Ser mujer en política
Escrito por Unidad de Género y Erradicación de la Violencia
Cuando hablamos de democracia, intuitivamente partimos de la premisa, no siempre precisa, de que todas las personas ejercemos nuestros derechos político electorales sin limitaciones. Sin embargo, las colectividades cuyos derechos han sido vulnerados de manera constante y sistemática a través de la historia, experimentan diversas afrentas para hacerlo.
Las mujeres como colectivo, en toda su diversidad, han luchado y logrado el reconocimiento de sus derechos político electorales. No obstante, es innegable que, con la mitigación de un desafío, una gama de nuevos retos aparece, y es así que pasamos de la escasa representación de las mujeres en la arena política a las resistencias respecto a la paridad; del incremento de la participación política de las mujeres, a la violencia contra ellas motivada por el género en el contexto político.
Cada marzo, confluyen en la opinión pública perspectivas sobre los avances alcanzados en nuestra sociedad para llegar a la igualdad entre mujeres y hombres. En el ejercicio reflexivo dado por estos espacios, advertimos que los atributos tradicionalmente asignados a las mujeres prevalecen y permean en la expectativa de comportamiento que se tiene de ellas en la esfera pública y suelen ser los mismos los que pretenden servir como argumento para cuestionar su presencia, objetar sus habilidades y subestimar sus propuestas en política.
Más allá de nuestras concepciones inmediatas, ha de recordarse que las mujeres se involucran en política en diversas formas, y desde estos ámbitos de acción, deben considerarse las barreras que pueden erigirse.
No resulta aventurado imaginar que una mujer con discapacidad se encuentre con significativos obstáculos para acceder a una casilla y a material electoral adecuado para sufragar en condiciones de igualdad y seguridad. Sabemos que una mujer indígena que contiende por un cargo de elección popular, podría ser cuestionada por integrantes de su comunidad y que sus usos y costumbres podrían volverse en su contra para evitarlo. Conocemos anécdotas de mujeres que, al asociarse para tomar parte en los asuntos públicos, han experimentado gran desazón al notar que su situación social, económica o jurídica, o sus necesidades específicas como pertenecientes a una minoría étnica, racial o lingüística pasaron desapercibidas. Con aparente condescendencia, se les sugiere a las mujeres embarazadas abstenerse de ingresar o mantenerse en los intrincados terrenos del poder. Incluso sin estas identidades o características, nos percatamos de que en foros de política global aún hay a quienes les causa extrañeza reconocer como su par a una mujer.
Reformas legislativas y buenas prácticas han contribuido al aceleramiento del proceso para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones, pero cómo lograr una empresa de tales dimensiones si la igualdad formal por sí misma, resulta estéril para transformar con presteza la cultura y las tradiciones, los pensamientos o juicios del fuero interno de cada integrante de la sociedad a la que estas normas se dirigen.
Es cierto, un mayor número de mujeres ocupan espacios en cargos de elección popular y gabinetes de gobierno, sin embargo, es imperativo que la práctica obedezca a las capacidades y competencias de las mujeres, así como a la salvaguarda de su derecho constitucional a la igualdad y supere la óptica de legalidad, para dotarles del papel protagónico que les corresponde como agente transformador.
Sólo el afianzar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres permitirá progresar en el análisis y trabajo interseccional, un requerimiento indispensable para las exigencias que implica la situación actual de derechos humanos en nuestro país.