Comunicación
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Buena parte de la atención se concentrará en los próximos meses en el proceso electoral 2023-2024. La renovación de nuestras autoridades se trata, sin duda, de un elemento cardinal de nuestra vida pública. No obstante, un régimen democrático no solo se define periódicamente durante la celebración de comicios, sino que se trata de una construcción permanente, que exige un trabajo coordinado de todas las instituciones y de una cultura que permee en todos los estratos y miembros de la sociedad. Las labores de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) parte de esta base.

En ese sentido, el pasado 1º de septiembre iniciamos en nuestro estado la Consulta Infantil y Juvenil 2023 (CIJ2023). Este ejercicio de consulta atiende a la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes. De manera puntual, la CIJ2023 se concibe como el medio para que las niñas, niños y adolescentes expresen sus preferencias y anhelos sobre las acciones, vías de atención y estrategias de difusión necesarias hacia ellos mismos, susceptibles de ser adoptadas por las instituciones públicas del Estado de México e incorporadas en sus programas de actividades.

En nuestro estado se habían realizado ejercicios similares en 1999 y 2017. Además de retomar estos ejercicios, la CIJ2023 buscará consolidar este mecanismo e incluir, como nunca antes, la participación de niñas, niños y adolescentes de origen mexiquense residentes en el extranjero y de forma exploratoria a menores residentes en centros penitenciarios y casas de cuidado. Lo anterior busca conocer y visibilizar los anhelos provenientes de distintas realidades sociales que pueden enriquecer la visión sobre la infancia y adolescencia frente al espacio público.

Esta consulta se llevará a cabo del 1ª de septiembre al 30 de noviembre de 2023 a través de diversas modalidades. De manera presencial, el IEEM instalará módulos itinerantes en todos los municipios del Estado de México, provistos de una urna y boletas con preguntas para tres diferentes rangos de edad, a saber de 6 a 9 años, 10 a 13 y 14 a 17 años, con instrucciones precisas para su llenado. De manera digital, la ciudadanía puede consultar la CIJ2023 en la página web y redes sociales del IEEM, a través de Códigos QR que aparecerán en spots televisivos y propaganda impresa, así como en la app de la CIJ2023.

Las preguntas contenidas en las boletas fueron elaboradas por especialistas e instancias de atención a las infancias y adolescencias del Estado de México y versan, entre otras cuestiones, sobre opiniones y acciones referentes a los entornos escolares, espacios públicos, entornos sociales y autoridades de gobierno. La meta es alcanzar la participación de 500 mil niñas, niños y adolescentes.

La premisa de la CIJ2023 es que debemos consultar la opinión, percepción y experiencias de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no darlos por sentados de manera previa y, especialmente, a costa de ellos. No solo se trata de una nueva metodología, sino de un nuevo enfoque: uno más democrático, plural, incluyente y participativo, propio de la sociedad que anhelamos construir. Reitero la invitación a la ciudadanía a consultar los detalles y a participar en este ejercicio a través del sitio https://www.ieem.org.mx/consultaIJ2023/

Uno de los principales logros de la agenda feminista ha sido colocar en la discusión pública la necesidad de diseñar políticas públicas con enfoque de género. No se trata simplemente de una concesión progresista o de un ánimo incluyente. Además de estas consideraciones, la perspectiva de género va más allá, pues permite a las autoridades y organizaciones de la sociedad civil diagnosticar de manera más precisa los problemas públicos y atenderlos con mayor eficacia.

Este es el caso de los asuntos demográficos, los cuales, por cierto, impactan a su vez en múltiples rubros de nuestra sociedad como la distribución del ingreso, las políticas de empleo, la movilidad social o la participación política. Al respecto, es importante comentar que recientemente se presentó en nuestro país el “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023”, en el marco de las Conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población.

El documento consigna un dato sumamente relevante: de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en noviembre de 2022 la población mundial rebasó la cifra de los 8 mil millones de habitantes. Además de la radiografía de la población mundial, lo que se destaca de este documento es su aplicación del enfoque de género para la interpretación de fenómenos complejos. Lo anterior debido a que el informe subraya la necesidad de abandonar enfoques demográficos vetustos, poco funcionales y contrarios a los derechos humanos.

Sus autores afirman que ningún sector poblacional debe ser visto como un ente objetivo, a merced de las decisiones tomadas desde el poder con el fin de controlarlo, segregarlo o manipularlo. Antes al contrario, cualquier segmento poblacional debe verse como un sujeto colectivo, con dinámicas propias, y sobre todo con derechos que debe ejercer.

Atendiendo a ello, un Estado democrático debe replantearse la manera en que son diseñadas, implementadas y evaluadas las decisiones en materia de política demográfica. No se trata de controlar a una población —sean jóvenes, adultos mayores o mujeres— y sus expectativas de vida, sino de garantizar el ejercicio de sus derechos, proporcionando información, sentido de responsabilidad y el acompañamiento institucional a sus decisiones.

Uno de los mejores ejemplos de este enfoque de género está relacionado con la necesidad de garantizar que las mujeres ejerzan su libertad sexual y decidan sobre sus cuerpos. El informe advierte, por ejemplo, que en 68 países alrededor del 44% de las mujeres con pareja no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, actividad sexual o uso de anticonceptivos. Esto demuestra que ningún control patriarcal sobre las mujeres debe ser fomentado como método para el control o incremento de la población. Otra evidencia de que cerrar brechas de género impacta positivamente radica en la relación entre productividad y demografía. En países donde la población ha envejecido y la productividad laboral declina, el método más eficaz no es elevar las tasas de fecundidad sino integrar a más mujeres a la fuerza de trabajo y a la economía formal. En sentido opuesto, en lugares donde existe fecundidad elevada y sobrepoblación, el mejor mecanismo no es una política de natalidad coercitiva, sino la educación, el empoderamiento de la mujer y ofrecer mejores horizontes de desarrollo personal.

Es importante conocer este tipo de análisis no solo para diseñar nuevas políticas, sino para reflexionar nuestros espacios públicos y, con ello, nuestros procesos democráticos.

Hace un par de semanas se dio a conocer en nuestro país el “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023”, en el marco de las Conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Se trata de un documento tan ambicioso como interesante, que además de estadísticas demográficas, toca temas de actualidad para la sociedad contemporánea como la fertilidad, los derechos reproductivos, el panorama de la juventud, la migración o la llamada “resiliencia demográfica”.

De esta manera, el informe da cuenta que en noviembre de 2022, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la población mundial rebasó la barrera de los 8 mil millones de habitantes. De manera paradójica, mientras algunos sectores consideraron la cifra como una cantidad muy elevada, otros manifestaron su preocupación por la “despoblación” y baja natalidad en algunas regiones. Pero más allá de las explicaciones que podemos encontrar en este reporte demográfico, me interesa llamar la atención sobre algunas conclusiones que debemos tomar en cuenta en nuestro debate público y en el diseño de los programas y políticas públicas de las instituciones.

La primera de ellas es la necesidad de abandonar enfoques arcaicos, que demostraron ser poco útiles, además de antidemocráticos y violadores de los derechos humanos. La población no debe ser vista como un ente objetivo, que se encuentra a merced de las decisiones tomadas desde el poder con el fin de controlarla, segregarla o manipularla como si se tratara de un objeto en un laboratorio. Antes al contrario, la población o cualquier segmento de ésta debe verse como un sujeto colectivo, con vida y dinámica propia, en constante evolución y, sobre todo, con derechos que debe ejercer.

Señalar lo anterior puede parecer un tanto obvio. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado que la juventud, las personas adultas mayores, las mujeres o las adolescentes son tratadas, discursivamente, como un ente pasivo, sujeto a las recomendaciones de las autoridades? Ciertamente las decisiones sobre la población serán siempre comunes a la función estatal. No obstante, lo que se debate es la manera en que son diseñadas, implementadas y evaluadas tales decisiones. No se trata de “controlar” a una población y sus expectativas de vida, sino de garantizar el ejercicio de sus derechos, proporcionando información, sentido de responsabilidad y el acompañamiento institucional a sus decisiones.

Uno de los mejores ejemplos de este nuevo enfoque tiene que ver con la necesidad de garantizar que las mujeres ejerzan su libertad sexual y sobre sus cuerpos. Este reporte advierte, por ejemplo, que en 68 países alrededor del 44% de las mujeres con pareja todavía no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, su actividad sexual o el uso de anticonceptivos. Además de alarmante, esta información demuestra que ningún control patriarcal sobre las mujeres debe ser fomentado como método para el control o incremento de la población.

Otra evidencia de que cerrar brechas de género impacta positivamente se evidencia respecto a relación entre productividad y demografía. En países donde la población ha envejecido y la productividad laboral ocasiona preocupaciones, el método más eficaz no es elevar las tasas de fecundidad sino integrar a más mujeres a la fuerza de trabajo y a la economía formal. Asimismo, en lugares donde existe fecundidad elevada y sobrepoblación, el mejor mecanismo no son las políticas de natalidad coercitivas, sino la educación, el empoderamiento de la mujer y garantizarle mejores horizontes de desarrollo personal. 

Es importante conocer este tipo de reportes no solo para diseñar nuevas políticas, sino para reflexionar nuestros espacios públicos y, con ello, nuestros procesos democráticos.

El reporte puede consultarse en español en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/swop23/SWOP2023-SPANISH-230403-web.pdf

El pasado 4 de junio, la ciudadanía mexiquense fue partícipe de una jornada electoral ejemplar e histórica. Como ya se ha mencionado, por primera vez la entidad federativa más poblada de nuestro país será gobernada por una mujer. Gracias a las urnas y a nuestro sólido sistema electoral, la elección de una candidata de oposición se realizó de manera cívica, pacífica y legítima. Todo lo cual abona a la consolidación democrática que tanto anhelamos en nuestro estado y en el país.

Como lo señalé durante la sesión de seguimiento a la Jornada Electoral, la incertidumbre democrática siempre es sana previo a la celebración de los comicios, pues es indicador de que cualquier candidatura tiene posibilidades reales de alzarse con el triunfo y, sobre todo, de que es la ciudadanía quien, con su voto, decide en última instancia al ganador o ganadora. No obstante, a partir de que el primer voto es efectuado, la incertidumbre democrática debe convertirse en certeza legal sobre cada una de las papeletas depositadas en las urnas. Su valor jurídico, su resguardo y su conteo preciso son los elementos básicos del proceso electoral.

Una herramienta fundamental para alcanzar este nivel de certeza electoral es, sin duda alguna, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Aunque su carácter es meramente informativo y no deriva en resultados vinculatorios, su rigor técnico, sus procesos vigilados y su máxima transparencia lo convierten en un elemento que brinda seguridad sobre la evolución de los comicios y, con ello, evita escenarios de incertidumbre que nos regresarían a épocas de opacidad, poca legitimidad y dudas razonables sobre el comportamiento de las autoridades electorales.

En el proceso electoral 2023, el PREP del Instituto Electoral del Estado de México estuvo a la altura de lo esperado por la ciudadanía mexiquense. En ese sentido, debe reconocerse el trabajo de las 365 personas responsables de la ejecución del PREP, tanto en las Juntas Distritales como los dos centros de captura y verificación, así como en los 45 centros de acopio y transmisión de datos. Con su labor, cada una de las Actas de Escrutinio y Cómputo fue digitalizada, capturada, verificada y transmitida para su publicación en el sistema PREP. Lo anterior permitió que el público, dentro y fuera de nuestro estado, y dentro y fuera de nuestro país, pudiera dar puntual seguimiento a los resultados preliminares de manera casi inmediata. Cabe mencionar que, después de México, la mayor parte de las consultas al sitio del PREP en línea provinieron de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, Canadá y Colombia. Asimismo, además de la ciudadanía mexiquense, se registraron consultas al PREP principalmente de la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Coahuila.

Desde luego, el correcto funcionamiento del PREP fue resultado de esfuerzos institucionales encabezados por la Comisión Especial para la Atención del PREP, por las y los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, por el personal del Instituto Nacional Electoral, y por los especialistas del Ente Auditor, a saber, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. Sin su profesionalismo, planeación oportuna y

compromiso democrático, el proceso electoral de este año no hubiera alcanzado la legitimidad que hoy goza.

Una vez más, las autoridades electorales locales demuestran su razón de ser y su papel estratégico en la construcción de la democracia y en la preservación de la paz social.

El próximo domingo 4 de junio, 12 millones 676 mil 295 mexiquenses acudirán a las urnas a elegir a la próxima titular del ejecutivo del Estado de México. Con el fin de ganar una elección los partidos políticos han conformado coaliciones, la ley electoral ha contemplado este tipo de figura desde la Ley Federal Electoral de 1946, mediante la cual los partidos políticos podían conformar una coalición. Décadas más tarde, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 reconoció, por un lado, las coaliciones y, por otro, las candidaturas comunes.

En la actualidad, la coalición electoral implica que los partidos políticos establecen un convenio de coalición con miras a ofrecer una plataforma electoral conjunta con el fin de apoyar una candidatura específica. Por su parte, la candidatura común es entendida como el acuerdo donde, sin mediar coalición ni plantear compromisos políticos posteriores, dos o más partidos apoyan a una misma candidatura con la aprobación de sus respectivas dirigencias.

La normatividad vigente señala en el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos que para fines electorales los partidos políticos podrán formar coaliciones, al tiempo de disponer que las entidades federativas podrán establecer en sus Constituciones “otras formas de participación o asociación de los Partidos Políticos con el fin de postular candidaturas”. La Constitución Política local, así como el Código Electoral del Estado de México, mencionan que los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas por sí mismos, por coalición o en candidatura común.

Además de establecer la manera de participar, la normatividad electoral describe el procedimiento para el diseño y aprobación de los formatos únicos de las boletas electorales, las cuales son revisadas y validadas por el Instituto Nacional Electoral. La propia Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 87, numeral 12, hace referencia a que “independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral”.

De esta manera, el diseño de las boletas electorales que se utilizará en el actual proceso electoral, en el que elegiremos a la primera Gobernadora del Estado de México, se encuentra determinado por la ley, es decir, los emblemas de la coalición “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO” conformada por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza Estado de México, tendrán cada uno su emblema representado en la boleta.

Por su parte, nuestro Código Electoral, en sus artículos 77 y 81 señala que, en el caso de la candidatura común, el emblema conjunto de los partidos que la conforman deberá aparecer en un mismo espacio de la boleta electoral, por ello, la candidatura común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO” conformada por los partidos MORENA, Verde Ecologista de México y del Trabajo, aparecerán en la boleta en un solo recuadro.

Difundir estas particularidades legales, permite a la ciudadanía emitir un voto informado, además de abonar a la certeza en la organización de la elección, pues detrás de una boleta electoral, hay un esfuerzo institucional apegado a la legalidad, bajo procedimientos supervisados en todo momento por los partidos políticos.