Comunicación
Social

Ya el filósofo Karl R. Popper apuntaba que las elecciones sirven para que se puedan cambiar a los gobiernos sin derramamiento de sangre, lo que no es menor y permite mantener la idea que la política es la antítesis de la violencia.

 

En el caso de México, nos permite ver la transformación que la cultura política ha tenido a través de nuestra historia, marcada de diferentes crisis que han dado como resultado modificaciones a nuestro sistema electoral.

 

Hoy ante la extrema polarización que persiste parece adecuado tener fresca la memoria en torno a las reformas electorales como parte de esa transición.

 

El autoritarismo emanado del régimen político creado después de la revolución a través de los cacicazgos institucionalizados del entonces partido gobernante, (PNR, PRM, PRI) creó un modelo de organización electoral con un fuerte control gubernamental que logró que de 1917 a 1943 no hubiese modificación alguna.

 

Sin embargo, partidos de oposición al PRI como el PAN y el PRD tomaron fuerza y la sociedad mexicana dio un primer cambio que hizo que de 1977 a 1996 se gestaran reformas electorales en las que se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público con un sistema de prerrogativas y con el establecimiento de la representación proporcional.

 

La crisis de 1988 con “la caída del sistema” obligó un cambio mayor, entonces se creó el IFE en 1990 con consejeros ciudadanos en los consejos locales y distritales para después arribar esa ciudadanización al consejo general en 1994 cuando ya no era el presidente de la república quien nombraba a los consejeros sino los grupos parlamentarios de los partidos.


La naturaleza de esa decisión radicó en que siendo ciudadanos con reconocido prestigio por la sociedad serían imparciales y vigilantes extremos de la organización de las elecciones ahí encontramos a personajes como Miguel Ángel Granados Chapa y José Woldenberg.

 

Pero nuestro país nunca dejó de tener cambios y en 1996 Ernesto Zedillo fincó la necesidad de una nueva reforma para evitar inestabilidad política misma que trajo consigo la reorganización del consejo general del IFE retirando al secretario de gobernación del órgano electoral, terminando con los consejeros ciudadanos para dar paso a los consejeros electorales.

 

Perfeccionamiento de medios de impugnación y un nuevo modelo de comunicación política en 2007 son también parte de la transición.

 

La última reforma electoral fue en 2014 con la creación de un híbrido, una autoridad electoral de carácter nacional que organiza procesos electorales federales y locales, misma que hoy nuevamente se pone al centro del debate.

 

Nuestro sistema ha sido siempre perfectible sería bueno saber qué opina la ciudadanía y qué temas le interesan.

 

El Covid-19 en sus múltiples variantes ha cambiado la vida de quienes perdieron a seres queridos o quienes lo han y estamos viviendo en carne propia.

 

Hoy es vital que nos ocupemos en hacer una pausa para repensarnos como sociedad en lo individual y en lo colectivo.

 

Ver los grandes avances que tenemos como humanidad, pero también aislar todos y cada uno de los actos devastadores y perversos que esta pandemia ha puesto al desnudo.

 

Reforzar el cumplimiento y exigencia del respeto a los derechos humanos, muchos de los cuales han sido vulnerados a cientos y miles de personas.

 

El confinamiento obligatorio ha hecho visible la violencia doméstica que se elevó en un gran número de hogares en donde las mujeres, niños y niñas han resultado los más afectados al encontrarse con sus agresores sin recursos y redes de apoyo.

 

De acuerdo con ONU Mujeres, en México las llamadas al 911 en un lapso de 100 días aumentó en 20% y la atención brindada en casos de violencia en más del 70%.

 

Las aristas del Covid-19 son diversas y ninguna menor. La CIDH dictó una resolución [1] que reitera la necesidad de abordar el tema con perspectiva de derechos humanos.

 

El derecho a la salud es un derecho autónomo y justiciable sin tener necesidad de vincularlo con violaciones concomitantes por lo que los Estados deben ocuparse de generar e implementar políticas públicas eficaces que cuenten con los siguientes estándares:

 

Calidad (infraestructura adecuada para atender necesidades básicas y urgentes, así como recursos humanos), accesibilidad (bienes y servicios de emergencia de salud que deben ser accesibles a todas las personas sin distinción y discriminación alguna), disponibilidad (suficiencia en todo lo necesario para atender la crisis de COVID-19) y aceptabilidad (la ética de los profesionales de la salud al informar al paciente su diagnóstico y tratamiento.)

 

Se requiere implementar políticas públicas serias que den respuesta a la crisis financiera que la ciudadanía vive; datos del CONVEVAL reflejan que son los grupos de población más vulnerables los que resienten más esta crisis por pérdida de salud y empleo lo que nos lleva a mayor pobreza.

 

El Estado de México ocupa el 2º lugar en contagios y en aportación a nivel nacional del PIB[2] lo que obliga que se tomen medidas de vanguardia que protejan los derechos de la clase trabajadora, se minimice el número de desempleos, se amplíe el acceso a la sanidad y a los bienes y servicios de primera necesidad

 

Todo ello con ética y responsabilidad, no se debe lucrar con un derecho humano como la salud.

 

Aprovecho para agradecer a mi casa EL SOL DE TOLUCA permitirme expresar lo que pienso de diversos temas, éste uno de ellos y a mis lectores por su tiempo.

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[1] Resolución 4/2020 Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[2] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Hoy más que nunca resulta idóneo generar espacios de discusión en torno a la democracia, lo que significa, sus orígenes, su presente y su futuro inmediato.

 

En nuestro país pasamos por momentos con gran polarización entre instituciones del Estado que minan el camino hacia una consolidación democrática.

 

Los discursos con posiciones extremas generan tensión que puede ir alentando la intolerancia y de forma extrema hasta la violencia, algo que no necesitamos.

 

Se suma a ello la crisis que enfrentamos a nivel global con el COVID-19 y sus múltiples variantes al poner en jaque a los sistemas democráticos que ya venían sufriendo de cierta erosión, desencanto y cambios nada benéficos en el tema de derechos humanos.

 

De lo que dan cuenta diversos estudios uno de ellos el informe “El estado de la democracia en el mundo 2021” de IDEA Internacional[1] que arroja que el número de países que se mueven en una dirección autoritaria supera el número de países que se mueven hacia la democracia.

 

Por ello es significativo que retomemos a la democracia en perspectiva histórica, como forma de gobierno, pero sin adjetivos pues los mismos pueden limitarla o distorsionarla de tal suerte que la esencia de esta se pierda en cuestiones ideológicas o concepciones de actores políticos contrarias a lo que la misma es.

 

Más allá de la democracia presidencial, parlamentaria, mayoritaria, consensual o incluso coasociativa; la democracia debe ser una forma de vida que tutele libertades y garantice su pleno ejercicio.

 

En donde todo régimen político que se considere democrático sea aquel en el que todas las personas a quienes se dirigen las leyes y disposiciones participen de manera directa de esas decisiones.

 

La verdadera democracia es aquella en la que el poder de decisión a través de la participación política se distribuye de manera equitativa entre todos y todas.

 

Debemos tener claro que la democracia tiene valores éticos que constituyen la verdadera razón de la superioridad axiológica de ésta respecto del autoritarismo en cualquiera de sus expresiones.

 

Valores como la tolerancia, la no violencia, la renovación mediante el debate libre y la fraternidad deben ser reforzados y usados por la colectividad más aun por las y los actores políticos, éste es el presente.

 

El futuro de la democracia nos exige redescubrir esos valores, respetar la opinión de cada ciudadano (a) pues eso también es parte de la igualdad política.

 

Pero también nos obliga a modificar lo que es incorrecto, una de las grandes virtudes de la democracia es que la misma es discutible y perfectible. Mucho depende qué y adonde queremos llevar a nuestra democracia.

 

[1] El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral es una organización intergubernamental que apoya la democtcia sostenble en todo el mundo.

Lunes, 10 Enero 2022 14:00

Lo que viene éste 2022

Éste será un año con importante actividad en el ámbito político – electoral. A nivel nacional se renovarán 6 gubernaturas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

 

En el caso del Estado de México, tenemos la organización de una elección extraordinaria más en Atlautla en atención a la declaración de nulidad de la elección por violencia política en razón de género, así como prever todo lo relacionado con la organización de la elección para renovar el ejecutivo local en 2023.

 

En este mismo marco no puede pasar desapercibido que el Instituto Electoral del Estado de México continúa aún sin titular en la presidencia del mismo ante dos procesos en los que se ha declarado desierta la designación en atención a los perfiles que el cargo exige, por lo que se esperaría que en este nuevo año el colegiado se encuentre con la totalidad de integrantes.

 

Aunado a lo anterior, el pasado mes de diciembre, se solicitó la renuncia a varios titulares de unidades de área sin un procedimiento transparente, objetivo, cualitativo y sin una sola explicación a la ciudadanía que es uno de los destinatarios finales de las actividades que como institución electoral desarrolla.

 

Este hecho que no es menor nos obliga a generar procesos distintos, con una total apertura a la ciudadanía que desee participar y ser parte del instituto; convocatorias abiertas con perfiles profesionales bien definidos, todo ello bajo trabajo en equipo con la generación de consensos de cara a lo que viene en el Estado de México.

 

Así el 2022 trae consigo retos y desafíos para la autoridad electoral algunos que no lograron concretarse en 2021 como lo es la creación de la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las mujeres cuya función principal es de apoyo, asistencia y asesoría a las precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, servidoras públicas, periodistas, defensoras de derechos humanos o similares que manifiesten ser objeto de violencia política en razón de género.

 

Por lo que es importante deje de postergarse su materialización con el fin de continuar avanzando en la erradicación de la violencia política.

 

Con el debate nacional en torno a nuestro sistema electoral debemos tener claro que las democracias y sus instituciones siempre son perfectibles y, no pueden pasar desapercibidas las realidades que van influyendo en ellas como el aprecio o descontento que la sociedad tiene a las mismas.

 

La desigualdad social, la vulneración de derechos humanos, la espiral de violencia que se ha incrementado son solo algunos de los temas que no podemos dejar de considerar pues son parte de nuestra incipiente democracia con un impacto directo en nuestras relaciones políticas y sociales.

 

Así la responsabilidad en la toma de nuestras decisiones que deben siempre apegarse a los principios democráticos.

Lunes, 03 Enero 2022 14:00

Lo políticamente incorrecto

Soy una mujer convencida de la democracia como una forma de vida en la que el respeto a los derechos humanos son una parte fundamental. Creo que los valores democráticos no son solo aspiraciones y teoría, sino que pueden y deben ser materializados día a día por todos y todas.

 

Considero que las instituciones fueron creadas con el fin de ser un medio a través del cual se genera la interacción entre la ciudadanía y el Estado a través de ellas se organiza, estructura y ordena el poder para establecer una serie de mecanismos que controlan la posibilidad de su exceso por parte de quienes participan de la política.

 

Existe en el ámbito político lo que se denomina “political correctness” que implica la rectitud y respeto por los valores democráticos y por los demás.

 

Así, es políticamente incorrecto formar parte de un cuerpo colegiado y no escuchar, no atender las propuestas, excluir el diálogo y considerar que los árbitros electorales deben conducirse sin consenso alguno.

 

Es por ello que pasado 29 de diciembre durante la 34º sesión extraordinaria de Consejo General, puse al seno del debate mi posicionamiento sobre la forma en la que se procesan las decisiones importantes del IEEM al interior del colegiado.

 

Ante la solicitud de renuncia de 5 titulares de diversas unidades y áreas del instituto, me parece importante mencionar que en todos los casos se debe contar con una sólida evaluación que permita tener un diagnóstico claro de los objetivos y metas cumplidas, así como aquellas que no lograron ser atendidas o incluso que pudieran tener alguna responsabilidad.

 

En este tema existe ausencia de un análisis cualitativo y cuantitativo. En toda institución deben existir procesos objetivos y transparentes que acompañados de las atribuciones del cargo permitan dar cuenta de aportaciones, capacidades, acciones y omisiones de los aspectos fundamentales de las actividades sustantivas de cada puesto, algo que no existió en el caso concreto.

 

El tema se torna complejo pues se puede prestar a suspicacias peligrosas para los próximos procesos que tendrán que ser organizados. Los espacios que han quedado acéfalos son importantes al tratarse de áreas que tienen atribuciones de relevancia en los comicios, tal es el caso del área que se encarga del proceso de selección de vocales o la que se encarga de la implementación y operación del PREP nada menor.

 

Es por ello que en lo que viene es fundamental conocer los perfiles que se requieren para esos espacios, generar ahora sí un método de selección que dé cuenta del conocimiento y habilidades que se exigen.

 

Un proceso abierto a la ciudadanía que esté interesada en participar, perfiles que den confianza y certeza de que su actuar será imparcial.

 

Será necesario consensar, estar abiertas al diálogo y velar por el interés ciudadano sin ningún tipo de interés personal o subjetivo.

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