Comunicación
Social

Como ya sabemos, nuestro país se encuentra inmerso en el proceso electoral que se cree puede resultar el más complejo de la historia de México.

 

Ello se debe precisamente al número de cargos que se renovarán. Tan sólo en el Estado de México, elegiremos a 75 integrantes del Congreso local y 125 munícipes (datos a los que se deben sumar el número de personas que ocuparán las sindicaturas y regidurías de cada Ayuntamiento).

 

A pesar de las cifras que pueden resultar sorprendentes, también merece nuestra atención un tema que no resulta menor, y es el relativo a quiénes se encargarán de recibir y contar cada uno de los votos.

 

La respuesta es por todos conocida: la ciudadanía; pero siendo más precisos, lo harán nuestros vecinos.

 

Es de señalar que esta práctica no es exclusiva de nuestro país, pues se ha convertido en una regla en diversos países democráticos. El próximo 1 de julio de 2018, más de 100,000 mexiquenses mayores de 18 años, con gustos, preferencias, nivel socioeconómico, ideologías o pensamientos diversos, serán testigos, y podrán colaborar en este histórico quehacer democrático.

 

Se debe destacar que el procedimiento para elegir a quienes fungirán como integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, es totalmente al azar, lo cual refuerza el grado de seguridad, transparencia y tranquilidad de quienes ejerceremos nuestro sufragio.

 

Para poder coadyuvar en esta labor, el INE realiza dos sorteos para saber quiénes pueden ser nuestros funcionarios: el primero de ellos en el que se toman en cuenta a todas aquellas personas mayores de edad, que hayan nacido en dos determinados meses calendario (de acuerdo a la fecha de nacimiento), y en el segundo de ellos, se toma en cuenta una letra del alfabeto, y con base en ésta son sorteados los nombres de aquellas personas cuyo primer apellido comience con la mencionada letra.

 

Así, todas aquellas personas cuyo nombre resultó sorteado y que son capacitadas por la autoridad administrativa nacional (INE), tienen bajo su responsabilidad una de las funciones fundamentales dentro de estos procesos electorales, y en ocasiones no lo tenemos presente, la función de recibir y contar nuestros votos.

 

Como vemos, una de las etapas fundamentales en el desarrollo de los procesos comiciales es justamente el día de la jornada electoral, donde cada uno de nosotros debemos y podemos ejercer de forma libre nuestro derecho (acudir a las urnas a emitir nuestro voto).

 

Para ello, contaremos en estas Mesas Directivas de Casilla con nuestros vecinos, amigos, parientes y conocidos, quienes desde muy temprano, dejando a un lado el paseo familiar dominical, los partidos del Mundial de Futbol o el simple descanso, se convierten en testigos y copartícipes para recibir y contar bien, nuestros votos.

 

Así que debemos confiar en cada uno de ellas y ellos, y agradecer su colaboración, empeño, entrega y participación, en esta gran labor democrática que será histórica.

Domingo, 01 Septiembre 2019 16:32

Gobierno y justicia abierta

Desde hace algún tiempo hemos escuchado que se habla de gobierno y justicia abierta, pero ¿a qué se refiere? Permítanme platicar en esta ocasión sobre ellos.

 

Al gobierno abierto podemos entenderlo como un modelo de comunicación que pretende acercar a las personas al centro de las actividades que llevan a cabo los órganos o instituciones. Para lograr esto, elaboran planes y acciones que permiten dar a conocer las tareas que realizan para mejorar el acceso de los servicios; ser receptores de nuevas ideas para atender demandas públicas; entender las necesidades actuales de la sociedad. Todo lo anterior, para mejorar sus condiciones de vida gracias a su participación activa (las autoridades escuchan de primera mano las exigencias y necesidades).

 

Un gobierno con estas características permite apreciar a la democracia como una forma de gobierno efectiva, cuando la gente demanda mayores y mejores resultados.

 

Muchas veces cuando se habla de gobierno abierto, también se hace referencia a la justicia abierta; la cual podemos concebirla como una forma de comunicación que busca privilegiar la comprensión fácil y sencilla de las decisiones de los órganos jurisdiccionales (tribunales) para acercarse tanto a quienes acuden para resolver una controversia, así como para explicar y fundar sus razones o motivos que fueron plasmados en una resolución o sentencia a cualquier interesado.

 

Para lograr verdaderos gobiernos y justicia abierta, o cualquier forma de interacción, se deben cumplir al menos los siguientes principios fundamentales:

 

  • Como una obligación de las autoridades de exponer la información al público en general, con una visión de máxima publicidad; abrir los procesos de deliberación interna, y la información derivada de actos específicos pero de interés general (por ejemplo, la publicidad de los acuerdos de trámite, o en el caso del IEEM, información general de los procesos electorales), hasta el manejo de recursos públicos.

 

Otro aspecto importante es la facilidad de esta interacción, por lo que es necesario que las autoridades utilicen un lenguaje claro en sus oficios, determinaciones, resoluciones, entre otros.

 

  • Participación. Interés e involucramiento en el quehacer gubernamental. Permite que los interesados intervengan y exijan una verdadera rendición de cuentas; además de ofrecer mejoras, conocer necesidades que se desconocían, o no estaban claras o bien definidas.

 

  • Colaboración. Actuación que se realiza en coordinación entre instituciones y los ciudadanos, para acortar la brecha que los separa.

 

Cumplir con las funciones encomendadas –hoy en día- es tan importante como demostrar que sí se realizan y cómo se hacen. Por eso, las herramientas tecnológicas, incluyendo las redes sociales, han facilitado que las autoridades emitan mensajes de manera inmediata con un alcance mayor al de los medios ordinarios, y por otro lado, han propiciado que las personas puedan dialogar directamente con sus autoridades y representantes.

 

Diversas autoridades ocupan las redes sociales para difundir su trabajo, criterios jurisprudenciales, legales y administrativos, así como algunas etapas previas a la toma de decisiones.

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ser el medio para modernizar la forma de gobernar, impartir justicia pero siempre como una manera de facilitar una verdadera cercanía con la sociedad; mejorar el acceso a los servicios encomendados en cualquier área de gobierno (en cualquier orden o nivel).

 

El uso de estas tecnologías no sólo permite ahorrar tiempo en el manejo de la información y transparentar el quehacer cotidiano de las autoridades; acercarnos permanentemente a través de una interacción ágil, fácil, como si se estuviera cara a cara.

 

Así, socializar, difundir, y dar a conocer toda información de interés general ayudará a mejorar la relación de los entes gubernamentales con la sociedad, fortalecer la confianza, construir una ciudadanía exigente e informada, lo cual siempre abonará para consolidar nuestra democracia.

 

 

Hace poco más de seis décadas, el país fue testigo de un cambio de pensamiento, se transformó la vida de miles de mujeres en el país al prever en nuestra Constitución Federal que todos y todas -por igual- tendríamos el derecho a votar y ocupar los diversos cargos de elección popular.

 

Es en la década de los 50´s cuando –por primera vez- cientos de miles de personas acudieron a las urnas a emitir el sufragio y decidir a quiénes los representarían en distintos órdenes de gobierno.

 

Así, durante varios años estos esfuerzos empezaron a dar frutos, incluso, recordemos que, en las pasadas elecciones, miles de mujeres compitieron por algún cargo de elección popular en igualdad numérica con los hombres. Esto tuvo como resultado que un gran número de ellas hoy formen parte de la vida pública (destacando que en varios de estos poderes del estado están integrados de forma paritaria 50%-50%).

 

De esta manera, distintas voces, se han ido escuchando, de forma pacífica, ordenada, progresiva y en una sana convivencia, con un único fin.

 

Ejemplo de ello, también es lo ocurrido hace un par de días en el Senado de la República, al ser aprobada por unanimidad de votos una reforma Constitucional que permite el empoderamiento de las mujeres, toda vez que se dispone que todos los órdenes y niveles de gobierno se deben dar en condiciones de igualdad. Esto quiere decir que en todos ellos, sin distinción, deberán estar integrados en paridad. De ahí que, de culminar– el proceso legislativo que se establece para este tipo de reformas, en este mismo sentido, las mujeres podrán estar en la esfera pública tanto como los hombres.

 

Permítanme resaltar que estos acuerdos se lograron con el consenso de todas las fuerzas políticas, además del esfuerzo y aportaciones de todas y todos por igual, lo cual refleja una madurez como sociedad para generar las mismas oportunidades para todas y todos, sin ningún tipo de distinción.

 

Este tipo de reformas nos aquilata como grandes mexicanas y mexicanos y nos permite estar orgullosos, pero debemos entender que sólo es el comienzo hacia una verdadera igualdad (llamada por algunos como sustantiva). Para ello es necesario continuar con este esfuerzo; eliminar cualquier obstáculo que impida que sean escuchadas; romper y evitar cualquier tipo de discriminación; y jamás dar un paso atrás.

 

Si bien, estos pasos resultan trascendentes, también nos invitan a la reflexión, pues ahora tenemos un deber de hacer seguir empoderando a todas las mexicanas; no sólo aquellas que se desarrollan en la esfera pública.

 

Es momento de re-pensar y voltear a ver y escuchar aquellas mujeres que se encuentran en prisión, y que por este simple hecho son señaladas duramente por la sociedad; a las indígenas, muchas de ellas que sólo hablan su lengua materna, más no el español, lo cual dificulta su interacción en la vida cotidiana; las profesionistas, que buscan tener los mismos derechos laborales que sus compañeros de trabajo; entre miles más, con sus propias condiciones y particularidades.

 

En fin, hagamos conciencia de su situación y hagamos la diferencia; seamos un referente en la protección de los Derechos Humanos de cada una de las personas que vivimos en este país, demostremos que podemos trabajar, convivir y desarrollarnos de forma igualitaria, sin distinción alguna; pero sobre todo nunca olvidemos que:

 

¡NUNCA MÁS SIN NOSOTRAS, TODAS Y TODOS TENEMOS EL MISMO VALOR!

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos junto con diversas leyes garantizan la protección de los derechos fundamentales de las personas.

 

Pero, ¿cuáles son los derechos fundamentales?

 

Estos son inseparables y nos protegen a todas y todos (también conocidos como Derechos Humanos). Como referencia mencionaré algunos: el derecho a la vida, libertad, educación, salud, sexualidad, vivienda, trabajo, justicia, igualdad, de libre de tránsito, entre muchos otros.

 

Es decir, estos garantizan que podamos hacer cualquier cosa, siempre que no se encuentre estrictamente prohibido, o se afecte a alguien más.

 

Entre los derechos fundamentales encontramos dos tipos de derechos de suma importancia: derechos políticos y derechos políticos-electorales.

 

Con los primeros, las personas pueden interactuar con sus gobernantes, informarse y unirse con otras que tengan intereses comunes, dar su punto de vista, por ejemplo: derecho de petición, información, reunión, libertad de expresión y difusión de ideas.

 

Cada uno de estos derechos son únicos e importantes; así, el de petición es aquel que tenemos mujeres y hombres para solicitar o reclamar algo ante las autoridades correspondientes; por otro lado, el de información significa que la ciudadanía puede buscar, recibir o difundir información, opiniones o ideas, de manera oral o por escrito; por su parte, el de reunión, permite asociarse con cualquier finalidad u objetivo que sea pacífico y legal; y finalmente, la libertad de expresión y difusión de ideas es aquel que posibilita a cualquiera para pronunciarse sin ser molestado a causa de sus opiniones.

 

Ahora seguro se preguntarán ¿cuáles son los derechos político-electorales?

 

Como lo hemos platicado en otras publicaciones, se refieren a la facultad que tenemos como individuos para participar en la toma de decisiones de nuestro país -de forma directa o indirecta-, así como la libertad para organizarnos, unirnos y asociarnos en un fin común.

 

Los derechos a que me he referido están presentes y resultan fácil de identificar en la vida diaria, y son principalmente el derecho a votar y ser votado; asociarse individual y libremente para tomar parte en los asuntos políticos; formar y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; e integrar las autoridades electorales. Algunos de ellos se los contaré enseguida.

 

Partamos por decir que el derecho a votar es poder elegir de manera libre nuestros representantes populares a nivel federal -Presidencia de la República, Senadores y Diputados-, y a nivel local –Gubernaturas, Diputaciones y Presidencias Municipales-.

 

Por otro lado, el derecho a ser votado implica el derecho a ser candidato por un partido político o de manera independiente, y posteriormente, ocupar un cargo de elección popular.

 

Asociarse individual y libremente es participar e interesarse en los asuntos políticos de manera pacífica, por ejemplo, crear e integrar una agrupación política o un partido político.

 

Por último, el derecho a integrar las autoridades electorales, esto es, cualquier persona que reúna los requisitos establecidos en la ley conformará las autoridades administrativas (INE y Organismos Públicos Locales) o Tribunales electorales federales y estatales.

 

Pero, ¿qué pasa si consideras que existe una afectación a tus derechos político-electorales?

 

Para garantizarlos se creó un mecanismo -medio de impugnación- denominado juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC), que son conocidos y resueltos por los Tribunales locales y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

De igual forma, el resto de los derechos se encuentran protegidos por los diversos tribunales y juzgados estatales y federales en las materias de su competencia, quienes garantizarán el respeto a la ley y la protección de derechos de todas y todos nosotros.

 

Como vemos, la evolución del sistema jurídico mexicano ha logrado que los derechos de la ciudadanía en materia político-electoral se protejan en cualquier momento.

 

Por tanto, te invito a conocer y hacer valer los tuyos.

 

 

Hace un par de semanas, en el Estado de México concluyó el proceso electoral 2017-2018, en el cual, la ciudadanía eligió a los integrantes de la Legislatura estatal y Ayuntamientos.

 

Para poder contar con estos resultados se requirió del esfuerzo de miles de personas comprometidos con la sociedad; me refiero a: servidores públicos electorales, que ofrecieron largas jornadas de trabajo constante; actores y partidos políticos, cuyas actividades siempre estuvieron apegados a la norma; así como a las miles de personas entusiastas que fungieron como Capacitadores y Asistentes Electorales, funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. A todos ellos, les externo mi reconocimiento y agradecimiento.

 

También, permítanme referirme a los medios de comunicación, pues coadyuvaron en esta gran tarea, y así lograr una sociedad más informada y consciente en la toma de decisiones; dando cobertura al quehacer político, de forma clara y oportuna.

 

Cumplieron la misión no sólo de mostrar ofertas y propuestas de las distintas candidaturas, ya que incluso se ocuparon de advertir sobre aquellas noticias que no eran verdaderas (fake news), con la única finalidad de mantener informada a la ciudadanía de forma veraz; y generar una genuina libertad de expresión -derecho de ofrecer y de contar con todo tipo de información-.

 

Concluyo destacando el trabajo realizado por todos lo que mencioné en líneas anteriores, pero quiero reconocer fundamentalmente a los millones de mexiquenses que acudieron a las urnas para elegir de forma libre a sus representantes, pues ello permitió vernos como una sociedad cada vez más madura, participativa, que fomenta y robustece nuestra democracia. De ahí que el resultado del proceso electoral es simple: ganó nuestro sistema electoral, ganamos todos.

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