Para efectos de simplificación diremos qué hay dos agendas: la estructural y la de coyuntura; la primera tiene que ver con el crecimiento económico, la seguridad, la corrupción entre otros asuntos; la segunda aborda los temas prioritarios de los gobiernos en turno, en la cual se puede ubicar la que pudiera impactar la estructura del sistema político mexicano.
Específicamente me refiero a la inminente reforma electoral que, de acuerdo con las declaraciones de la Presidenta de nuestro país, el primer borrador deberá presentarse en el transcurso de la segunda quincena de este mes por parte de quienes integran la Comisión Especial que fue nombrada para tal efecto.
A decir de uno de los miembros de esta Comisión, la primera propuesta que entreguen no será concluyente porque deberá transitar por el cedazo del Congreso de la Unión y las legislaturas locales, por lo que en dicho recorrido pudiera tener algunos cambios no solo de forma sino también de fondo.
Algunos puntos que pudieran estarse incluyendo para su debate y aprobación, son: bajar el costo de las elecciones; y aquí existen tres posibilidades: 1. Disminuir el número de legisladores tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados Federal; 2. Bajar el financiamiento que anualmente se les entrega a los partidos políticos y 3. Disminuir el presupuesto destinado a los órganos electorales para su operación. Pueden estar contemplando las tres o alguna combinación de éstas. Cualquiera que sea la propuesta, se hace necesario gastar menos dinero en los procesos electorales.
Sobre los cargos de representación popular; no es un secreto el control que han ido ejerciendo las direcciones de los partidos políticos sobre la "elección" de sus candidatos, particularmente los de representación proporcional, desde senadores, diputados federales, diputados locales, regidores y síndicos; lo cual ha distorsionado el valor de la representación de las minorías para convertirlas en rehenes de una política clientelar y de control. Elegir a los más votados de las listas plurinominales, ayudaría a romper con este vicio.
Otro tema no menos importante es el de los órganos electorales locales los cuales además de permanecer, se les deberían regresar las funciones que tenían antes de la reforma electoral del 2014, así como elegir a los integrantes de su Consejo General a través de las Legislaturas locales por mayoría calificada, recuperando el procedimiento de selección que actualmente realiza el INE; o por el voto directo y secreto de los ciudadanos de cada entidad. De esta forma se les fortalecería institucionalmente y se acabaría con el control que pudieran tener los gobernadores sobre dichas instituciones.
Finalmente, está el tema de las personas juzgadora la cuales deberían ser elegidas sin la intervención de ninguno de los tres Poderes en ninguna de sus fases de elección, es decir, que ni el Congreso de la Unión, las legislaturas locales, los titulares de los Ejecutivos, ni el Poder Judicial participen, ya que en su diseño constitucional primigenio no está el de la función electoral, para eso existen los órganos electorales especializados.
En conclusión, este 2026 en su agenda de coyuntura, se vislumbra como un parteaguas en cuanto a reingeniería electoral se refiere, siempre y cuando las mayorías escuchen a las minorías, de ser así, sin duda tendremos reformas que impacten positivamente el sistema político mexicano.
Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad para desearles a todos los lectores mis mejores deseos para que este año, se cumplan metas y aspiraciones trazadas.
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