La reforma electoral que viene plantea la discusión de varios temas que pretenden ajustar el sistema electoral; desde el punto de vista histórico, estamos en la etapa de lo que he denominado “imperfecta paz electoral” que significa encontrar el espacio donde se pueden intercambiar opiniones diversas, no obstante tener posiciones diametralmente opuestas para alcanzar soluciones colectivas y plurales con un solo objetivo: fortalecer los mecanismos para la disputa del poder político por medios pacíficos y democráticos, sin violencias de ningún tipo.
Se trata entonces de poner en práctica el diálogo, el acuerdo, el consenso y el reconocimiento de la pluralidad. No tiene cabida la descalificación anticipada. Los temas han sido puestos sobre la mesa y todos ellos sin duda arrojarán distintas enseñanzas. Desde lo local, preocupa la visión centralista y negativa que se tiene de los trabajos que desarrollan los institutos electorales en los estados, a los que desde la reforma del año 2014 se les denomina genéricamente organismos públicos locales, a los cuales, ahora en esta reforma se pretende que desaparezcan.
El primer planteamiento y la primera propuesta para entrar a debate, es que se debe reconocer la importancia de los trabajos de los institutos electorales locales en la planeación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en los que se eligen gubernaturas, diputaciones locales, miembros de ayuntamientos y personas juzgadoras. Si bien la reforma de 2014 estableció cierta corresponsabilidad de algunas actividades entre la institución nacional electoral y los institutos electorales en las entidades, son estos últimos quienes tienen la responsabilidad de sus procesos electorales.
La experiencia y el profesionalismo que han acumulado en ya casi tres décadas avalan los trabajos de los organismos públicos locales; prueba de ello ha sido la reciente elección del Poder Judicial, de la cual, en las entidades donde hubo esta contienda electoral, los institutos electorales supieron afrontar con ese profesionalismo y compromiso institucional, esta elección inédita.
Lo local implica actividades particulares y conjuntas, pero diferenciadas y coordinadas con la autoridad federal, así ha funcionado el sistema desde el año 2014; en esta nueva reforma es pertinente que se analice la viabilidad de otorgar a los institutos de los estados todas las atribuciones que antes de aquella reforma tenían.
Las tareas de capacitación, de organización electoral, de fiscalización, los procesos informáticos y de cómputos, las tareas que corresponden a los partidos políticos y las candidaturas independientes, son solo algunas de las muchas actividades que pueden ser desarrolladas totalmente por los organismos públicos locales; lo anterior, implicaría aminorar el costo electoral y la enorme carga de atribuciones y funciones que se le han incrementado a la institución electoral nacional.
Muy sano sería también que en la próxima reforma, se estableciera que las instituciones electorales asuman la responsabilidad total de la selección de personas juzgadoras; los tres poderes del Estado, actualmente con la atribución que la ley les confiere para determinar quiénes son las personas candidatas del Poder Judicial, ponen en tela de juicio la imparcialidad y credibilidad de esta elección.
Qué tan capaces seremos de construir nuevas reglas electorales colectiva y pacíficamente, es lo que tenemos en puerta y habremos de dilucidar en poco tiempo. De los resultados obtenidos sabremos qué tipo de sociedad estamos construyendo.
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