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Las normas que regulan el acceso a las candidaturas no son un asunto menor. Están estrechamente ligadas al derecho fundamental de las personas a ser votadas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –entre otros instrumentos internacionales y regionales– reconocen al sufragio pasivo como un derecho humano y, por tanto, obligan a los países a garantizarlo.

Pero no todas las personas llegan a la boleta, ni mucho menos reciben financiamiento para sus campañas. Los estándares internacionales reconocen que las naciones pueden reglamentar este derecho por razones de edad, nacionalidad, instrucción o residencia. Cualquier restricción debe estar basada en criterios objetivos y razonables. Los procedimientos para acceder a una candidatura deben ser accesibles y no discriminatorios.

Ese conjunto de reglas ha sido eficaz para guiar los diseños de reglas para la postulación de candidaturas a cargos ejecutivos y legislativos, pero han resultado insuficientes para las candidaturas al Poder Judicial. El caso mexicano –único en el mundo en que la totalidad de personas juzgadoras será sometida al voto popular– ha dejado claro que hacen falta nuevos ejes sobre los cuales edificar este sistema.

Así, por ejemplo, nuestro país decidió que los partidos se mantengan ajenos al proceso electoral judicial. No sólo carecen de la prerrogativa para postular candidaturas, sino que están impedidos a apoyar a alguna de las existentes y no participan en la toma de decisiones dentro de los órganos colegiados electorales.

Derivado de lo anterior y de la necesidad de que los perfiles contaran con las credenciales jurídicas para realizar su labor de impartidores e impartidoras de justicia, el Constituyente permanente determinó que fueran los poderes de la federación y de cada entidad federativa quienes propusieran las candidaturas. Lo hacen después de rigurosos procesos en los que comités especializados revisan la elegibilidad e idoneidad de cada candidatura. La ley exige sortear a la lista de personas idóneas para determinar el listado final de candidaturas.

A diferencia de lo que ocurre en las elecciones tradicionales, en los comicios judiciales no corresponde a los institutos electorales verificar a quienes se postulan. Esta responsabilidad recae en los poderes y, una vez definida su lista, la remiten a la autoridad electoral para que ésta incluya sus nombres en las boletas y desahogue el resto de etapas del proceso electoral.

El IEEM ya recibió las candidaturas que los tres poderes de la entidad proponen para cubrir las 91 vacantes sobre las que decidirá el voto popular en 2025. Se registraron 539 candidaturas, de manera que a cada cargo corresponden, en promedio, seis opciones. Las y los mexiquenses tendrán opciones reales para decidir a sus magistraturas, juezas y jueces.

Debe reconocerse la institucionalidad con la que operaron los tres poderes del estado. A pesar de los plazos tan estrechos, el IEEM recibió en tiempo los listados de las candidaturas y los expedientes correspondientes. Ello permitirá avanzar, sin contratiempos, hacia las siguientes fases de producción de documentación y difusión de los perfiles que compiten. Una vez que se resuelvan algunos detalles, la lista final será publicada para conocimiento de la ciudadanía y testimonio de este momento histórico.

El próximo 1º de junio podremos elegir a quienes impartirán justicia en el estado más poblado del país. Ya tenemos opciones idóneas entre las cuales decidir. El turno está ahora en la ciudadanía que podrá informarse y, con su voto, escoger la mejor opción. Vota, es justo.

En las últimas décadas, el mundo ha tenido un franco deterioro en su valor más preciado: la libertad. Así lo refleja un informe de Freedom House

El deterioro fue gradual. Por eso las alarmas no se encendieron, o bien sonaron tan tímidamente que nadie quiso cambiar el rumbo. Lo cierto es que, en las últimas décadas, el mundo ha tenido un franco deterioro en su valor más preciado: la libertad.

Así lo refleja el informe que este miércoles emitió la agencia internacional Freedom House. El año pasado, 60 países, en los que habita 40% de la población mundial, registraron deterioro en cuanto al grado de derechos políticos y libertades civiles. Fueron 35 las naciones en donde hubo mejoras. Lo verdaderamente preocupante es que éste fue el 19 año consecutivo de retroceso. 

¿Qué es lo que está pasando? El Informe sobre la Libertad en el Mundo ofrece algunas respuestas. Los conflictos prolongados —incluyendo guerras civiles, enfrentamientos entre estados y violencia perpetrada por grupos armados no estatales— tuvieron un impacto devastador en la seguridad. Uno de cada cinco países obtuvo la calificación más baja en este rubro.

La agencia internacional describe varios casos en la región, incluyendo los problemas de crimen organizado en México o Ecuador. También destaca la cada vez más importante presencia de pandillas en Centroamérica y el Caribe. En Haití, por ejemplo, estas células criminales controlan ya de la capital. En respuesta, las y los líderes de algunos países han adoptado medidas represivas que, si bien han reducido los homicidios, erosionaron significativamente los derechos y libertades fundamentales. Basta con mirar a El Salvador.

En abril se conocerá cuál de los dos contendientes cosechará las preferencias de aquellas personas que el domingo pasado abrazaron otras candidaturas en la mitad del mundo.

La suerte parecía sonreírle en 2023 a Daniel Noboa. Hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador, ese año pasó de ser un congresista mediano a presidente de su país.

El país andino tiene una institución singular, según la cual la persona titular del Poder Ejecutivo puede disolver al Congreso. Se llama “muerte cruzada” porque el costo de hacerlo es que el mandatario también renuncia y convoca a nuevas elecciones.

En 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso acudió a este recurso constitucional. Noboa se presentó como candidato y -después de un buen desempeño en el debate- alcanzó un 23% de los votos, muy por debajo de la candidata triunfante que obtuvo el 33%. 

De manera sorprendente, esa frágil proporción de votos le fue suficiente para alcanzar un lugar en la boleta de la segunda vuelta, en la que enfrentó a la representante del correísmo, Luisa González. La estrategia del candidato le permitió aglutinar a todo el voto anti-correísta y obtener así la mayoría en el ballotage.

Fue ya en el gobierno que las cosas empezaron a descomponerse. En 2024, una serie de motines en las cárceles terminó exhibiendo la fragilidad de su administración, cuando delincuentes armados se presentaron en una televisora del Estado y les obligaron a suspender la transmisión.

Ecuador se había convertido en el país más peligroso de Latinoamérica, razón por la cual Noboa reaccionó declarando un estado de emergencia e instruyendo al ejército para estar en las calles.

Si bien la medida logró disminuir el número de homicidios, el entorno de riesgo se mantiene. A ello habría que agregar apagones eléctricos constantes y un crecimiento económico incipiente que motivó dos medidas impopulares: aumentar el IVA y disminuir subsidios.

En ese contexto, Ecuador llegó a los comicios 2025 con un mandatario debilitado. Pero su sistema electoral está diseñado para garantizar legitimidad popular a quienes ganen. Las candidaturas deben obtener un 50% de la votación, o bien alcanzar el 40% y sacar diez puntos de ventaja al segundo lugar para ganar en primera ronda. De no hacerlo, los dos primeros lugares irán a ballotage, en la que triunfará quien obtenga mayoría.

Este último escenario es el que se presentó el domingo pasado. Noboa habría alcanzado el 44.2% de la votación y Luisa González -su rival 2023- el 44%.

Dos temas de orden legal envolvieron la elección. Por un lado, el Presidente hizo campaña estando en funciones, a pesar de que el Código de la Democracia expresamente pide que renuncien al cargo. Hay un debate jurídico sobre si es aplicable una sentencia de la Corte Constitucional que le eximiría de la separación.

Por otra parte, en ese país se prohíbe que los proveedores del Estado participen en una elección. Se impidió el registro a un candidato que sería el “beneficiario final” de un contrato. El aspirante acudió a la CIDH, alegando que no es accionista ni representante legal de la empresa que brinda servicios al gobierno.

Un elemento de preocupación fue la heterogeneidad con la que se hicieron los cómputos. La OEA denunció que el 43% de las casillas tuvieron variaciones respecto del procedimiento establecido. No se denuncia que el sesgo haya sido intencionado.

A pesar del clima de violencia, la institucionalidad logró coordinarse. Como se hace en el Estado de México, se ofreció seguridad a todas aquellas candidaturas que lo pidieron.

El sistema de segunda vuelta permite que las y los electores tengan un comportamiento estratégico. En abril se conocerá cuál de los dos contendientes cosechará las preferencias de aquellas personas que el domingo pasado abrazaron otras candidaturas en la mitad del mundo.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

@PULIDO_AMALIA

El caso de Serbia es un recordatorio de que la confianza en las instituciones no es un recurso inagotable. Cuando las personas perciben que sus gobiernos no actúan en su beneficio, la respuesta puede ser el descontento social, la protesta e incluso la crisis política

El pasado 28 de enero, el primer ministro de Serbia, Milos Vucevic, presentó su renuncia después de meses de protestas relacionadas a sospechas de corrupción. Pero más allá de las fronteras balcánicas, éste no es un episodio aislado de inestabilidad. Es síntoma de un problema con raíces profundas: la creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Serbia ofrece un espejo para muchos países alrededor del mundo. De hecho, la alta polarización política y social que vimos durante los procesos electorales de 2024 alrededor del mundo son muestra de ello. La plataforma de diversos liderazgos anti-establishment se ha sostenido justamente en el descontento social generalizado. Hay una sensación generalizada de precariedad a nivel individual que contrasta con el despilfarro de ciertos grupos políticos.

México se ha beneficiado significativamente de la observación ciudadana. Si bien nuestra transición a la democracia tuvo como epicentro el plano electoral, la veeduría cumplió un rol fundamental para imprimir confianza y mejorar la calidad de los comicios.

En efecto, la falta de pluralidad del sistema político y los cuestionables resultados oficiales de la elección de 1988 provocaron una crisis de credibilidad que no logró ser resuelta hasta muy avanzada la década de los noventa. Fue necesario un rediseño de las instituciones comiciales para volverlas ciudadanas, independientes y altamente profesionalizadas, así como la apertura de cauces para que la sociedad civil pudiera revisar directamente cómo se hacen los comicios.

En esa ruta fue esencial la reforma de 1993-1994 que, al regular la observación electoral, dio certeza jurídica a las personas y organizaciones que la realizan. Además, se generó un fondo que permitió la consolidación de organizaciones ciudadanas que desarrollaron rigurosas metodologías para la observación.

A su vez, desde la década de 1990, México permite que “visitantes extranjeros”, previamente acreditados, acompañen el desarrollo de nuestros comicios. Misiones de la OEA, la Unión Europea, IIDH-CAPEL, Carter Center  –entre otros– han tenido una presencia importante desde que los comicios en México son competitivos.

Destaco tres contribuciones que ha tenido la observación en el mundo.

Primero, permite que la ciudadanía –sin sesgos partidistas– ingrese a casillas y centros de votación, lo que disuade la ocurrencia de irregularidades.

Segundo, en la medida en que las misiones de observación hacen públicos sus informes y señalan lo que encuentran, se ha fortalecido la confianza en los procesos. Su dictamen independiente es una prueba adicional de integridad.

El tercer plano es uno de los menos conocidos. La observación especializada confronta lo que ocurre en la realidad con otras experiencias exitosas y con buenas prácticas. Ello deriva en recomendaciones que –en no pocas ocasiones– enriquecen las políticas institucionales y son fuente de reformas normativas. 

Pero, a decir verdad, la observación se encuentra en proceso de renovación en todo el mundo. Se ha pasado del acompañamiento en una muestra amplia de casillas únicamente el día de la jornada a una revisión de más largo aliento en temas específicos de la elección. Conforme surgen asuntos novedosos como las campañas de desinformación en redes sociales o las nuevas tecnologías para la transmisión de resultados, las metodologías deben ajustarse para poder contribuir con su revisión.

Las elecciones judiciales son, en ese sentido, un campo fértil para innovar en cuestiones de observación. Como puede advertirse en el estudio de los informes sobre los comicios de Bolivia 2024, las misiones se han pronunciado sobre aspectos como el proceso para determinar la idoneidad de las candidaturas o la manera en que la autoridad comicial explica la función de la impartición de justicia.

Pero no existe una sola experiencia de elección judicial en el mundo que haya aglutinado a tantas candidaturas y votantes como el proceso extraordinario 2025. La lente ciudadana tendrá que ajustarse para revisar la actuación de los comités de evaluación, la completitud de los listados, el diseño de boletas novedosas o las casillas seccionales. 

Por fortuna, en México han surgido organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas observando y, por tanto, poseen la experiencia necesaria para poder agregar una visión profesional al proceso electoral. Son un activo de la democracia mexicana.

La convocatoria para observar la elección ya está abierta y cierra hasta el 7 de mayo. ¡Inscríbete ya para que tu mirada pueda acompañar este histórico proceso!