Una de ellas es, sin duda, el cambio cultural para romper con los patrones y estereotipos que se tienen de nosotras las mujeres. En el Estado de México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Género, al consultar ambos géneros sobre si consideraban que alguno tenía más facilidad o habilidades para la política, casi 41% de la población compartió tal afirmación.

Esta idea fue superior entre los hombres, con el 44%, sin embargo, el 38.3% de las mujeres coincidió con ello. Asimismo, el 42.7% de la población mexiquense consideró que las mujeres enfrentan mayores dificultades para dedicarse a la política.

Otro dato importante es que más de 50% de la población votaría por una mujer, pero el porcentaje desciende conforme sube la jerarquía: 63.5% votaría más por una mujer para el cargo de presidenta municipal, y 59.7% para presidenta de la República.

En la opinión de los hombres es más clara la disminución de votación: 52.2% votaría por una mujer para presidenta municipal y 49.2% para presidenta de la República.

En la historia política de nuestro país, si bien es cierto, hemos avanzado en este 2021 en contar con un importante número de mujeres que encabezan gubernaturas a partir de los criterios establecidos por el INE sobre la postulación paritaria en gubernaturas a nivel federal y en el Estado de México, no ha existido una mujer al frente del Poder Ejecutivo. Siendo éste el espacio público en el que mayor disparidad de género existe.

En la presente administración en el Estado de México, de los 18 puestos titulares en el gabinete, solo 4 mujeres están al frente de secretarías de gobierno, lo que equivale al 22%.

Es importante que las mujeres sean completamente libres y autónomas en sus decisiones, éste es un tema que hoy en día también comienza a visibilizarse al existir presiones y vínculos de poder con hombres que se resisten aún al arribo de las mujeres al ejercicio del poder.

2022 será un año en el que debe continuar la consolidación de la igualdad sustantiva y las mujeres que nos encontramos en espacios públicos estamos obligadas a actuar en consecuencia generando consensos, mejorando decisiones del pasado y materializando los principios constitucionales, respetando derechos humanos de un grupo que ha sido históricamente discriminado.