Y es que las mujeres que participan en política siguen luchando contra el sistema patriarcal que es estructural y que apenas comienza a moverse derivado de sus demandas de respeto e inclusión, mediante juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y de los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior que, al juzgar con perspectiva de género, siguen marcando la línea en el tema de la paridad.

Resultado de los juicios presentados por Susana Harp[1]en Oaxaca y Maki Esther Ortiz Domínguez[2] en Tamaulipas, se vinculó a los partidos políticos nacionales para que a partir del próximo proceso electoral para gubernaturas definan reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad. Estas sentencias dan cuenta de temas de fondo: carencia de mecanismos normativos internos en los partidos políticos para lograr paridad sustantiva con un enfoque de competitividad, pues se cumple con paridad formal, pero no sustantiva.

En los casos de Coahuila y Estado de México, de acuerdo con las sentencias, si se atiende su contexto histórico, ninguno ha sido gobernado por una mujer, por lo que es posible que los partidos políticos comprometidos con este tema, en cumplimiento de la paridad, postulen en ambas entidades a mujeres, ya sea de forma independiente o a través de una coalición.

Será la primera ocasión que se aplicará la reforma de paridad total para renovar la gubernatura en ambas entidades, lo que da la oportunidad de erradicar la infrarepresentación de las mujeres y de que la sociedad vote por mujeres para estos espacios

[1] SUP/JDC/0091/2022.

[2] SUP/JDC/434/2022.