Hoy es vital que nos ocupemos en hacer una pausa para repensarnos como sociedad en lo individual y en lo colectivo.

Ver los grandes avances que tenemos como humanidad, pero también aislar todos y cada uno de los actos devastadores y perversos que esta pandemia ha puesto al desnudo.

Reforzar el cumplimiento y exigencia del respeto a los derechos humanos, muchos de los cuales han sido vulnerados a cientos y miles de personas.

El confinamiento obligatorio ha hecho visible la violencia doméstica que se elevó en un gran número de hogares en donde las mujeres, niños y niñas han resultado los más afectados al encontrarse con sus agresores sin recursos y redes de apoyo.

De acuerdo con ONU Mujeres, en México las llamadas al 911 en un lapso de 100 días aumentó en 20% y la atención brindada en casos de violencia en más del 70%.

Las aristas del Covid-19 son diversas y ninguna menor. La CIDH dictó una resolución [1] que reitera la necesidad de abordar el tema con perspectiva de derechos humanos.

El derecho a la salud es un derecho autónomo y justiciable sin tener necesidad de vincularlo con violaciones concomitantes por lo que los Estados deben ocuparse de generar e implementar políticas públicas eficaces que cuenten con los siguientes estándares:

Calidad (infraestructura adecuada para atender necesidades básicas y urgentes, así como recursos humanos), accesibilidad (bienes y servicios de emergencia de salud que deben ser accesibles a todas las personas sin distinción y discriminación alguna), disponibilidad (suficiencia en todo lo necesario para atender la crisis de COVID-19) y aceptabilidad (la ética de los profesionales de la salud al informar al paciente su diagnóstico y tratamiento.)

Se requiere implementar políticas públicas serias que den respuesta a la crisis financiera que la ciudadanía vive; datos del CONVEVAL reflejan que son los grupos de población más vulnerables los que resienten más esta crisis por pérdida de salud y empleo lo que nos lleva a mayor pobreza.

El Estado de México ocupa el 2º lugar en contagios y en aportación a nivel nacional del PIB[2] lo que obliga que se tomen medidas de vanguardia que protejan los derechos de la clase trabajadora, se minimice el número de desempleos, se amplíe el acceso a la sanidad y a los bienes y servicios de primera necesidad

Todo ello con ética y responsabilidad, no se debe lucrar con un derecho humano como la salud.

Aprovecho para agradecer a mi casa EL SOL DE TOLUCA permitirme expresar lo que pienso de diversos temas, éste uno de ellos y a mis lectores por su tiempo.

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[1] Resolución 4/2020 Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[2] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).