo lo que se realice pues se requerirán de recursos públicos, para la impresión de boletas, la jornada, los cómputos y todo a través de licitaciones públicas con recursos que deben ser correctamente aplicados pues no hay que olvidar que existen las auditorias que se realizan a los diferentes entes incluido el IEEM.

Ante ese escenario el IEEM debe iniciar de forma inmediata los trabajos de lo que será esa organización electiva de jueces en la entidad.

El IEEM cuenta con una estructura muy bien preparada y con amplia experiencia en la parte operativa, pero ello no nos exime de tener una planeación previa con trabajos colegiados.

Es bueno tener presente que el IEEM es un órgano integrado por 7 consejeras electorales con diferentes perfiles, que formamos parte de un Consejo General en donde debe prevalecer la colegiación.

Estamos ante un nuevo reto, tenemos experiencias lamentables donde imperó la construcción sólo de mayorías para fines personales y no la escucha, la inclusión y la colegialidad que lejos de abonar llevaron a tomar malas decisiones, corregidas eso sí por autoridades jurisdiccionales. Aprender de ello y evitarlo nos fortalece como institución.

Se ha dejado de lado la firmeza de la presidenta para continuar con la elección de todos los juzgadores a través del voto popular y también un hecho importante que es el que destacó el día de hoy: la primera iniciativa de ley propuesta por ella: la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género.[1]

Esta iniciativa de ley constituye un paso importante para seguir avanzando en la eliminación de las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres, ya que, si bien no resuelve de forma inmediata ninguno de los grandes malestares que aún laceran a muchas mujeres, sí establece formalmente la posibilidad de su materialización.

Esta ley propone elevar a rango constitucional el concepto de igualdad sustantiva al referir que: “el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.”

Establece que todas las personas tienen derecho a vivir una vida libre de violencias y habla sobre los deberes reforzados que tiene el Estado.

Destaca también en el artículo 116 que las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres, adhiere la perspectiva de género como principio para la procuración de justicia y respecto de la reducción de la brecha salarial de género, expresa que a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad.

Es importante visibilizar estos deberes reforzados a los que hace referencia la ley pues se trata de que estos derechos tengan sentido en la vida y práctica de quienes son titulares de ellos que somos las mujeres, esto es el efecto útil del derecho del que habla Ferrajoli [2] y que implica establecer obligaciones específicas para el Estado. Este efecto útil obliga a eliminar la tendencia de brindar servicios parcializados o segmentados. Es momento de construir políticas integrales y articuladas en favor de las mujeres.

[1] Iniciativa presentada el 8 de octubre ante la Cámara de Senadores.

[2] Derecho y Razón. Madrid, Trotta,2005.

La educación no solo es un derecho humano, sino que es un instrumento indispensable para alcanzar la igualdad de géneros; sin embargo, para las mujeres relegadas del ejercicio del poder y de la vida pública no ha sido fácil históricamente acceder a ella mucho menos ser parte de la ciencia o la literatura.

La construcción de habitaciones propias como las de Virginia Woolf o la propia Sor Juana Inés de la Cruz siguen siendo un reto en pleno siglo XXI. ¿Cómo generar sociedades igualitarias en cuestiones de género? Es a través del acceso a la educación a niños y niñas por igual.

Desde el año de 1979 se creó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en 1981 entro en vigor en México. A pesar de que La Convención establece el derecho a la educación y que el estado mexicano debe asegurar a las mujeres igualdad de derechos en la esfera de la educación, las mismas condiciones de orientación en materias de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en todas las categorías y zonas tanto rurales como urbanas, desde la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior así como en todos los tipos de capacitación profesional esto no ha sido así.

Durante muchas décadas las mujeres de nuestro país no han tenido materializados estos derechos, basta ver los datos del INEGI sobre el porcentaje de población analfabeta por sexo en donde en 1990 15.0% eran mujeres y 9.6% hombres, en 2000 11.3% mujeres y 7.4 %hombres , si bien se ha reducido, muchas mujeres debido a los estereotipos y roles de género fueron privadas de ese derecho, lo vemos en que el mayor porcentaje actual de población analfabeta se encuentra entre las personas de 75 años y más edad, siendo mujeres las de mayor porcentaje.

En nuestro país más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo de dejarla por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia.

Es vital que se garantice plenamente este derecho a todas las niñas. Julieta Fierro en diversos foros ha dicho que la educación le salvó la vida y que se requiere de una actuación integral en donde el apoyo a mujeres en pobreza no solo sea con ayuda asistencialista sino con valoraciones de salud, de saber si requiere lentes o tienen sordera o su alimentación. Es necesario establecer una visión de género en la educación y la ciencia. Esta es una tarea que debe ser permanente y de la que todos y todas somos corresponsables.

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En su plan de gobierno, las y los jueces, los magistrados (as) y los ministros (as) deben ser electos por el pueblo, además, en los 100 puntos que presentó en el Zócalo también afirmó que los jueces corruptos deben ser sancionados.

Ante ello en el mes de septiembre la Cámara de Diputados generó los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, durante el diálogo inicial estuvieron invitados los ministros y ministras de la SCJN, con lo que se confirmó quienes están a favor y quienes en contra.

Desde esa fecha al día de hoy, han ocurrido diversos acontecimientos entre los que destacan: las manifestaciones que han realizado trabajadores del poder judicial, la discusión en medios de comunicación en la que ha prevalecido la descalificación a la reforma por parte de estos grupos de poder y también la semana pasada, la sentencia a Genaro García Luna, condenado por narcotraficante con severas críticas a la actual presidenta de la SCJN por el descongelamiento de cuentas bancarias a su esposa en México; todos estos hechos son sólo parte del contexto que envuelve la reforma al poder judicial, un poder que desde 1994 no había sido tocado y del que se ha puesto al descubierto los altos grados de corrupción y nepotismo existentes.

En los últimos días la presidenta enfáticamente ha dicho que no se eliminará del Diario Oficial de la Federación la reforma, ya que la jueza de Veracruz se extralimitó. Hay quienes expresan que nos encontramos en una crisis constitucional lo cual considero FALSO.

¿Hay tensión de poderes? Sí, y es parte del mismo espíritu de las leyes de Montesquieu. La división de poderes obedece a la necesidad de su adecuado ejercicio con el fin de contar con un sistema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo, que fueron considerados los poderes principales y después el Judicial.

Esta división se sustenta en la naturaleza humana que tiende al abuso del poder. En México el poder encargado de reformar la Constitución lo ha hecho y toca a los demás poderes cumplir. Es cierto que existen lagunas importantes por resolver para llevar a buen puerto la reforma, pero la tensión extrema de un poder ante la realidad del país y en contra de los otros dos poderes no abona al fondo, que es la necesaria reformulación de ese poder que se extravió en la cúpula por el grado de intereses personales y económicos en donde quien sigue perdiendo es la ciudadanía y sus derechos.