Si bien las mujeres fueron ganando espacios en las legislaturas sumando esfuerzos para lograr competir en condiciones más igualitarias, lo cierto es que después de 2014 y a partir de 2015 a 2018 los actos violentos en contra de las mujeres se intensificaron.
De acuerdo a cifras oficiales, en el proceso electoral federal 2017-2018 se registraron 237 agresiones contra mujeres en el ámbito político de las cuales 23 terminaron privándolas de la libertad y se denunciaron 19 atentados contra familiares de ellas en donde 13 de estos resultaron en asesinatos.
La CEDAW reconoció que nuestro país tenía avances en esta materia, pero nos recomendó armonizar las legislaciones estatales en donde se reconociera como delito la violencia política, pues de las observaciones hechas al informe periódico de México se dio cuenta que la mayor violencia se ejercía en el plano municipal.
En ese tenor, en el Estado de México, una de las entidades con mayores rasgos de violencia contra las mujeres, donde de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 75 feminicidios reportados en todo el territorio nacional en el mes de enero 2022, 14 casos eran del Estado de México encabezando la lista, resulta urgente que se continue trabajando arduamente en erradicar cualquier tipo de violencia contra nosotras las mujeres.
Normativamente el 13 de agosto de 2020 la legislatura mexiquense modificó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, el Código Electoral del Estado de México entre otras leyes, reproduciendo el contenido de la reforma que aprobó el Congreso de la Unión en esta materia.
Aunado a ello, la reforma a la legislación secundaria mandató la creación al IEEM de la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que tendrá como función principal brindar apoyo, asistencia y asesoría a precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de partidos políticos, servidoras públicas, periodistas, defensoras de derechos humanos y demás personas que manifiesten ser víctimas de violencia política en razón de género.
La cual no ha sido creada, un gran déficit en la entidad si se consideran las estadísticas de violencia e incluso la nulidad de la elección de Atlautla por razones de violencia política, la primera en la entidad y la segunda a nivel nacional. Menos discurso, más convicción y voluntad.