Han sido décadas en las que se ha visibilizado paulatinamente y con resistencia la discriminación y desigualdad para las mujeres en diversas condiciones económicas, culturales y sociales.

Sin duda el aborto es un tema que causa opiniones encontradas y que están ligadas casi todas ellas a cuestiones de estereotipos de género que se encuentran fuertemente incrustados en la sociedad.

Son esos roles estereotipados en donde se ha colocado a las mujeres y su feminidad con la maternidad, el trabajo doméstico o el cuidado de otras personas por considerarlas cariñosas, sensibles, débiles, sumisas y adaptables contrario a los roles de los hombres que se ubican como proveedores, fuertes, valientes, entre otras.

Estas creencias lamentablemente subsisten culturalmente y han hecho que en el caso de mujeres que abortan éstas sean condenadas, criminalizadas y estigmatizadas sin tener claro que con ello se vulneran sus derechos fundamentales: el derecho a decidir de manera libre sobre su cuerpo, el derecho a su vida, libertad e integridad como seres humanos.

El tema de la no criminalización del aborto llega hasta 2021 después de un largo transitar que podemos resumir a partir de 2008 en donde se declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 en el entonces Distrito Federal

En 2018 se resuelve 2 casos importantes en donde de nueva cuenta la Corte 1) determinó que las instituciones de salud debían contar con políticas de salubridad para atender casos urgentes de interrupción ilegal del embarazo en caso de violación, 2) Amparó a una menor y sus padres contra la negativa de autoridades de salud de interrumpir legalmente el embarazo de la menor por violación y en 2019 concedió el amparo a una mujer que reclamo la negativa de autoridades de salud de interrumpir su embarazo por razones médicas.

Es claro que debemos redoblar esfuerzos para eliminar y combatir las desigualdades horizontales y verticales que existen entre mujeres y hombres.

Es vital que más mujeres lleguen a espacios públicos como lo son los órganos legislativos (aquí también está inserto el principio de paridad) y jurisdiccionales pues desde ahí se pueden visibilizar estas problemáticas y lograr cambios importantes.