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La migración de personas es parte de la historia del desarrollo de la humanidad, ya sea que detrás de esta haya motivaciones políticas, económicas, ambientales o sociales; la migración ha sido determinante para forjar sociedades. Esto de ninguna manera ha significado el rompimiento de lazos con los lugares de origen, una persona desplazada, generalmente, mantiene vivos los recuerdos, la nostalgia, su cultura y la añoranza con sus lugares de procedencia. Este contexto es lo que también ha dado paso a que los migrantes busquen organizarse, para reconocerse o fortalecer sus comunidades de acogida. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tiene registrada más de 100 organizaciones de migrantes que trabajan a favor del ejercicio de los Derechos Humanos de la población migrante, familias y comunidades.

El avance y el desarrollo de la democracia moderna exige garantizar los derechos de los migrantes como ciudadanía activa en otras latitudes. En México, desde la última década del Siglo XX se registraron demandas de los migrantes para poder participar en la vida política del país, fue una lucha que empezó a ver sus frutos en la reforma al artículo 36 constitucional en 1996, y en 2005, se dio su armonización con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Lo anterior, dio paso a que, por primera vez la ciudadanía residente en el exterior participara en las elecciones presidenciales de 2006.

En el caso del Estado de México, el Instituto Electoral local ha sido promotor y garante desde hace tres elecciones —2017, 2023, y 2024—, de que los mexiquenses residentes en el exterior puedan ejercer el derecho humano al voto. En el reciente proceso electoral que culminó este año, votaron 14 mil 192 mexiquenses para la conformación de la legislatura estatal 2024-2027 y lo hicieron mediante el Voto Electrónico por Internet, vía Postal, y en modalidad presencial. En lo que se refiere a la elección para la Presidencia de la Republica el porcentaje de votantes mexiquenses fue de alrededor de 14% de un universo de 184 mil 326 votos provenientes del extranjero. Lo anterior, demostró que el voto de los mexiquenses en el exterior es un ejercicio fundamental para fortalecer la democracia, no sólo por la representatividad de la ciudadanía sino también porque simboliza el respeto a la dignidad y el reconocimiento a que su voz y voto tengan el mismo peso que la de aquellos que viven dentro de la entidad.

Nunca nadie ha dicho que ser migrante sea sencillo y más cuando —por la razón que sea— tienes que dejar tu país, por eso, en el marco de las festividades que pronto convocarán familias, quisiera cerrar subrayando que, la democracia es también ejercer nuestra ciudadanía para acercarnos a nuestros lugares, a comprometernos con la equidad, la pluralidad, la inclusión y permitiendo que los lazos culturales no se pierdan. A todas y todos, les deseo felices fiestas decembrinas.

Las instituciones electorales, como pilares fundamentales de la democracia, tienen un papel fundamental en garantizar la participación equitativa de la ciudadanía a la hora de ejercer su voto. En los últimos años, hemos sido testigos de un creciente interés en promover la inclusión, especialmente en lo que respecta a género, etnia, discapacidad y otros grupos históricamente marginados. De ahí que, cuando se habla de inclusión se debe tener claro que no es una declaración de buenas intenciones, sino un imperativo democrático que requiere de acciones concretas que tracen y consoliden su propia trayectoria en el tiempo.

En el reciente proceso electoral de 2024 —específicamente en la elección de Diputaciones a la Legislatura y Ayuntamientos— el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) promovieron acciones afirmativas para asegurar la participación efectiva de personas de grupos vulnerables y minoritarios. Esto abonó a la consolidación de la democracia, no sólo para visibilizar a las personas, sino para hacer valer lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual señaló que es una obligación del Estado mexicano implementar acciones afirmativas como medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas, dirigidas a la igualdad material.

Por tal motivo, en la elección de 2024 en el Estado de México, se efectuaron acciones para la inclusión en dos etapas: La primera, que corresponde a la preparación del proceso electoral; y la segunda, el día de la votación. En lo que corresponde a la primera etapa se incluyeron: la credencialización domiciliaria; credencialización de mexiquenses residentes en el extranjero; convocatoria para la integración de órganos desconcentrados; medidas para la accesibilidad de las personas con discapacidad en las casillas; inclusión de personas con discapacidad en el funcionariado de las Mesas Directivas de casilla; y la convocatoria inclusiva para la observación electoral.

El día de la votación se adoptaron medidas para garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad física o motriz, auditiva, visual, intelectual y mental (psicosocial). De lo anterior, destaca el uso de la Plantilla Braille en las urnas electorales para orientar a las personas con discapacidad visual en el depósito de su boleta en la urna correspondiente. Esto se complementó con la “base porta urnas”, material que sirvió para exhibirlas y apoyar a las personas con discapacidad, específicamente a la ciudadanía con dificultad motriz y gente de talla pequeña. Otros ejemplos, fueron la Mampara especial y el Sello X. La primera, tuvo como propósito facilitar el acceso a la casilla para que las personas con dificultad motriz y gente de talla pequeña —sin asistencia de alguna persona— pudieran emitir su voto. La segunda, permitió que las personas con discapacidad, adulta mayor o que se encontraban impedidas físicamente para marcar la boleta electoral, la utilizaran para imprimir una marca “X” sobre la opción de su preferencia.

Estas acciones para la inclusión no son un objetivo que se alcanza una vez, sino un camino que requiere de un compromiso constante. La participación ciudadana es esencial, la sociedad debe exigir a las instituciones electorales que cumplan con su tarea de garantizar la inclusión. Hemos avanzado, pero nos falta camino por recorrer, solo así podremos hablar de una democracia efectiva.

Hoy en día, la exigencia de miles de mujeres para eliminar la violencia de género no tendría el mismo impacto sin la labor de las incansables activistas del Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres —hoy Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres—, que en 1991 lanzaron la campaña “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas” con el objetivo de visibilizar las violencias. Asimismo, el gran impulso a nivel global de esta campaña se dio en 2008 a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la campaña ÚNETE con la cual se buscó incrementar la conciencia colectiva para la prevención contra la violencia hacia las mujeres. Es así que, cada año a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre todos como sociedad nos sumamos con el distintivo del color naranja, el cual representa un futuro brillante y optimista libre de violencia contra las mujeres y niñas.

Hay que reconocer que, algunos de los objetivos de la campaña se han logrado, por ejemplo, visibilizar la problemática a nivel global. Sin embargo, todavía la violencia contra las mujeres y las niñas persiste. Este año, en la conmemoración del día Internacional de la Mujer, la ONU informó que, en 2023, alrededor de 51, 100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. En el caso de América Latina y el Caribe, el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL en América Latina y el Caribe, se encuentran 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo. Las tasas más altas de feminicidios por cada 100,000 mujeres se registran en Honduras (4.6 casos), República Dominicana (2.7 casos), El Salvador (2.4 casos), Bolivia (1.8 casos), y Brasil (1.7 casos). A lo anterior, se suma la violencia política, psicológica, económica, digital y todo tipo de violencia que tiene un impacto en el presente y futuro de las mujeres y niñas, porque afectan las oportunidades de lograr el desarrollo de una vida plena.

Por eso, todo lo que se relacione con la campaña de #16Días de activismo abona a la visibilización, pero no basta con inundar las redes sociales de mensajes de solidaridad. Como ciudadanía y como personas debemos cuestionarnos ¿Hasta qué punto queremos llegar con nuestro compromiso? Requerimos, más allá del color naranja, persistir con las acciones concretas y sostenidas en todos los ámbitos de la sociedad. Porque si algo ha quedado claro, es que la violencia que viven las mujeres es un problema social que requiere de soluciones colectivas. Si la violencia contra las mujeres y las niñas es una terrible señal del fracaso que tenemos como sociedad; contrarrestarla, combatirla y prevenirla no solo es responsabilidad del Estado, es tarea, también, de las empresas, universidades, escuelas, familias y de cada uno de nosotros. La educación en igualdad desde la infancia, sin estereotipos, para poder construir ambientes seguros y libres de violencia.

Estas acciones son las que deben acompañar los #16Días de activismo, porque siempre es una oportunidad para reflexionar, generar pensamiento crítico sobre nuestros comportamientos —mujeres y hombres sin distinción— así como cuestionar al sistema y las estructuras que han facilitado la trayectoria de la violencia machista. Lo expuesto, también nos invita a señalar que estos #16Días de activismo contra la violencia de género no puede limitarse a unos pocos días al año, se tiene que mantener viva esa lucha continua para que la conciencia colectiva y el compromiso dure no sólo unas semanas, sino meses y todo el año. Cada día es una oportunidad para defender los derechos de las mujeres y niñas, para alzar la voz contra la violencia y para construir una sociedad, un estado, una nación y un país más seguro para todas y todos.

El proceso electoral y todas sus etapas establecidas por la normatividad electoral implican un esfuerzo logístico y operativo que pocos conocen, y donde la geografía electoral ocupa un papel determinante.  De acuerdo con Miguel Ángel Valverde Loya, “La geografía electoral abarca el estudio del comportamiento y los resultados electorales en un determinado espacio geográfico. Se refiere también a la interacción entre las características geográficas de un territorio y la conformación de los sistemas electorales, así como su influencia en la toma de decisiones políticas.”.

Derivado de la reforma de 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene, dentro de sus atribuciones, la geografía electoral utilizada en cada proceso de elección, y si bien es cierto, que el INE marca los tiempos y procedimientos para todos los estados, cada lugar enfrenta condiciones distintas. Por ejemplo, en el Estado de México el panorama se complejiza y se vuelve delicado porque no es lo mismo hablar de los 18 municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México que de los municipios del sur de la entidad, los cuales comparten la zona de Tierra Caliente con los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos, mismos que viven asolados por la violencia generada por los grupos delincuenciales.

Si bien el Instituto Electoral  del Estado de México (IEEM) ha consolidado, en coordinación con el INE, su capacidad de atender, adecuadamente, cada proceso electoral de acuerdo con la geografía electoral vigente, los retos en cada elección son aún mayores, máxime en un contexto como el del próximo proceso electoral 2027,  donde uno de los asuntos a resolver, será empatar la geografía judicial con la electoral, pues si bien el Estado de México tiene 18 distritos judiciales integrados en 4 regiones, la organización de la elección deberá construirse con base en la distritación electoral vigente.

En ese sentido, el IEEM, tal como lo ha hecho en los últimos procesos electorales, echará mano de herramientas informáticas propias que permitan, por un lado, facilitar y apoyar la operación de la elección y, por otro lado, que la ciudadanía, partidos políticos, asociaciones, etcétera, puedan acceder a información como: la ubicación de las casillas; datos de las modalidades de votación; y ubicación de Consejos Distritales y Municipales; todo de una manera sencilla.

Finalmente, en el 2024, la elección de diputaciones locales y ayuntamientos obtuvo una participación ciudadana que sobrepasó el 60% de la votación, mostrando que la ciudadanía está interesada en tomar en sus manos las riendas de su democracia, porque se ha demostrado que con la sinergia de instituciones electorales se puede aspirar a tomar mejores decisiones para el futuro político de la entidad. Por lo que, cualquier esfuerzo en material electoral, específicamente, en la cuestión geográfica debe estar dirigido a consolidar procesos de elección eficientes y accesibles.

La aprobación de la Reforma Judicial traerá consigo uno de los retos más importantes para los Organismos Públicos Electorales Locales: la organización de un proceso electoral inédito. De esto quedó constancia en el reciente Congreso Nacional Federalismo Judicial 2024, denominado: Los Poderes Judiciales locales de cara a la Reforma Judicial, en el que los diferentes expositores, describieron parte de los desafíos que el Estado de México, así como otras entidades del país, enfrentarán para la elección de jueces y magistrados.

Las representantes del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), las consejeras electorales Dra. Paula Melgarejo Salgado, la Mtra. Patricia Lozano Sanabria y la autora de esta columna, pusieron sobre la mesa, desde el ámbito técnico-normativo, algunos de los aspectos más relevantes que como Órgano Electoral enfrentaremos para la ejecución de la elección de jueces y magistrados, que busca democratizar la impartición de justicia en la sociedad mexiquense.

A lo anterior, se suma la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el Código Electoral del Estado de México, de la cual derivará, la definición y características de cada una las fases de este nuevo proceso de elección; así como la adaptación de los mecanismos de conteo, cómputo, resultados, medios de impugnación, entre otros. Cabe señalar, que cada elección en el Estado de México es un reto logístico mayúsculo por el tamaño de la lista nominal —12 millones 943 391 ciudadanos en 2024— distribuidos en sus 45 Distritos Electorales y 125 de municipios, una composición geográfica distinta a la de la geografía judicial.

Sin embargo, un escenario poco abordado es el impacto que tendrá la experiencia del votante en la elección extraordinaria de 2025 en la participación electoral del 2027, máxime, si se considera que ésta será el primer feedback del ejercicio realizado por la autoridad electoral nacional en 2025. Recordemos que, en las elecciones intermedias donde no existe concurrencia con una elección federal para elegir al titular del ejecutivo, generalmente la participación ciudadana es menor. Si bien es cierto, que no existe una interpretación científica aceptada que nos explique el complejo fenómeno del abstencionismo en México, sí se puede detectar la existencia de un importante número de factores coyunturales que otorgan una lógica al comportamiento pasivo, activo o reactivo del electorado para asistir a las urnas el día de la jornada electoral. Por lo que la buena o mala experiencia del votante, durante este nuevo proceso, puede ser uno más de estos factores.

Ante este panorama, el INE y el IEEM deben fomentar y fortalecer una ciudadanía para el bienestar colectivo, a través de los vínculos interinstitucionales con la academia, sociedad civil, sector privado, entre otros. Todo con la finalidad de que se tomen decisiones informadas y fortalezca la confianza en este nuevo proceso electoral. De no hacerlo, la elección de 2027 enfrentará desafíos que irán más allá, de la complejidad que ya representan aspectos como la geografía electoral, la funcionalidad de la documentación electoral, el escrutinio en casilla y el desarrollo de los cómputos que llevarán a cabo, cada uno de los órganos desconcentrados, etcétera. En ese sentido el Órgano Electoral tiene en sus manos una responsabilidad con la democracia y la República, pero sobre todo, con una ciudadanía expectante de la ejecución de este nuevo proceso de elección.