El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) conforma uno de los cuatro órganos del poder público del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene igual jerarquía constitucional que los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuenta con autonomía funcional y es independiente con respecto a los otros órganos del Estado; su función esencial es garantizar el ejercicio de la Democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia, basada en las democracias directa y participativa, representativa y comunitaria.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el máximo nivel de autoridad del OEP, sus decisiones son obligatorias, inapelables e irreversibles, salvo en asuntos que le corresponden al ámbito de jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Las elecciones presidenciales de Bolivia fueron programadas originalmente para el tres de mayo y, por causa de la pandemia de COVID-19, se han aplazado dos veces, primero para el 17 de mayo y la segunda ocasión al seis de septiembre próximo.
El 23 de julio de 2020, el TSE emitió un nuevo pronunciamiento en el que comunicó la decisión para fijar la fecha de la jornada de la votación de los comicios generales para el domingo 18 de octubre, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre, y con la posesión de las autoridades electas en diciembre próximo, detallando las circunstancias y factores que se consideraron para tomar la determinación.
El origen de esta situación es la anulación de las elecciones que se celebraron el 20 de octubre de 2019, en las que la irregularidades detectadas impidieron declararlas válidas; lo que devino en una crisis política y social de alta tensión y polarización, en tal sentido los factores de conflicto no han desaparecido y continúan amenazando con afectar el tejido social, por dicha causa se buscó un espacio de dialogo para que las distintas fuerzas contrastaran sus posiciones, sus discrepancias y llegaran a un acuerdo para la celebración de comicios generales en el presente año.
Un factor imperativo político y jurídico que fungió como uno de los ejes para fijar la nueva fecha de los comicios, es el mandato constitucional que fijó los parámetros de la transición política y constitucional de Bolivia, al señalar que las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben asumir sus cargos en 2020.
El segundo factor es de carácter científico, al considerarse las variables de la evolución de la pandemia. En tal sentido, el TSE valoró la mayor cantidad de estudios y previsiones, nacionales e internacionales, sin soslayar los márgenes de incertidumbre, e identificó el consenso de que el pico de contagios y muertes se ubicará en algún momento de fines de julio y los primeros días de septiembre, siendo una etapa cercana el seis de septiembre, y concluyó con la recomendación de organizar la elección en la fase descendente de la pandemia para minimizar riesgos de salud entre la población.
El TSE considera que con la nueva fecha se crean mejores condiciones para proteger la salud de las personas, para facilitar la votación en el exterior, así como favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones, y con ello dar cumplimiento a la exigencia democrática básica de que los Estados necesitan contar con autoridades legítimas, con un mandato ciudadano que surja únicamente de las urnas.
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