Comunicación
Social

El inicio de 2026 nos sitúa frente a retos políticos definitivos. En las próximas semanas, conoceremos el contenido de la reforma constitucional que modificará las reglas que operan el sistema electoral en el país. En este escenario, la discusión que se llevará a cabo en ambas Cámaras legislativas debe ser el punto de partida obligado para visibilizar el trabajo colectivo e institucional que se realiza en cada uno de los 32 OPLEs del país.

Organizar elecciones locales no son acciones de duplicidad de la escala federal, son procesos electorales con dinámicas propias donde se procura que en los ejercicios comiciales los ciudadanos ejerzan en condiciones de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, máxima publicidad y paridad sus derechos políticos-electorales. En ese sentido, hablarle a la ciudadanía sobre la labor y la experiencia de los OPLEs no es romantizar, ni mucho menos idealizar.

La democracia de proximidad que impulsan los OPLEs —entendida como el conjunto de actividades que se realizan para acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones con el propósito de elegir a sus gobernantes más cercanos (presidencias municipales diputaciones locales y gubernaturas)— trasciende el registro de candidaturas, la validación de participantes, la impresión de boletas o la organización de debates. Su quehacer evidencia que la democracia es también un terreno de decisiones institucionales, donde cada OPLE adapta sus estrategias a las particularidades de su ciudadanía y su territorio. Me permito señalar dos casos que ejemplifican lo anterior:

El primero ocurre en Oaxaca, donde el OPLE despliega a su personal técnico a las comunidades para acompañar y validar los procesos electorales —ya sea cada año, año y medio, dos o tres años— en 418 de los 570 municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas (Usos y Costumbres). Todo esto con el desafío constante, tanto técnico como jurídico, de garantizar que se respete el derecho al voto de las mujeres.

Otro escenario particularmente complicado para los OPLEs de Quintana Roo y Campeche es la controversia de soberanía relacionado con el Punto de Unión Territorial entre estos dos estados. La falta de un marco legal claro y a la ausencia de una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han provocado que el Instituto Nacional Electoral expida credenciales de elector con domicilio en Campeche a residentes de comunidades ubicadas en la franja limítrofe de Quintana Roo. Lo anterior ha conllevado a que el trabajo de los OPLEs implique no solo el trabajo técnico sino también una labor de mediación política ante las protestas y denuncias ciudadanas por la vulneración de sus derechos político-electorales.

Los ejemplos mencionados anteriormente, lejos de ser casos aislados, son la labor poco reconocida de los OPLEs: una tarea enfocada a salvaguardar los derechos de la ciudadanía a través de cada acción implementada para consolidar la democracia de proximidad. Todo este bagaje institucional da pauta para señalar que la responsabilidad y decisiones de los OPLEs contribuyen cotidianamente a la administración de la democracia. Demostrando que su valor va más allá de las urnas.