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¿Cómo influyen las lecturas que hacemos en diversas etapas de nuestras vidas? ¿Cómo podemos plasmar las enseñanzas de dichas lecturas en nuestras distintas actividades sociales? Aproximo una respuesta a ambas interrogantes poniendo como ejemplo el trabajo institucional que realizamos en el Instituto Electoral del Estado de México.

Lo primero que estamos obligados a conocer y poner en práctica son los principios y valores que nos rigen: certeza, imparcialidad, legalidad, pluralidad, tolerancia, transparencia, diálogo, respeto, inclusión.

Dichos principios y valores no son producto de una ocurrencia de quienes pertenecemos al Instituto, nacen de la experiencia de las instituciones y su buen funcionamiento en el cumplimiento de tareas y objetivos planteados; pero también del pensamiento que durante siglos han aportado personajes como Tomás Moro y George Orwell, cuyas lecturas, en alguna etapa de nuestra existencia pasaron por nuestras manos y nos hicieron reflexionar sobre sus propuestas.

El primero con su libro Utopía escrito hace 509 años, nos invita a no dejar de soñar, ya que el único límite que tenemos los humanos es el de nuestras capacidades y la voluntad para hacer realidad esos sueños; no hay de darse por vencidos en la idea de una sociedad menos desigual, más equitativa, más incluyente, más justa, más solidaria, mucho más pacífica en todo lo que implica el concepto de Paz.

Los valores son faros que guían y nos dicen por dónde deben transitar instituciones como la nuestra; por ejemplo, el de la paz y la transparencia como condición humana y ética respectivamente, para tener certeza y confiabilidad en el resultado final de nuestras tareas.

De George Orwell en la Rebelión de la Granja, obra que acaba de cumplir ochenta años de haberse publicado, nos invita a la rebeldía, a manifestarnos en contra del autoritarismo, de la injusticia y del abuso de poder; nos propone luchar por nuestros derechos, y agrego yo, pero de manera pacífica, sin violencia y dentro de los cauces institucionales.

A lo largo de los ya casi treinta años de existencia, en el Instituto Electoral del Estado de México hemos ido acreditando con resultados, que la disputa del poder político se puede dar de manera pacífica y con legitimidad si contamos con instituciones éticamente confiables y responsables; en cada proceso electoral para elegir autoridades municipales, diputados locales, titular del Poder Ejecutivo y recientemente integrantes del Poder Judicial, los cuestionamientos al trabajo del IEEM han sido cada vez menos justamente por el apego a los principios y valores con los que nos hemos conducido.

Por eso creo que es una rudeza institucional innecesaria de quienes desde distintas posiciones del Poder Federal, promueven la desaparición de los llamados Organismos Públicos Electorales que existen en cada entidad de nuestro país.

Esta visión centralista de concentrar la administración electoral en un solo órgano nacional, es una expresión de ese viejo autoritarismo de hace décadas que realizaba procesos electorales sin credibilidad, sin legitimidad y sobre todo con una gran carga de violencia directa y estructural.

A muchos nos haría bien leer o releer textos y autores como los citados para fortalecer o modificar nuestras acciones.

Hay un refrán que dice que solo los seres humanos tropezamos dos o más veces con la misma piedra, lo que significa que no entendemos y tampoco hacemos caso de las experiencias y lecciones de la Historia que debieran ser pedagógicas para no cometer los mismos errores del pasado.

La Historia de las elecciones en México nos dice que el hoyo negro electoral que tuvimos por décadas, fue por la participación directa del Poder Ejecutivo en la organización y calificación de los procesos electorales que los hacía poco creíbles porque este Poder era juez y parte. Es hasta que el Ejecutivo deja de participar en las elecciones y se crea un organismo electoral autónomo cuando los comicios empezaron a tener credibilidad y certeza, y paulatinamente se alejaron de ser una fuente de conflicto violento en la disputa del poder político.

No obstante lo anterior, para la reciente elección de personas juzgadoras, de nueva cuenta se retomó la participación del Poder Ejecutivo, incluso se fue más lejos, también a los otros dos Poderes se les asignó una responsabilidad electiva lo cual pudo ser un factor más, que contribuyó para que ciertos sectores de la sociedad cuestionaran esta elección y se registrara un elevado índice de abstencionismo.

Si no se tuvieron más controversias en esta elección, fue en buena medida por la participación del INE y la gran mayoría de los institutos electorales en los estados, que pusieron en práctica toda la experiencia y prestigio que han acumulado por décadas para organizar procesos electorales apegados a la legalidad, pero sobre todo pacíficos. Al respecto, quedan muchos desafíos y tareas por resolver para los institutos electorales federal y locales; sin embargo, en cualquier escenario los procesos técnico-operativos no son asuntos que puedan improvisarse, se requiere conocimiento, especialización, vocación de servicio, convicción institucional y un gran compromiso con nuestra sociedad.

En la reforma a las leyes respectivas que regulan la elección de integrantes del Poder Judicial, sería muy sano establecer que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no intervinieran en ninguna de las etapas de la organización de esta elección, pues se corre el riesgo de que el proceso mismo sea fuertemente cuestionado por una posible parcialidad si se insiste en la participación de los tres Poderes.

Estos Poderes fueron diseñados como instituciones con funciones específicas y especializadas: el Ejecutivo para instrumentar y aplicar políticas públicas que garanticen el desarrollo y bienestar de los mexicanos; el Legislativo para hacer leyes, incluida la de ingreso-gasto, así como fiscalizar el uso de los dineros públicos; y el Judicial para impartir justicia; pero en ningún caso para organizar elecciones.

Para organizar elecciones tenemos al INE y a los organismos electorales en cada entidad de la República con muchos años de experiencia, que han logrado que tengamos en construcción permanente una imperfecta paz electoral. El razonamiento es simple, si tenemos una división del trabajo institucional especializado, es necesario su fortalecimiento y no la improvisación asignando funciones para las cuales no fueron concebidas de origen. Cada quien debe asumir las responsabilidades para las que fue creado, es lo más útil y saludable para el país.

En conclusión, sobre la reforma electoral que está en puerta muchos son los temas que habrán de discutirse, diversas son las visiones y experiencias; revisar la Historia político-electoral de nuestro país servirá para no tropezar con la misma piedra y repetir los errores del pasado.

Es una verdad de perogrullo decir que todas las leyes son perfectibles, pero lo es más cuando una de esas leyes se aplica por vez primera, el ejemplo más palpable lo tenemos en las normas que regulan la elección de los integrantes del Poder Judicial tanto a nivel federal, como en las entidades del país que adaptaron su normativa para organizar la elección de personas juzgadoras en este año de 2025.

El proceso electoral en nuestra entidad aún no concluye del todo, están en estudio y definición los medios de impugnación interpuestos; esta responsabilidad corresponde al Tribunal Electoral del Estado de México; pero ya podemos empezar a delinear algunas consideraciones y pensar si es viable reformar o no reformar las reglas del juego no solo para mejorar la calidad de la reciente elección, sino sobre todo porque en el año 2027 se habrá de organizar la elección de diputados locales, de ayuntamientos y los cargos que quedaron pendientes del Poder Judicial.

De los primeros temas:

1.Reflexionar sobre la posibilidad de que los tres poderes tanto a nivel federal como local dejen de participar en la organización de la elección de integrantes del Poder Judicial, para cederla a los órganos electorales constitucionales. Recordemos que la ley respectiva, actualmente otorga al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al propio Poder Judicial, la responsabilidad, en un primer momento, de hacer el registro de aspirantes, la verificación de requisitos, la evaluación, la selección de los mejor calificados, el sorteo, la integración de listados definitivos de candidaturas y finalmente el envío de dichos listados al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Electoral local, vía el Senado de la República o la Cámara de Diputados local respectivamente, para que los órganos electorales en un segundo momento realicen el proceso electoral.

Aunque a nivel local la primera parte de la organización de la elección de personas juzgadoras que estuvo a cargo de los tres Poderes del Estado, se realizó sin contratiempos y apegados a la normatividad establecida, muy sano sería que los órganos electorales asumieran toda la responsabilidad de este procedimiento.

El argumento es sencillo, el Parlamento fue diseñado para hacer leyes; el Poder Judicial para impartir justicia y el Ejecutivo para diseñar e instrumentar políticas públicas; son los organismos electorales los que cuentan con la experiencia en la organización de elecciones. La Historia nos dice que cuando los Poderes intervinieron en los procesos electorales, las elecciones fueron cuestionadas y poco creíbles, por lo que jurídica y políticamente sería correcto que no tuvieran responsabilidad alguna en esta materia concreta.

2.Debemos pensar cómo se podría simplificar el diseño de la boleta electoral para ahorrar tiempos durante la votación y agilizar los propios cómputos. El número de cargos a elegir que quedaron pendientes, sumados a las candidaturas de partidos políticos para diputados y ayuntamientos seguirá complicando el escrutinio y cómputo en la casilla; muy conveniente sería explorar la posibilidad de poner en práctica distintas formas de votación como el voto por correo o el voto por internet, lo que facilitaría el ejercicio del sufragio y el escrutinio y cómputo.

3.Reasignar a los organismos públicos locales la responsabilidad de todo el proceso electoral para elegir Gobernador, diputados locales, ayuntamientos e integrantes del Poder Judicial estatal; lo anterior implica facilitar procesos técnicos que ayudan a dar certeza y transparencia a cada una de las etapas de la elección.

En resumen, aún hay mucho por caminar en materia electoral, todo depende ahora de que las legislaturas también lo vean así; la elección del pasado 1º de junio fue acertada y pedagógica, ahora es necesario fortalecerla.

Es lo que hace falta en estos momentos para poder realizar una evaluación lo más objetiva posible sobre la elección del Poder Judicial, que sirva de base para contar con un diagnóstico lo más certero que nos permita dar un paso hacia adelante y no dos para atrás. Dicha evaluación se torna complicada, sobre todo por la polarización de opiniones entre quienes estuvieron a favor y los que la rechazaron; misma que no ha concluido, y en el pos debate electoral, ya no se cuestiona su viabilidad, sino su legitimidad.

Los críticos de la elección han transitado del boicot a cuestionar la legitimidad de la misma por la baja participación ciudadana, la cual a nivel federal apenas llega al 13% y a nivel estatal a poco más del 12%, considerando en ambas, los resultados de la elección de la Suprema Corte y de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, respectivamente. Para dimensionar y calificar este nivel de participación es necesario tomar en cuenta algunos elementos del contexto como los siguientes:

1. Para los mexicanos fue la primera ocasión en que acudimos a votar por integrantes del Poder Judicial, por lo que no contamos con ninguna experiencia e indicadores al respecto.
2. En mis años de experiencia laboral y como ciudadana, nunca había visto un proceso electoral tan cuestionado, atacado y boicoteado como este, lo cual sin duda influyó para que millones de mexicanos no salieran a votar.
3. No obstante que los órganos electorales diseñaron herramientas para que la ciudadanía conociera a las candidaturas, haber acotado tanto la promoción del voto, fue uno de los factores que influyó para que no se tuviera más información de la elección y de los candidatos, lo cual contribuyó para registrar un alto abstencionismo.
4. El número de candidatos a los distintos cargos que estuvieron en disputa complicaron el diseño de la boleta y en consecuencia la emisión del voto durante la jornada electoral, lo cual generó confusión y tardanza; sin embargo, los electores formados tuvieron la paciencia necesaria para esperar el turno y no presionaron a quienes en ese momento estaban en las mamparas ejerciendo su derecho a votar.
5. Las voces que sostuvieron que la ciudadanía no contaría los votos, no anularía las boletas sobrantes y por lo tanto podría marcar boletas fuera de los plazos legales favoreciendo a alguna candidatura, generó una gran desinformación, cuestionó el proceso de ciudadanización de los órganos electorales, sembró duda y desconfianza sobre esta tarea que sí fue realizada por los ciudadanos en las casillas, donde se contó el número de boletas por cada elección y se publicaron los resultados afuera de la misma casilla; posteriormente en los órganos electorales distritales, el escrutinio y cómputo por elección, fue un procedimiento minuciosamente realizado por la propia ciudadanía y vigilado por los observadores electorales que estuvieron presentes.
6. La educación y la cultura de una ciudadanía más participativa y más atenta de los asuntos públicos, que tienen que resolver otras necesidades, es un factor que influye en el ánimo de acompañamiento de cualquier proceso electoral.

Con todo lo anteriormente expuesto podemos entonces valorar si los 12,965,574 de votos a nivel federal y 1,630,079 votos a nivel local que representan un 13% y un 12.34% de participación respectivamente, datos que indican un 88 por ciento de abstencionismo, es indicativo para restarle certeza, transparencia e imparcialidad a este proceso inédito y sí histórico, porque la Historia en el tiempo, lo analizará y lo registrará considerando muchos otros factores nacionales e internacionales.

En elecciones de integrantes de los Poderes Ejecutivos y Legislativo que llevan más de un siglo de experiencia se han registrado altos porcentajes de abstencionismo, baste recordar el del año 2003 para diputados federales, cuyo dato es de 58.7%, de los más altos en los últimos años. El abstencionismo es sin duda un elemento que vulnera, cuestiona y debilita nuestro sistema electoral, alegrarse de que esté presente en los procesos electivos debiera preocuparnos.

Deslegitimar la elección de personas juzgadoras y de manera mezquina cuestionar el profesionalismo y la honestidad de los órganos electorales, no ayuda en la evaluación.

Sin duda alguna muchas cosas pueden mejorar, siempre y cuando tengamos la voluntad de avanzar y construir y no el afán de obstaculizar, demeritar y destruir.

Serenarnos es lo más recomendable.

Un refrán popular dice que "cada quien mira el pueblo desde lo alto de su campanario", entonces en la conversación pública cada quien busca tener el campanario más alto para tener la mejor vista del pueblo estableciendo una disputa sobre la certeza y la verdad de lo que sucede en su entorno; por fortuna no hay una verdad absoluta y eso da paso a la pluralidad de ideas, cuestionamientos, descalificaciones, propuestas, alternativas, coincidencias y acuerdos.

En días pasados estuvimos viviendo dos visiones que se colocaron en los extremos, las voces de quienes descalificaron y apostaron al fracaso de la elección de personas juzgadoras y las que sin cesar, trabajaron durante muchas horas, días y semanas, para organizar el proceso electoral en el que por primera vez en la República Mexicana y en distintas entidades, el Estado de México entre ellas, se eligieran distintos cargos del Poder Judicial; Poder que por cierto, se configuraba al margen de la voluntad ciudadana, antes de este 1º de junio.

El campanario electoral, arroja los siguientes datos de la elección del 1º de junio:

1. Todas las casillas en la entidad mexiquense, se instalaron y si bien hubo contratiempos en algunas de ellas, a las 12 del día el sistema informático de apoyo a cómputos (SIAC) reportó el cien por ciento de las casillas instaladas, es decir, las 9,209 casillas programadas estaban recibiendo, desde temprana hora, el voto de la ciudadanía
2. Es de reconocer el compromiso cívico, de todos los funcionarios de las mesas directivas que se presentaron para instalar la casilla; presidentes, secretarios, escrutadores, los cuales, a pesar de lo complejo de esta elección, y qué decir, del clima, cumplieron a cabalidad hasta el final, la responsabilidad que asumieron.
3. El desarrollo de la jornada se realizó sin incidentes graves que pudieran poner en riesgo la elección, la ciudadanía pudo ejercer el voto sin presión de tiempo; con suma tranquilidad esperaron pacientemente su turno para recibir las boletas y emitir su sufragio.
4. La observación electoral tanto nacional como extranjera, se hizo presente, poco más de 21 mil observadores estuvieron al tanto del desarrollo de la jornada electoral, destacan también los visitantes extranjeros de Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Brasil y particularmente cuatro misiones de observación electoral: el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Universidad Nacional de la Plata, el Congreso de Argentina y el Instituto para las Transiciones Integrales. La certeza, la transparencia, la legalidad de todas las actividades electorales, son vigiladas y puestas en proceso de evaluación por la observación electoral. Sin duda, se atenderán las sugerencias y recomendaciones que resulten viables para mejorar los procesos electorales.
5. Gratamente las herramientas digitales implementadas por las instituciones electorales para acercar a la ciudadanía toda la información de este proceso, cumplieron el objetivo, tan solo el día de la jornada electoral, el sistema “Ubica tu casilla” del Instituto Electoral del Estado de México, en el lapso de una hora, recibió 10 mil visitas.
6. Las boletas en las cuales los electores sufragaron, tuvieron un primer conteo por los ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de mesas directivas una vez cerrada la votación en casilla, lo cual quedó asentado en el cartel de resultados. El escrutinio y cómputo de votos lo están realizando los ciudadanos en cada uno de los 18 consejos judiciales electorales a partir de la llegada del primer paquete de la casilla al órgano electoral desconcentrado. La ciudadanía si está contando cada uno de los sufragios. El desarrollo de este procedimiento es público, se transmite a través de la página institucional y de las plataformas institucionales, y los mexiquenses pueden dar puntual seguimiento a estas sesiones hasta su conclusión.

Ha sido una elección con muchas enseñanzas no solo para las instituciones electorales, también para quienes diseñaron este nuevo modelo de elección de personas juzgadoras; el principal tema pendiente a resolver es el de la participación ciudadana.

Desde este campanario se puede afirmar que lo nuevo genera dudas e incertidumbres, pero en una democracia de eso se trata, de despejarlas legal y pacíficamente.