¿Cuál es la respuesta a las exigencias de justicia? ¿Cómo el Estado democrático en el que vivimos puede y debe dar solución a estos acontecimientos? ¿En dónde quedan los derechos humanos y su respeto irrestricto?

Desde que doy clase en la UNAM hemos pasado alumnado y profesora debatiendo este y otros temas; los nombres por supuesto han cambiado y también los hechos, hemos pasado de Atenco a Tlatlaya, de la desaparición de los normalistas hasta la lectura de la novela de Jorge Volpi de "Una novela criminal"; sin embargo, en la mayoría de los casos la falta de resultados se ha mantenido permanente de acuerdo a las conclusiones de cada sesión antes presencial y ahora con el COVID-19 virtual.

Ante estos acontecimientos bien vale la pena tener claro que nos encontramos en un régimen democrático – constitucional en el que existen reglas que organizan y limitan el poder político y a su vez tienen la gran encomienda y finalidad de garantizar que los derechos humanos se respeten en todas sus vías y formas.

Luggi Ferrajoli decía que los derechos humanos o fundamentales son identificados como las leyes del más débil y en cierta forma tenía razón. Si revisamos la historia de los derechos humanos podemos dar cuenta que los mismos han surgido en las revoluciones o luchas sociales en las cuales se buscó terminar con la opresión y con la discriminación intolerables.

Así derechos como la igualdad, la libertad cobra sentido, el derecho a la salud, la libertad de expresión o a la educación.

El Estado de México en su Constitución hace referencia a los principios constitucionales, los derechos humanos y sus garantías. Menciona la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en su caso sancionar y reparar las violaciones.

A pesar de ello de acuerdo al índice de estado de Derecho 2020-2021 elaborado por World Justice Project, nuestra entidad en los factores: límite al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, justica penal y derechos humanos está en todos los casos por debajo del promedio de los 32 estados, evaluado con una adhesión más débil al Estado de derecho.

Ello explica las exigencias cotidianas. Se necesita un régimen democrático- constitucional vivo que responda a las demandas ciudadanas, investigue, sancione y repare las violaciones de DDHH.