La realidad es que a pesar de quienes se rehúsan aceptarlo, vivimos en una sociedad en la que los prejuicios, los estigmas y los estereotipos de género crean barreras procedimentales sociales, económicas y culturales a diferentes grupos que en la historia han sido vejados en sus derechos. A pesar de que la democracia acuña el concepto de diversidad como parte de su discurso en temas de diversidades sexuales, hemos visto un impaz en la entidad mexiquense respecto de distintos derechos, entre los cuales, también están los políticos – electorales.

A pesar de que la constitución local establece en el artículo 5º, que en territorio mexiquense todas las personas gozan de derechos humanos y prohíbe la discriminación, hay grupos de personas como el de la comunidad LGBTTTIQ+, que de acuerdo con informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), siguen estando excluidos de diversas discusiones y espacios públicos de toma de decisión. En el ámbito político electoral también se da esta exclusión, por lo que se debe trabajar institucionalmente para difundir sus derechos y crear mecanismos que permitan cerrar esta brecha.

En el caso del derecho de votar y ser votado el INE tiene un claro ejemplo de cómo, a través de un mecanismo como lo es el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación se pueden establecer directrices para incentivar la participación de personas de la diversidad sexual en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.

Éste es un tema pendiente que requiere de sensibilidad y verdadera vocación democrática para proponer acciones eliminando las barreras actitudinales.