Mujeres indígenas: participación política y desafíos pendientes
Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que invita a reflexionar sobre la importante labor que desempeñan estas mujeres en la defensa y preservación de la identidad cultural, social, económica y política de los pueblos originarios.
En México, las mujeres indígenas han enfrentado históricamente una participación política limitada, marcada por múltiples barreras estructurales como el machismo, la discriminación racial y la exclusión en la vida política, provocando una doble marginación: por ser mujeres y por pertenecer a pueblos originarios. Esta doble discriminación las coloca en una situación de alta vulnerabilidad social y política.
El caso del Estado de México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 417,603 personas hablantes de lengua indígena, de las cuales 220,131 son mujeres, lo que representa el 52.71% del total. Estas mujeres pertenecen principalmente a los pueblos originarios mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca.
En las últimas décadas, las autoridades gubernamentales han impulsado esfuerzos para fomentar la inclusión política de las mujeres indígenas. Entre las principales medidas destacan las cuotas de género, que obligan a los partidos políticos a incluir un porcentaje mínimo de mujeres en sus candidaturas, así como las acciones afirmativas, diseñadas para reducir desigualdades y garantizar e incentivar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de grupos históricamente discriminados.
En este contexto, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó para el Proceso Electoral Ordinario de 2024 los “Criterios para la implementación de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2024”, que establece porcentajes obligatorios de postulación para personas de cuatro grupos en situación de discriminación, incluyendo a las comunidades y pueblos indígenas.
Si bien estas medidas han contribuido al aumento de la participación de mujeres en la política, la representación de las mujeres indígenas sigue siendo baja, especialmente en cargos de alto nivel o de toma de decisiones.
Aún enfrentamos importantes desafíos. No basta con abrir espacios; es necesario garantizar que las mujeres indígenas puedan ejercer sus cargos con autonomía y seguridad. Para lograrlo, se requiere el fortalecimiento de políticas públicas, así como la creación de redes de apoyo entre mujeres indígenas a nivel local y nacional. Estas redes pueden ser claves para compartir experiencias, estrategias y recursos que faciliten su acceso real al poder político.
La lucha por la participación política de las mujeres indígenas no debe limitarse a una fecha conmemorativa, es una causa permanente que exige compromiso y una visión de justicia y equidad.
La presencia de las mujeres afromexiquenses en la vida política como elemento clave para la construcción de una sociedad democrática
A lo largo de la historia de la política, las mujeres enfrentan barreras y obstáculos estructurales que les impiden acceder y ejercer plenamente sus derechos político electorales. Por ello, de acuerdo a las condiciones particulares de cada sociedad, han surgido una serie de movimientos sociales y de militancia feminista que buscan romper estas barreras, así como generar condiciones óptimas para que las mujeres puedan incorporarse a la vida política del Estado, libres de violencia de género.
Sin embargo, los obstáculos no son iguales para todas las ciudadanas. Si bien, el solo hecho de ser mujeres trae consigo una limitante inicial, debido a la cualidad patriarcal con la que operan los sistemas de organización social, las características específicas de cada mexiquense: nivel socioeconómico, educativo, discapacidad, zona de residencia, autoadscribirse como indígenas o afromexiquenses, etc., agudizan las desigualdades que enfrentan al momento de ejercer sus derechos político electorales.
De acuerdo con datos de la revista UNAM Global (2025), el Estado de México se encuentra en la lista de las 10 primeras entidades federativas con mayor número de población afrodescendiente, con un total de 296,264 personas. Aunque no se han logrado identificar cifras desagregadas con sexo, puede advertirse que, un gran número de mujeres mexiquenses se autoadscriben como afros.
En relación a lo anterior, se advierte la necesidad de crear e impulsar estrategias, desde los diversos sectores de la sociedad, así como del Estado, que posibiliten hacer frente a las desigualdades, discriminaciones y violencias a las que se enfrentan las mujeres afromexiquenses al momento de participar en la vida política de la entidad. Por ello, en el año 2023, como parte de las poblaciones consideradas en la Consulta previa, libre e informada para la implementación de acciones afirmativas y sus formas de autoadscripción, realizada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), las personas afromexiquenses fueron contempladas.
Con base en las respuestas obtenidas en dicho ejercicio consultivo, el 13 de diciembre de 2023, el Consejo General del IEEM, expidió los Criterios para la implementación de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos, señalando que el 3% de las candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones de mayoría relativa, debían estar ocupadas por personas pertenecientes a algunos grupos históricamente discriminados, incluyendo las personas afromexiquenses. Lo anterior, sin dejar de lado la paridad, ya que es un principio constitucional y los bloques de competitividad.
Si bien, lo anterior representa un primer avance en la incorporación de las mujeres afromexiquenses a los espacios de toma de decisión y la función pública, aún hay mucho camino que recorrer, por lo que las instituciones, en el ámbito de sus atribuciones, deben seguir impulsando estrategias que sumen al aumento de las cifras y así contribuir al logro de una sociedad democrática.
Participación política de las mujeres en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México
La participación política de las mujeres en este Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México, representa un momento clave para identificar los avances y desafíos en la representación de las mujeres en los espacios de elección popular y en materia de paridad de género.
En este contexto, el proceso electoral judicial ha sido un espacio que permite visibilizar la participación activa de las mujeres en la vida pública, consolidando con ello mecanismos que garantizan su acceso real y efectivo a los cargos de elección popular.
El análisis de la citada participación muestra que aún persisten barreras para las mujeres en el acceso a puestos de poder, en el presente proceso electoral participaron un total de 397 personas candidatas, de las cuales 186 fueron mujeres, representando el 46.85% del total.
Es importante examinar que las 13 personas candidatas a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 3 mujeres y 10 hombres, a la par contendieron por Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, dato que es de suma relevancia, ya que presenta una disparidad en la representación para el cargo de mayor potestad, es decir, las mujeres representan 23.08% de las candidaturas a este puesto, lo que da como resultado que las mujeres se enfrenten a mayor desigualdad en el acceso a cargos de este tipo.
Esto no cambia en el resto de los puestos, pues existe una disparidad en el registro de candidaturas, teniendo que, para las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, hay una participación del 48.43% de mujeres y para Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado de México un registro del 44.02% de mujeres, solo para las Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México el nivel de participación de las mujeres rebasa al número de hombres con una participación del 58.33%.
En este sentido, es imperioso hacer un balance para identificar las áreas de oportunidad, siendo este un trabajo que va desde lo legislativo hasta lo electoral, propiciando que en los procesos electorales judiciales futuros se logre la paridad, o incluso una mayor presencia de mujeres en la vida pública.
Para ello será necesario crear espacios de reflexión que posibiliten la compresión de las causas que originaron que las mujeres tuviesen una menor representación en dichos cargos. Es labor de las instituciones, de todas y de todos, generar las condiciones para que la participación igualitaria sea un hecho, promoviendo acciones de fortalecimiento y sensibilización en materia de participación política, liderazgo, perspectiva de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.
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