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¿Por qué es necesario escribir en torno a la felicidad? ¿por qué escribir sobre este concepto y no concretamente sobre los asuntos electorales que en estos momentos parecieran tornarse álgidos y complicados? Sin pretender hacer una teoría en torno al término de felicidad, tampoco llegar a tener una definición concluyente y acabada porque creo en los cambios y las transformaciones permanentes; si considero que los componentes cotidianos de dicha palabra nos arrojan a estados de satisfacción individuales y colectivos, y pueden vincularse con las actividades electorales.

Nadie es feliz por definición, pero se busca ser feliz en las distintas esferas en que nos desenvolvemos como parte de la humanidad. En lo político, por ejemplo, las mujeres fuimos y somos felices a partir de que legalmente se reconoció nuestro derecho a votar y ser votadas después de un muchos años de luchas durante la primera mitad del siglo XX; o bien cuando se conquistaron derechos laborales que no sólo fueron reducción de jornadas, sino mejoras salariales, espacios dignos de trabajo, derechos maternos, entre otros. Pero no somos felices cuando nos seguimos enfrentando a las violencias como la discriminación, la falta de equidad e igualdad para acceder a mejores puestos laborales, a cargos de elección popular, o cuando nos quitan nuestra fuente de empleo, o cuando no tenemos una vida digna. Cultural y socialmente se nos sigue menospreciando pese a ser responsables, en muchos casos, de la integridad, y de la seguridad del bienestar de nuestras familias y hogares.

Nuestras instituciones emanadas de los estados-nación, son corresponsables de la felicidad que se puede tener social e individualmente, sobre todo, cuando se logran objetivos trazados. Por ejemplo, en el Instituto Electoral del Estado de México, próximo a cumplir 29 años de existencia, hemos obtenido muchas satisfacciones; en retrospectiva, desde 1996 hemos organizado 23 elecciones de las cuales 15 han sido ordinarias (cinco de gubernatura; 10 de diputaciones y ayuntamientos) y ocho extraordinarias (de ayuntamientos); en cada uno de estos procesos electorales hemos instalado casillas en todo el territorio del Estado, los votos depositados por la ciudadanía han contado y se han contado bien, se han asignado las constancias de mayoría a los ganadores, hemos logrado involucrar ciudadanía profesionalizada e informada desde diversos espacios en el desarrollo de cada una de las actividades que implica organizar una elección, como funcionarios de mesas directivas de casilla, capacitadores, observadores, ciudadanía militante de partidos políticos, vocales, consejeros, entre otros, y también hemos atendido las disposiciones de las autoridades jurisdiccionales cuando se ha dado el caso. Lograr lo anterior y finalizar un proceso electoral apegado a la legalidad, pero sobre todo pacífico, produce momentos de felicidad institucional porque logramos hacer bien nuestras atribuciones y funciones.

Está en curso la elección de personas juzgadoras, y el 1º de junio es la fecha en que la ciudadanía mexiquense podrá acudir a las casillas electorales para ejercer de manera libre y secreta, a los integrantes del Poder Judicial. Los órganos electorales habrán de culminar solo una etapa de preparación de esta elección que, en la práctica, con sus novedades y particularidades, habrán de cumplir en tiempo y forma, es la instalación de casillas y la recepción del voto; en esto tiene una gran experiencia acreditada con aquellas 23 elecciones.

La incertidumbre organizada, presente en toda elección transparente, imparcial y apegada a la legalidad, habrá de despejarse cuando en los órganos desconcentrados distritales, inicie la etapa de escrutinio y cómputo y empiecen a perfilarse ganadores y perdedores. Será el Consejo General, integrado solo por mujeres, lo cual también es motivo de satisfacción, quien culmine con los cómputos y asignación de cargos de personas juzgadores, atendiendo el tema tan vigente de paridad. No se pierden de vista las posibles impugnaciones.

Culminar el proceso electoral número 24 habrá de generarnos una gran satisfacción y un momento de felicidad colectiva e individual. En suma, la tarea de ser felices es permanente, y eso, no se regala ni se compra; tenemos que buscarla y construirla día a día.

El pasado 30 de enero de 2025 iniciamos formal y legalmente el proceso electoral para elegir integrantes del Poder Judicial en el Estado de México. Bajo el lema “Mexiquense vota, es justo”, durante los próximos meses habremos de informar, invitar e insistir a la ciudadanía que el próximo 1º de junio los mexicanos y los mexiquenses estamos convocados para acudir a las urnas, ejercer nuestro voto y con ello definir una parte de quienes integran el Poder Judicial en los ámbitos federal y local.

En el caso federal y atendiendo el tema de paridad en candidaturas, estaremos eligiendo a cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación; dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); quince magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito; en total seis cargos a elegir, por lo tanto, tendremos seis boletas electorales.

Para la elección en el Estado de México, elegiremos una persona magistrada a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia; cinco magistraturas al Tribunal de Disciplina Judicial; 28 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia y 55 jueces de distrito. Lo anterior observando en todo momento la paridad de género.

El diseño de las boletas contemplará las especificaciones técnicas de identificación georreferencial que la legislación establece; al no haber emblemas de los partidos políticos, encontraremos listados con los nombres de las personas candidatas; dichas candidaturas a los distintos cargos de elección, se diferenciarán a través de los colores que tendrán las seis distintas boletas a nivel federal. En el Estado de México, la institución electoral tiene que esperar a que el Instituto Nacional Electoral le comparta el código cromático distintivo para cada elección, pero todo indica que las candidaturas se diferenciarán a través de colores. Esto facilitará la tarea final de los funcionarios de mesas directivas de casilla, que habrán de separar los votos para su envío a los órganos distritales donde dará inicio el escrutinio y cómputo de la votación.

Para ejercer el voto, la ciudadanía encontrará recuadros en la parte superior de la boleta donde deberá poner el número con el que está registrada la candidatura o las candidaturas de su preferencia. En este sentido la información previa que el electorado tenga sobre las candidaturas podrá agilizar el tiempo y facilitar la emisión del sufragio.

Esta es una elección diferente que requiere poner en juego toda la experiencia acumulada no solo de las instituciones electorales, sino de la propia ciudadanía. Los órganos electorales habremos de garantizar la imparcialidad, la legalidad, la transparencia, la certeza de la votación y sus resultados, y todos y cada uno de los actos que habremos de realizar en la organización de esta elección. A la ciudadanía por su parte, le corresponde participar como funcionario de mesa directiva de casilla si es que tiene 18 años, nació en el mes de febrero y su apellido inicia con la letra J (y letras subsecuentes en caso de que no se complete la integración con esta sola letra); o como capacitador, supervisor, observador electoral, vocal, consejero distrital, y lo más importante, acudir a votar plenamente informado. Este es el reto que ahora tenemos y no tengo la menor duda que todos juntos cumpliremos con la responsabilidad de entregar buenos resultados.

No olvidemos que nuestra imperfecta paz electoral está en permanente cambio y transformación, nuestras instituciones y el modelo electoral que se ha diseñado es perfectible y dinámico. Somos y formamos parte de una ciudadanía con experiencia en elecciones; comprobado está que realizarlas en un clima de paz, es la mejor vía para fortalecernos y dar legitimidad a la renovación de los Poderes públicos en nuestro país y en nuestro Estado. Todos somos corresponsables de seguir construyendo también, nuestra vida democrática.

Está definida la elección de integrantes del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como en las entidades en las que se realizará este ejercicio. De manera general, en las leyes correspondientes, se ha trazado el camino que los órganos electorales tienen que agotar en la organización de la elección de personas juzgadoras. En el Estado de México algunos temas importantes han quedado plasmados en la Reforma Constitucional y en el Código Electoral, que la LXII Legislatura aprobó en la primera quincena del mes de enero de este año 2025.

Habilitar un micrositio en la página oficial del IEEM para que la ciudadanía conozca no solo el proceso electoral sino también la trayectoria profesional y las propuestas que presenten las candidaturas registradas; el acceso a radio y televisión en periodo de campaña; los medios de impugnación que pueden interponer; la participación en debates; la elaboración de propaganda electoral propia con las recomendaciones que la misma ley establece para su hechura; son algunas de las directrices establecidas que podrían considerarse como derechos de las personas candidatas a un cargo de elección del Poder Judicial.

Algunos de los temas específicos que corresponde atender a los órganos electorales durante esta elección en el Estado de México, son el de determinar el tope de gastos personales de campaña; garantizar la perspectiva de género en el acceso a medios de comunicación; en los órganos desconcentrados, realizar los escrutinios y los cómputos correspondientes, expedir las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras, entregarles una Constancia de Resultados; y, en Consejo General realizar la sumatoria final y asignar los cargos por materia de especialización entre las candidaturas ganadoras observando en todo momento la paridad de género.

Ciertas interrogantes, que al ser novedosas, habrán de despejarse conforme se desarrolle el proceso electoral son, la depuración que los tres poderes tanto a nivel federal como local hagan de sus listados finales de aspirantes a juzgadores, no únicamente considerando el cumplimiento de requisitos establecidos sino a través de la insaculación pública en la que ajustarán el número de postulaciones para cada cargo, tomando en cuenta la especialidad por materia y atendiendo la paridad de género. El reto será la transparencia con la que se efectúe este procedimiento, para que no exista duda de la imparcialidad con la que actúan los respectivos Comités de Evaluación.

Una segunda cuestión puede presentarse a la hora en que el ciudadano acude a votar, ya que en los ensayos previos se calculan aproximadamente 10 minutos para sufragar por las candidaturas federales, pero sin considerar la elección local. La falta de celeridad para emitir el voto, puede generar un embudo que traería como consecuencia desincentivar la participación ciudadana por la desesperación e inconformidad que pudieran presentarse entre el electorado.

Un tema para analizar es sin duda, el dinero que inviertan los candidatos en sus campañas electorales, ya que al tener prohibido recibir financiamiento público y privado, los montos utilizados y su procedencia deben quedar muy claros en los informes que presenten ante la Unidad de Fiscalización del INE, para evitar la nulidad de la elección en un probable triunfo.

No menos importantes es la determinación de cuáles son votos válidos o cuáles son nulos, si se considera que en una misma boleta se puede sufragar en varios recuadros por distintos candidatos; el tiempo para identificar el sentido del voto puede generar tensiones e inconformidades por lo que la capacitación en este tema será muy precisa y clara.

Solo al finalizar este inédito proceso electoral, cuando abramos su caja negra, podremos concluir qué debe fortalecerse y qué debe desecharse. Corresponderá a los Poderes Legislativos tanto federal como locales, realizar los ajustes necesarios a la legislación después de esta primera elección de personas juzgadoras, porque sin duda tendremos datos y experiencias que enriquecerán los procesos electorales y nuestra democracia.

Existen diversas teorías sobre una caja negra: en la psicología, la administración, la filosofía, la ingeniería, por citar solo algunas de las disciplinas que las manejan; para efectos de exposición utilizaré el concepto más conocido que es el de la aviación, es decir, el de las cajas negras que todo avión tiene para registrar datos vitales del vuelo tanto de la aeronave como de la tripulación en cabina.

Haciendo una metáfora de este dispositivo para la navegación aérea, podemos señalar que en materia electoral, históricamente hemos tenido una evolución y cambios en los componentes básicos de los procesos electorales; por ejemplo: hace varias décadas los responsables de organizar y calificar una elección eran el gobierno en turno a través de la Secretaría de Gobernación y de un organismo llamado Comisión Federal Electoral (1951) que se replicó en nuestro estado como Comisión Estatal Electoral (1966), ambas creadas para preparar y vigilar el desarrollo de una elección.

Fue a partir de 1991 con la creación del IFE y los institutos electorales en los estados; después INE (2014) y los correspondientes organismos públicos locales electorales, que esta responsabilidad quedó en manos de órganos autónomos sin la participación de los gobiernos federal y estatal. Estas modificaciones dieron mayor certeza, credibilidad y legitimidad a las elecciones, y sobre todo a los ganadores.

Un segundo ejemplo ha sido el financiamiento público a los partidos políticos que en el siglo pasado inició con la exención de impuestos en el arrendamiento de inmuebles, rifas, franquicias postales, tiempo limitado en radio y televisión administrado por el gobierno y un financiamiento monetario discrecional que beneficiaba al partido mayoritario de aquel entonces, hasta llegar hoy en día a las normas y procedimientos que las instituciones electorales realizan con transparencia para asignar las prerrogativas que la ley otorga a los partidos políticos, las cuales son fiscalizadas permanentemente. Aunque en la actual caja negra electoral aún existen algunos componentes que deben ser revisados para ser claros y que atañen a los partidos políticos, éstos últimos, son instituciones indispensables para el funcionamiento de una democracia.

Un tercer ejemplo es que mientras la organización de los procesos electorales estuvo en manos de los gobiernos federal y estatales, los votos los contaban los funcionarios de casilla, designados por las Comisiones Electorales por su cercanía con el partido gobernante, razón por la cual los resultados eran fuertemente cuestionados. Fue en 1991 cuando por vez primera ya con la existencia del IFE, que se realizaron comicios con funcionarios de casilla insaculados de la lista nominal de electores, con lo que se atendió una vieja demanda de los partidos opositores para que los votos contaran y se contaran bien, dándose un enorme paso en la democratización y ciudadanización de las elecciones.

En suma, la caja negra electoral en nuestro país ha tenido una notable evolución en sus componentes que nos ha permitido a todos los mexicanos, conocer con certeza los datos de las elecciones y el comportamiento de sus principales actores, haciendo creíbles y confiables los procesos electorales, lo que ha disminuido considerablemente la violencia electoral.

A la caja negra no tenemos que acudir para revisarla únicamente cuando hay un conflicto electoral, entendido éste como la tensión, inconformidad, desacuerdo, descalificación; los ajustes debemos y podemos hacerlos periódicamente de manera preventiva para así evitar posibles enfrentamientos violentos.

Finalmente, no está por demás apuntar que, con la elección de integrantes del Poder Judicial, que se realizará a nivel federal y en la entidad mexiquense en este 2025, a nuestra caja negra electoral se le estarán sumando nuevos componentes y con ellos incertidumbres que seguramente se irán despejando poco a poco de manera positiva, constructiva y pacíficamente.

Más allá de la numeralia sobre la elección de personas juzgadoras federales y en algunos casos estatales, que por primera vez se efectuará el primer domingo del mes de junio del año 2025, quiero resaltar algunas de sus complejidades, pero sobre todo la ruptura de algunos paradigmas electorales que durante décadas hemos venido repitiendo, actualizando y fortaleciendo.

Sobre lo primero, es decir, algunas de las dificultades que todos los organismos electorales tendrán que afrontar, está el diseño de boletas las cuales deberán incluir con toda claridad el nombre de las personas candidatas, así como el poder que las propone ya sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial.

Una segunda complicación es la emisión del voto de los ciudadanos que estarán acudiendo a votar por seis cargos diferentes a nivel federal, en igual número de boletas, que en algunos casos, será extenso el listado de aspirantes y posiblemente otro número igual de boletas para elegir personas juzgadoras en las entidades que así lo decidan.

Una tercera complejidad es el cómputo de los votos ya que los tradicionales 300 distritos electorales federales que tenemos, no coinciden geográficamente con los distritos judiciales federales; lo mismo pasa en nuestra entidad donde la actual geografía electoral indica 45 distritos electorales y 18 distritos judiciales. La cartografía electoral también será uno de los retos que deberán atenderse para su adecuación a los distintos ámbitos territoriales judiciales federales y locales y para la ubicación de las casillas o centros de votación, teniendo en cuenta que los organismos electorales deben garantizar y facilitar la emisión del sufragio.

Junto a lo anterior, resalto el cambio del paradigma electoral, es decir, la modificación de la teoría del modelo electivo que durante muchas décadas hemos venido construyendo en México.

Para la elección de personas juzgadoras no solo los órganos electorales constitucionales: Instituto Nacional Electoral y Organismos Públicos Locales, serán los responsables de dicha elección, la corresponsabilidad se extiende con la incorporación de los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a nivel federal y estatal con funciones concretas, integrado cada uno de ellos por cinco personas que tienen como facultad: a) recibir las solicitudes de registro de las personas aspirantes a juzgadoras; b) determinar quiénes si cumplen con los requisitos establecidos; c) hacer una evaluación de las personas aspirantes; d) realizar un proceso de insaculación para eliminar aspirantes y hacer ajustes de género; y, e) obtener un listado definitivo de aspirantes que este Comité de Evaluación enviará al Senado y a la Legislatura local en el caso de nuestra entidad.

En una segunda fase electiva de este proceso electoral el INE y el IEEM recibirán las listas depuradas con lo cual la organización de esta elección estará a cargo de los organismos electorales. Podríamos decir sin que así se establezca, que estamos en una especie de segunda vuelta y quien gane obtendrá el cargo para el que se inscribió.

En este nuevo esquema resalta el hecho de que los partidos políticos no aparecen en este proceso electivo, ya que está expresamente prohibida su participación y su apoyo a cualquier candidatura; en contraparte serán los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los que aparezcan en las boletas con sus listados de aspirantes.

En este nuevo paradigma en el desarrollo de este proceso electoral no habrá representación de los partidos políticos ni de las personas candidatas en ninguno de los espacios de los órganos electorales.

Estos breves ejemplos de lo que tendremos que atender en el próximo proceso electoral junto con otros temas estrictamente técnicos, nos hace re-pensar que la elección del Poder Judicial aparte de ser inédita en México, modificará nuestro modelo electoral y la visión que teníamos como mexicanos de la organización y desarrollo de los procesos electorales. De aquí en adelante cuando en la conversación hablemos de elecciones, estaremos obligados a aclarar de qué elección estamos hablando. Finalmente, y no menos importante es sacar conclusiones sobre la relevancia o no, de la participación de los partidos políticos en los procesos electorales.

No puedo cerrar esta colaboración sin desear al personal de este diario y a quienes nos leen, que tengan una Feliz Navidad y un año 2025 con mucha salud, paz y éxitos.