Comunicación
Social

Confrontar ideas y planes en torno a los asuntos públicos es el germen de la democracia en su noción más clásica. El ágora misma fue el lugar idóneo para llevar a cabo debates en la “polis”, en los que cada ciudadano, en su derecho a representarse, tomaba la palabra para emitir su postura. Era la persuasión y el convencimiento, nunca la fuerza, lo que decantaba la decisión final tras un debate.

Los debates han acompañado históricamente a la democracia contemporánea. Acalorados y dinámicos, son famosos los fuertes debates que se llevan a cabo en la Cámara de Representantes del Reino Unido. Más ordenados y pausados, también son ampliamente conocidos los debates que se realizan en el parlamento alemán. La constante en todo ello es el derecho a utilizar la palabra para contrastar, convencer, criticar o apoyar. La democracia habla y deja hablar: nunca calla al contrincante.

En nuestro país, este mecanismo de comunicación política se ha hecho parte de nuestra cultura democrática, a tal grado que hoy la legislación en la materia contempla la obligación de las autoridades electorales de organizarlos. Es el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), quien está facultado para realizar debates con el objetivo de que las candidaturas expongan y confronten entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un esquema donde se privilegie la libertad de expresión y de argumentación en un marco de respeto y civilidad.

Para el proceso electoral en curso, los integrantes del Comité Especial para la Organización de Debates del IEEM y las representaciones de las candidatas a la Gubernatura de nuestro estado, nos reunimos para definir los detalles en torno a los dos debates obligatorios que marca el artículo 73 del Código Electoral del Estado de México. En ese sentido, se acordó llevar a cabo los debates el próximo 20 de abril y 18 de mayo, con una duración de 60 minutos cada uno. El primer debate será moderado por la periodista Ana Paula Ordorica, mientras que la locutora y comunicadora Pamela Cerdeira moderará el segundo. La sede para ambos debates será la Sala del Consejo General del IEEM.

Debe destacarse que, en esta ocasión, la ciudadanía mexiquense ha sido parte fundamental para el contenido de los debates, pues a partir de su participación en las redes sociales y a través del portal del IEEM, se seleccionaron los temas que más llamaron su atención. Asimismo, las y los ciudadanos enviaron más de 600 preguntas sobre dichos temas, lo cual representa una clara muestra del interés ciudadano en este ejercicio. De acuerdo con los resultados del sorteo realizado este lunes 17 de abril, los temas que se plantearán durante el primer debate serán: violencia de género, combate a la corrupción, servicios públicos, así como cultura y recreación.

Los debates organizados por el IEEM buscan ser un ejercicio que acerque a la ciudadanía, candidaturas y partidos políticos a través del diálogo. Por ello, desde el IEEM, invitamos a toda la ciudadanía a que siga los #JuevesDeDebate por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos este próximo 20 de abril.

Nuevamente las mujeres de todo el mundo se hicieron presentes en las calles el pasado #8M para elevar sus demandas y exigir respuestas a sus autoridades. Como pocos movimientos sociales, a nivel internacional el feminismo ha logrado colocarse en el centro del debate público, replanteando muchos de los pilares sobre los que descansaba nuestra sociedad. Con inteligencia y sensibilidad, pero también con hartazgo y agudeza, el discurso feminista ha reposicionado el papel de las mujeres que han sido víctimas de las violencias machistas, para no limitarlas a ser objetos de protección del Estado, sino sujetas activas en el ejercicio de sus derechos y protagonistas del cambio social que estamos experimentando.

No son menores los avances los que en el terreno discursivo y legal se han ganado en beneficio de todas nosotras, en aras de moldear una nueva realidad que también contemple nuestras necesidades, aspiraciones, capacidades, exigencias y deudas históricas. La relevancia de reconocer nuestras conquistas radica, sobre todo, en afirmar(nos) que otro mundo es posible, que si esas transformaciones han iniciado, no existen argumentos culturales, políticos o económicos que puedan detener la agenda por la justicia, la paridad y la equidad.

Sin embargo, también es fundamental subrayar que persiste una brecha significativa entre nuestro andamiaje legal y nuestra realidad institucional. La perspectiva de género debe abrazarse y difundirse más ampliamente a la hora de diseñar políticas públicas, asignar presupuestos, estudiar casos, emitir sentencias o aprobar leyes. Más aún, deben ser cada vez más las mujeres las que se encarguen directamente de realizar estas tareas de Estado.

Un ejemplo de lo anterior, digno de reconocerse, ha sido la llamada "Ley Monzón", impulsada por mujeres, aprobada recientemente por el Congreso del Estado de Puebla y que entró en vigor precisamente el 8 de marzo pasado. La legislación surge del lamentable asesinato de la abogada Cecilia Monzón, en donde el principal sospechoso, de acuerdo con las autoridades, es su ex pareja. En ese sentido, la legislación plantea suspender la patria potestad a los individuos que están vinculados a proceso por feminicidio o intento de feminicidio; colocando así el interés superior del menor por encima de la presunción de inocencia. Aunque puede ser impugnada, la reforma sienta un precedente no sólo en el sentido de elevar las sanciones contra los presuntos feminicidas, sino de replantear por completo su derecho a ejercer la patria potestad.

No obstante, toca ahora dar sentido y vigor a la norma, acatándola y haciéndola cumplir. La rendición de cuentas en el Poder Judicial local, la transparencia y la labor de los medios serán herramientas vitales para vigilar su correcto cumplimiento. Es labor de todas que estos elementos estén presentes en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Solamente de esa manera podremos pasar de un país de leyes a otro de realidades. 

Fue una votación tan histórica como sorpresiva la que eligió a Norma Piña Hernández como Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de generar amplias expectativas, su llegada al frente del Máximo Tribunal ha logrado deshacer algunos clichés sexistas y fracturar esquemas tradicionales que todavía son defendidos por algun sector de la cofradía jurista. Sin ser la favorita, supo ganarse la confianza de sus pares y proyectar un liderazgo transformador que corresponda a las ideas de empatía e inclusión.

Bastante lejos de la improvisación, la Ministra Piña Hernández no es una sorpresa, sabemos cómo piensa por la consistencia de sus argumentos y votos. Tiene fama de estricta y, al margen de la polémica, ha sido congruente en sus decisiones. Exhibe ser garante de la Constitución y considera urgente la defensa de la independencia judicial. Votó a favor de declarar la inconstitucionalidad de diversas disposiciones que criminalizan el aborto y no acompaña la prisión preventiva oficiosa.

Reticente a los reflectores, ofrece un nuevo rostro al Poder Judicial. Concibe que existe una forma diferente de entender el poder y tiene idea del liderazgo diferenciado, ese donde las mujeres y el género condicionan la manera de comprenderlo y ejercerlo. Conoce la importancia de introducir matices cooperativos y nuevas formas de comunicación. Si el género tiene alcance en la realidad, tener más mujeres en el poder podría denotar implicaciones importantes para el diseño de políticas y, en definitiva, su desarrollo.

En un país con inmensa deuda de justicia hacia las mujeres, su arribo a la presidencia de la Corte es histórico por diferentes razones. Norma Piña representa la meritocracia, pues es funcionaria de carrera y conoce de primera mano los retos, carencias y riesgos que viven día a día las y los juzgadores de todo el país. Pero también, tendrá la oportunidad de seguir impulsando la agenda de género en el Poder Judicial, con la incorporación de más mujeres en los órganos judiciales y en los espacios de toma de decisiones. Es fundamental insistir en la perspectiva de género, desde la atención a las víctimas y el establecimiento de medidas cautelares, hasta las sentencias y su jurisprudencia.

Frente a un contexto donde se cuestiona la objetividad del Poder Judicial, la presidencia de la ministra Piña Hernández enfrenta enormes desafíos. No está ahí para complacer a los otros poderes, sino para ejercer el que le corresponde. Su gestión no parece asociarse a un proyecto de fidelidad o abnegación a otros poderes, sino de convicción y autonomía. Defender la integridad de la Corte es particularmente significativo y refrendar la confianza ciudadana es fundamental. Toca a la presidenta definir la agenda judicial y recuperar el ritmo de un tribunal que entró al juego político, difiriendo la discusión de temas con enorme significado social y económico.

Todo tiene un entorno y entenderlo nos acerca a la realidad. Las mujeres que acceden al poder político de alto nivel reúnen un perfil donde la variable sexo es central, pero no única. Liderazgo y género es una relación que permite debatir si existe un estilo femenino de hacer política. De cualquier manera, la llegada de la Ministra Piña Hernández a la presidencia de la Corte ofrece un nuevo modo de dirigirla. En ella está la posibilidad de cambiarle el rostro para siempre.

Como sabemos, el año que entra se convertirá en muchos aspectos en la antesala de las elecciones generales que tendrán lugar en 2024. Y es que durante 2023 se llevarán a cabo comicios locales en tres entidades federativas. En Tamaulipas, el 19 de febrero próximo se celebrará la Jornada Electoral Extraordinaria para la elección de una senaduría. En el caso de Coahuila, se elegirá al nuevo titular de la Gubernatura, así como a las y los diputados del Congreso local. Y en el Estado de México, realizaremos las elecciones para elegir al nuevo titular del Poder Ejecutivo local.

Pero más allá del pulso político que la opinión pública y analistas suelen derivar de los comicios de 2023, este año también será sumamente importante para conocer el desempeño de las autoridades electorales, especialmente ante los cambios legales que se anticipan en materia político-electoral. En este contexto, uno de los puntos que me parece especialmente relevante de dar seguimiento es el que se refiere al programa piloto de voto anticipado que se implementará en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México; mismo que da continuidad al que el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó con motivo de las elecciones locales de Aguascalientes en el Proceso Electoral Local 2021-2022 y en las que se instrumentó, entre otros elementos, la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado en Territorio Nacional.

¿A qué responde y en qué consiste la instrumentación del voto anticipado? Por principio de cuentas, cabe señalar que el voto anticipado no es una anomalía a nivel internacional. De acuerdo con el “Análisis sobre las formas de votación anticipada en el mundo y de los mecanismos para instrumentar el voto anticipado en grupos poblacionales con calidad específica en México” realizado por el INE, esta forma de emitir el sufragio existe en al menos 74 países del mundo: 15 en Europa, 18 en Asia, 9 en Oceanía, 18 en África y 14 en nuestro continente. Asimismo, entre los diferentes mecanismos por medio de los cuales se suele emitir el voto anticipado encontramos el voto postal, la urna móvil, el voto por internet o la votación anticipada en oficinas o centros de votación especiales.

El voto anticipado representa, sobre todo, una herramienta útil para avanzar en el objetivo de ser cada vez más incluyentes y garantizar que toda la ciudadanía, sin importar su condición, pueda ejercer su derecho al voto. En otras palabras, este tipo de voto se entiende como la aplicación de medidas de inclusión y nivelación para que grupos de personas en situación de vulnerabilidad puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. De esta manera, el voto anticipado se suma a otras modalidades de votación que ya hemos realizado con éxito, como el voto de los mexicanos en el extranjero, el voto por urna electrónica o el voto en centros hospitalarios.

En este ocasión, de conformidad con el Acuerdo INE/CG823/2022, el ejercicio de voto anticipado está dirigido a la ciudadanía de las entidades de Coahuila de Zaragoza y México, que entre 2018 y 2022 se apegaron a lo establecido en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, debido a que se encontraban impedidos o limitados físicamente para acudir a algún módulo de votación. Así, miles de ciudadanas y ciudadanos con alguna discapacidad podrán ejercer su derecho al voto, al igual de las personas que se encuentran privadas de su libertad, pero que no han recibido sentencia y que, por tanto, no se pueden considerar responsables de algún delito.

Sin lugar a dudas, con estas medidas, las autoridades electorales avanzamos en materia de inclusión y progresividad de los Derechos Humanos. Es por ello que 2023 puede convertirse en uno de los procesos electorales más incluyentes de nuestra historia, pues los recursos humanos, financieros e institucionales del INE se dirigen a garantizar que toda ciudadana y ciudadano pueda participar en la vida política de su comunidad.

Mucho se ha comentado sobre las recientes elecciones presidenciales en Brasil, en las que Luis Inácio Lula da Silva resultó victorioso con menos de 2 puntos porcentuales sobre su adversario, Jair Bolsonaro (50.9% vs. 49.1%). Entre las diversas lecturas que nos ofrece el proceso electoral brasileño de este año, destaco aquella que pone el énfasis en la importancia de contar con un sistema electoral fuerte y eficiente para salvaguardar la normalidad democrática. Y es que, como observamos, los resultados electorales tan estrechos, aunado al discurso polarizante de Bolsonaro y sus seguidores, colocó en entredicho la capacidad del sistema político brasileño para realizar un traspaso pacífico y constitucional del poder. Lo cierto es que la reciente reunión del vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, con colaboradores de Bolsonaro para comenzar la transición, disipó los fantasmas de un supuesto golpe de Estado.

¿Cómo es posible que, ante un empate técnico, la sociedad brasileña haya respetado los resultados electorales sin consecuencias mayores? Debemos celebrar que la continuidad democrática se haya impuesto en la mayor democracia de nuestro hemisferio. Atestiguar un golpe de Estado o protestas violentas hubiera sido no solo una regresión democrática sino una auténtica tragedia. No obstante, allí radica la virtud del sistema político de Brasil: pese al talante de Bolsonaro y al movimiento que lidera, los cauces institucionales lograron contener el descontento de la derrota.

Al respecto, uno de los elementos que más ha destacado de estos comicios es la celeridad con la que las autoridades dieron a conocer los resultados. La eficacia y rapidez de los resultados electorales, obedece principalmente al uso de las urnas electrónicas para emitir y procesar el voto, mismas que han sido utilizadas desde el año 1996. Es decir que en Brasil el uso de las tecnologías de la información para el procesamiento de los datos emitidos por la ciudadanía no es para nada novedoso: su uso y legitimidad es determinante en los procesos electorales.

Pero no podemos perder de vista el contexto en el que se inserta la celeridad como factor de legitimidad de las elecciones. Sería inexacto atribuir el éxito del sistema electoral brasileño únicamente al uso de urnas electrónicas. Junto a este elemento, debemos destacar el rol que asumió el Tribunal Superior Electoral de Brasil, máxima autoridad en la materia, en la organización, fiscalización y realización de las elecciones presidenciales, a pesar de los constantes ataques y señalamientos que Jair Bolsonaro profirió contra sus integrantes.

Por señalar solo un ejemplo, el Tribunal Superior Electoral de Brasil instrumentó el “Programa Permanente de Lucha contra la Desinformación”, cuyo fin es combatir y reducir los efectos nocivos de la desinformación relacionada con la Justicia Electoral, sus integrantes, instituciones y elementos del proceso electoral. Lo anterior con el objetivo de que se salvaguarde la integridad, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

Desde luego este tipo de estrategias, así como la celebrada capacidad tecnológica y logística del sistema electoral brasileño, solo es posible si a las autoridades electorales se les dota de certidumbre jurídica, autonomía política, robustez presupuestal y respeto desde los distintos ámbitos del poder. No perdamos de vista que una autoridad electoral sólida y respetada es la mejor aliada de las fuerzas democráticas, sin importar su signo partidista.