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Enero inició con el que será el tema principal de la agenda política del país: la reforma electoral. La reunión de Pablo Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que en breve se presentará formalmente la iniciativa.

En 2025 se organizaron foros abiertos a la ciudadanía, donde la clase política también tuvo la posibilidad de participar, a favor, en contra, en defensa y con propuestas, todos fueron transmitidos vía internet.

Entre las nuevas reglas del juego político que aplicarían en 2027, un año electoral de suma importancia para el Ejecutivo federal y partidos políticos, se verá si efectivamente habrá reducción o eliminación de la representación política plurinominal, estos hombres y mujeres que obtienen una curul a través de una fórmula que considera el porcentaje de la votación obtenida en los comicios por los partidos políticos.

En el Congreso federal son 200 diputados y diputadas que llegan a un escaño sin haber contendido en una campaña, sin que la ciudadanía los conozca, con el reproche social de ser espacios ocupados, en muchos casos por varias Legislaturas y por familias o élites de poder sin que exista verdadera cercanía y trabajo visible en favor de la ciudadanía.

No es un tema menor, la figura de la representación plurinominal tiene un fin correcto, es un mecanismo que busca reflejar, en la integración de cuerpos políticos colegiados, la inclusión de todas las expresiones políticas del país; así fue como en 1977, con la reforma electoral de aquel año, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el PAN, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Partido Comunista (PC) lograron tener voz en la Cámara de Diputados federal.

Sin embargo, hoy es importante su rediseño, ya que está altamente cuestionada la forma en como los partidos integran sus listas para ocupar estos espacios y también la forma en la que las autoridades electorales interpretan la fórmula y se realizan las respectivas asignaciones.

Basta ver las impugnaciones y resoluciones que han obligado a realizar nuevas asignaciones, un ejemplo es el Estado de México, cuando en 2021 se aprobó un acuerdo sin atender la paridad de género en la integración del Congreso local.

Además, elección tras elección, militantes de todos los partidos se quejan de la forma en la que son excluidos y excluidas de esas listas plurinominales, a pesar de contar con trabajo de campo y estructuras de apoyo. Por ello, la próxima reforma electoral tendrá que definir si permanecen o se reduce su número, mismo que ha cambiado a través de anteriores reformas.

Por ejemplo, en 1977, cuando en México se crearon las curules plurinominales había un total de 400 diputaciones, de las cuales 300 eran de mayoría relativa y sólo 100 de representación proporcional. En 1982 se incrementó el número a 200 plurinominales y en 1996 se extendió esta representación al Senado de la República.

En otros países la conformación de sus cuerpos legislativos utiliza métodos proporcionales, pero con diferencias respecto al caso mexicano. Uruguay considera los sublemas que son corrientes de los partidos a las que también se les asigna curul o Brasil cuya población es 64% más grande que México y tiene 513 diputaciones y 81 senadurías.

En este análisis los legisladores y legisladoras, así como los propios partidos políticos, también deben realizar una profunda reflexión sobre el malestar de la ciudadanía, ante la lejanía e ineficacia de los partidos para resolver los problemas que aquejan a la sociedad en temas como salud, seguridad, igualdad de oportunidades, y respeto a los derechos humanos, entre otros.

Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Inegi, la población de 18 años y más considero en último lugar a los partidos políticos como actores de confianza, algo que debe revertirse.

En las audiencias públicas para elaborar la iniciativa de reforma electoral ha resaltado la demanda del voto electrónico. 

Y es que el voto digital es una alternativa, mediante la cual varios países han logrado una disminución en el costo de las elecciones, sin demandas o cuestionamientos de fraudes electorales. Ejemplos como: Bélgica, Bulgaria, Estonia, India y en el continente americano Brasil dan muestra de ello.

En Brasil, desde 1996, las elecciones se realizan a través del voto electrónico. Los brasileños el día de la elección acuden a centros de votación, donde deben introducir el número del candidato(a) por el que desean votar. Para las elecciones presidenciales quienes son candidatos hacen propaganda a sus nombres, slogans y también al número que los identifica. Además, en Brasil el voto es obligatorio para la ciudadanía que tiene entre 18 y 69 años, opcional para los jóvenes de entre 16 y 17, así como para los mayores de 70. 

Algo relevante sobre el voto electrónico en Brasil, es que en caso de teclear un número inexistente y poner confirmar, ese voto automáticamente es nulo. 

Otro caso es el de Estonia, desde 2005 se utilizó exitosamente el voto en línea para apoyar elecciones vinculantes. Este tipo de voto ha incrementado los niveles de participación y cuenta con la posibilidad de que los votantes puedan ejercer su derecho de sufragar enviando sus boletas electorales por correo, antes del día de la elección, votar en línea o acudir a un centro de votación el día de la elección y hacerlo en la boleta tradicional de papel. 

Los estonios tienen la posibilidad de votar cuantas veces lo deseen por internet, pero solo contará el último voto emitido. Con esto se trata de mitigar la coacción del voto y el sufragio en persona tiene prioridad sobre cualquier voto emitido en línea por la misma persona.

Bélgica es otro país, donde el voto electrónico funciona y permite a los votantes incluso ejercer su sufragio en cualquiera de los tres idiomas oficiales. En este país el voto electrónico inicio desde 1991, en 1999 el sistema fue utilizado por el 44% de la ciudadanía. Y aunque en los años 2000 y 2004 existieron impugnaciones, a partir de 2024 se sigue utilizando el voto electrónico. 

La confianza y los mecanismos de ciberseguridad son indispensables. Si es voto a través de internet o voto mediante urna electrónica, los candados y mecanismos de seguridad deben ser altamente revisados y auditados. 

Lo más importante será que México realmente avance en este tema, ya tiene un gran inicio con el voto electrónico de mexicanos que votan en el extranjero y podría hacerse una gran inversión en tecnología si se deja de destinar recursos a proyectos innecesarios. En este proceso la confianza y voluntad política son vitales.

Desde 2018 comenzó un cambio de timón en la dirección de las políticas públicas del país.

Se requirió de la suma de esfuerzos de la ciudadanía, quien tenía un hartazgo generalizado, respecto de la forma de gobernar en sexenios anteriores, y también por las falencias del sistema político mexicano.

El personaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien conocía muy bien ese sistema fue decisivo. Con una carrera política previa, buscó por primera vez la Presidencia de la República en 2006. Un año clave, la elección presidencial fue altamente controvertida y en la sociedad comenzó un proceso de polarización aguda.

El entonces IFE, a través del Programa de Resultados Preliminares presentó los resultados: una participación ciudadana del 58.90%, un candidato ganador que fue Felipe Calderón Hinojosa del PAN con 36.38% de los votos y en segundo lugar López Obrador con 35.34%. 

Todo ello derivó en un conflicto poselectoral que puso en duda al IFE y a su Consejo General.

Desde el gobierno legítimo de López Obrador y la denuncia del fraude electoral, hasta los recorridos en todo el país que legitimaron un movimiento que se convirtió en 2014 en partido político, provocaron que en 2018 el partido Morena ganara de forma avasalladora la Presidencia de la República con un 53.19%, frente a un 22.27% del segundo lugar, y una participación ciudadana del 63.49%.

Desde entonces, y a la fecha, el cambio de timón en las políticas públicas, ha buscado transformaciones de fondo como la reforma al Poder Judicial y ahora mismo está en proceso una reforma electoral.

La erradicación de la pobreza y la corrupción han sido desde entonces el objetivo primordial. Respecto a la pobreza en 2016 había 52.2 millones de personas en pobreza y 8.7 millones en pobreza extrema; en 2024 las cifras fueron de 38.5 millones y 7 millones, respectivamente.

Sin duda es un importante avance, pero en el tema de corrupción persisten señalamientos y deuda social. La corrupción es un fenómeno por medio del cual el funcionario (a) público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa.

Datos obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

De acuerdo con el Índice del Estado de Derecho 2025, elaborado por el World Justice Proyect (WJP), México se ubica en el lugar 121 de los 143 países evaluados.

Y en el rubro de ausencia de corrupción, nuestro país obtuvo en este Índice una puntuación de 0.27, que lo colocó en el lugar 134 de 143 países incluidos en este estudio.

Hoy que una mayoría ha optado por una transformación profunda, es fundamental que los cambios sean integrales, de no ser así los cambios realizados hasta el momento, pueden no ser suficientes.

Mientras se encuentra en marcha la gestación de la reforma electoral que fijara las nuevas reglas del juego para quienes deseen ocupar un cargo de representación popular, el 2027 forma ya, parte del calendario actual tanto de actores políticos como de autoridades electorales; en ambos casos se sabe que el tiempo corre rápido y ese año electoral esta a la vuelta de la esquina.

Para las autoridades electorales la organización de las elecciones de 2027 representa un enorme reto, por ello desde el ámbito federal el INE ayer y hoy lleva a cabo la Primera Reunión de Evaluación INE-OPL para evaluar los procesos operativos, técnicos y normativos aplicados durante el proceso electoral concurrente 2023-2024 y el extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 abordando temas como los cómputos en los órganos desconcentrados, los sistemas informáticos, el diseño de la documentación electoral, el marco geográfico empleado en el proceso extraordinario, será importante conocer los hallazgos y soluciones que se propongan para mejorar la organización de comicios.

En el ámbito local en 2027 el IEEM tendrá la responsabilidad de organizar el proceso electoral para la renovación de los 125 ayuntamientos, las 45 diputaciones por mayoría relativa y 30 representación proporcional, así como la elección de los cargos del poder judicial que será en un número muy superior a los espacios que se disputaron en la pasada elección de no existir ningún cambio en la normatividad que se aprobó en su momento.

Algunos temas que deben ser bien analizados son los siguientes: En cuanto a la producción de la documentación electoral que incluye las boletas electorales el volumen aproximado que se estima deberá producirse es de 52 millones, esto debe llevarse a cabo en 12 días contados a partir de la aprobación del registro de las candidaturas lo que significa un tiempo muy acotado, la pregunta aquí es ¿puede y debe ampliarse este plazo?, por ejemplo para el caso de las boletas de la elección judicial se tiene más tiempo 45 días.

Otro tema es la integración de las consejerías electorales de los órganos desconcentrados; se tienen datos muy precisos que año con año es menor el número de ciudadanía que desea participar en estos procesos y que deciden mejor ser parte de las convocatorias del INE, lo que ha significado realizar ampliaciones de plazo para registro en más de 3 o 4 ocasiones al no poder cumplirse lo mandatado por el código electoral y no tener el número de personas suficientes para esos espacios, sería importante para este caso iniciar con mayor anticipación la difusión de la convocatoria pero también hacer una revisión y propuesta de modificación al código electoral que este acorde con estos hechos.

Estos son solo un par de temas en lo local de cara al proceso electoral 2027.

Conocidos como OPLs, los institutos electorales de cada entidad tuvieron un cambio radical con la reforma electoral de 2014 en aquel entonces se discutió mucho su total desaparición bajo el argumento de eliminar la fuerte influencia que tenían los gobernadores en la designación de los y las consejeras electorales.

Ante la resistencia se creó un modelo híbrido que dejó a estos organismos supeditados a las decisiones de la autoridad nacional (INE).

Temas torales como la geografía electoral, la capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla, fiscalización a partidos políticos se trasladó al ámbito federal y a pesar de existir en la normatividad reglamentaria la posibilidad de delegar estas funciones a los institutos locales, ello no ha sucedido; por el contrario, lo que sí es la asunción que implica asumir directamente el INE la realización de actividades de los institutos locales, por ejemplo en temas de conteos rápidos y operación del PREP. Esto ha ocurrido en 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

A los institutos electorales locales se les encomendó la educación cívica, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos (con formatos previamente avalados por el INE), el escrutinio y cómputo de elecciones (que realiza la ciudadanía que el INE capacita), estas tareas están en permanente coordinación con la autoridad nacional.

Una facultad importante que realizan los OPL´s es la ministración del financiamiento público a los partidos políticos en cada entidad, este monto forma parte también de los presupuestos de los institutos que se componen del gasto operativo cuando hay y no hay proceso electoral, de procesos extraordinarios y ahora también de gasto para la elección de personas juzgadoras.

En el informe sobre situación presupuestal de los OPL´s 2025, hay institutos que se encuentran catalogados por el INE como en riesgo al no ser dotados de presupuesto suficiente para sus actividades, son el caso de Zacatecas y Yucatán. Otros se encuentran en riesgo medio como: San Luis Potosí, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

De los presupuestos solicitados por los OPL´s para el ejercicio 2025 se observa que el total asignado a los 32 institutos asciende a la cantidad de $17,136,944,726.30 de los cuales $6,747,156,669.55 corresponde a financiamiento público.

Hoy vuelven a ser tema de debate; en los foros de la reforma electoral hay quienes opinan tajantemente que deben desaparecer, otras voces consideran que son fundamentales para la democracia local y hay quienes opinan que la reforma debe tomar una decisión que no continúe con un modelo híbrido.

Cada opinión presenta argumentos que tendrán que ser debatidos en la nueva propuesta del sistema político electoral.