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La observación electoral ciudadana ha sido una de las aportaciones democráticas más importantes en los últimos 30 año; pues ha brindado importantes avances en la integridad electoral, construyendo instituciones cívicas sostenibles que promueven la rendición de cuentas, transparencia, inclusión y la participación ciudadana a los procesos electorales, en los países donde su legislación lo permite.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a nivel mundial, en los últimos tiempos, se han incrementado prácticas que han dificultado el desarrollo de las elecciones democráticas. Las campañas de desinformación, la retórica dura e incluso la violencia se han dirigido al amplio espectro de partes interesadas que participan en los procesos electorales, desde candidatos y partidos políticos hasta funcionarios electorales y observadores electorales.[1]

Los observadores nacionales e internacionales han informado de un aumento significativo en la gravedad y la escala de los ataques contra ellas y  ellos, que van desde el acoso, las acusaciones falsas, la difamación y las amenazas; a la vulneración de su derecho a la libre circulación, detención, expulsión y violencia física. Algunos incluso han sido asesinados mientras realizaban su trabajo. En varios casos, el hostigamiento, las agresiones y los asesinatos se han perpetrado por miembros de los servicios de seguridad del Estado. [2]

En la realización de su labor, pueden enfrentar restricciones menos directas que, no obstante, afectan su capacidad para observar el proceso de manera efectiva, por ejemplo, amenazas crecientes de cortes de internet y restricciones en el uso de teléfonos móviles alrededor de las elecciones. El proceso de acreditación de observadores en muchos países se está volviendo demasiado engorroso, prohibitivo o intencionalmente opaco, lo que puede amenazar la capacidad de los grupos para organizar, capacitar y desplegar observadores de manera suficiente para el día de las elecciones.

Este tipo de restricciones van en contra de las libertades fundamentales consagradas en las constituciones nacionales, así como de las normas regionales e internacionales ampliamente reconocidas. El derecho de reunión, el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a buscar y difundir información sobre la conducción de los procesos electorales se combinan para proteger a quienes buscan unirse para monitorear las elecciones. Estos derechos se describen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), y se refuerzan en la Declaración de Principios Globales para la Observación y Monitoreo Electoral No Partidario por parte de Organizaciones Ciudadanas, así como en numerosos instrumentos regionales[3].

Por primera vez en la historia, los relatores especiales de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos y para el derecho de reunión y asociación pacíficas han reconocido explícitamente a las y los observadores electorales, como defensores de los derechos humanos y han pedido a los Estados miembros permitir y facilitar la observación independiente e imparcial de las elecciones. Además, se insta a los Estados miembros a “tomar todas las medidas necesarias para establecer las condiciones que permitan a los observadores electorales nacionales e internacionales realizar su trabajo de manera efectiva y protegerlos de cualquier violencia, amenaza, represalia, discriminación adversa, presión o cualquier otra acción arbitraria”. como consecuencia del ejercicio legítimo de sus derechos y libertades.

El aumento de la vigilancia y las respuestas organizadas en todo el mundo son fundamentales para obstaculizar el creciente ataque contra la supervisión electoral. La declaración del Relator Especial de la ONU brinda un impulso importante para elevar este tema y crear espacios más seguros para la observación electoral.

[1] United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defenders visto en: https://srdefenders.org/human-rights-defenders-with-disabilities-targeted-excluded-globally-warn-un-experts/

[2] Ídem.

[3] Global Network of Domestic Election Monitors Declaración de Principios Globales para la Observación y Monitoreo No Partidario de Elecciones Realizado por Organizaciones Ciudadanas visto en: https://gndem.org/es/declaration-of-global-principles/

El pasado domingo 30 de octubre se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, dado que en la primera vuelta celebrada el 2 de octubre ninguno de los candidatos alcanzó el 50 % o más de los votos necesarios para llegar a la presidencia. Por un lado, Jair Bolsonaro del Partido Liberal (conservador) obtuvo el 43.2 % de los votos; por otro lado, el candidato del Partido de los Trabajadores (izquierda) Luiz Inácio “Lula” da Silva consiguió el 48.4 % de los sufragios.

Más de 156 millones de ciudadanas y ciudadanos estaban llamados a acudir a las urnas para elegir presidente entre dos candidatos que ofrecieron visiones marcadamente distintas para el gobierno de la democracia más grande de América Latina.[1]

El presidente, Jair Bolsonaro de corte conservador, quien ha sido comparado con el expresidente estadounidense Donald Trump, y su campaña ha estado centrada en la defensa de los valores familiares y las libertades individuales. Ha caracterizado como enemigos a los académicos, los medios de comunicación e incluso a instituciones democráticas como el Congreso brasileño y el Supremo Tribunal Federal.

El candidato de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue presidente durante dos periodos de 2003 a 2011, y quien en 2017 fue sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de corrupción pasiva, pero su condena fue anulada en 2019 y la justicia lo declaró inocente.[2]

Estas, fueron las elecciones más competidas de la historia de Brasil, desde que el país regresó a la democracia en 1985, - a partir de 1964 hubo 5 gobiernos militares- con el 50.9 % para Lula y 49.1 % [3] para Bolsonaro, quien al momento de escribir esta colaboración no se ha pronunciado respecto a los resultados, lo que podría interpretarse como un desacuerdo con los mismos.

Uno de los principales retos que enfrentará el nuevo presidente será el de unificar al país. La población brasileña no sólo está polarizada en asuntos políticos, sino también en valores distintos, identidad y opiniones, lo cual no debería de ser obstáculo para conformar un gobierno que escuche y atienda las demandas ciudadanas, pues gobernará para todo el pueblo brasileño. Lo que ocurra en las próximas semanas será una puesta a prueba de las instituciones democráticas brasileñas.

[1] Laura Gómez Díaz. Lula vence a Bolsonaro por la mínima en un Brasil dividido en dos. RTVE. 31 de octubre de 2022. Visto en: https://www.rtve.es/noticias/20221031/resultados-elecciones-presidenciales-brasil/2407500.shtml

[2] El País. Cronología de la investigación que llevó a la condena de Lula da Silva. Visto en: https://elpais.com/internacional/2018/04/05/actualidad/1522917041_563602.html

[3] Laura Gómez Díaz, op. Cit.

El pasado domingo 26 se llevaron a cabo elecciones generales en Italia, en dónde la coalición conservadora, encabezada por Giorgia Meloni, la líder de los Hermanos de Italia (neo fascista), resultó ganadora y puede convertirse en la primera mujer en convertirse en presidenta del consejo de ministros (jefa de gobierno).

El sistema electoral italiano

El sistema electoral italiano es mixto, lo que quiere decir que un tercio de los escaños del Parlamento (Cámaras de Diputados y Senadores) se elige por el sistema de uninominal (mayoritario). El resto de los curules se eligen por el sistema de listas cerradas que presentan los partidos políticos, repartiéndose los escaños de manera proporcional en las circunscripciones electorales[1] en las que se encuentra dividido el país.

Para que un partido pueda tener representación en el congreso, necesita conseguir al menos 3 % de los votos emitidos. En un contexto como el italiano, con un amplio espectro de partidos políticos y con alta fragmentación del voto, el sistema actual tiende a premiar a los partidos o coaliciones más grandes.

En estas elecciones, además, el número de asientos parlamentarios se ha reducido sensiblemente. Los ciudadanos italianos decidieron en un referéndum constitucional, celebrado en octubre de 2020, reducir el número de diputados de 630 a 400, y de 315 a 200 senadores. Esto convierte a Italia, en el país con menor representación parlamentaria de Europa, con 0,7 diputados por 100.000 habitantes.[2]

Los resultados

La coalición de derecha formada por los Hermanos de Italia, de ultraderecha y liderada por Meloni, fue la fuerza más votada con el 26% de los votos; La Liga, de Matteo Salvini, es el otro partido de ultraderecha que obtuvo el 8,8 % de los sufragios; seguida por el partido Forza Italia de Silvio Berlusconi con el 8,1%.[3]

La coalición de centro-izquierda, liderada por el Partido Democrático, con el ex primer ministro Enrico Letta, es la alternativa principal como partido de centroizquierda, obteniendo el 19,1 % de la votación.

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) tiene un discurso más moderado que el populista de antes. Con el ex primer ministro Giuseppe Conte, el partido de izquierda que ganó las elecciones de 2018 ha perdido fuerza en estos comicios obteniendo el 15,4 % de las preferencias.

La coalición derechista sumará unos 240 escaños en la Cámara de Diputados, muy por encima de los 200 necesarios para lograr la mayoría. Lejos quedan los 90 asientos de la coalición de la izquierda y los 40-50 de los populistas del Movimiento 5 Estrellas. La derecha también tendrá mayoría en el Senado.

Formación de gobierno

La legislación italiana no contempla la figura de primer ministro electo, le corresponde al presidente de la República en reunirse con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y designar a una candidata o candidato para la formación del gobierno y deberá obtener la confianza del Parlamento mediante una votación.

En las próximas semanas, el presidente de la República, Sergio Mattarella, convocará a los líderes de los grupos políticos y designará a un candidato o candidata para la formación del gobierno. La persona elegida necesitará obtener la confianza de ambas cámaras del parlamento.

Dados los resultados en las urnas, ese encargo lo recibirá probablemente la candidata de Hermanos de Italia, cabeza de la coalición y del partido más votado, Giorgia Meloni.

La última vez que Italia contó con una persona presidiendo el consejo de ministros salida de las urnas fue en el 2008 cuando Berlusconi ganó las elecciones para su tercer mandato. Desde entonces, ha habido seis presidentes del consejo de ministros que no ganaron una elección.]]

[2] BBC News Mundo. Italia aprueba en referéndum recortar 345 congresistas "para ahorrar 1.000 millones de euros en 10 años" 22 de septiembre de 2020 visto el 29 de septiembre de 2022 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54249428

[3] EL PAIS Resultados de las elecciones en Italia: voto por regiones, en la Cámara y en el Senado. 26 de septiembre de 2022. Visto el 28 de septiembre en: https://elpais.com/internacional/2022-09-26/resultados-de-las-elecciones-en-italia-voto-por-regiones-en-la-camara-y-en-el-senado.html

El pasado 24 de agosto, se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión Especial para el Voto de los Mexiquenses que Radiquen en el Extranjero, cuyo principal propósito de creación es la de auxiliar al Consejo General del IEEM en la instrumentación, operación y difusión del voto de mexiquenses que radiquen en el extranjero en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, a fin de garantizar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía del Estado de México que se encuentre viviendo fuera de nuestro país.

De acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) se estima que para  el año 2020 poco más de 12 millones de mexicanas y mexicanos residen fuera del territorio nacional, de los cuales, el 96 % reside en los Estados Unidos[1]. Según los datos de tramites de matrícula consular, realizados en consulados de México en Estados Unidos 26,405 [2]son originarios del Estado de México.

A partir del 1° de septiembre de 2022 y hasta el 10 de marzo de 2023 las y los mexiquenses que se encuentren interesados en participar en el proceso electoral de 2023, en el que se renovará la titularidad del poder ejecutivo del Estado, y cumplan con los requisitos. Podrán solicitar su inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero por medio de llamada telefónica al INETEL (800 433 2000) o a través de internet en el sitio voto extranjero (https://votoextranjero.ine.mx/srve_ciudadano/app/ciudadano/). Es importante señalar que, por primera se podrá elegir entre tres modalidades de votación: postal, electrónica por internet o presencial en sedes en el extranjero.

La experiencia inmediata anterior, en la que se implementó el voto para los mexiquenses en el extranjero fue en el proceso electoral 2016-2017 para la elección de la gubernatura y únicamente era por medio de la modalidad de voto postal, en donde emitieron sufragio 297 ciudadanas y ciudadanos mexiquenses de 365 inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para ese proceso electoral, representando el 81.37 % de participación.

Ante este panorama, los retos a los que nos enfrentamos como Instituto, es lograr el acercamiento con las y los mexiquenses, captar su interés por participar en el siguiente proceso electoral para la elección de la gubernatura.

Todo esto implicará formar ciudadanía y fomentar la cultura cívica y el ejercicio de los derechos político electorales, más allá de las fronteras que por diversas circunstancias viven fuera de nuestro país

[1] IME https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/mexicanos-en-el-mundo Visto el 31 de agosto de 2022.

[2] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684116/estados_Unidos_mundo20.pdf Visto el 31 de agosto de 2022

Cada 30 de julio se conmemora el día mundial contra la trata de personas, a iniciativa de las Naciones Unidas. El Protocolo de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define a la trata de personas como "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una persona por medios tales como la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude o engaño con fines de explotación"[1].

El tráfico de personas es un grave delito y una grave violación de los derechos humanos. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)[2] estima que, en el 2018, alrededor de 50.000 víctimas de trata de personas fueron detectadas y denunciadas por 148 países. Sin embargo, dada la naturaleza oculta de este delito, el número real de víctimas de la trata es mucho mayor.

Las mujeres víctimas siguen siendo los principales objetivos de la trata de personas. De cada 10 víctimas detectadas a nivel mundial en 2018, cinco eran mujeres adultas y dos niñas. Alrededor del 20 % de las víctimas de la trata de personas eran hombres adultos y el 15 % eran niños.

En los últimos 15 años, el número de víctimas detectadas ha aumentado, mientras que su perfil ha cambiado. La proporción de mujeres adultas entre las víctimas detectadas cayó de más del 70 % a menos del 50 % en 2018, mientras que la proporción de niños detectados aumentó, de alrededor del 10 % a más del 30 %. En el mismo período, la proporción de hombres adultos casi se ha duplicado, de alrededor del 10 % al 20 %.

En general, el 50 % de las víctimas detectadas fueron traficadas con fines de explotación sexual, el 38 % explotadas para trabajos forzados, el seis por ciento fueron objeto de actividades delictivas forzadas, mientras que el uno por ciento fue obligado a mendigar y un número menor a matrimonios forzados, extracción de órganos, y otros fines.

A nivel mundial, la mayoría de las personas procesadas y condenadas por trata de personas siguen siendo hombres, con alrededor del 64%. Los delincuentes pueden ser miembros de grupos delictivos organizados, que trafican a la gran mayoría de las víctimas con individuos que operan por su cuenta o en pequeños grupos de manera oportunista. Los traficantes ven a sus víctimas y las reducen a productos de intercambio como mercancías sin tener en cuenta la dignidad y los derechos humanos.

El panorama actual no es nada alentador, es probable que la recesión inducida por la COVID-19 y la escalada de los conflictos armados exponga a más personas caer en estas inhumanas redes de trata.

[1] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata . Visto en: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html

[2] UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2020. Visto en: https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html