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Durante el siglo XIX, John Stuart Mill expuso en su obra Considerations on Representative Government su perspectiva sobre la democracia representativa. Mill advirtió que el poder tiende a generar una ciudadanía pasiva, pero también enfatizó que este tipo de democracia necesita ciudadanos activos. Subrayó que la democracia no es un sistema que funcione por sí solo, sino que requiere la participación ciudadana, entendida como la intervención directa y consciente de cada integrante de la sociedad en los asuntos públicos.

Así, la participación ciudadana es lo que sostiene la relación entre el Estado y la sociedad, pues a través de diversos mecanismos formales el Estado permite que las personas influyan en la estructura gubernamental, en la elaboración de políticas públicas y en la integración de los tres poderes. Entre estos instrumentos de participación —que materializan la ciudadanía activa que Mill vislumbraba— destacan: la consulta popular, la consulta ciudadana, la iniciativa popular, las audiencias públicas, las contralorías sociales, el presupuesto participativo, los consejos consultivos ciudadanos, las asambleas ciudadanas y la revocación de mandato.

De estos mecanismos de participación, en esta oportunidad me referiré a la revocación de mandato, entendida como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de un cargo, a partir de la perdida de la confianza. En México, no es nuevo este mecanismo formal de participación.

Los estados de Yucatán (1938) y Chihuahua (1997) fueron pioneros en incluir la revocación de mandato dentro de sus constituciones locales, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la medida en Yucatán después de setenta años, y en Chihuahua en 2009. Posteriormente, Zacatecas (1998), Oaxaca (2011), Aguascalientes y Guerrero (2014), Nuevo León y Jalisco (2016), así como la Ciudad de México en 2018, también adoptaron este mecanismo. Además, en 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que incorporó la revocación de mandato a la Constitución mexicana, aplicable al titular del Ejecutivo Federal, a los gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Considerando los antecedentes mencionados y su reciente incorporación al sistema jurídico nacional. Propongo analizar tres aspectos clave que subrayan la importancia de este mecanismo.

El primero consiste en comprender que no es una herramienta de sanción, sino de corresponsabilidad. Esto implica que el gobernante debe actuar con eficiencia y la ciudadanía asumir el papel de vigilante respecto al desempeño de sus representantes. El segundo aspecto radica en que, dado que la ciudadanía es origen de la soberanía popular, tiene el derecho de remover a sus representantes mediante el voto. Finalmente, la democracia permite que, a través de este procedimiento, se reduzcan tensiones en escenarios de polarización, disputas políticas o inconformidad general respecto a la conducción gubernamental.

Por lo tanto, la revocación de mandato no es una amenaza para la estructura de los gobiernos federal y estatales, sino una muestra de madurez democrática, donde la ciudadanía fortalece su cultura política al evaluar de manera continua las acciones de sus representantes.

El inicio de 2026 nos sitúa frente a retos políticos definitivos. En las próximas semanas, conoceremos el contenido de la reforma constitucional que modificará las reglas que operan el sistema electoral en el país. En este escenario, la discusión que se llevará a cabo en ambas Cámaras legislativas debe ser el punto de partida obligado para visibilizar el trabajo colectivo e institucional que se realiza en cada uno de los 32 OPLEs del país.

Organizar elecciones locales no son acciones de duplicidad de la escala federal, son procesos electorales con dinámicas propias donde se procura que en los ejercicios comiciales los ciudadanos ejerzan en condiciones de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, máxima publicidad y paridad sus derechos políticos-electorales. En ese sentido, hablarle a la ciudadanía sobre la labor y la experiencia de los OPLEs no es romantizar, ni mucho menos idealizar.

La democracia de proximidad que impulsan los OPLEs —entendida como el conjunto de actividades que se realizan para acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones con el propósito de elegir a sus gobernantes más cercanos (presidencias municipales diputaciones locales y gubernaturas)— trasciende el registro de candidaturas, la validación de participantes, la impresión de boletas o la organización de debates. Su quehacer evidencia que la democracia es también un terreno de decisiones institucionales, donde cada OPLE adapta sus estrategias a las particularidades de su ciudadanía y su territorio. Me permito señalar dos casos que ejemplifican lo anterior:

El primero ocurre en Oaxaca, donde el OPLE despliega a su personal técnico a las comunidades para acompañar y validar los procesos electorales —ya sea cada año, año y medio, dos o tres años— en 418 de los 570 municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas (Usos y Costumbres). Todo esto con el desafío constante, tanto técnico como jurídico, de garantizar que se respete el derecho al voto de las mujeres.

Otro escenario particularmente complicado para los OPLEs de Quintana Roo y Campeche es la controversia de soberanía relacionado con el Punto de Unión Territorial entre estos dos estados. La falta de un marco legal claro y a la ausencia de una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han provocado que el Instituto Nacional Electoral expida credenciales de elector con domicilio en Campeche a residentes de comunidades ubicadas en la franja limítrofe de Quintana Roo. Lo anterior ha conllevado a que el trabajo de los OPLEs implique no solo el trabajo técnico sino también una labor de mediación política ante las protestas y denuncias ciudadanas por la vulneración de sus derechos político-electorales.

Los ejemplos mencionados anteriormente, lejos de ser casos aislados, son la labor poco reconocida de los OPLEs: una tarea enfocada a salvaguardar los derechos de la ciudadanía a través de cada acción implementada para consolidar la democracia de proximidad. Todo este bagaje institucional da pauta para señalar que la responsabilidad y decisiones de los OPLEs contribuyen cotidianamente a la administración de la democracia. Demostrando que su valor va más allá de las urnas.

Los días 4 y 5 de diciembre en el Auditorio del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se llevó a cabo el Foro Experiencia e Innovación en los Procesos Electorales Locales al que asistieron Consejerías Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de veintitrés entidades federativas. El objetivo fue intercambiar experiencias, conocimientos e innovaciones en la organización de procesos electorales a nivel subnacional. A través de seis mesas, se abordaron temas como: buenas prácticas, eficiencia operativa, impacto de las acciones afirmativas, coordinación de los OPLEs con el Instituto Nacional Electoral (INE), innovación tecnológica y desafíos que enfrentarán las instituciones electorales en la elección de 2027.

Después de dos intensos días de trabajo, los valiosos aprendizajes generados en el Foro demostraron la necesaria existencia de los OPLEs en la estructura democrática del país. Como se expuso, son los OPLEs quienes, a través de su trabajo técnico, concretan la narrativa que acompaña al fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía en nuestra democracia en México.

Es innegable la comunión entre los OPLEs. Esta afinidad empieza por los desafíos a los que se enfrentan en realidades específicas, propias de cada contexto, tanto políticas como culturales, porque como bien se sabe en México existen muchos Méxicos. Por tal motivo, se debe respaldar a los OPLEs para cimentar su autonomía financiera, asegurar independencia técnica, modernizar y simplificar sus procedimientos. Todo ello bajo una visión de austeridad, eficiencia e independencia consolidada.

Es importante dejar claro que no se está en contra de las reformas; esto es algo inherente a los avances democráticos. La historia de la democracia en México es un proceso de cambio institucional continuo en el que la construcción de órganos electorales autónomos ha sido clave para garantizar la máxima publicidad, transparencia y la equidad en las contiendas políticas, tanto a nivel federal como a nivel local.

Espacios como el Foro celebrado la semana pasada demuestran que, si bien la necesidad de cambio existe, este debe abordarse desde la viabilidad, no se puede desechar todo lo construido en las recientes décadas. Se tiene que partir siempre considerando el equilibrio entre la razón, la equidad y la prudencia. La protección de los derechos políticos-electorales no nace de la voluntad de unas cuantas personas. Sobre todo, porque gobernar implica cooperación, coordinación y no imposición. Ha quedado claro que los OPLEs son prueba de experiencia fehaciente, de templanza, resiliencia y fortaleza. Virtudes institucionales que solo tienen un destinatario final: la ciudadanía mexicana, la cual confía en que su voluntad depositada en las urnas sea respetada.

En las mesas de discusión y debate sobre el estado actual de la democracia, el concepto de integridad electoral tiene un lugar relevante al momento de analizar los procesos electorales a nivel nacional. Este concepto se popularizó a principios de la década de 2010 y hoy en día, la fuente de datos más especializada es el Electoral Integrity Project, fundado en 2012 por la profesora de la Universidad de Harvard, Pippa Norris.

El concepto integridad electoral busca proporcionar una comprensión unificada de diversos problemas relacionados con las etapas del ciclo de las elecciones. Este ciclo comprende tres etapas fundamentales. La primera incluye las leyes electorales, los procedimientos electorales, la delimitación de distritos electorales, el registro de votantes, el registro de partidos y candidatos, la cobertura mediática y el financiamiento de campañas; la segunda abarca el día de la votación; y la tercera involucra el conteo de votos, el anuncio de resultados y el desempeño de las autoridades.

Desde 2015, México es uno países en los que se mide el Índice de Percepción de Integridad Electoral, que va de 0 a 100.  Y Si bien este índice refleja el conocimiento técnico de expertos, este enfoque técnico podría parecer insuficiente para capturar la realidad compleja de nuestras democracias. El valor de la integridad electoral se limita a ser solo un checklist técnico de los procesos de elección.

Esto lo menciono debido a que existe una paradoja entre la percepción que hacen los expertos y la de la ciudadanía respecto a los procesos electorales. Académicos como Da Silva Tarouco, Méndez de Hoyos y Monsiváis-Carrillo han dado cuenta de esto. En otras palabras, los autores señalan que en países como México, Perú y Brasil se tienen procesos electorales con niveles aceptables en lo que se refiere a cada una de las tres etapas fundamentales que conforman la integridad electoral, pero al mismo tiempo los niveles de desconfianza de la ciudadanía son altos estos países.

Lo anterior conduce a una interrogante: ¿qué nos está faltando para impactar y mantener la confianza ciudadana? Lo cierto es que, si bien la medición de la integridad electoral está respaldada por estándares universales —firmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA)—. La confianza de la ciudadanía en los procesos electorales es diferente en cada contexto cultural, social, económico y político de cada país. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de los procesos electorales de El Salvador o Nicaragua que de lo que sucede en Uruguay. Insisto, el contexto importa y mucho. Dentro de los estudios publicados —por ejemplo, Gabriela Da Silva Tarouco (2023)— en materia de integridad electoral, a menudo se reduce la percepción ciudadana a un “sesgo” o un “error”. No obstante, esta desconfianza ciudadana no puede desestimarse simplemente.

En todo caso, si persiste la desconfianza ciudadana, se debe en gran medida a problemáticas más profundas, como la crisis de representación, la polarización y la desinformación, entre otras, que trascienden el proceso electoral. De ahí la invitación a seguir dialogando sobre la integridad electoral y el reto de incorporar nuevas dimensiones o variables que expliquen cómo determinados factores impactan en la confianza de la ciudadanía. Sobre todo, porque la confianza y legitimidad van de la mano y esto es fundamental para fortalecer a nuestro sistema democrático.

En naciones donde la democracia se ve amenazada por la inseguridad y delitos de alto impacto. La integridad electoral deviene en una utopía si las campañas electorales están condicionadas por las amenazas y el miedo. El proceso electoral deja de ser libre y justo, sobre todo, porque es un ataque directo no solo a la soberanía popular sino al derecho de votar y ser votado. Esto lo menciono a propósito del lamentable suceso ocurrido el pasado domingo 2 de noviembre de este año, en el municipio de Uruapan, Michoacán. El asesinato de un alcalde en funciones nos recuerda, indirectamente, la importancia de los mecanismos de protección para quienes aspiran a un cargo de elección popular. Ante este trágico acontecimiento en la vida política del país, es oportuno referir a los esfuerzos que se hacen desde los Organismos Públicos Locales Electorales para proteger a quienes aspiran a servir desde un cargo público.

En el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) —conscientes del flagelo que causa la inseguridad y violencia homicida relacionada con el crimen organizado y sus disputas por incrementar su control territorial— se han establecido estrategias para coadyuvar con las instancias estatales correspondientes en la protección de los candidatos a un cargo de elección popular. Lo anterior se hace con base en lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de México. En este, se estipula que la autoridad electoral en la entidad tiene la atribución de ser el vínculo con otras instituciones para fortalecer el sistema democrático.

En específico, el Artículo 190 del Código Electoral es claro al señalar que: le corresponde a la Presidencia del Consejo General “firmar convenios con autoridades federales, estatales y municipales para lograr su apoyo y colaboración cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del instituto”.

Por mencionar algunos ejemplos, durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 y en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025, para atender las demandas de mayor seguridad y garantías para realizar campañas electorales de los candidatos registrados, se firmó el convenio entre el IEEM, la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Seguridad (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia (FGJEM).

La coordinación institucional que se refleja con la firma de este tipo de convenios no es un simple trámite burocrático, sino todo un protocolo de acción en el cual se establece un procedimiento claro: la candidatura que se sienta en riesgo puede llenar un formato en el cual se recibirá la denuncia, después es remitida a la FGJEM para valoración técnica de su gravedad y en caso de ser posible, recibir protección durante el proceso, a cargo de la SSEM.

Este mecanismo de apoyo institucional tiene como objetivo reducir y prevenir los riesgos frente a posibles delitos, no únicamente buscando la protección de la vida y los derechos de quienes participan en las elecciones, sino también asegurando la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Esta tarea, no está sujeta a intereses políticos ni a acciones coyunturales. Aunque el IEEM no cuenta con atribuciones directas en materia de seguridad, sí ha logrado fortalecer la colaboración con instituciones y ejercer su papel garante de la legalidad electoral, protegiendo el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía que aspira a un cargo de elección popular en el Estado de México.