El gran reto que representa el garantizar dos derechos humanos como lo son el derecho a la salud y el ejercicio de los derechos político-electorales implica generar las mejores y optimas condiciones para que las elecciones se lleven a cabo bajo los mas altos estándares de sanidad, seguridad y respeto al voto libre y secreto.
¿Cómo se hace esto posible? ¿Lo llevamos a cabo? Las experiencias de países en todo el mundo que decidieron llevar a cabo elecciones en lugar de postergarlas nos dicen que es vital contar con un Plan de Contingencia que acompañe la planeación integral del proceso electoral.
Este Plan de contingencia debe contener un conjunto de procedimientos y de instrucciones que permitan desarrollar todas y cada una de las actividades del proceso electoral en un contexto distinto al que normalmente prevalecía.
Para ello la generación de Protocolos que detallen la secuencia de pasos a seguir se hace fundamental.
Las actividades de preparación de la jornada electoral como son el registro de candidaturas, las campañas electorales, el registro de representantes, lo relativo a la documentación y material electoral en donde se lleva a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales hasta llegar a la jornada electoral implica que miles de personas confluyan e interactúen en diversos espacios.
Por ello es tan importante y urgente que cada institución cuente con Protocolos que establezcan de forma detallada instrucciones y precauciones que se deben seguir. Vale la pena tener reuniones con expertos en materia de salud para contar con el mayor número de medidas que eviten contagios y prevengan posibles brotes.
Un buen ejemplo es el Instituto Electoral de Coahuila que cuenta con diversos protocolos de seguridad sanitaria en registro de candidaturas, campañas electorales, distribución de paquetes, PREP y simulacros, entrega de paquetes electorales posterior a la jornada electoral y cómputos distritales.
La colaboración interinstitucional para cuidar y proteger a los y las mexiquenses es importante; sin embargo la autonomía de las instituciones faculta y exige crear Protocolos y Lineamientos propios que garanticen la salud y a la par que se cumpla el contrato social entre la ciudadanía y el gobierno en sus diferentes niveles para el Estado de México: Ayuntamientos y Congreso Local.
