Estudios académicos elaborados por la Universidad Autónoma del Estado de México y otras Universidades han revelado la conformación histórica en el gobierno, por “castas de poder” lideradas exclusivamente por hombres.

Al analizar la paridad desde distintos enfoques se observa que durante años se ha restringido la posibilidad para que las mujeres participen en los espacios de toma de decisión más relevantes para nuestra entidad.

Por ejemplo, en Estado de México no ha existido una mujer al frente del Poder Ejecutivo y en su historia moderna solo 6 han sido candidatas para ocupar ese cargo, en la presente administración estatal de 16 puestos titulares en el gabinete solo 3 mujeres están al frente de secretarias de gobierno.

Por fortuna, las reformas sobre paridad que se gestaron a nivel federal desde 2008, 2014 y la última de 2020 son un avance importante que comienza a dibujarse en el ámbito local que por primera vez en su historia en la legislatura tiene una integración casi paritaria.

A pesar de lo anterior, es necesario seguir impulsando la reivindicación de derechos a través de la generación de acciones afirmativas en el contexto de la esfera política.

Las acciones afirmativas son mecanismos que buscan equilibrar las desigualdades sociales y equiparar la participación real en los espacios democráticos para los grupos históricamente desventajados.

En nuestra entidad el mayor reto está en los Ayuntamientos, ya que solo el 31% de ellos son gobernados por una mujer.

Actualmente, los denominados bloques de competitividad permiten hacer un análisis para identificar que las mujeres no sean postuladas en distritos perdedores.

Sin duda son un avance, pero es claro que falta un buen tramo que recorrer para que las mujeres participen en condiciones de igualdad, arriben a los cargos y puedan ejercerlos libremente, sin presión de ninguna índole, sin sujeción a nadie solo a partir de sus convicciones democráticas.

Es claro que la igualdad de trato y oportunidades no debe ser para unos cuantos ni para un solo género.

Normativamente está la obligación de que existan mujeres postuladas en un 50% pero una verdadera democracia exige más que solo ese piso mínimo.