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En las mesas de discusión y debate sobre el estado actual de la democracia, el concepto de integridad electoral tiene un lugar relevante al momento de analizar los procesos electorales a nivel nacional. Este concepto se popularizó a principios de la década de 2010 y hoy en día, la fuente de datos más especializada es el Electoral Integrity Project, fundado en 2012 por la profesora de la Universidad de Harvard, Pippa Norris.

El concepto integridad electoral busca proporcionar una comprensión unificada de diversos problemas relacionados con las etapas del ciclo de las elecciones. Este ciclo comprende tres etapas fundamentales. La primera incluye las leyes electorales, los procedimientos electorales, la delimitación de distritos electorales, el registro de votantes, el registro de partidos y candidatos, la cobertura mediática y el financiamiento de campañas; la segunda abarca el día de la votación; y la tercera involucra el conteo de votos, el anuncio de resultados y el desempeño de las autoridades.

Desde 2015, México es uno países en los que se mide el Índice de Percepción de Integridad Electoral, que va de 0 a 100.  Y Si bien este índice refleja el conocimiento técnico de expertos, este enfoque técnico podría parecer insuficiente para capturar la realidad compleja de nuestras democracias. El valor de la integridad electoral se limita a ser solo un checklist técnico de los procesos de elección.

Esto lo menciono debido a que existe una paradoja entre la percepción que hacen los expertos y la de la ciudadanía respecto a los procesos electorales. Académicos como Da Silva Tarouco, Méndez de Hoyos y Monsiváis-Carrillo han dado cuenta de esto. En otras palabras, los autores señalan que en países como México, Perú y Brasil se tienen procesos electorales con niveles aceptables en lo que se refiere a cada una de las tres etapas fundamentales que conforman la integridad electoral, pero al mismo tiempo los niveles de desconfianza de la ciudadanía son altos estos países.

Lo anterior conduce a una interrogante: ¿qué nos está faltando para impactar y mantener la confianza ciudadana? Lo cierto es que, si bien la medición de la integridad electoral está respaldada por estándares universales —firmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA)—. La confianza de la ciudadanía en los procesos electorales es diferente en cada contexto cultural, social, económico y político de cada país. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de los procesos electorales de El Salvador o Nicaragua que de lo que sucede en Uruguay. Insisto, el contexto importa y mucho. Dentro de los estudios publicados —por ejemplo, Gabriela Da Silva Tarouco (2023)— en materia de integridad electoral, a menudo se reduce la percepción ciudadana a un “sesgo” o un “error”. No obstante, esta desconfianza ciudadana no puede desestimarse simplemente.

En todo caso, si persiste la desconfianza ciudadana, se debe en gran medida a problemáticas más profundas, como la crisis de representación, la polarización y la desinformación, entre otras, que trascienden el proceso electoral. De ahí la invitación a seguir dialogando sobre la integridad electoral y el reto de incorporar nuevas dimensiones o variables que expliquen cómo determinados factores impactan en la confianza de la ciudadanía. Sobre todo, porque la confianza y legitimidad van de la mano y esto es fundamental para fortalecer a nuestro sistema democrático.