Comunicación
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El pasado 25 de junio de 2025, en el Teatro Universitario de la UAEMéx “Los Jaguares”, se presentó Trinidad, de Juan Carlos Embriz y Hugo Salcedo; esta obra de teatro tiene como premisa la visibilización de un crimen de odio cometido en Taxco, Guerrero, contra tres personas en 2018. Ver este tipo de sucesos en el escenario sobre lo vivido por los protagonistas (desde su infancia hasta la juventud) me llevó a preguntarme: ¿hemos cambiado en algo desde entonces en nuestra sociedad? Unos días después de ir al teatro, en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se presentó la Guía para la Atención de las Personas LGBTTTI+ en áreas de administración pública del Estado de México y eso me hizo pensar en el motivo de fondo y la relevancia de este tipo de materiales. Por ende, me parece un momento oportuno cuestionarnos: ¿por qué necesitamos guías para recordarnos que todas las personas merecen respeto? El motivo de este texto tiene la intención de reflexionar sobre estas preguntas.

Si bien, tanto la obra como la guía son necesarias en la actualidad, su existencia revela una herida más profunda. Parecieran un antídoto frente a una enfermedad social que se ha naturalizado: la discriminación. Se nos enseñó, a veces con palabras y otras veces con gestos o con omisiones, que había formas de existir aceptables y otras que no, propiciando, durante décadas, la exclusión, el estigma y el silencio.

La discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQ+ no es una excepción. Es parte de un sistema de relaciones de poder que excluye, jerarquiza y violenta. Y lo hace, muchas veces, de forma impune. Como señaló Belén Benhumea Bahena, subdirectora de Atención a la Discriminación de la CODHEM, los sectores donde más se discrimina a esta población son los de salud, educación y seguridad. Tres ámbitos clave para garantizar derechos donde paradójicamente se niegan o se obstaculizan.

Frente a esto, guardar silencio también es una forma de complicidad. Por eso, desde el IEEM, se han impulsado acciones que buscan incidir desde lo público y lo institucional con materiales de comunicación con lenguaje incluyente, campañas pedagógicas y la organización de foros, talleres y actividades de sensibilización, sólo por mencionar algunos ejemplos. También se ha trabajado en el diseño de medidas que aseguren el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de personas de la diversidad sexual.

Estas acciones no deben entenderse como una estrategia temporal o una medida de emergencia. Se trata de garantizar un derecho humano. Lo político-electoral cobra sentido cuando parte del principio de igualdad jurídica. Sin embargo, el contraste con la realidad muestra que el origen del problema sigue siendo cultural; por ello, la educación cívica con enfoque incluyente podría ser una de las respuestas más duraderas.

Para concluir, considero que no deberíamos necesitar tragedias para reaccionar. Lo que necesitamos son nuevas dinámicas culturales y cívicas que formen desde la base una sociedad que no tolere la exclusión ni la violencia para lograr entender que todas las personas, sin importar su identidad o su orientación, tienen derecho a existir, participar y ser respetadas.

“Después del trabajo, viene más trabajo”. Esta frase podría describir la rutina de millones de mujeres en México. Ese “segundo turno”, que rara vez se reconoce familiar y socialmente como trabajo, ocupa horas de labores domésticas y de cuidados que podrían destinarse al descanso, recreación, estudio o cuidado personal. El resultado es una carga invisible que limita su desarrollo profesional, social, económico y político. Esa diferencia es consecuencia de la división sexual del trabajo que refleja la desigualdad histórica en el uso del tiempo. Por ello, me parece importante reflexionar sobre el uso del tiempo como elemento sustancial de la paridad.

El pasado 21 de agosto de 2025, el INEGI publicó los datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 donde se confirma esta desigualdad. El 51.6 % del tiempo total de trabajo en México correspondió a actividades no remuneradas; de ese porcentaje las mujeres asumen dos terceras partes. En el terreno de cuidados y trabajo doméstico no remunerado, las mujeres destinaron semanalmente 21.5 horas más que los hombres en estas tareas. En actividades específicas, como la preparación de alimentos, la diferencia fue de más de 8 horas semanales; mientras que, para la limpieza de la vivienda, la disparidad fue de más de 4 horas a la semana.

Esta situación muestra cómo lo privado y lo público se entrelazan, pues las condiciones dentro del hogar influyen en la capacidad de ejercer derechos fuera de él. En este sentido, la paridad sustantiva sólo será posible si las condiciones cotidianas también lo son, por eso es fundamental analizar estos datos, ya que la desigualdad en el uso del tiempo es una realidad que organiza la vida social. Mientras las mujeres sigan dedicando gran parte de su tiempo a cuidados y labores no remuneradas, tendrán menos oportunidades para participar en lo público y ejercer cargos en igualdad de circunstancias.

Es importante asegurar, de manera simultánea, el mismo número de mujeres en cargos públicos respecto a los hombres, así como un cambio cultural y estructural más amplio que comience en la educación y en la vida diaria. Desde las infancias, en la escuela y en la familia, es necesario enseñar que el cuidado y las tareas del hogar son responsabilidades compartidas entre todas las personas. Así mismo, es prioritario generar políticas públicas de largo plazo que atiendan, reivindiquen y reconozcan el valor del trabajo no remunerado para que, sólo así, el tiempo deje de ser un obstáculo y se convierta en un recurso equitativo.

La invitación a reconocer el valor del tiempo y su distribución justa es parte de la participación ciudadana, porque al informarnos, ser consecuentes y aplicar la perspectiva de género en la vida diaria, abrimos la puerta a una sociedad más equitativa, donde la igualdad no sólo se enuncie en las leyes, sino que se viva en cada hogar, en cada espacio de trabajo y en cada comunidad. En suma, la ENUT 2024 nos recuerda algo fundamental: la paridad también se construye desde lo cotidiano.

En el lapso del 5 al 8 de agosto de 2025 se llevó a cabo la decimotercera edición del Congreso Internacional de Ciencia Política de la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP) con el título “Mujeres y democracia: Participación política y desafíos para un futuro inclusivo”. En este marco, como cada año, se reunieron personas pertenecientes a la academia, a las instituciones electorales y a las organizaciones de la sociedad civil para reflexionar y discutir sobre diversos temas inherentes a la democracia.

Por lo que se refiere al caso mexicano, hablar de construcción democrática implica reconocer los aportes que se han generado desde el ámbito local, por ello, las mesas que de manera coordinada organizaron el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la AMECIP para este congreso, permitieron dar cuenta del trabajo de los Organismos Publico Locales Electorales (OPLEs).

Este congreso me da la oportunidad de hablar sobre la mesa “Innovaciones electorales desde el ámbito subnacional”; en este espacio conversamos consejerías del IECM, del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) sobre aspectos que surgieron en los OPLEs y que hoy son trascendentales y parte del Sistema Nacional Electoral como el desarrollo de la urna electrónica; la implementación del voto electrónico; el voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero; la constante innovación en el uso de herramientas tecnológicas y sistemas informáticos avanzados con altos estándares respecto a los protocolos de ciberseguridad (por ejemplo, el PREP en el caso del IEEM); diseño de materiales electorales para facilitar el voto de personas adultas mayores y con discapacidad (como el sello “x”, la plantilla braille, el crayón triangular, sólo por mencionar algunos).

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que los OPLEs son resultado de un proceso histórico orientado a construir instituciones electorales sólidas en cada Entidad Federativa. Su objetivo es que las elecciones locales se organicen con profesionalismo acorde al cumplimiento de cada uno de los principios rectores de la función electoral y que, de manera permanente, promuevan la vida democrática y la participación ciudadana. Para lograr este fin, es clave la cercanía y el conocimiento de la ciudadanía y de los múltiples contextos que convergen en cada Entidad Federativa, pues cada una presenta particularidades sociales, geográficas y políticas. De ahí la importancia de la innovación desde lo subnacional, para que, a partir de la diversidad y pluralidad de la ciudadanía, las elecciones sean eficientes, inclusivas y accesibles para todas las personas.

Finalmente, frente al contexto actual, no puedo omitir mencionar que este encuentro tuvo lugar en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un espacio simbólico en la historia democrática del país. El futuro de nuestra democracia requiere un debate abierto donde todas las voces sean escuchadas y se reconozca lo que en colectivo hemos construido desde lo local y lo nacional.

El lenguaje, además de ser un medio de comunicación, también es una forma de organizar el mundo. Lo que se dice, cómo se dice y lo que se deja sin nombrar tiene implicaciones. Durante siglos, lo masculino se ha presentado como lo universal como si nombrar “los ciudadanos”, “los candidatos” o “los votantes” fuera suficiente para incluir a todas las personas. Pero eso no solo refleja una forma de hablar, también muestra quién ha tenido históricamente el poder de definir qué cuenta y qué no.

La misma hegemonía ha excluido a muchas personas de la toma de decisiones, ha dicho cómo debe usarse el lenguaje y ha puesto reglas, límites y correcciones a quienes intentan hablar distinto. Por eso, examinar el lenguaje es también cuestionar cómo se reparten el poder y la representación en la práctica y en nuestro imaginario. En este preciso momento podemos encontrar uno de los distintos problemas: no se trata de corrección política, se trata de quién tiene lugar en la conversación pública. Por mencionar un ejemplo, las mismas instituciones, la academia y quienes representan el poder dictaminan cuál es la corrección: para hablar, escribir y comunicar; en ese sentido, la exclusión va más allá del uso de las palabras.

Ahora bien, ¿la solución está en cambiar una letra? Se ha hablado mucho del uso de la “e” o de los desdoblamientos como “todas y todos”. Cada opción tiene sus ventajas y sus límites. No hay una fórmula perfecta, pero sí podemos hacernos una pregunta clave: ¿cómo logramos que todas las personas se sientan nombradas?

Una alternativa útil ha sido hablar en términos más amplios: decir “la ciudadanía” en lugar de “los ciudadanos” o “las personas candidatas” en vez de “los candidatos”, por ende, evitamos excluir mientras construimos mensajes más incluyentes. Recordemos que el lenguaje informa y también representa. En consecuencia, cuando representa bien, más personas se ven reflejadas porque su voz importa.

En el Instituto Electoral del Estado de México, el uso del lenguaje incluyente ha sido parte de una estrategia institucional para promover la paridad y garantizar la no discriminación, por la forma en cómo se comunican los procesos, se difunden los derechos y se invita a participar desde materiales informativos hasta campañas con la intención de transmitir a todas las personas que su participación es valiosa. De igual forma, en democracia no basta con que existan derechos: también hay que nombrarlos, explicarlos y hacerlos accesibles; un recurso para estos propósitos es el lenguaje porque puede marcar la diferencia.

El lenguaje incluyente puede llevarnos a una reflexión más profunda: una que incida sobre nuestro proceder como personas ciudadanas, trabajadoras, emprendedoras, funcionarias e integrantes de las comunidades que construyen este país para visibilizar qué tan incluyentes somos tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Dialogar sobre este tema tiene la intención de incentivar y promover su uso. Nombrar es importante, sí, pero la inclusión no se agota en las palabras: también se mide en los espacios que abrimos, a quiénes escuchamos, a quiénes damos lugar y cómo ejercemos el poder en nuestras prácticas cotidianas.

¿Se han preguntado qué debió suceder para que hoy existan mujeres gobernando o legislando en México? Aunque ahora parezca algo normal, no siempre fue así: llegar hasta este momento tomó décadas de lucha y perseverancia. Las mujeres han participado en la construcción del país, pero, cuando se escribieron las leyes, quedaron fuera. Un caso fue, por ejemplo, que en la Constitución de 1917 no se les reconoció el derecho a votar ni a ser electas.

Actualmente, es necesario tener presente la pregunta ¿cómo se originó el cambio? Los primeros pasos se dieron desde algunos estados del país; un momento clave y trascendental fue el Primer Congreso Feminista, celebrado en 1916, en Yucatán. En esa época, la exigencia del voto municipal para las mujeres era visto como una amenaza al “orden moral y familiar”; pero, para 1922, la lucha rindió frutos y Rosa Torres se convirtió en la primera Regidora de Mérida y del país. Años después, en la década de 1940, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer logró reunir a 50,000 mujeres de distintos estratos e ideologías, demostrando que la lucha era colectiva.

En 1947 se dio otro gran paso: las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho a votar y ser electas en el ámbito municipal. Faltaba camino, pero la puerta ya estaba entreabierta. Seis años después, en 1953, se reconoció su ciudadanía plena y su derecho a participar en elecciones federales. Con estos antecedentes, en 1954, las mujeres votaron por primera vez en elecciones federales y estatales en Baja California; en 1955 participaron en elecciones intermedias, y como resultado, fueron electas las primeras cuatro diputadas federales en la historia, no obstante, fue hasta 1958 cuando participaron por primera vez en una elección presidencial.

Aunque el voto de las mujeres fue un hito, no significó igualdad automática. Durante décadas, su presencia en la política avanzó poco, en consecuencia, en la historia más reciente del país fue necesario establecer cuotas de género en las candidaturas hasta llegar a la paridad “en todo” como principio constitucional. Así, después de muchos esfuerzos, hoy podemos ver cambios más palpables. En las elecciones federales de 2024, las Cámaras de las y los Diputados y Senadores se conformaron de manera paritaria; y en cuanto al ejercicio del voto, las mujeres tuvieron un 64.3% de participación a nivel federal, haciendo tangible la importancia del derecho a votar y ser electas. Tras las recientes elecciones de 2025, la presencia de mujeres en el Poder Judicial también reflejó avances cuantitativos mostrando cómo, poco a poco, es posible cerrar la brecha de género.

En suma, el voto de las mujeres no fue un regalo, sino el fruto de una lucha histórica. La próxima vez que votemos podemos cuestionarnos ¿quiénes continuarán abriendo el camino para las que vienen después? Esta pregunta me parece pertinente porque considero que la democracia paritaria, sustantiva e incluyente todavía enfrenta retos, entre ellos, que las personas lleguen con perspectiva de género a los espacios de decisión política o de impartición de justicia.