Comunicación
Social

El lenguaje, además de ser un medio de comunicación, también es una forma de organizar el mundo. Lo que se dice, cómo se dice y lo que se deja sin nombrar tiene implicaciones. Durante siglos, lo masculino se ha presentado como lo universal como si nombrar “los ciudadanos”, “los candidatos” o “los votantes” fuera suficiente para incluir a todas las personas. Pero eso no solo refleja una forma de hablar, también muestra quién ha tenido históricamente el poder de definir qué cuenta y qué no.

La misma hegemonía ha excluido a muchas personas de la toma de decisiones, ha dicho cómo debe usarse el lenguaje y ha puesto reglas, límites y correcciones a quienes intentan hablar distinto. Por eso, examinar el lenguaje es también cuestionar cómo se reparten el poder y la representación en la práctica y en nuestro imaginario. En este preciso momento podemos encontrar uno de los distintos problemas: no se trata de corrección política, se trata de quién tiene lugar en la conversación pública. Por mencionar un ejemplo, las mismas instituciones, la academia y quienes representan el poder dictaminan cuál es la corrección: para hablar, escribir y comunicar; en ese sentido, la exclusión va más allá del uso de las palabras.

Ahora bien, ¿la solución está en cambiar una letra? Se ha hablado mucho del uso de la “e” o de los desdoblamientos como “todas y todos”. Cada opción tiene sus ventajas y sus límites. No hay una fórmula perfecta, pero sí podemos hacernos una pregunta clave: ¿cómo logramos que todas las personas se sientan nombradas?

Una alternativa útil ha sido hablar en términos más amplios: decir “la ciudadanía” en lugar de “los ciudadanos” o “las personas candidatas” en vez de “los candidatos”, por ende, evitamos excluir mientras construimos mensajes más incluyentes. Recordemos que el lenguaje informa y también representa. En consecuencia, cuando representa bien, más personas se ven reflejadas porque su voz importa.

En el Instituto Electoral del Estado de México, el uso del lenguaje incluyente ha sido parte de una estrategia institucional para promover la paridad y garantizar la no discriminación, por la forma en cómo se comunican los procesos, se difunden los derechos y se invita a participar desde materiales informativos hasta campañas con la intención de transmitir a todas las personas que su participación es valiosa. De igual forma, en democracia no basta con que existan derechos: también hay que nombrarlos, explicarlos y hacerlos accesibles; un recurso para estos propósitos es el lenguaje porque puede marcar la diferencia.

El lenguaje incluyente puede llevarnos a una reflexión más profunda: una que incida sobre nuestro proceder como personas ciudadanas, trabajadoras, emprendedoras, funcionarias e integrantes de las comunidades que construyen este país para visibilizar qué tan incluyentes somos tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Dialogar sobre este tema tiene la intención de incentivar y promover su uso. Nombrar es importante, sí, pero la inclusión no se agota en las palabras: también se mide en los espacios que abrimos, a quiénes escuchamos, a quiénes damos lugar y cómo ejercemos el poder en nuestras prácticas cotidianas.