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Miércoles, 18 Septiembre 2024 08:00

Surgir de los escombros

La mayoría de las personas mexicanas tenemos alguna historia relacionada a los temblores que acontecen en nuestro país. Al menos en el centro del país, este fenómeno natural que nos visita ocasionalmente ha permitido tener una sociedad preparada para lo peor. Hoy mismo estaremos realizando un simulacro para afinar nuestras estrategias.

 

El terremoto del 2017 evoca recuerdos amargos. Hubo quienes perdieron familiares con quienes hubieron querido compartir otros tramos de vida.

 

Pero hay también pincelazos agridulces en esa memoria. Ese día se pusieron a nuestra vista muestras contundentes de la fortaleza que hay en la unidad desinteresada. Recuerdo gente en la calle recolectando víveres y a otro tanto con botas y cascos, caminando a algún derrumbe al que iban con la esperanza de sumar y salvar vidas. Se formaban cadenas humanas y se hacían silencios impenetrables al ver un puño levantado.

 

La tecnología, sin lugar a dudas, facilitó este proceso. Saber en dónde se necesitaba ayuda y poder llamar a nuestros seres queridos fue de gran utilidad ante la catastrófica realidad. Sin embargo, poco habríamos sabido qué hacer de no ser por lo que un terremoto previo –el del 19 de septiembre de 1985– dejó a las generaciones que lo vivieron y a las que les seguimos.

 

El terremoto de aquel año marcó la vida de todos los territorios donde fue arrojando su energía destructiva. Las cifras oficiales e inclusive las estimaciones privadas subestiman el grado de nivel de catástrofe que este fenómeno dejó a su paso. Más de 40 mil personas heridas, 4 mil 100 personas rescatadas con vida de entre los escombros y ni hablar del número de personas que perdieron la vida, las cuales –se cree– podrían contarse por decenas de millares.

 

Ciertamente nadie estaba preparado para un evento de esa magnitud. Esto, tristemente, incluyó al gobierno que enmudeció y quedó paralizado. La sociedad tomó las riendas de sus vidas y las de sus vecinos ante la falta de respuesta y proactividad gubernamental, y dejó un legado que perdura hasta nuestros días. La ciudadanía, ya desencantada con el régimen por la crisis económica de 1982, se adueñó del espacio público y no hubo vuelta atrás.

 

“No sin nosotros” escribió Carlos Monsivais, para describir cómo en 1985 surgió una sociedad civil que lidereó el proceso de rescate y reconstrucción. Más aún, esa comunidad solidaria reclamó que el diseño, planeación y ejecución de la política pública pasara –a partir de ese momento– por la participación de la ciudadanía.

 

La sociedad civil que emergió del sismo del 85 no es aquella en que se disputa la lucha de clases, para seguir los términos gramscianos. Surgió más bien como una experiencia voluntaria, marcada por un ánimo de resolver los problemas y dejar de esperar que el gobierno de aquel momento lo hiciera. Por eso es tan importante aquel sentido comunitario que la ciudadanía mexicana adquirió de aquellos años, pues los lazos solidarios que se crearon atraviesan posiciones políticas, credos religiosos y niveles socioeconómicos. Su hilo conductor es, más bien, la conciencia de que la sociedad es más fuerte cuando actúa conjuntamente.

 

El propio Monsivais lo describía acertadamente, cuando explicaba que la colectividad del 85 redefinió en la práctica sus deberes ciudadanos. La sociedad civil permitió a sus usuarios “independencia política y mental”. Esa generación intensificó sus propios deberes, alimentada por el deseo de servir y por la energía que le irradiaron las multitudes que salieron a las calles a proteger a los suyos.

 

A 39 años del temblor, quiero reconocer a esa sociedad civil que impulsó la democracia. Ésta no se desarrolla en el vacío. Requiere de una comunidad participativa, como la que nos heredó aquella generación combativa. Quiero agradecer a las personas que se movilizaron y tomaron las calles porque gracias a su valentía hoy tenemos un país más democrático con instituciones electorales sólidas y personas exigiendo sus derechos en el espacio público.

 

 

Jueves, 05 Septiembre 2024 08:00

Cuando los extremos ganan elecciones

El calendario electoral 2024 no marcaba a los comicios locales de Alemania entre sus prioridades. Teniendo decenas de elecciones presidenciales que observar, no pareciera tener sentido enfocar la atención en un puñado de elecciones subnacionales a las que apenas fue convocado el 6% del padrón nacional.

 

Ese escenario cambió esta semana, una vez que se conoció que una organización abiertamente ultra-derechista ganó los comicios en Turingia y por poco lo hace también en Sajonia, ambas regiones del Este alemán. Alternativa de Alemania (AfD) se ha distinguido por su euroescepticismo, posiciones extremas en temas de migración y desapego a derechos fundamentales. De hecho, Björn Höcke, uno de los líderes de la referida agrupación en Turingia, fue sancionado ya por utilizar lemas nazis en sus actividades.

 

Es improbable que la AfD logre hacer una alianza de gobierno en Turingia, en virtud de que todos los partidos opositores se aliaron para impedirlo. Sin embargo, el abultado tamaño de su bancada en ambos parlamentos lo convierte en un jugador de veto importante. Además, no debemos olvidar que, en un par de semanas, otro estado del Este, Brandenburgo, irá a elecciones , con lo que se reabre el riesgo de nuevos triunfos extremistas.

 

La literatura electoral alemana suele situar a las elecciones locales como predictores del resultado de lo que ocurrirá en las elecciones nacionales. De ahí que el Canciller Olaf Scholz –quien aspira a la reelección– haya llamado a todos los partidos a impedir que AfD siga creciendo y se convierta en un peligro de cara a las elecciones nacionales 2025.

 

A 35 años de la caída del Muro de Berlín, conviene indagar las razones que motivan el voto en algunos de los territorios que alguna vez conformaron la Alemania Oriental. Por un lado, tenemos el enojo de la población por sentirse descuidada, sin inversión suficiente para su prosperidad económica y con una creciente percepción de violencia. En estos estados el ingreso promedio es 20% inferior que en aquellos que conformaron la Alemania Occidental.

 

Por otro lado, tenemos que el desempleo provocó que sectores de la población rechazaran a los inmigrantes, mientras que la crisis energética provocó en otros el deseo de recuperar las relaciones con Rusia. Estos factores conjugados facilitaron el crecimiento del apoyo a partidos anti-sistema y presentan un riesgo para hacer gobierno en Alemania.

 

La academia ha estudiado el surgimiento y ascenso de los partidos de extrema derecha en Europa. Sobresalen dos acercamientos. Por el lado de la demanda se sostiene que los intereses, emociones y actitudes de los votantes han cambiado por procesos macroestructurales (crisis económica, migración, cambio climático, violencia, etc.) y han generado rompimiento social que parte de la xenofobia y descontento político. Del lado de la oferta se argumenta que existen elementos asociados a los sistemas electorales que hacen más visibles a los extremos y, por ende, más proclives a atraer nuevos militantes.

 

Charlotte Knobloch, una de las supervivientes del Holocausto más reconocidas, lamentó que la primera victoria de la ultra-derecha en elecciones estatales se dio sin que siquiera se cumpliera un siglo desde la Segunda Guerra Mundial. Esto debe alertar a la comunidad internacional sobre las implicaciones que estos triunfos tendrán sobre los avances logrados en el campo de la justicia transicional: en reconciliar, garantizar la no repetición, reparar, entre otros.

 

Las elecciones locales nos permiten tener un termómetro de la sociedad. Las propuestas de los partidos políticos y los resultados de los procesos no ocurren en el vacío. Pesan la historia y el contexto. El surgimiento y ascenso de grupos extremistas arrojan luz sobre el estado actual de la población votante y es importante entender que esto es parte de la democracia. Hay mayorías, minorías, clivajes, partidos de extrema, etc. Lo importante es encontrar el balance entre éstos para no vulnerar derechos y, sobre todo, no repetir el pasado.

 

Jueves, 22 Agosto 2024 08:00

Participación Electoral

La literatura académica sobre calidad de la democracia suele utilizar a la participación política como variable explicativa. Cada vez que nos involucramos en asuntos públicos, exigimos a los gobiernos o nos asociamos para hacer cosas en común, fortalecemos capacidades cívicas. La métrica más contundente es la asistencia a las urnas, pues es la prerrogativa ciudadana del sufragio la que nos permite decidir quiénes nos representarán y cuál programa nos convence más.

 

A pesar de la importancia de esta última variable, todavía se conoce poco sobre los factores que determinan la participación electoral. La ciencia todavía no define con precisión qué aspectos propiciaron que 61 de cada 100 personas inscritas en la lista nominal mexicana participaran en la elección federal de 2024.

 

Una de las respuestas más socorridas tiene que ver con la obligatoriedad del voto. El caso mexicano es curioso porque, si bien nuestra Constitución establece que el sufragio es obligatorio, jamás se ha sancionado la abstención. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) encontró que en América Latina la participación electoral es más alta en los países en los que es obligatorio votar, aunque no haya sanción (65%), comparado con los países en los que no lo es (55%). No obstante, cuando observamos la participación electoral en los países en los que es obligatorio y hay sanción, ésta en promedio alcanza el 82%.

 

Pero más allá de medias nacionales, los países federados ofrecen información interesante, ya que suelen registrar distintas tasas de participación entre sus entidades. En el caso mexicano Yucatán suele tener una mayor propensión al sufragio. En las elecciones 2024 ese estado, junto con Tlaxcala y Ciudad de México mantuvieron tasas por encima del 70%. Baja California fue la entidad con la menor participación, por abajo del 50%.

 

Inclusive dentro de cada entidad federativa hay variaciones importantes a nivel municipal. En la elección mexiquense de 2024, por ejemplo, participó el 65% de la población, un incremento importante (11%) respecto de los comicios de 2021. Este año fueron ejemplares los casos de Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Texcalyacac que estuvieron por encima del 80%, superando sus propios niveles de participación en la elección de gubernatura 2023.

 

Estas variaciones específicas nos llevan a preguntar ¿existen otros factores que motiven que en unas comunidades se vote más que en otras? Dieter Nohlen, quizás el más afamado politólogo alemán, después de estudiar las tasas de participación en el mundo, agrupó las respuestas en tres grandes grupos: la complejidad de la administración electoral; el des/encanto por la política y el distanciamiento de las personas con la participación política –ya sea por marginación social o desafección por la política en lo general.

 

En efecto, no basta con multiplicar la cantidad de casillas y hacerlas accesibles a la ciudadanía. Las personas votan porque quieren influir en la política pública, porque aspiran a que determinadas propuestas se concreten en obras de gobierno. Por eso es que las propuestas de los partidos y candidaturas, así como las trayectorias de quienes aspiren a la representación popular son fundamentales para motivar el sufragio. En palabras de Nohlen, “la experiencia histórica y comparativa muestra que el nivel técnico, educativo y comunicacional de los organismos electorales no basta para generar un aumento de la participación electoral”.

 

La participación política no se agota al momento de votar. Si bien ya transcurrió la jornada electoral más grande de la historia, la ciudadanía tiene mucho que aportar al quehacer público en la medida en que se involucre en la construcción de soluciones. La democracia se fortalece cada vez que ejercemos nuestros derechos.

De acuerdo con Naciones Unidas, los pueblos indígenas constituyen el 6% de la población mundial y habitan el 28% de la superficie del planeta. Representan, por supuesto, una de las mayores fuentes de diversidad del planeta. La UNESCO estima que estos grupos poblacionales representan 5 mil culturas existentes.

 

A pesar de esa contribución, históricamente los pueblos indígenas han tenido que luchar para que se reconozcan sus formas de vida, sus identidades, sus formas de participación política y hasta el derecho sobre sus territorios. Lo hacen, además, en condiciones de desventaja, pues representan el 15 por ciento de los más pobres en el mundo.

 

Para visibilizar los múltiples aportes de los pueblos indígenas y hacer claras sus demandas, en 1994 la Asamblea General de la ONU decidió conmemorar anualmente –los 9 de agosto– el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Doce años más tarde la propia Asamblea adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento internacional de vanguardia que brinda reconocimiento internacional a sus derechos humanos y colectivos, incluyendo el derecho a la autodeterminación; la consulta previa e informada, y el derecho a mantener y desarrollar sus propias culturas y tradiciones.

 

La Declaración es clara cuando afirma que estos pueblos tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. De hecho, este año el Secretario General de la ONU puso el énfasis en los más de 200 pueblos que voluntariamente viven en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador e India, entre otros.

 

No obstante, el instrumento internacional abre una posibilidad más amplia, pues reconoce que los pueblos tienen derecho a “participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”

 

Por fortuna, en el caso mexicano muchos pueblos y comunidades indígenas han manifestado abiertamente su voluntad de participar en la vida política de la nación y de sus entidades federativas. Aunque lo hacen constantemente, en ese camino han encontrado limitaciones formales e informales. Subsisten todavía en nuestro país normas e instituciones que fueron concebidas desde un supuesto mestizaje universal y raza cósmica que invisibiliza las características y necesidades específicas de los pueblos indígenas.

 

Por eso es de celebrar que la Constitución de nuestra entidad reconozca la composición pluricultural y pluriétnica del Estado de México, así como la existencia de los pueblos Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca y Tlahuica. No lo es tanto que, en la historia democrática de la entidad, estos grupos y sus liderazgos hayan tenido una representación apenas marginal.

 

Lo cierto es que la representación política se fortalece en la medida en que todos los grupos sociales tengan cabida en la deliberación. Sólo así surgen políticas públicas incluyentes que se nutren de conocimientos colectivos y atienden las demandas generales de todas y todos.

 

Con ello en mente, este año el IEEM adoptó –por ver primera en su historia– acciones afirmativas que operaron en la elección de diputaciones y ayuntamientos. Gracias a su puesta en marcha –y evidentemente a la capacidad de las personas candidatas– tres mujeres indígenas ocuparán curules en el Congreso Local. Además, quince personas, también indígenas, representarán a estos pueblos en cargos municipales.

 

Me parece clave enfatizar que estas acciones afirmativas no surgieron en oficinas institucionales. Conforme a lo establecido en la Convención 169 de la OIT, partieron de una consulta previa e informada a los pueblos interesados. Fueron éstos quienes dijeron al IEEM su sentir respecto de las medidas que habrían de adoptarse para competir en condiciones de igualdad.

 

La cada vez más intensa presencia de representaciones indígena en la toma de decisiones fortalecerá la vida política del estado. 2024 demostró que la inclusión es posible y que hay liderazgos indígenas preparados para competir y triunfar.

 

Viernes, 27 Septiembre 2024 08:00

¿Quiénes integran los institutos electorales?

Ayer el Consejo General del INE designó consejerías de 20 institutos electorales locales. Con este hecho, se cubrió el relevo escalonado

 

Ayer el Consejo General del INE designó consejerías de 20 institutos electorales locales. Con este hecho, se cubrió el relevo escalonado que mandatan la Constitución y la legislación electoral.

 

En 2014 se aprobó una reforma constitucional de gran calado que apostó por mejorar la institucionalidad democrática en el país. Antes de la modificación normativa, las autoridades electorales de las entidades federativas surgían de procesos políticos en que los congresos locales designaban a personas que gozaran de la confianza de los partidos. En ocasiones esa fórmula minó los márgenes de autonomía de algunas de las personas designadas.

 

La enmienda del 2014 cambió esa ecuación y apostó por la independencia de los institutos electorales locales y a que fueran dirigidos por especialistas con una alta preparación técnica. Quienes arriban a sus Consejos Generales ya no pasan por el tamiz de los consensos partidistas, sino que surgen de procesos públicos, abiertos y exhaustivos donde sus méritos –y sólo éstos– son los que cuentan.

 

El concurso de este año ejemplifica bien este ideal. Después de que el INE emitió convocatorias públicas para las entidades donde existían vacantes, se desarrolló un concurso de cinco etapas. Una vez que se verificó que las y los aspirantes cubrieran con los requisitos de ley, éstos debieron presentar un examen de conocimientos electorales y redactar un ensayo donde resolvieran problemas hipotéticos en la aplicación del derecho electoral.

 

Los textos fueron evaluados por personas externas de la academia, quienes desconocían su autoría. Además, quienes aprobaron esas primeras etapas fueron sometidos y sometidas a un examen de habilidades gerenciales y a una entrevista por parte de consejeras y consejeros de la autoridad nacional. Los videos de las audiencias están disponibles para consulta, a efecto de que se pueda verificar la congruencia entre el desempeño y la calificación otorgada.

 

Cabe destacar que las representaciones partidistas de los ámbitos nacional y estatal fueron consultadas para conocer si hubiere antecedentes objetivos en la trayectoria de las personas que las hicieran incompatibles para ocupar los cargos.

 

Para poner las cosas en perspectiva, casi 2 mil personas participaron este año en los procesos de selección. De ese universo, apenas el 3% fueron designadas y tomarán protesta. En aquellos casos donde no hubo consenso o no se encontraron perfiles idóneos para ocupar alguna vacante, el INE declaró el concurso desierto.

 

Me parece importante abonar que, aunque la meritocracia tiene críticas inherentes a su funcionamiento en una sociedad con desigualdades profundas, el principio de paridad permea en el proceso de selección mexicano para garantizar que mujeres y hombres tengan igualdad en oportunidades para ejercer cargos públicos. Derivado de esos esfuerzos de nivelación, algunas entidades tendrán mayorías de mujeres en sus órganos de dirección.

 

En el caso del Estado de México, el Consejo General estará totalmente integrado por mujeres. Es un orgullo que el estado más poblado del país haya logrado visibilizar cuadros femeninos que hoy lideran la gubernatura, la mayoría del congreso y las presidencias de las autoridades electorales administrativa y judicial. El cambio debe resaltarse, si se considera que hasta hace un par de décadas era apenas marginal la probabilidad de que alguien que no fuera varón ocupara un cargo de relevancia en los sectores público y privado de la entidad.

 

México tiene en sus institutos electorales locales un activo democrático de primera importancia. Esto es así porque el proceso de selección de sus dirigencias asegura independencia y profesionalismo, al tiempo que las normas comiciales aseguran estándares de calidad en todo el territorio nacional.

 

Felicito a las y los colegas que el próximo 1º de octubre iniciarán una nueva etapa en la institucionalidad democrática del país.

 

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

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