Comunicación
Social

Nueve partidos políticos de ese país centroamericano presentaron ante la corte constitucional un recurso para detener la calificación de los comicios

Transformar la voluntad de la ciudadanía en representación es un tema complejo. La diversidad de sistemas electorales que existen en la actualidad es sintomática del desafío que representa la agregación de preferencias y la nivelación de la competencia política. De ahí que cobre interés analizar cómo se desempeñan estas reglas en otras latitudes. La elección guatemalteca, es un buen ejemplo para ello.

El pasado 25 de junio, el Tribunal Supremo Electoral convocó a poco más de 9.3 millones de personas a elecciones generales, en las que se votó por los miembros del Congreso y en primera vuelta, por la Presidencia. Sin embargo, con la publicación de los resultados preliminares, nueve partidos presentaron ante la corte constitucional un recurso para detener la calificación de los comicios. El argumento fue el del fraude electoral, un discurso cada vez más recurrente en América Latina y que en ocasiones no encuentra sustento en la realidad.

Hay múltiples elementos para estudiar de esta elección. Me detendré en uno de ellos: la segunda vuelta, implementada también en Francia y Brasil. Esta regla típicamente es entendida como una medida que beneficia a la gobernabilidad. Al elegir a alguna de las dos candidaturas más votadas, las primeras vueltas permiten al votante expresar su primera preferencia y después actuar estratégicamente. Asimismo, a la candidatura electa, le dotan de una mayor legitimidad.

En Guatemala, sin embargo, sucedió algo distinto. Para diversos analistas, las encuestas jugaron un papel clave. Por ejemplo, aunque varios de estos instrumentos apuntaban a la candidata Zury Ríos Sosa entre las primeras posiciones, los datos preliminares la ubicaron en el sexto lugar. La narrativa del fraude se alimentó de esta aparente contradicción.  Lo cierto es que la probabilidad de error es natural en estos insumos, más aún cuando se generan estimaciones para una gran cantidad de propuestas. Las encuestas no hacen pronósticos, sino que ofrecen estimaciones sobre las preferencias en el día del levantamiento.

Aunque algunas casas encuestadoras omiten reportarlo, el estadístico calculado está asociado siempre a un intervalo de confianza. El caso guatemalteco nos deja, por tanto, una importante lección. Las encuestas no están diseñadas para garantizar cómo resultarán los cómputos finales. Nadie puede tener esa total seguridad. Ese acto de enajenación del control de los resultados es, precisamente, el que constituye el paso definitivo hacia la democracia.

Aunque las principales misiones observación internacional han enfatizado que la elección operó con eficacia y seguridad, en Guatemala, se extiende una narrativa del fraude electoral. Es fundamental que las fuerzas políticas apuesten por el respeto a las reglas y por los cauces institucionales. En democracia, a veces se gana y a veces se pierde. No hay triunfos ni derrotas absolutas. Vale la pena siempre recordarlo.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

No debe verse en el sentido acotado de la asistencia a las urnas. Dentro y fuera de la jornada electoral hay vías para participar y ejercer los derechos políticos

Los ejercicios comiciales suelen evaluarse desde la nitidez con la que logran generar una adecuada representación política y a partir de los incentivos que logran para la participación ciudadana. En ambas dimensiones, se requiere del ejercicio de derechos como las libertades de expresión y de asociación, así como el acceso a la información.

La participación, en ese sentido, es fundamental para que una democracia representativa funcione y evolucione en beneficio de la población. Sin embargo, participar no debe verse en el sentido acotado de la asistencia a las urnas. Dentro y fuera de la jornada electoral hay canales para participar y para ejercer los derechos políticos.

Joseph Klesner, en uno de los estudios pioneros sobre participación política en México, atinadamente advirtió que la determinante más fuerte de la participación es el involucramiento en actividades generadoras de capital social. El caso mexicano coincidió así con textos paradigmáticos de la ciencia política que encuentran que las personas son más proclives a participar en cuestiones públicas cuando pertenecen a organizaciones, participan en obras de caridad y desarrollan actividades en común con sus vecinos, por ejemplo.

La construcción de capital social es esencial para promover tasas altas de participación política en México. A esa misma conclusión nos dirige el Informe País realizado por el PNUD y el INE. La participación cívica y comunitaria se distinguen por ser las dimensiones de mayor intensidad entre las y los mexicanos. La base de esto radica, principalmente, en la confianza. Las personas establecen lazos más fuertes con sus conocidos y vecinos, que cuando se trata de funcionarios públicos.

De lo anterior se desprenden dos líneas de acción bastante claras. En primer lugar, es preciso seguir fomentando el involucramiento ciudadano en actividades cívicas y comunitarias. Como autoridades, debemos fomentar el estrechamiento de los lazos sociales.

Ello pasa por un conjunto amplio de programas de gobierno: la recuperación de espacios públicos, la erradicación de la violencia de género y la discriminación, por mencionar algunos ejemplos. Lo segundo es reducir la distancia entre la ciudadanía y las instituciones.

Debemos lograr que la participación política se entienda como una forma eficiente de resolver problemáticas. Mecanismos como el presupuesto participativo, acciones afirmativas, candidaturas independientes, consultas indígenas, pueden implementarse. La innovación tecnológica también acotará la distancia entre la gente y sus autoridades. El voto debe ser útil y accesible. Para tener una democracia de todas y de todos, es necesario fortalecer el tejido social.

Emitir un voto libre e informado, también pasa por practicar la deliberación y la acción colectiva en muchas otras facetas de la vida social. Acudir a las urnas no es un evento aislado, sino una decisión que parte del involucramiento que tenemos en los entornos más próximos a todas y todos nosotros.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

El proceso 2023 refrendó que la coordinación interinstitucional es posible. En el caso del Estado de México, se acordó un calendario con 202 actividades a realizar en forma entrelazada. La elección llegó a buen puerto porque cada una de éstas se llevó a cabo en tiempo

¿Cómo evaluar las elecciones del 4 de junio pasado? Desde su realización, académicos y analistas tratan de descifrar qué nos dicen los resultados de los comicios mexiquenses y coahuilenses sobre nuestra democracia. Proponen lecturas en términos de liderazgos, sistemas de partidos y posibilidades de alternancia.

Quiero proponer una lectura distinta. Sugiero revisar los comicios, en términos de lo que éstos nos dicen sobre la institucionalidad electoral en México. Vale la pena estudiar desde ese ángulo, pues con frecuencia se leen textos desinformados que piensan que los institutos electorales locales son redundantes, o bien que las autoridades son ineficaces. Ambas premisas son falsas.

El modelo de organización de la administración electoral de nuestro país es único. En México, el INE y los institutos electorales de las entidades federativas participan en la gestión de procesos locales, cada uno con su tramo de responsabilidad. Sincronizan tiempos y movimientos.

El proceso 2023 refrendó que la coordinación interinstitucional es posible. En el caso del Estado de México, se acordó un calendario con 202 actividades a realizar en forma entrelazada. La elección llegó a buen puerto porque cada una de éstas se llevó a cabo en tiempo.

Pero la institucionalidad mexicana no se conforma sólo con el cumplimiento de la Ley. En esta elección se buscó expandir la comunidad política, a través de la inclusión de personas privadas de la libertad y nuevas opciones de votación para residentes en el extranjero y personas con discapacidad. El ámbito local arroja ya resultados útiles para la toma de decisiones en el plano nacional. En el Estado de México se sufragó dentro de 20 centros penitenciarios, con total seguridad.

Además, esta elección demostró que las capacidades técnicas del INE y de los institutos locales están al punto. El miércoles pasado terminó el cómputo oficial de las más de 20 mil casillas que fueron instaladas en la entidad mexiquense. Cuando fue necesario (casi el 15% de paquetes), los votos se recontaron para dar certeza de la integridad de los resultados.  Los datos son contundentes: el conteo rápido realizado por el INE, así como el PREP y cómputos desarrollados por el IEEM convergen con sorprendente precisión. La ciudadanía pudo tener resultados preliminares oportunos y la seguridad de poder ver – acta por acta – el resultado de la elección.

Pero la integridad electoral no sólo supone hacer las cosas adecuadamente. Deben ser verificables. La elección mexiquense captó la atención de más de 7 mil observadores electorales y 140 internacionales. El escrutinio ciudadano disuade conductas irregulares y multiplica las garantías de que cualquier desviación sea detectada y denunciada.

La actuación pulcra de las autoridades electorales es fundamental para alcanzar procesos íntegros. Son de destacar también el clima de paz y gobernabilidad en el Estado de México, así como el liderazgo y responsabilidad de las candidatas en el proceso. Sobre todo, hay que valorar a las y los 6.3 millones de ciudadanos mexiquenses que con su voto ayudaron a definir el futuro político de su entidad.

Gracias por su participación.

POR AMALIA PULIDO 

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@pulido_amalia

El sufragio va para celebrar que vivimos en democracia, pero también para garantizar un mejor futuro para las siguientes generaciones

A principios de los 80 del siglo pasado, Carlos Pereyra convocó a un destacado grupo de intelectuales mexicanos a escribir un libro que se volvió obligado para las siguientes generaciones. Intentaban responder una cuestión nada trivial: ¿para qué sirve la historia? 

A pesar del tiempo en que la humanidad ha hecho investigación histórica, la utilidad práctica y la función social de la disciplina merecían una discusión profunda que fue acertadamente detonada en este texto.

Parafraseando a aquellos autores y a nueve días de las elecciones locales más grandes que jamás haya registrado el país, conviene preguntarnos: votar ¿para qué? La participación electoral no ocurre en automático. Requiere convencernos de que el tiempo y esfuerzo invertidos en el ejercicio de derechos políticos–electorales tiene sentido y vale la pena. 

En el caso mexicano, es la propia historia la que ofrece una explicación incontrovertible. 

Hace apenas unas décadas el país vivía contextos autoritarios, donde las elecciones no eran competitivas, ni los ganadores eran inciertos. Nos habíamos rezagado de la tercera oleada democrática. 

Fue hasta que la pluralidad ganó un poco de terreno, que el voto pudo abrir el paso hacia la competencia política y, a la postre, profundizar el cambio democrático que vivimos hasta nuestros días. En México, apreciamos el valor del sufragio porque ya sabemos cómo fue vivir en un régimen distinto. 

Más allá de la coyuntura histórica, el voto tiene una utilidad práctica. Nos permite mostrar la simpatía con programas de gobierno y políticas públicas concretas. 

De ahí la importancia de que el sufragio se emita de forma informada y razonada. 

En la actualidad, están disponibles en internet herramientas como Conóceles o Voto Informado que brindan información confiable para que la ciudadanía conozca las propuestas y trayectorias de las candidaturas. 

En efecto, el voto ofrece beneficios, tanto para quienes se deciden por la opción mayoritaria, como para quienes lo hacen por otra alternativa. En ambos casos, el sentido del sufragio refleja preferencias políticas. Es la agregación de las mismas la que genera un
mandato nítido para quienes gobiernan. 

Al ejercer nuestros derechos políticos, las y los ciudadanos reflejamos el amor a nuestra nación, a nuestro estado, a nuestro municipio. El tiempo y esfuerzo que dedicamos para pensar las mejores propuestas de política pública irradia los anhelos por un mejor presente y un futuro más halagüeño. 

Es cierto. El voto va para celebrar que vivimos en democracia, pero también para garantizar un mejor futuro para las siguientes generaciones. Nuestras decisiones de hoy tendrán impacto en las personas del presente y del mañana. El esfuerzo vale la pena. 

Este 4 de junio, la ciudadanía mexiquense y la coahuilense tendrán en sus manos una nueva posibilidad de decidir el futuro de sus estados. En México el voto es libre y secreto. 

Hay que ejercerlo sin condicionamientos, amenazas o presiones.

Por Amalia Pulido

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México

En México, el arribo de los debates presidenciales ocurrió en paralelo a los años de la transición. Desde 1994, las elecciones los han tenido

Para las incipientes democracias latinoamericanas pasó casi inadvertido. En los años sesenta y setenta del siglo pasado hubo un cambio cualitativo en la comunicación política originado por la masificación de las comunicaciones en radio y televisión.

En ese contexto, el surgimiento de regímenes democráticos en la región –eso que se conoció como la tercera ola– encontró nuevas formas de hacer política. Los nuevos líderes tendrían un perfil distinto. Debían ser capaces de generar mensajes que cautivaran a determinados grupos, sin repeler a otros. Surgieron las y los asesores “de imagen” y la mediación de las difusoras, se volvió clave para los equipos de campaña.

Por el lado positivo, este fenómeno se tradujo en un mayor conocimiento sobre las candidaturas y sus propuestas. En el anverso, significó procesos de vaciamiento de la política que, en no pocas ocasiones, se tradujeron en que las candidaturas dejaban de comprometerse con propuestas concretas de política pública. Bastaba con difundir mensajes cautivadores en los spots televisivos.

Sin embargo, el surgimiento de los debates en EU y su generalización como tendencia mundial propició cambios profundos en la manera de hacer política. Las y los candidatos se vieron forzados a contrastar sus propuestas y a explicar cómo las realizarían.

Desarrollar la plataforma propia y desdibujar la de los contrincantes se volvió más importante para las audiencias y, por ende, para el electorado potencial.

En México, el arribo de los debates presidenciales ocurrió en paralelo a los años de la transición. Desde 1994, las elecciones han tenido –en forma ininterrumpida– ejercicios televisados de contraste entre las candidaturas. Por fortuna, en estas casi tres décadas, los debates han tenido una evolución positiva. Por un lado, caminando hacia su obligatoriedad y por el otro, volviéndose indispensables para elecciones subnacionales.

También han adquirido flexibilidad, para que las y los ciudadanos puedan beneficiarse de una mayor explicación de las ideas.

Es así que el Instituto Electoral del Estado de México cumple cabalmente con las obligaciones que la ley le señala, en el sentido de hacer obligatoriamente dos debates entre las candidatas. El comité en la materia determinó buscar el consenso para la toma de acuerdos, de manera que el formato de moderación, la locación, los temas y las personas designadas han sido –todas– acordadas por consejerías electorales y representantes de las candidaturas. Sus decisiones son públicas y están disponibles para la ciudadanía.

El próximo jueves 18 se llevará a cabo la segunda edición del debate. Nuevamente los temas serán producto de un sorteo, realizado a partir de las propuestas formuladas por la ciudadanía. En el IEEM valoramos que ambas candidatas a la gubernatura 2023 hayan expuesto sus propuestas durante la primera edición y estén comprometidas a hacerlo nuevamente en el segundo debate.

La suya es una enorme contribución para el voto informado y razonado en la elección más íntegra que jamás se haya visto en la entidad.

Por Amalia Pulido

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México